nombre reservado con ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE QUILPUÉ

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1, comparece el abogado José Martínez Barra, en representación de la “Asociación Comerciantes Calle Blanco y sus alrededores”, organización comunitaria, nombre reservado y nombre reservado, actuando personalmente y en nombre de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, quien interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, por el acto ilegal y arbitrario que constituye la nueva Ordenanza Municipal N° 5 que regula el ejercicio del comercio ambulante en bienes nacionales de uso público, específicamente su artículo 10 N° 1 letra s) que habilita otorgar permisos al comercio ambulante en la calle Blanco Encalada desde la esquina de calle Freire hasta calle Caupolicán, lo que traerá como consecuencias, el perjuicio sanitario al barrio, considerando la pandemia por Covid-19 que aún afecta, problemas de tránsito peatonal y vehicular, contaminación a nivel de microbasurales, ruidos y de olores molestos, focos de delincuencia, pérdida de clientela e ingresos para el rubro comercial; ordenanza que en concepto de los recurrentes vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2, 7, 8, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que existe un problema generalizado con el comercio ambulante, con comerciantes ilegales que se confunden en la vía pública de aquellos que gozan de permiso municipal, y producto de la falta de fiscalización ocupan veredas y calles sin permiso, generando además de los ruidos, olores y basura, focos de delincuencia; que con la nueva ordenanza la Municipalidad ha decidido reubicar de modo ilegal y arbitrario al comercio ambulante en el calle Blanco Encalada, en razón de la dictación de ley N° 21.426 sobre el Comercio Ilegal, publicada con fecha 12 de febrero de 2022, que obliga a los municipios a adecuar sus ordenanzas para establecer lugares de ejercicio del comercio ambulante, implementando un sistema único de identificación personal consistente en un registro fotográfico. Sin controvertir la facultad legal de la municipalidad para regular y reubicar el comercio ambulante, los recurrentes añaden que lo que si se cuestiona es que se haya decidido reubicar dicho comercio en calle Blanco Encalada, tomando en cuenta para sólo la opinión del comercio informal, no así la de los recurrentes quienes manifestaron su opinión en contra de la reubicación en las calles del centro de Quilpué.

Se sostiene que la nueva ordenanza infringe el artículo de 69 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con relación a la participación ciudadana, con relación al artículo 2 de la Ley de no discriminación, siendo contraria a la participación ciudadana toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, la participación de alguna persona o grupo. En el mismo sentido argumenta respecto al artículo 93 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, al no ser considerados en la toma de decisiones, habiendo sido excluidos y discriminados, y sin considerar sus intereses en la decisión. En lo que respecta al artículo 5° de Ley sobre Comercio Ilegal, señala que la recurrida habría desnaturalizado el fin de la norma que buscaba prevenir y sancionar el comercio ilegal, no estando habilitados los municipios para reubicar al comercio irregular, informal e ilegal, lo que se desprende de las reuniones que se mantuvo con el comercio informal y las declaraciones de la alcaldesa que daban cuenta que el fin de la nueva ordenanza no era reubicar el comercio ambulante legal, sino que el informal. Infringiría, a su vez, el artículo 160 N° 3 de la Ley de Tránsito, que prohíbe el comercio ambulante irregular, en calzadas y bermas, al disponer en las veredas de calle Blanco Encalada, 152 espacios dibujados para el comercio, impidiendo el libre tránsito de peatones. También infringiría las normas del Código Sanitario, en relación a las normas sobre higiene y seguridad de los lugares de trabajo, en relación a que la vía pública donde se pretende reubicar a los comerciantes ambulantes se calificaría como lugar de trabajo, no obstante no contaría con agua potable, ni servicios higiénicos.

Argumentando también el recurrente, refiere que el acto que constituye la disposición motivo del presente recurso, no sería razonable, por carecer de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Con todo, la serie de consecuencias que provocaría, redundarán en la vulneración de derechos constitucionales de los recurridos, en el sentido que causa una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1, al derecho de igualdad ante la ley y no ser discriminados arbitrariamente por la autoridad conforme al artículo 19 N° 2, causará privación, perturbación y amenaza a la libertad ambulatoria del artículo 19 N° 7, al dificultar el libre tránsito peatonal u vehicular, y con ello provocando una afectación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24. Además de provocar una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del artículo 19 N° 8, y al derecho a desarrollar actividades económicas consagrado en el artículo 19 N° 21, con relación también con el derecho de propiedad, como consecuencia del deterioro de las condiciones de higiene, seguridad ciudadana y tránsito peatonal, pérdida de la clientela, y disminución de los ingresos.

De este modo solicita acoger el recurso, declarando sin efecto total o parcialmente la Nueva Ordenanza Municipal N° 5 de la Municipalidad Quilpué, específicamente, el artículo 10 N° 1 letra a), o en subsidio, se ordene adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección de los derechos de los recurrentes.

A folio 8, la Ilustre Municipalidad de Quilpué solicitando el rechazo de recurso, con expresa condenación en costas, informa con motivo de la dictación de la Ley N° 21.426, publica el 12 de febrero de 2022, la cual prescribe en su artículo 5° que: “Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio”, se encontró en la obligación de dictar una Ordenanza que determinara las calles en las que se podría ejercer el comercio ambulante en virtud del mandato impuesto por la ley y de su calidad de administradora de los bienes nacionales y comunales de uso público de su competencia, siendo la decisión precisa de las calles que se habilitarían para ejercer el comercio ambulante es una facultad discrecional, y que luego de efectuar un estudio sobre las condiciones técnicas de las calles en las que podría ejercerse el comercio ambulante y considerar las propuestas emanadas de los diversos sectores socioeconómicos comprometidos, la I. Municipalidad dictó la Ordenanza Municipal N° 5 de 2022 que regula el ejercicio del comercio que indica en los bienes nacionales de uso público, decisión que se fundamentó en el ordenamiento jurídico y razones de orden técnico.

Seguidamente, y como cuestión previa, argumenta sobre la titularidad de derechos fundamentales en personas jurídica de carácter excepcional, que no se cumpliría para el caso de los derechos contenidos en los numerales 1° (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona), 7° literal a) (libertad ambulatoria, respecto del cual no procede la acción de protección) y 8° (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) del artículo 19° de la Constitución Política de la República, por cuanto las personas jurídicas no tienen vida, ni mucho menos, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o bien, capacidad de movilizarse.

Agrega que respecto al acto impugnado, no existiría infracción a las normas que refiere el recurrente, habiéndose comunicado a los locatarios del comercio establecido en tiempo y forma las gestiones que se desarrollaron para elaborar la Ordenanza, cumplimiento con los estándares objetivos, es decir, su idoneidad de espacio, el cual es capaz de albergar ciudadanos transeúntes y comerciantes ambulantes, con relación a las normas de la Ley sobre Comercio Ilegal, siendo una interpretación de la recurrente argumentar que “la norma no habilita a los municipios para reubicar al comercio irregular, informal o ilegal”, lo se aparta del sentido claro de la ley. Respecto a infringir las disposiciones relativas al libre tránsito de las calles, señala que efectuó una planificación que considera el posible otorgamiento de permisos municipales para comerciantes informales por medio del procedimiento contemplado en la Ordenanza. La cantidad de permisos se estableció sobre la base de un parámetro objetivo consistente en el espacio disponible en las calles habilitadas para albergar el comercio ambulante y no perturbar el tránsito peatonal, y que además, en el artículo 48° de la Ordenanza se estableció que “quien ejerza actividad económica de carácter ambulante, estacionada o ambulante en vehículo en bien nacional de uso público sin haber obtenido el permiso de que trata la presente Ordenanza será sancionado con multa de 1/3 hasta 5 unidades tributarias mensuales por parte de los Juzgados de Policía Local a beneficio municipal”. En cuanto a la infracción a las normas sobre higiene y salubridad, con relación a que las calles habilitadas no son lugares de trabajo, sostiene que aquello tiene aplicación en el marco de un contrato de trabajo, tal como se desprende claramente del artículo 3° del mencionado decreto: “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”, por lo que los ciudadanos que ejercen el comercio informal no pueden catalogarse como trabajadores de la I. Municipalidad, por cuanto no existe un vínculo laboral entre ambos.

En cuanto a la falta de idoneidad, ponderación y juicio de proporcionalidad, señala que la Ordenanza tiene por objeto administrar ordenadamente los bienes nacionales de uso público reconociendo una situación de hecho existente en la comuna, esto es, el ejercicio de comercio ambulante, de modo que determinar las calles en las que puede ejercerse, siendo estimada esta forma como idónea, necesaria, y óptima, por cuanto las calles habilitadas fueron escogidas con base en un parámetro objetivo, es decir, cuentan con disponibilidad técnica en razón de su espacio, siendo claro que la finalidad de orden no puede alcanzarse en un lugar diverso, ponderando los derechos de los diversos ciudadanos comprometidos. Explica las razones técnicas que llevaron a escoger la calle en cuestión, teniendo en cuenta el ancho de las veredas de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con relación a las dimensiones de la calle en particular y el espacio permitido de acuerdo al Ordenanza para ejercicio del comercio ambulante, permitiendo el espacio tanto para en tránsito de las personas como para la ocupación de los comerciantes.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Segundo: Que, en este caso, el acto que sustenta la presente acción constitucional de protección es la dictación por parte de la Ilustre Municipalidad de Quilpué de la Ordenanza General Nº 5, por medio de la cual se regula el ejercicio de comercio ambulante en bienes nacionales de uso público y, en particular, lo establecido en su artículo 10 N° 1 letra a) que habilita para ocupar con ese fin la calle Blanco Encalada desde la esquina de calle Freire hasta la calle Caupolicán, decisión que a juicio de la recurrente importa una vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1, 2, 7, 8, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que lo primero que cabe abordar es sí, como así lo sostiene la Municipalidad recurrida, la recurrente Agrupación de Comerciantes de Calle Blanco y su alrededores, en su condición de organización comunitaria constituida de acuerdo con la ley Nº 19.418, puede ser titular de las garantías constitucionales que se entienden vulneradas en el recurso en su condición de persona jurídica.

Cuarto: Que tal alegación será desestimada considerado que la presente acción constitucional no solo ha sido impetrada por la Agrupación antes individualizada, sino que además a favor de un conjunto de personas naturales y demás comerciantes de la calle Blanco Encalada respecto de quienes no existen cuestionamiento en torno a su calidad de sujetos activos de las garantías en las que se funda la presente acción constitucional, advirtiéndose adicionalmente que, de conformidad con el Auto Acordado que rige la materia, el recurso de protección, puede ser interpuesto por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, exigencia que en la especie se cumple largamente en la medida en que la Agrupación recurrente y los señores nombre reservado y nombre reservado lo hacen precisamente a favor de las personas naturales señaladas.

Quinto: Que, en lo que respecta al fondo del debate ya anticipado, según da cuenta la ordenanza antes aludida en sus vistos y consideraciones, ésta descansa en lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 21.426 que impuso a las municipalidades la obligación de establecer en su respectiva ordenanza los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, conteniendo ésta, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para el desempeño de dicha actividad comercial.

Que, el contenido de la ordenanza, permite advertir que su objeto es regular la ocupación de los bienes nacionales de uso público de la comuna recurrida para permitir el ejercicio de la actividad comercial correspondiente a comercio ambulante, estacionado, o ambulante en vehículo, actividad que, conforme de lo expresado en su artículo 4º solo puede ser ejercida por quien, persona natural, haya obtenido el permiso en la forma establecida en el procedimiento regulado en su Capítulo 2.5, el que solo puede ser desempeñado en los lugares expresamente señalados en el artículo 10, distinguiéndose entre permisos ubicados en el centro de la comuna y en el límite exterior de la misma.

Sexto: Que consta además de los antecedentes acompañados a folio 8, que el proceso de elaboración de la ordenanza citada involucró la participación de la comunidad, observándose de las Actas levantadas con fechas 21 de marzo, 29 de marzo y 12 de mayo, todas del año 2022 que, aparte de la intervención de las unidades municipales internas responsable de su elaboración, no solo participaron locatarios personas naturales y establecimientos comerciales establecidos, sino que también lo hizo el Centro de Negocios del Marga Marga, la Cámara de Comercio de Quilpué, el Sindicato de Suplementeros y otras organizaciones sociales.

Séptimo: Que, en orden al ejercicio de la potestad reglamentaria que el ordenamiento jurídico confiere a las municipalidades, cabe consignar que de conformidad con el artículos 5º letra d), 12 y 65 letra l) del DFL Nº 1, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se faculta a los alcaldes, con acuerdo del Concejo Municipal, para dictar ordenanzas de carácter general y obligatorias; entorno en el que, a través de esa vía, los municipios pueden administrar y regular el uso de los bienes municipales de uso público, los que de acuerdo con dicho ordenamiento pueden ser objeto de permisos precarios (artículo 36).

Octavo: Que como fuera anticipado el artículo 5º de la Ley Nº 21.426 con carácter imperativo dispuso que las municipalidades debían en su ordenanza respectiva definir los lugares en los que el comercio ambulante podía ser ejercido, conteniendo, a lo menos, el registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer el comercio en un espacio público.

En este orden de cosas corresponde agregar que del Mensaje del proyecto de la ley Nº 21.426 se constata que su finalidad fue regular y sancionar el comercio ilegal (Mensaje Nº 128-355/ 18 de abril de 2007), estableciendo su historia fidedigna, bajo cuya inteligencia fue aprobado el artículo 5º citado, que la idea central del proyecto era combatir el comercio ilegal y sancionar a las personas que interviniesen en él, dotando a las policías de mecanismos para un adecuada investigación del ejercicio legal de esta actividad, acorde con las complejidades que presentan las formas de organización de quienes participan de esta actividad (Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Boletín N° 5069-03), con cuyo objeto el proyecto impuso a las municipalidades la obligación de regular su ejercicio determinando específicamente el lugar que, dentro de la comuna, podía estar destinado al comercio de esa naturaleza.

Noveno: Que, en este sentido, la ordenanza cuestionada solo autoriza a ejercer el comercio ambulante a quien haya obtenido el permiso regulado en la forma establecida en en el capítulo 2.2, autorizando su artículo 17 el ejercicio de cualquier giro contemplado en la ley y sus reglamentos, respetando las normas referentes a los derechos de propiedad industrial e intelectual y, todo de acuerdo con el artículo 23, previo pago de los derechos municipales establecidos en la Ordenanza de Derechos Municipales de la comuna de Quilpué.

Refieren además los artículos 36 y 37 que, la persona autorizada para ejercer el comercio ambulante, deberá encontrarse identificada en un registro fotográfico en forma previa al otorgamiento del permiso.

Décimo: Que en torno a la ilegalidad que plantea el recurso, de cuanto se ha consignado precedentemente, no cabe sino que concluir que la ordenanza cuestionada fue dictada por la Municipalidad recurrida al amparo de una facultad conferida expresamente por el ordenamiento jurídico, en el que no sólo se habilitó a los municipios a regular el comercio ambulante ejercido en sus respectivas comuna, sino que, el artículo 5º de la ley Nº 21.426 conminó a éstos a establecer los lugares donde éste podía ser desarrollado, imponiendo como condición a los efectos de regular su goce la necesidad de identificar fotográficamente a la persona autorizada para ejercer el comercio, exigencia que como ya fue examinada encuadra dentro de las facultades que los entes edilicios tienen y están dotados para permitir de modo precario la ocupación de los bienes nacionales de uso público respecto del desempeño de un actividad que para su ejercicio adicionalmente debe someterse a lo establecido en el Decreto Nº 2.385, de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del D.L. Nº 3.063 sobre Rentas Municipales, por encontrarse como toda actividad comercial sujeta a una contribución de patente municipal, cuyo incumplimiento la ordenanza sanciona expresamente en su artículo 48, con una multa de 1/3 hasta 5 unidades tributarias mensuales por parte del Juzgado de Policía Local a beneficio municipal, a quien ejerza una actividad económica de carácter ambulante, estacionada o ambulante en vehículo en bien nacional de su uso público sin haber obtenido permiso.

Undécimo: Que, como ya fuera indicado, la ordenanza autoriza exclusivamente el ejercicio del comercio ambulante únicamente respecto de aquellos, personas naturales, que obtenga el permiso de ocupación de bien nacional de uso público por parte de la administración municipal que tramiten su solicitud de acuerdo con el procedimiento reglamentado en el Capítulo 2.2., quedando éstas habilitadas para el ejercer la actividad comercial de carácter ambulante, exclusivamente en los lugares habilitados a esos fines en la condiciones descritas precedentemente.

Duodécimo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ordenanza, el permiso señalado habilita para ocupar determinados bienes nacionales de uso público, aquellos consignados en su numeral 1º: centro de la comuna (Calle Blanco desde la esquina de calle Freire hasta calle Caupolicán y calle Vicuña Mackenna) y numeral 2º: límites exteriores del centro de la comuna (Calles Quinto Centenario, Perú, Gregoria, nombre reservado, nombre reservado, Secchi, Laplacé, nombre reservado, nombre reservado y en cualquier feria que funciones con permiso municipal), lo que deja en evidencia que en este sentido la ordenanza cumple con lo establecido en artículo 5º ya citado en orden a precisar determinadamente los lugares donde puede desempeñarse el comercio ambulante. Se previene además en ella que todo aquel que obtenga un permiso deberá encontrarse en forma previa identificado fotográficamente en un registro a cargo de la Unidad de Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público.

Decimotercero: Que, como como puede apreciarse, la ordenanza no hace otra cosa que regular el comercio ambulante precaviendo, de ese modo, su ejercicio ilegal, en tanto cuanto el autorizado expresamente requiere para su desempeño contar con permiso que solo habilita a su titular para ejercer la actividad comercial en el lugar expresamente autorizado, actividad que, por lo demás, deben ser ejercida previo otorgamiento de la patente comercial respectiva y previo pago de los derechos establecidos en la ordenanza correspondiente.

Decimocuarto: Que, así la cosas, a juicio de estos sentenciadores la ordenanza, en el aspecto que se impugna, descarta, como así se encuentra planteado por los recurrentes, toda posibilidad que ella tenga por objeto permitir sin regulación alguna el comercio ilegal ejercido en la comuna permitiendo a aquellos que lo ejercen se instalen en los lugares definidos en dicho instrumento, desde que precisamente y contrariamente a lo argumentado, la ordenanza -sujeta a la normativa antes descrita- busca normalizar una actividad ejercida en forma ilegal sometiéndola al cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable en esta materia.

En tal sentido la determinación de la calle Blanco Encalada, entre calle Freire y calle Caupolicán, como un lugar habilitado para ejercer el comercio ambulante no denota ni pone de manifiesto anticipadamente ninguna de las deficiencias, dificultades y externalidades que se describen en el recurso, por cuanto, al menos en la forma en que se encuentra planteado en él, los recurrentes dan solo cuenta de una mera probabilidad de un perjuicio no justificado ni aun grado de amenaza, no resultando por tanto, en este etapa, verosímil la afectación de la garantías constitucionales que estiman vulneradas.

En ese contexto el recurso no aporta antecedente alguno que demuestre que el ejercicio ambulante en dicho sector eventualmente puede llegar a infringir las normas sobre higiene y seguridad de los lugares de trabajo por ejercerse éste en un lugar público; tampoco es óbice para su desempeño que éste ocupe un bien nacional público puesto que el artículo 160 Nº 3º de la ley 18.290 lo que prohíbe es el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado sin permiso municipal, y el que regula la ordenanza es el comercio ambulante ejercido con permiso y patente comercial, esto es, el comercio autorizado en tales condiciones.

Cabe recordar, en este contexto, que para que el recurso de protección pueda prosperar es condición esencial que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado, presupuesto que en la especie no se advierte en tanto cuanto los antecedentes acompañados por los recurrentes no permiten advertir el riesgo que el comercio ambulante autorizado generaría en calle Blanco Encalada, máxime si su ejercicio se encuentra reglado y sujeto a la fiscalización de la municipalidad recurrida.

Decimoquinto: Que, en esta cuerda, tampoco se constata una eventual infracción a los artículos 69 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con artículo 2° de la Ley 20.609 y al artículo 83 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por haber sido los recurrentes excluidos y discriminados en el proceso de la participación ciudadana, sin considerar su opinión y aprehensiones respecto de la posibilidad de instalar el comercio ambulante en el espacio público en que se hizo, puesto que, como ya fuera adelantado, la actas acompañadas al recurso, dejan de manifiesto que la elaboración de la ordenanza fue sometida al juicio de la comuna, destacándose la participación de comerciantes y de organizaciones comunitarias como el Centro de Negocios del Marga Marga y la Cámara de Comercio de Quilpué, proceso que a juicio de estos sentenciadores descarta la adopción de una decisión inconsulta, irracional y arbitraria; marco en el que, además, no se puede olvidar que a los municipios, de conformidad con el artículo 3° de su ley orgánica, le corresponde planificar y regular la comuna y promover el desarrollo comunitario, ambiente en que el, con tales fines, el artículo 5° literal c), les confiere la administración los bienes nacionales de su público y la facultada de autorizar su uso en forma precaria, al mismo tiempo que, para lo efectos de adoptar una determinada decisión, la potestad reglamentaria en esta materia, se encuentra radicada en el alcalde y en el concejo municipal, de todo lo cual no es posible inferir que en la dictación de la ordenanza la autoridad haya obrado de forma inidónea y desproporcionada.

Decimosexto: Que, en resumen, de todo lo razonado se despende que la Municipalidad recurrida, en la especie, actuó en el ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento legal examinado, definiendo del modo exigido en el artículo 5° de la Ley N° 21.426, los lugares donde ejercer el comercio ambulante en las condiciones ya descritas, sin que de ello pueda colegirse un actuar ilegal y arbitrario, razón por la cual la presente acción constitucional será desestimada.

Decimoséptimo: Que el resto de la documental acompañada al recurso no altera los razonamientos y conclusiones que anteceden.

Por estas consideraciones y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Asociación Comerciantes Calle Blanco y sus alrededores, organización comunitaria, nombre reservado y nombre reservado, actuando personalmente y en nombre de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-127298-2022.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Gonzalo Góngora Escobedo.