COMUNIDAD EDIFICIO MIRAMAR REÑACA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece doña Francisca Fernanda Moya Ortiz, abogada, en representación de la Comunidad del Edificio Miramar Reñaca, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en mantener vigente el Decreto Alcaldicio N° 208, de fecha 3 de enero de 2024, que declaró inhabitable el Edificio Miramar Reñaca, pese a que señala ya no concurren los fundamentos técnicos ni jurídicos que motivaron su dictación. Fundamenta su arbitrio en la afectación de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad psíquica y al derecho de propiedad de los copropietarios del inmueble. Solicita se deje sin efecto el mencionado decreto o, en subsidio, se adopten las medidas que S.S. Ilustrísima estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Alega que, si bien en agosto y septiembre del año 2023 se produjo un doble evento de socavones en el sector aledaño al edificio, y que ello motivó la evacuación preventiva del mismo, en la actualidad concurren nuevas condiciones de seguridad que habilitarían su uso habitacional. Expone que mediante Resolución Exenta N° 1512, de fecha 7 de agosto de 2024, emanada de la Delegación Presidencial Regional, se modificó el perímetro de seguridad originalmente establecido, dejando fuera al Edificio Miramar, lo cual permitiría restablecer las condiciones de habitabilidad y accesibilidad que el Decreto Alcaldicio había supeditado como requisito para su vigencia. Refiere que se han dirigido diversas solicitudes a la Municipalidad con el fin de obtener el alzamiento del decreto, sin haber recibido respuesta formal. Estima, en consecuencia, que la omisión de la autoridad municipal configura una actuación ilegal y arbitraria, que priva a los copropietarios del uso y goce de sus bienes, comprometiendo su salud mental y estabilidad económica.

A folio 5, se acompaña informe la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, representada por doña Javiera González Espinoza, abogada, quien, actuando en representación del Delegado Presidencial Regional, señor nombre reservado, expone que dicha entidad ha actuado dentro del marco de sus competencias legales, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 bis y 116 de la Constitución Política de la República, la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y la Ley N° 21.364 que regula el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Informa que, con motivo del evento de emergencia originado por las intensas precipitaciones ocurridas en el mes de agosto de 2023, que derivaron en un socavón de gran envergadura en el sector de Cochoa, comuna de Viña del Mar, se adoptaron medidas inmediatas de gestión del riesgo, entre ellas, la definición de un perímetro de seguridad en el sector afectado. Dicho perímetro fue establecido por la Delegación mediante Resolución Exenta N° 1548, de fecha 24 de agosto de 2023, y sucesivamente modificado mediante Resoluciones Exentas Nos 1554, 1812, 1917, 2106 y 2259, conforme a los informes técnicos elaborados por SERNAGEOMIN y SENAPRED, en el contexto del Sistema de Alerta Temprana.

Precisa que, en atención a los avances constatados en las obras de estabilización del terreno y control del riesgo, la Delegación dictó con fecha 7 de agosto de 2024 la Resolución Exenta N° 1512, mediante la cual se redujo el perímetro de seguridad anteriormente vigente, excluyéndose expresamente de dicho perímetro al Edificio Miramar Reñaca, así como al Edificio Kandinsky. Esta decisión se adoptó teniendo en vista, entre otros antecedentes, el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería de fecha 19 de julio de 2024, y el informe técnico de SENAPRED de fecha 5 de agosto de 2024, los que concluyeron que el socavón n.° 2 —ubicado frente al Edificio Miramar— se encontraba completamente rellenado y que las obras de mitigación presentaban avances sustantivos que permitían reducir el área de exclusión.

Con todo, aclara que el establecimiento, modificación o eliminación de un perímetro de seguridad —institución jurídica prevista en el artículo 38 letra d) de la Ley N°21.364— se limita a restringir el acceso a determinadas zonas por razones de protección a la vida e integridad física de las personas, pero no implica, por sí mismo, la habilitación ni deshabilitación del uso de inmuebles particulares, ni tiene efectos sobre decretos de inhabitabilidad dictados por otras autoridades, como es el caso de los municipios. En ese sentido, subraya que la Delegación carece de competencia para pronunciarse sobre la habitabilidad de edificaciones, materia que corresponde exclusivamente a la autoridad edilicia en virtud del artículo 161 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Asimismo, la Delegación enfatiza que ha mantenido un actuar diligente, coordinado y fundado en los antecedentes técnicos disponibles, y que su rol se ha limitado a las facultades que le competen como órgano del Poder Ejecutivo en la región, no teniendo atribución alguna para alzar o dejar sin efecto decretos alcaldicios de inhabitabilidad dictados por la autoridad municipal. Por ende, solicita tener por evacuado el informe y dar por cumplida la obligación legal de informar en estos autos, sin que le sea imputable la omisión que se reprocha en la presente acción.

folio 8, se acompaña informe evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, representada por doña nombre reservado, abogada, solicitando el rechazo de la acción constitucional intentada, por estimar que el acto administrativo cuestionado —Decreto Alcaldicio N° 208, de fecha 3 de enero de 2024— fue dictado por autoridad competente, conforme a derecho, fundado en antecedentes técnicos suficientes, y dentro del ámbito de sus atribuciones legales, por lo que no constituye una omisión arbitraria ni ilegal.

En primer término, explica que la decisión de declarar inhabitable el Edificio Miramar Reñaca, Torres A y B, ubicado en domicilio reservado, fue adoptada a partir de los antecedentes recabados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), los que incluyeron visitas inspectivas realizadas en terreno, informes técnicos emitidos por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), y la consideración de múltiples documentos provenientes de organismos especializados como SERNAGEOMIN, SENAPRED, la SEREMI MINVU y la Delegación Presidencial Regional. Dichos antecedentes fueron sistematizados en los Memorandos N° 2784 y N° 2698, emitidos por la DOM en el segundo semestre de 2023, y permitieron establecer que el inmueble se encontraba emplazado en una zona de evidente riesgo estructural y con condiciones de accesibilidad comprometidas, motivadas por los eventos de socavones ocurridos en agosto y septiembre del mismo año.

Señala que la base normativa para la dictación del referido decreto se encuentra en el artículo 161 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, disposición que autoriza a la autoridad edilicia a declarar total o parcialmente inhabitable un inmueble cuando se compruebe que existen condiciones que amenazan la vida o integridad física de sus ocupantes. Añade que dicha declaración fue adoptada con carácter transitorio, estableciéndose expresamente en la parte resolutiva del Decreto N° 208 que su vigencia se mantendría “hasta que se reestablezcan las condiciones del espacio de uso público que permitan la accesibilidad del edificio”, lo que a la fecha del informe —según sostiene— no ha ocurrido.

En cuanto a los antecedentes técnicos actuales, la Municipalidad indica que, si bien la Delegación Presidencial Regional redujo el perímetro de seguridad a través de la Resolución Exenta N° 1512 de 2024, esa circunstancia no es suficiente por sí sola para levantar la declaración de inhabitabilidad, ya que esta obedece a condiciones específicas verificadas en el entorno inmediato del inmueble. En este sentido, la DOM efectuó una nueva visita inspectiva con fecha 2 de abril de 2025, cuyo resultado fue plasmado en el Memorando N° 726/2025. En dicho documento se constata que las obras de mitigación ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas aún no se encuentran recepcionadas, que persisten trabajos en ejecución sobre la calzada y aceras de Avenida Costa de Montemar, que se mantiene la presencia de maquinaria pesada y obstáculos físicos que impiden la libre circulación, y que la red provisoria de evacuación de aguas lluvias aún no ha sido conectada a la red definitiva, con riesgo latente de remociones ante eventuales nuevas precipitaciones.

La Municipalidad argumenta que, conforme al artículo 161 bis citado, el alzamiento de una declaración de inhabitabilidad requiere la verificación técnica de que han cesado las condiciones que motivaron la medida, lo que debe acreditarse mediante informes técnicos especializados, emitidos por organismos competentes, y con la recepción formal de las obras de mitigación por parte de los entes responsables. Sostiene que tales condiciones no han sido acreditadas por la parte recurrente, ni por el Ministerio de Obras Públicas, ni por ninguna otra autoridad u organismo técnico, por lo que resulta jurídicamente improcedente acceder a la solicitud de dejar sin efecto el decreto impugnado.

Asimismo, la Municipalidad descarta que exista una omisión administrativa en responder las peticiones realizadas por la recurrente, indicando que si bien se han recibido diversas solicitudes y presentaciones —tanto por correo electrónico como por oficina de partes— estas no han estado acompañadas de los antecedentes técnicos exigidos por la normativa vigente, lo que ha impedido que se genere un procedimiento formal de revisión de la inhabitabilidad. Añade, además, que la propia recurrente había solicitado originalmente la emisión del Decreto de Inhabitabilidad como condición para tramitar una rebaja en el pago de contribuciones ante el Servicio de Impuestos Internos, lo cual demuestra que su dictación no fue infundada ni intempestiva.

Finalmente, la Municipalidad advierte que acceder a la petición de los actores en los términos planteados —esto es, sin haberse cumplido las condiciones jurídicas y técnicas exigidas por el ordenamiento— podría comprometer gravemente la responsabilidad del municipio, en especial ante la inminencia del invierno, estación en que históricamente se han producido nuevos eventos de remoción de masas en el sector. Por ende, concluye que su actuación se enmarca en el principio de servicialidad del Estado y en su deber de protección del interés público, no siendo posible calificarla como arbitraria ni ilegal.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se ha incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en la especie, se alega por la parte recurrente la omisión de la Municipalidad de Viña del Mar consistente en no dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 208, de 3 de enero de 2024, que declaró inhabitable el Edificio Miramar Reñaca, pese a que se han restablecido sus condiciones de seguridad y accesibilidad, conforme a la modificación del perímetro de seguridad decretado por la Delegación Presidencial Regional mediante Resolución Exenta N°1512, de 7 de agosto de 2024.

Tercero: Que, conforme se colige de los antecedentes acompañados y de los informes evacuados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Municipalidad recurrida, el Decreto Alcaldicio impugnado fue dictado fundado en lo dispuesto en el artículo 161 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en base a antecedentes técnicos, visitas inspectivas y pronunciamientos de organismos especializados como SERNAGEOMIN y SENAPRED.

Cuarto: Que, si bien el perímetro de seguridad fue reducido, excluyendo al edificio Miramar, lo cierto es que, según el último informe emitido por la Dirección de Obras Municipales de 2 de abril de 2025, aún persisten obras en ejecución en la vía pública que impiden la accesibilidad plena al inmueble y la recepción definitiva de las obras de mitigación, requisitos expresamente exigidos por el Decreto Alcaldicio N° 208 para su alzamiento.

Quinto: Que, la decisión de mantener vigente una declaración de inhabitabilidad, en tanto no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos para su levantamiento, no puede ser calificada como una omisión ilegal o arbitraria, desde que se enmarca en el ejercicio de facultades conferidas por ley y fundadas en antecedentes técnicos actualizados.

Sexto: Que, en consecuencia, no se divisa de los antecedentes aportados ni de la conducta de la recurrida una actuación que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales de la recurrente de forma ilegal o carente de razonabilidad, por lo que el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Francisca Fernanda Moya Ortiz, en representación de la Comunidad del Edificio Miramar Reñaca, en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1266-2025.