Protección contra Tribunal Tributario de Valparaíso

Foja: 85 Ochenta y Cinco edp Valparaíso, diecinueve de noviembre de dos mil doce.- Vistos:

A fs. 1 comparece don Héctor Pérez Meneses, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Santiago por don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Tribunal Tributario de Valparaíso.

Indica, que actualmente existe un proceso de reclamación tributaria ante el tribunal recurrido, Rol N° 10.011-2011-TT; en el que con fecha 09 de agosto del actual, se ha realizado un acto arbitrario e ilegal, que sería uno de muchos que han afectado a los menos dos de los derechos constitucionales que están garantizados por esta acción cautelar, a saber, art. 19 N° 3 inciso cuarto y N° 21.

Que con fecha 03 de agosto su parte presento recurso de apelación en contra de la resolución que negó lugar a incidente de nulidad de todo lo obrado deducido en autos, transcribiéndola al efecto. Que, en su oportunidad se señaló la calidad de sentencia interlocutoria de la resolución, aludiendo en este punto a lo dispuesto en el art. 158 del Código de Procedimiento Civil. Que, en el caso de autos la resolución impugnada es de aquellas que fijan derechos permanentes a favor de las partes con lo que la enmienda con arreglo a derecho de dicha resolución es menester realizarla para todos los efectos legales, pues se constituye en la única vía procesal que garantice al contribuyente, en este caso el derecho constitucional de la bilateralidad de la audiencia. Negar la posibilidad de apelación en estos casos, es inconstitucional e ilegal, pues vulnera los derechos del contribuyente, cuando las demás instancias procesales han precluido.

Que, en el hecho que en este caso se encuentre ventilando una investigación administrativa dentro del mismo tribunal, en relación a supuestas irregularidades denunciadas, y además, investigación por la pérdida del expediente de la causa que ha agraviado a su parte, más la situación que afecta al contribuyente, considera que el tribunal no está en condiciones de negar la posibilidad de que la causa sea revisada a lo menos por la vía de la apelación.

Que, el 09 de agosto del 2012 el tribunal recurrido resolvió: “No ha lugar a la apelación por improcedente: Rol 10.110-2011, no ha lugar a retrotraer la causa al estado de notificarse nuevamente las liquidaciones, por no existir vicio alguno en la notificación de estas, las que fueron notificadas válidamente al contribuyente, quien reclamo de ella con fecha 21 de enero de 2011, habiéndose tramitado completamente la causa y llegado a dictar fallo.”.

Expone que la anterior providencia lo deja en la más absoluta indefensión, por cuanto no puede tener una instancia superior, en la que se revise el problema por un tribunal de alzada.

Que, al no poder apelar, la causa es enviada inmediatamente a cobranza en Tesorería, situación que resulta aún más injusta, ya que no se puede discutir una liquidación que por ser de la magnitud que es, afecta su patrimonio, resultando ser absolutamente expropiatoria. Esgrime, que considerando la cuantía de los montos, amerita que sean revisados por un tribunal superior y que dadas las características especiales de este juicio, entiende que por lo menos tiene el derecho procesal a ser tratado con un mínimo de dignidad, o sea, tener derecho a la bilateralidad de la audiencia.

Que, el juicio de primera instancia se encuentra viciado, como lo ha manifestado en varias oportunidades, ha habido asesores que no correspondían y situaciones que se han denunciado al tribunal tributario lo cual redundado en un sumario administrativo a cargo del Fiscal Sr. Barros Amunátegui, se ha extraviado el expediente, lo que ha significado el inicio de una investigación criminal.

Por todos los fundamentos expuestos, solicita que se restablezca el imperio del derecho, se retrotraiga el estado procesal en el que se encuentra la causa al momento de notificarse o la liquidación o la sentencia, para así poder ejercer el derecho de bilateralidad de la audiencia en segunda instancia en esta Corte, o se ordene el conocimiento del juicio ante otro tribunal tributario de la misma entidad pero de otra competencia territorial para ser efectivamente conocido.

Acompaña documentos singularizados en el primer otrosí de su libelo cautelar.

A fs. 21 comparece doña nombre reservado, Juez Subrogante del Tribunal Tributario de Valparaíso, quien informa al tenor del recurso indicando que con fecha 21 de enero de 2011 el recurrente interpuso reclamación en contra de las liquidaciones Nos 132 a 138 de 11.11.10, a raíz de lo cual se incoaron los autos Rol N° 10.011-2011, en la que consta la autorización de poder conferida el 21 de marzo de 2011, ante Ministro de Fe, a nombre reservado, quien señaló que ambos, tanto mandante como mandatario, tenían su domicilio legal sólo para estos efectos, en Valparaíso, Brasil N° 1468, Depto. 062. Que, con fecha 23 de mayo de 2012, se dicto sentencia definitiva, en virtud de la cual se negó lugar a la acción deducida, confirmándose las liquidaciones y ordenando el giro de los impuestos. Que de conformidad a lo establecido en el art. 138 del Código Tributario, esta fue notificada válidamente al interesado por carta certificada, enviada bajo el número 1004005233592, de misma fecha, dirigida a su mandatario nombre reservado, al domicilio indicado por éste. Que, según lo dispuesto en el art. 11 del código citado, el plazo para recurrir venció el 07 de junio del actual.

Que, el recurrente, presentó escrito de reposición apelando en subsidio con fecha 13 de junio del 2012, para posteriormente, el 19 del mismo mes y año, comparecer apelando y alegando entorpecimiento de la notificación realizada por Correos de Chile numero 1004005233592, que según el mismo señaló fue recibida por el conserje del edificio ubicado en Av., Brasil 1468.

Que, junto con lo anterior, solicitó que se ordenara la notificación de la sentencia, mediante cédula o personalmente al domicilio que indica, y revocó mandato previamente conferido al Sr. nombre reservado. Que, estas presentaciones, fueron resueltas con fecha 24 de julio del presente, en la que se negó lugar al entorpecimiento alegado, así como también a la reposición con apelación subsidiaria, por extemporánea.

Que, el 17 de julio del presente, el nuevo mandatario, interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado, solicitando que se retrotrajera la causa al estado de notificarse las liquidaciones objeto del reclamo, fundado principalmente, en que la notificación de la sentencia se habría verificado en un domicilio viciado por no existir certeza a su respecto; que no se tendría certeza de la recepción de las resoluciones del procedimiento y que la normativa no sería clara en cuanto a la comparecencia de un representante civil que no sea abogado; lo que fue rechazado con fecha 24 de julio de 2012. Que, finalmente, el 03 de agosto del presente el mandatario del actor, interpuso recurso de apelación en contra de esta última resolución, a lo cual se negó lugar con fecha 09 de agosto del presente, por improcedente por no existir vicio alguno en la notificación de las mismas. Agrega, que en esta providencia, que por esta vía se impugna, se analizaron latamente las alegaciones del contribuyente, transcribiendo las argumentaciones que se vertieron en esa oportunidad.

Hace presente, que el 26.06.2012 se dictó resolución en virtud de la cual se ordenó la reconstitución del expediente de autos, atendido su extravió, certificado el 23 de junio del 2012, presentándose por parte del Servicio de Impuestos internos denuncia por delito común ante la Fiscalía Local de Valparaíso, asignándosele el RUC 1200639223-5.

En cuanto al fondo indica, que la acción cautelar debe ser rechazada, en primer término por que no es la vía idónea para resolver el asunto, toda vez que la actuación impugnada, consiste en una resolución, la que fue dictada en el ejercicio de las facultades que otorga el Ordenamiento Jurídico a los Directores Regionales en el marco del procedimiento regulado en los art. 123 y siguientes del Código Tributario. Que, a raíz de lo anterior y considerando; la naturaleza jurisdiccional de la misma, esto es, denegatoria de un recurso de apelación, éste regula un procedimiento especial de impugnación consagrado en el art. 203 del Código de Procedimiento Civil, denominado recurso de hecho, por lo que concluye, la acción cautelar resulta improcedente toda vez que no ha sido concebida como un sustituto procesal de acciones y procedimientos ordinarios. Hace presente, además, que atendido el tenor del lo pedido por el recurrente, se trataría de un asunto de lato conocimiento que excede el ámbito de esta acción.

En cuanto a las garantías que se esgrimen como conculcadas indica, en cuanto al numeral tercero inciso cuarto, que este no se ha visto vulnerado, por cuanto el Director Regional, al ejercer funciones jurisdiccionales, no constituye una comisión especial, sino un tribunal especial establecido por la ley. Hace presente, que si bien el actor esgrime en esta acción cautelar el artículo 19 N° 3 inciso cuarto, ha de entenderse que la referencia corresponde al inciso sexto de la misma, y que el art. 20 de la Carta Fundamental, solo garantiza por esta vía el contemplado en el inciso quinto, por lo que la garantía del debido proceso no se encuentra amparada por esta acción. En cuanto al numeral 21, indica que el posible cobro a efectuar por el Servicio de Tesorerías no constituye sino el cumplimento una sentencia válidamente emitida.

Por todos los fundamentos expuestos, solicita se declare la improcedencia del recurso.

Acompaña copia de los autos Rol N° 10.011-11.

A fs. 68 don nombre reservado, Subdirector de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos, informa, que efectivamente don nombre reservado, es funcionario de planta profesional grado 6° de esa institución. Que, por Res. Ex N° 2475 de 22 de junio de 2012, fue nombrado por el informante, Fiscal para instruir sumario administrativo, con el objeto de investigar las irregularidades detectadas en el Departamento Tribunal Tributario de la V Dirección Regional de Valparaíso, que dicen relación con causa Rol N° 10.011-2011 de dicho departamento, el que aun se encuentra en su etapa investigativa.

A fs. 80 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, conforme a lo que se indica en la parte expositiva, la situación que plantea el recurrente y que según él ha implicado una afectación de las garantías constituciones que señala, se inscribe dentro de un proceso tributario incoado ante el Juez Tributario de las Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, en donde el contribuyente y recurrente de protección ha efectuado reclamaciones de liquidaciones de impuestos, las que allí se indican, y que han sido resueltas desfavorablemente respecto de sus intereses. En el recurso indica, por otra parte, que esa situación se originó porque el reclamo en un primer momento lo llevó una persona que no era abogado, concretamente un contador auditor, lo que en definitiva permitió que se le notificara en direcciones que no correspondían a su real domicilio y que en definitiva se le vencieran los plazos para recurrir, cuando el asunto fue entregado a un abogado. Adicionalmente señala que el expediente a que se refiere se extravió, lo que le parece sumamente raro y que actualmente existe un fiscal interno de la institución que investiga ese extravío.

Segundo: Que las situaciones precedentemente planteadas y que también son reconocidas por la parte recurrida cuando informa, corresponden a situaciones propias de un proceso tributario y que tienen un desarrollo interno dentro de un proceso administrativo determinado, en donde existen acciones, plazos y recursos que interponer, algunos de los cuales son conocidos por esta Corte, pero dentro de sus facultades y atribuciones legales. Lo planteado por el recurrente en cuanto al apoderado que tuvo y a las notificaciones efectuadas, son temas que deben ser analizados y resueltos ante la instancia correspondiente, por lo que esta Corte, por la vía del recurso de protección, sólo está llamado a conocer de situaciones de transgresiones graves y evidentes a las garantías constitucionales propias del recurso y que ameriten una intervención rápida para que ella pueda ser eficaz. Nada de ello ocurre en el presente caso en que el recurso se funda incluso en imperfecciones atribuibles al propio recurrente, como lo es confiar un asunto de esta importancia a un contador auditor, profesional que no siempre manejan los plazos y recursos con soltura para los efectos de proteger los derechos de sus clientes. Es así entonces que las cuestiones que fundan el recurso debieron ser planteadas ante el Juez Tributario y teniendo en consideración la marcha de ese proceso de cobro de liquidaciones, finalmente se resolvió el reclamo y el plazo para apelar estaba vencido. En esa situación la Corte no puede aparecer como una instancia que pueda conocer de un asunto en el que se encuentran vencidos todos los plazos o que se puedan corregir vicios que debieron ser planteados ante el Juez referido, no teniendo competencia en definitiva para conocer tales asuntos.

Tercero: Que, a mayor abundamiento, dentro del procedimiento administrativo del Servicio de Impuestos Internos, existen recursos ordinarios que permiten conocer en las instancias correspondientes estos asuntos, básicamente el de apelación y el recurso de hecho en el evento de que el primero no fuera concedido, no existiendo tampoco evidencia de que el recurrente hiciera uso de tales arbitrios.

Cuarto: Que respecto de las garantías que se dicen conculcadas, en cuanto al debido proceso, es claro que no se encuentra contemplada en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República y aunque en todo caso entendiéramos que ella se refiere a la existencia de comisiones especiales, se encuentra asentado de que el Juez Tributario del Servicio de Impuestos Internos tiene facultades legales para incoar este tipo de proceso. Además, no podría prosperar esta acción constitucional por este motivo desde el momento en que el propio recurrente ha intervenido en el proceso instando por sus derechos, por lo que no podría ahora, en esta sede, argüir argumentos contradictorios con esa situación.

Quinto: Que en cuanto a la garantía del N° 21 del artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, también aparece prístino que el hecho de que por el solo hecho de que el recurrente haya visto afectado sus intereses ante el Servicio de Impuestos al ser rechazadas sus pretensiones, no por ello se conculca la garantía señalada, pues esas son las reglas del juego o las eventualidades que existen en todo proceso en que se puede ganar o perder. Dicho de otro modo, la posible afectación del derecho es una consecuencia de haber perdido acciones judiciales y que en todo caso, ello no implica poder desarrollar una nueva actividad económica, pues el contribuyente no está impedido de hacer nuevos negocios.

Sexto: Que el hecho de que haya sido nombrado un fiscal interno en el Servicio para investigar el extravío del expediente original, tampoco afecta la legalidad del proceso, desde el momento en que este proceso se encuentra reconstituido, de acuerdo a los antecedentes que existen en este recurso, de manera que las posibles responsabilidades futuras que puedan resultar de esta situación, en nada altera el proceso interno administrativo del Servicio o de cobranza en su caso.

Séptimo: Que, en virtud de estas consideraciones, el recurso de protección que ha sido interpuesto será rechazado por no existir conculcación de las garantías constituciones que se señalaron.

Por estas consideraciones, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara sin lugar el recurso de protección deducido a fojas 1 por el abogado Héctor Pérez Meneses en contra del Tribunal Tributario de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese a las partes, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.

No firma el Abogado Integrante Sr. Pedro Arraztoa, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

N° Protección-1293-2012 Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Valparaíso, Srta. nombre reservado, Sr. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Pedro Arraztoa.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.