BIO ECO CLEAN CHILE LTDA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Felipe Pizarro Maturana, quien deduce recurso de protección en favor de Bio Eco Clean Chile Ltda, RUT RUT reservado, en contra de la Tesorería General de la República, por intermedio de su Tesorero Provincial de Villa Alemana, don nombre reservado, en su calidad de Juez Sustanciador, por haber dictado manera ilegal y arbitraria la Resolución Exenta Nº5359-TP-VALEM, de fecha 15 de junio de 2022, que resuelve no dar lugar al incidente de nulidad del embargo, lo cual vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que, la empresa recurrente durante el año tributario 2021 se atrasó en los pagos de los Formularios N°29, los que, por conversación con el ente recaudador, acordó el pago de la suma $3.667.229 pesos, suma que pagó con fecha 19 de abril de 2022 y que, en el año tributario 2022, se volvió a retrasar en dichos pagos, por lo que suscribió convenio de pago que ha cumplido rigurosamente.

Señala que, obstante lo anterior, dos semanas después de hacer el primero de los pagos, la Tesorería General de la República embarga el monto antes descrito y le señalan había sido un embargo “preventivo” ante el posible incumplimiento del convenio suscrito.

Indica que ante ello, reclama mediante presentación rolada folio 29408069, que da origen a la resolución recurrida, la cual no se pronuncia sobre el fondo de lo reclamado, sino que se limita a señalar respecto de la retención que se objeta: “Que, conforme al mérito del proceso, se procedió a notificar, requerir de pago y embargar bienes del deudor correspondiente a impuestos fiscales Formulario 21, folio 7357088426 y 7274633196, sobre los cuales se trabó embargo de dineros con anterioridad a la suscripción del convenio de pago”.

Señala que, si bien existió una deuda anterior, ya fue pagada, pero respecto de los convenios suscritos con posterioridad, no es dable decretar ninguna cautelar, ni menos retener fondos de un convenio que se está cumpliendo.

Alega que la resolución es ilegal, ya que no existe ninguna resolución de embargo de dineros por el supuesto incumplimiento del convenio actual, el embargo de dineros efectuado corresponde a una deuda del año tributario 2021, la cual fue pagada por lo que la retención, embargo y giro que actualmente la afectan carece de sustento jurídico.

Además, alega que también es arbitraria, por cuanto no existe razonabilidad en el obrar de la denunciada, como tampoco un proceso administrativo debidamente tramitado, en el cual pudiera ser emplazado, conforme a derecho, en el cual hacer valer sus defensas y pruebas.

Solicita en definitiva, se acoja el recurso, ordenándose a la recurrida que libere y deposite en la cuenta de la recurrente, registrada ante la Tesorería General de la República, la suma de $3.667.229 pesos, por conceptos de dineros injustamente embargados, con intereses y reajustes a la fecha de su consignación o, en subsidio, arbitrar todo aquello que la Ilustrísima Corte estime procedente para resguardar el imperio del derecho, que restaure las garantías conculcadas, todo ello con expresa condena en costas.

A folio 10, informa don nombre reservado, Tesorero Provincial de Villa Alemana (S) Juez Sustanciador, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que la recurrente actualmente mantiene una deuda vigente que asciende a la suma de $3.704.150 por concepto de impuestos fiscales, habiendo sido había sido demandada en causa de cobro de obligaciones tributarias causa judicial Rol 10218-2022 Quilpué, producto de un giro emitido por el Servicio de Impuestos Internos que corresponden a Formulario 21 (Folio 7357088426 y 7274633196) los cuales corresponden a impuesto fiscal de IVA postergado, en la cual con fecha 10 de mayo de 2022, se dicta resolución de mandamiento de ejecución y embargo.

Señala que, conforme al mérito del proceso, habiendo constatado dentro de las bases de datos de información de la Tesorería General que existe una suma de dinero en la Cuenta Única Tributaria en favor del contribuyente y valor ascendía al monto de $2.874.254.-, existiendo la necesidad de resguardar el interés fiscal, se procede a dictar resolución de embargo con fecha 30 de mayo de 2022.

Agrega que, como consecuencia de la actividad jurisdiccional y con fecha 01 de junio de 2022, el contribuyente suscribe un convenio de pago con la Tesorería, el cual fue celebrado con posterioridad a la traba del embargo, según consta en Expediente Rol 10218-2022 Quilpué, el cual todavía se encuentra vigente.

Indica que, con posterioridad a ello, comparece la recurrente solicitando la nulidad del embargo judicial decretado, por haber pagado el Formulario 21 (Folio 7316429606) correspondiente a un IVA postergado y por existir un proceso judicial de reclamación de la multa impartida por la Dirección del Trabajo Formulario 42 (Folio 8815210261) los cuales corresponde al Expediente 10194-2022 Quilpué, el cual la deuda se encontraba extinguida por el pago de la deuda.

Dicha solicitud se procede a resolver mediante la resolución, ahora recurrida por esta vía, rechazando el incidente de nulidad del embargo, atendido que no es posible acreditar fehacientemente la existencia de un vicio trascendente que sirva como fundamento para declarar la nulidad del embargo, señalando que los folios señalados precedentes no tiene ninguna relación con el nuevo proceso judicial que tiene como fundamento los giros emitidos por no pago de los impuestos devengados por concepto de IVA Postergado.

Indica que la resolución impugnada corresponde a una resolución judicial, conforme a los requisitos establecidos por los artículos 158 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que fue dictada dentro del marco de la tramitación de un proceso de cobro de obligaciones tributarias que es naturaleza jurisdiccional, quedando excluida la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 19.880 ya que dicho precepto normativo dice relación con la fundamentación de las resoluciones administrativas dictadas dentro del marco de un procedimiento administrativo, por lo que no es posible sostener que adolece de falta de fundamentación.

Estima que el ejercicio de las potestades jurisdiccionales de la Tesorería General de la República, dentro del marco de un proceso de cobro de obligaciones tributarias, corresponde al ejercicio legítimo de un derecho que tiene en su calidad jurídica de acreedor de la obligación tributaria y créditos públicos, por lo que, en este caso, no tiene cabida la existencia de un acto u omisión de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Tesorería Provincial de Villa Alemana.

Agrega que, habiéndose constatado dentro la base de información que el recurrente tiene una deuda vigente que asciende a $3.704.150.- no es posible acceder a la devolución solicitada hasta que se acredite su pago total, señalando adicionalmente que, conforme al registro del sistema de convenios de pago, el recurrente mantiene un alto riesgo de caducidad por mal comportamiento de pago, debido a que registra un total de 8 convenios de pago, de los cuales 6 convenios terminaron caducando por no pago.

Concluye señalando que el recurso de protección no es la vía más idónea para resolver el conflicto jurídico, puesto que existen otros remedios o mecanismos de impugnación que pueden ser utilizado dentro de la legislación destinado a resolver el asunto controvertido que se ventila en estos autos.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, la recurrente solicita mediante la presente acción, que se ordene a la institución recurrida efectuarle la devolución o liberación de los fondos embargados en procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, tramitada por el recurrido Juez sustanciador.

Tercero: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuestión que no se vislumbra ni acredita en estos autos.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, se desprende que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que el acto cuestionado fue dictado por el Tesorero Provincial, en su carácter de juez sustanciador, según lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario, de manera que tiene el carácter de resolución judicial y su impugnación debe efectuarse por los recursos jurisdiccionales que contempla la ley.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Bio Eco Clean Chile Ltda, en contra de la Tesorería General de la Republica.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-127292-2022.

En Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.