nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y de la Superintendencia de Pensiones por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo y cierre de la solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor, técnico extranjero, con residencia definitiva en Chile, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, el 28 de noviembre de 2025. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud el 12 de diciembre de 2025. Fundado en que el certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte y debidamente legalizado o apostillado. Expresa que, el 10 de diciembre de 2025, presentó un reclamo ante la Superintendencia recurrida, quien le respondió que requería la documentación antes indicada.

Sostiene que tal exigencia es ilegal, pues la Ley N°18.156 no exige formalidades adicionales como el apostillado, y que este requisito resulta de cumplimiento imposible ante la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando un caso de fuerza mayor. Asevera que la constancia aportada cuenta con un código alfanumérico verificable en línea que acredita fehacientemente la cobertura previsional exigida por ley. Refiere que este actuar priva al recurrente de su derecho de propiedad sobre sus fondos y establece una diferencia arbitraria respecto de otros solicitantes en situaciones análogas.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el rechazo, se reconozca la validez de la documentación y se ordene proceder con la devolución de los fondos dentro de un plazo razonable.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que la Administradora actuó ajustada a derecho al no ingresar la solicitud, por cuanto el recurrente no acompañó el certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado en el plazo otorgado para ello. Argumenta que, según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, es imperativo que los documentos extranjeros cumplan con las formalidades del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que la "Constancia Electrónica" aportada no es suficiente, pues no detalla las coberturas específicas para el caso particular del afiliado y carece de firma autorizada. Menciona que su representada tiene la obligación legal de fiscalizar el cumplimiento estricto de los requisitos de la Ley N°18.156, so pena de ser sancionada por el órgano contralor. Asegura que no existe acto ilegal ni arbitrario, ya que se limitó a aplicar la normativa administrativa vigente que rige a las AFP.

A folio 10, evacúa informe Enrique Rodrigo Vergara Schmidt, abogado, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

La institución solicita el rechazo de la acción, argumentando que no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, toda vez que sus actuaciones se han ceñido estrictamente a sus facultades de supervigilancia y control.

Señala que, recurrente ingresó una consulta web bajo el N°19220, el 10 de diciembre de 2025. Precisa que, el mismo día, informó al actor que para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N.º 18.156, resulta necesaria la presentación de una certificación que acredite que, durante la prestación de servicios en Chile, contó con cobertura de salud en su país de origen, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias. Asimismo, se indicó que los documentos presentados deben cumplir con los requisitos de vigencia definidos por la entidad emisora y contar con la correspondiente legalización o apostilla.

Sostiene que el recurrente no ha acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, particularmente en lo referido a la acreditación de la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero.

Indica que la exigencia de legalización o apostilla de los documentos emanados del extranjero no es una formalidad caprichosa, sino un mandato legal del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, necesario para dotar de valor probatorio a dichos instrumentos en Chile. Refiere que la falta de representación diplomática de Venezuela no exime del cumplimiento de la carga probatoria ni faculta a la Superintendencia para obviar los estándares de seguridad administrativa.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a AFP Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurridas sostienen que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que carece de firma autorizada, no está apostillada ni legalizada, y no especifica las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite determinar el período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Asimismo, dicho documento no detalla las prestaciones específicas ni señala las coberturas con que cuenta la recurrente, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin que se pueda inferir un determinado período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-127-2026.

En Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.