nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad colombiana y afiliado a AFP Planvital, solicitó en diciembre de 2025 la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Señala que, pese a haber acompañado toda la documentación exigida —incluyendo títulos apostillados, contrato de trabajo con cláusula de exención y certificados de afiliación en su país de origen—, la recurrida notificó el 29 de diciembre de 2025 la anulación del trámite invocando fundamentos genéricos como "falta de documentos" y "previsión sin apostillar".

Argumenta que el actuar de la administradora es caprichoso y constituye una interpretación formalista y restrictiva de la norma, que desatiende la finalidad del legislador de permitir que los técnicos extranjeros dispongan de sus ahorros. Sostiene que esta conducta vulnera la igualdad ante la ley, al darle un trato diferenciado respecto de otros solicitantes en idéntica situación, y el derecho de propiedad, al producirse una retención injustificada de fondos que pertenecen al patrimonio del actor. Refiere que la jurisprudencia de los tribunales superiores ha validado consistentemente que documentos como los presentados son prueba suficiente para acreditar los requisitos de la Ley N°18.156.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca la documentación suministrada y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho para proceder a la restitución íntegra de los fondos, dentro de un plazo razonable.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Indica que el recurrente no registra reclamos administrativos previos ante dicho organismo. Refiere que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de requisitos de calidad técnica, afiliación previa en el extranjero con cobertura integral y voluntad expresa en el contrato. Sostiene que el certificado de Porvenir S.A. presentado es insuficiente por contener inconsistencias consistente en carecer de apostilla.

A folio 9, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega que actuó conforme al marco normativo y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia. Afirma que la solicitud no fue rechazada definitivamente, sino que no fue admitida a trámite por deficiencias documentales subsanables, lo que descarta la existencia de un acto ilegal o arbitrario. Argumenta que el certificado previsional de Colombia presenta errores de identificación, falta de apostilla o legalización.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a AFP Planvital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurridas sostienen que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que carece de apostillada o legalización.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-128-2026.

En Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.