nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora De Fondos De Pensiones Provida S.A., por rechazar mediante resolución de fecha 02 de febrero de 2026, su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerándose su derecho de propiedad.

Explica que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

El día 02 de febrero de 2026 se le informa que se rechazó su solicitud para el retiro de fondos, debido a que “la Constancia del IVSS (instituto venezolano se seguro social) se encuentra vencida superando la vigencia de 120 días, y que debe adjuntar el documento vigente y apostillado en el país donde fue otorgado, o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Explica que por el contexto actual, resulta imposible obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejo sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

La recurrente presenta una constancia de afiliación del instituto venezolano de los seguros sociales el cual fue legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y totalmente verificable con un código alfanumérico con vigencia de máximo 30 días, expedido por autoridad competente y un certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, notariado y apostillado.

Indica que, siendo profesional, cumple con requisitos legales para solicitar retiro de sus fondos por cuanto se encuentra afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, artículo 1° de la Ley N° 18.156. sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Reclama que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal, puesto que el certificado de afiliación que adjuntó puede ser validado a través del sitio web del Instituto Venezolano de Seguridad Social, a través del link contenido en el documento.

A mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, mediante la consulta del número de documento de identidad de la recurrente, en virtud del cual se puede corroborar la información requerida.

Señala que la recurrida admite que la recurrente se encuentra afiliada a la seguridad social del país de origen sin embargo rechaza argumentando que el documento no se encuentra apostillado. La recurrente acompaña constancia electrónica emitida por la seguridad social la que puede ser verificada a través del link señalado Lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve), con el código de verificación b20b19164-2026009. El actuar de la recurrida vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, (igualdad ante la ley y derecho de propiedad).

Por todo lo anterior, solicita acoger el presente recurso de protección y se le reconozca como valida la documentación acompañada y se realice nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar la devolución de fondos de pensión solicitado.

A folio 9, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida Sociedad Anónima solicitando el rechazo del recurso con condena en costas fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, no ha asumido una actitud arbitraria e/o ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de nuestra Constitución Política en lo que dice relación con el recurrente de autos, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que la constancia acompañada por la recurrente carece de firma, que se debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Añade que respecto de la apostilla, se debe hacer presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

La recurrente cuenta con cédula chilena y residencia permanente lo que no garantiza que retorne al país de origen lo que pone en riesgo que pese al retiro de fondos, se deba cubrir en su momento su pensión con fondos fiscales Dice que solo en el anexo de su contrato de trabajo, de fecha 6 de febrero de 2025 el trabajador manifestó su voluntad de permanecer afiliado a un régimen previsional extranjero ya que su contrato original de 01 de agosto de 2023 nada dijo al respecto.

Agrega que la recurrente es propietaria de un inmueble en Chile.

Asimismo, se establece que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL N°3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Concluye que dio cumplimiento a la legislación vigente no existiendo acto u omisión ilegal o arbitraria.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente recurso se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho ante el rechazo por parte de la recurrida respecto de la solicitud de la devolución de fondos de pensión solicitado presentada por la parte recurrente.

Segundo: Que, a partir de lo informado por la recurrida, aparece que la AFP Provida entonces, rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Tercero: Que, conforme al mérito de autos, se desprende que lo resuelto por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida Sociedad Anónima, en orden a rechazar la solicitud de la recurrente, se funda en la exigencia del cumplimiento de los requisitos exigidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Cuarto: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no puede tildarse de ilegal o arbitrario al haberse ajustado a las exigencias emanadas de la legislación vigente, como asimismo a la regulación específica que ha dictado la Superintendencia de Pensiones, contenida en el Oficio N°12954, de 17 de julio de 2025, el que dispone: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla”.

Quinto: Que por todo lo razonado el recurso no podrá prosperar, más aún cuando la actora tiene residencia definitiva en Chile.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1289-2026.

En Valparaíso, cuatro de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.