nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, región de Valparaíso, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme a lo previsto en la Ley N°18.156.

Sostiene que dicho rechazo, comunicado el 20 de enero de 2026, incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la exigencia de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, siendo que el documento aportado una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) señala en forma genérica las coberturas de seguridad social, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente realizó la solicitud a través del portal web de la AFP recurrida, adjuntando los antecedentes requeridos, no obstante lo cual fue notificada del rechazo. Aduce que este actuar es arbitrario e ilegal, pues la recurrida desconoce que la autenticidad del certificado emitido por el I.V.S.S. puede ser verificada directamente en el portal oficial de dicha institución mediante un código alfanumérico de validación. Aduce, además, que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando un caso de fuerza mayor.

Afirma que la recurrente posee la calidad de técnico profesional, mantiene su afiliación al sistema previsional venezolano y expresó su voluntad de mantener dicha afiliación en el anexo de contrato de trabajo de fecha 14 de octubre de 2025, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad. Pide se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a la devolución de los fondos.

A folio 5 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas. Indica que el rechazo se ajusta estrictamente a la legalidad, por cuanto la recurrente no acompañó una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, aportando en su lugar una constancia electrónica de cotizaciones que no permite acreditar de forma específica las coberturas de seguridad social exigidas por la ley. Agrega que la recurrente posee residencia definitiva en Chile y cédula de identidad chilena, y que el contrato de trabajo original de fecha 10 de diciembre de 2020 no contenía manifestación de voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional extranjero, siendo el anexo de fecha 14 de octubre de 2025 una declaración extemporánea y contradictoria con su conducta previsional anterior. Enfatiza que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse legalizados según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no son medios de prueba idóneos.

A folio 7 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de estos hechos. Explica que la Ley N°18.156 es una normativa excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente y debidamente apostillada conforme al Convenio de La Haya. Refiere que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma y apostilla no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena, añadiendo que tampoco son idóneas las declaraciones juradas suscritas por el propio afiliado para acreditar dicha cobertura. Hace presente, además, que la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile y es propietaria de un inmueble en el país, circunstancias que revestirían especial relevancia en el contexto del sistema previsional nacional.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, requerimiento que fue denegado por la recurrida mediante comunicación de 20 de enero de 2026, por no haberse acompañado constancia de afiliación vigente apostillada o legalizada, señalando que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización y no al certificado solicitado.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado, indicando además que el documento aportado señala en forma genérica las prestaciones de seguridad social sin acreditar cobertura efectiva e individual de la recurrente durante el período en que prestó servicios en Chile.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano según el artículo 1° de la Ley del Seguro Social de dicho país, sin consignar de manera específica que la recurrente contó efectivamente con la protección para todos los riesgos exigidos por la ley durante el período en que prestó servicios en Chile. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, máxime cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional. Tampoco resulta idónea para estos efectos la declaración jurada acompañada, por cuanto la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, única facultada para dar fe sobre dicha circunstancia.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio. Conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de dicho Convenio, de manera que el procedimiento de apostilla constituye la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en Venezuela surtan efectos en el territorio nacional.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, y en lo que respecta al requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, consta que el contrato de trabajo suscrito por la recurrente el 10 de diciembre de 2020 no contenía manifestación expresa de voluntad de mantenerse afiliada a un régimen previsional extranjero, siendo que solo en el anexo de 14 de octubre de 2025 la trabajadora declaró dicha intención. Esta declaración resulta extemporánea, toda vez que durante el período anterior la recurrente enteró cotizaciones en Chile sin formular reserva alguna respecto de su afiliación previsional extranjera. Conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en caso de manifestaciones de voluntad contradictorias debe primar la primera, que corresponde a la regla general de cotizar en el sistema del país en que se prestan los servicios.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno. Las exigencias formuladas por AFP Provida encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, organismo al que se halla sujeta la recurrida en cuanto a fiscalización, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1290-2026 En Valparaíso, nueve de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.