nombre reservado con UNIVERSIDAD FINIS TERRAE Y OTRO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece Octavio Kehr Castillo, abogado, en representación de nombre reservado, ecuatoriano, médico cirujano, quien interpone acción de protección en contra Resolución Exenta Nº 334 dictada por el Servicio de Salud Aconcagua con fecha 19 de febrero de 2025 en virtud del cual se le pretende cobrar la suma de $147.299.672.-, por los supuestos gastos de formación en que habría incurrido el Servicio de Salud Aconcagua al otorgarle una Beca para financiar un Programa de Especialidad en Medicina intensiva realizada en la Universidad Finis Terrae, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del artículo 19 N°1, 2, 3 inciso cuarto y quinto, 17 y 24 de la Constitución Política de la República. Los recurridos son el Servicio de Salud Aconcagua y la Universidad Finis Terrae.

Refiere que el actor es médico cirujano ecuatoriano, titulado en la Universidad de Guayaquil Ecuador, titulo profesional reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 10 de noviembre de 2016. El 7 de julio de 2019, aprobó el examen único nacional de conocimiento de medicina en Chile (EUNACOM).

En el año 2022, el Ministerio de Salud a través de su Subsecretaría de Redes Asistenciales, le adjudicó una beca para financiar su participación en el Programa de Especialización en Medicina Intensiva, el cual era impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, dicho programa se realizaría entre el 8 de mayo de 2023 y el 7 de mayo de 2027, por lo que en el año 2022 el actor tuvo que suscribir el “Convenio Sobre Derechos, Obligaciones y Garantía de Becario en Programa de Especialización” con el Servicio de Salud de Aconcagua.

En contraprestación a la aludida beca, el recurrente se obligaba a cumplir con un Periodo Asistencial Obligatorio (“PAO”) por un lapso equivalente a cuatro años en algún establecimiento de la Red del Servicio de Salud Aconcagua, conforme se establece en la cláusula cuarta letra g) del aludido Convenio de Beca.

Refiere que el 28 de febrero de 2025, el Servicio de Salud Aconcagua notificó al actor la Resolución Exenta N° 334, de 19 de febrero de 2025, la cual puso término a contar del 10 de octubre de 2024 a su beca de formación en Medicina intensiva en la Universidad Finis Terrae. Adicionalmente, se dejaba establecido en dicha resolución que deberá reintegrar la suma de $147.299.672.- a dicho Servicio de Salud, por concepto de estipendios, aranceles, y matrículas por 18 meses de formación, más costos derivados del incumplimiento, incrementados en un 50%.

Sostiene que existieron una serie de irregularidades e ilicitudes cometidas por ambas recurridas, las cuales han conculcado las garantías constitucionales del recurrente referidas en el libelo.

En el caso de la Universidad Finis Terrae, existieron actos de hostigamiento, maltrato, y abuso de poder de parte de Directivos, Profesores y Docentes de este programa de formación en medicina intensiva hacia el recurrente, quienes además lo presionaron y obligaron a renunciar a su Beca de especialidad.

Expresa que por aplicación de las reglas generales relativas a vicios del consentimiento, la renuncia del recurrente a la beca estuvo viciada por fuerza moral (vis compulsiva) y se reputa como inexistente o al menos nula para todos los efectos legales, por aplicación del artículo 1451 inciso primero del Código Civil. Añade que en el caso del Servicio de Salud Aconcagua, la dictación de la Resolución Exenta N° 334, no solo adolece de una serie de vicios de legalidad que infringen las estipulaciones del Convenio de beca suscrito, sino que tampoco tienen una causa lícita al estar la renuncia viciada por fuerza moral. Desde un principio el actor vivió situaciones irregulares en su beca, pues desde que hizo una rotación en la Clínica Las Condes, uno de los docentes del programa, Dr. nombre reservado, no paró de realizar actos de hostigamiento, persecución, maltrato y vejaciones hacia él, todo con la finalidad de denostar y humillar al actor, siendo reprobado con una nota 3,9. Todo esto, llevó a al recurrente a realizar una denuncia pública ante las autoridades de la Universidad Finis Terrae que estaban a cargo de dicho programa de especialización, donde finalmente dicha casa de estudios no tomó ninguna medida al respecto. Esto, pese a ser reiteradas las denuncias relativas a malos tratos e irregularidades en este programa de formación.

Señala que la salud mental del actor fue severamente afectada durante todo este tiempo, lo que lo llevó a tener que tomar medicamentos para poder soportar la presión y carga de dicha beca. Hace presente que el actor incluso llegó a realizar 60 horas semanales de trabajo, donde jamás se respetó la jornada de desempeño de 44 horas semanales estipulada en la cláusula cuarta letra d) del Convenio de Beca. Estaba en una condición mala y precaria, desarrolló una fuerte fobia social que hizo más difícil su estadía en la beca, y finalmente reprobó por segunda vez un examen.

Ante esta situación, la Universidad Finis Terrae solo se limitó́ a darle la “opción” de renunciar a la beca o de empezar desde cero dicha especialidad médica. Ambas alternativas, en ningún caso implicaban una opción real para el Dr. nombre reservado. Esto, ya que en caso de presentar la renuncia, no podría terminar la especialidad, perdiendo todo el tiempo y dinero invertido durante su etapa de formación, sumado a la imposibilidad de poder postular a nuevos concursos con financiamiento estatal en el futuro. Y si comenzaba de cero tenía que pagar todos los costos de matrícula y arancel de 3 años de especialidad, que anualmente eran $9.639.091 según el arancel anual fijado en el contrato. Sin perjuicio que ambas opciones eran muy gravosas y ante las constantes presiones de que si no renunciaba a la beca se le cobraría la totalidad de la cláusula penal estipulada en el Convenio de Beca (10.399 UF), sumado a que se lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por el lapso de 5 años, escogió la opción menos gravosa presentando una carta de renuncia a la beca el 10 de octubre de 2024, dirigida al Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae. Luego se acercó al Servicio de Salud Aconcagua para informar que la carta de renuncia se daba por razones de salud relacionadas con la beca, conforme lo dispuesto en la cláusula sexta letra f) del Convenio.

Esta renuncia estuvo motivada además en que el recurrente no tenía la opción de pagar los costos de matrícula y arancel del programa de especialidad, si es que hubiese aceptado comenzar de nuevo la beca; y evitar el cobro de la cláusula penal y la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años, que era la sanción que se le aplicaría si es que no presentaba su renuncia, y que se estipulaba en la cláusula sexta, letra c) de su Convenio.

Señala que pese a que la cláusula f) del Convenio establece que en caso de renuncia por motivos de salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales estará facultada para poner término a la beca sin restitución de fondos, el Servicio de Salud Aconcagua decidió dictar la Resolución Exenta N° 334 y exigirle el reembolso de $147.299.672.

En cuanto a los requisitos de la acción de protección expresa que en lo referente a la existencia de una acción y/o omisión ilegal o arbitraria, en el caso del Servicio de Salud Aconcagua dicha ilegalidad y arbitrariedad se manifiesta en la dictación de la Resolución Exenta N° 334 de fecha 19 de febrero de 2025, que aparte de poner término a la beca del recurrente a partir del 10 de octubre de 2024, -es decir de forma retroactiva lo que es totalmente ilegal-, busca obtener el reembolso de $147.299.672, suma de dinero que no se encuentra justificada. No se indica el desglose o base de cálculo de la referida suma de dinero, la cual en ningún caso se condice con el valor real de los gastos del programa de formación, además aplica un recargo del 50% a dichos gastos, el cual resulta del todo improcedente, ya que la renuncia presentada se hizo por la causal de motivos médicos de la cláusula sexta letra f) del convenio de beca. En segundo lugar, es la Subsecretaría de Redes Asistenciales la que tiene la potestad exclusiva y excluyente de resolver acerca de la procedencia de cobrar gastos al becario en caso de renuncia por motivos médicos de éste, y no los Servicios de Salud. La Directora del Servicio está actuando fuera de su competencia y fuera de la forma que prescriba la ley, infringiendo así el artículo 7 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de juridicidad de las actuaciones de los Órganos del Estado. En tercer lugar, la Resolución Exenta N °334, no da al recurrente la posibilidad de presentar los recursos administrativos ordinarios que contempla la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimiento Administrativo, infringe el principio de impugnación del artículo 15 de la referida Ley, e implica la vulneración de la garantía del debido proceso del 19 número 3 inciso 5º de la Constitución.

En el caso de la Universidad Finis Terrae, la ilegalidad y arbitrariedad de su actuar, se traducen en primer lugar, en que fueron los propios docentes del programa de formación de beca quienes denostaron, maltrataron y acosaron al recurrente durante su etapa de formación, sin tomar medidas de resguardo como casa de estudios a favor del Dr. nombre reservado, ni tampoco instruyó un procedimiento disciplinario a fin de indagar la eventual responsabilidad de docentes de la Universidad. En segundo lugar, al acreditarse la existencia de amenazas y presiones hacia el recurrente con la finalidad de que él renunciara a la Beca, puede concluir que su renuncia está totalmente viciada por fuerza (vis compulsiva), vicio del consentimiento, que importa la inexistencia o nulidad absoluta de dicho acto de renuncia. La renuncia estuvo motivada por presiones y amenazas, consistentes en que si no renunciaba se le cobraría una clausula penal de 10.399 UF y se lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por 5 años, sanciones contempladas en la cláusula 6 letra c) del Convenio de Beca.

Refiere que las conductas de ambos recurridos, consistentes en infringir e incumplir el Convenio de Beca que el Servicio de Salud Aconcagua suscribió con el actor, y en donde se establecía una serie de obligaciones con las que debía cumplir el centro formador (Universidad Finis Terrae), demuestran la arbitrariedad e ilegalidad de pretender además cobrar los gastos del proceso de formación del Dr. nombre reservado por medio de la Resolución Exenta Nº 334.

En cuanto a las garantías que están siendo conculcadas, señala las siguientes:

1.- Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. El acto arbitrario e ilegal de los recurridos frustra por completo el proyecto de vida que tenía el Dr. nombre reservado de tener una especialidad en medicina intensiva, lo que le ha producido un grave cuadro de ansiedad social, crisis, y en general problemas de salud mental. Prueba de los anterior, es que ha tenido que agendar sesiones psicológicas y psiquiátricas, además de seguir un estricto tratamiento farmacológico.

2.- Igualdad ante la ley. Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. La conducta de la Universidad Finis Terrae, consistente en no tomar medidas de resguardo de protección hacia el recurrente en razón de los hechos que él denunció públicamente, sin tomar medidas respecto a los hechos que motivaron su renuncia forzada a la beca, y que en definitiva es la razón por la cual la otra recurrida, Servicio de Salud Aconcagua está cobrando una exorbitante suma de dinero en virtud de Resolución Exenta Nº 334, constituye a todas luces una discriminación ilegal y arbitraria, que infringe el artículo 19 Nº 2 de la Constitución. Refiere el recurrente que fue discriminado de forma arbitraria, ya que recibió un trato distinto al que recibían sus otros compañeros, pese a que estaban en las mismas circunstancias, y existen razones fundadas que llevan a concluir que el origen de estos malos tratos radican en que sea un médico extranjero (ecuatoriano).

Lo anterior, también atenta contra el principio de confianza legítima reconocido tanto por nuestra jurisprudencia judicial como administrativa, y que es una manifestación de la seguridad jurídica, igualdad ante la ley y buena fe que existe en nuestro ordenamiento jurídico.

3.- Derecho a un debido proceso racional y justo. Artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República. La infracción a esta garantía se traduce en las manifiestas irregularidades en los exámenes reprobados que obligaron a la renuncia a la beca del recurrente. Añade que se han contrariado una serie de principios que rigen los procedimientos de los actos administrativos como motivación, publicidad e imparcialidad, citando al efecto los artículos 11 y 16 de la Ley 19.880. En el caso de la Universidad hace referencia la falta de imparcialidad en la evaluación por parte de los docentes indicando la existencia de una comisión especial, ad hoc para evaluarlo, lo que está prohibido por el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución. Expresa también que en la Resolución Exenta N° 334 es contraria a los principios de fundamentación de los actos administrativos ya que no toma en consideración los motivos del recurrente para renunciar a la especialidad. Señala que ambas recurridas han incurrido en infracción al debido proceso del actor.

4.- Derecho a igual posibilidad de acceder a cargos públicos. Artículo 19 N° 17 de la Constitución Política de la República. La renuncia realizada le impediría al recurrente acceder a concursos públicos para formarse como médico especialista, becas que otorgan el derecho a ser contratado por el Estado durante la etapa de devolución de dicha beca. Adicionalmente, se amenaza su derecho de poder ejercer cargos por el lapso de 5 años y de ser contratado por el Estado de Chile como médico cirujano.

5.- Derecho de Propiedad. Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. La Resolución Exenta Nº 443 le exige que reembolse la cantidad $147.299.672, lo cual produce un perjuicio y menoscabo económico en su patrimonio, al no tener dicha solicitud de reembolso una justa causa que la motive. El acto que sustenta ese cobro es la expulsión del Dr. nombre reservado, el que tiene origen en hechos que infringen una serie de garantías constituciones y administrativas. Asimismo, esta renuncia del programa puede significar que el Servicio de Salud pretenda hacer efectiva la cláusula penal estipulada en el Convenio de Beca, la cual asciende a 10.399 UF. Al exigirle el Servicio el pago de los gastos de formación de su programa de especialidad durante el periodo de 18 meses, incurre en una clara infracción al artículo 19 Nº 24 de la Constitución.

Al recurrente se le está conculcando su derecho a poder titularse como médico especialista en medicina intensiva, y a su derecho a poder ejercer su cargo como médico a contrata en un cargo de 44 horas semanales en alguno de los establecimientos de la red del Servicio de Salud Aconcagua.

Por lo expuesto, y de acuerdo a las normas que señala, pide tener por interpuesta Acción de Protección en contra del Servicio de Salud Aconcagua y la Universidad Finis Terrae, ya individualizados, declararlo admisible y acogerlo en todas sus partes, resolviendo en definitiva:

1) Declarar que los recurridos han vulnerado el artículo 19, numerales 1, 2, 3 inciso cuarto y quinto, 17 y 24 de la Constitución Política, lo cual ha conculcado las garantías constitucionales del recurrente.

2) Dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 334 dictada por el Servicio de Salud Aconcagua de fecha 19 de febrero de 2025, y notificada el día 28 del mismo mes, la cual ordena el cobro de $147.299.672 pesos.

3) Dejar sin efecto la renuncia y la resolución interna que aprueba dicha renuncia dictada por la Universidad Finis Terrae, ordenando el reintegro inmediato del recurrente a la misma beca o a otra análoga a elección del recurrente, debiendo ambas recurridas ser obligadas al pago de todos los gastos que resulten necesarios hacer.

4) Condenar a los recurridos a pagar las costas procesales y judiciales de la presente causa.

5) Cualquier otra medida que la Corte determine aplicar en contra de las recurridas.

A folio 12 evacua informe Tatiana Moreno Alberti, abogada, en representación del Servicio de Salud Aconcagua, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer lugar, como antecedentes de la beca de especialización y su término señala que el Servicio de Salud Aconcagua otorgó a don nombre reservado una beca para financiar su participación en un programa de formación, en la especialidad de Medicina Interna Adulto, impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, Campo Clínico Multicéntrico, cuya extensión es de cuatro años, con desarrollo entre el 8 de mayo de 2023 y el 7 de mayo de 2027, según da cuenta Resolución Exenta RA N°121089/58/2024 del Servicio. Dicha beca se otorgó en el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, la que fue aceptada por parte del Dr. nombre reservado.

Al efecto, se celebró un Convenio sobre Derechos, Obligaciones y garantías del becario en programa de Especialización, entre el Servicio de Salud Aconcagua y el Dr. nombre reservado, que se otorgó por escritura pública de fecha 2 de mayo de 2023, ante el notario de San Felipe Jaime Polloni Contardo. En la cláusula Cuarta de dicho Convenio, se disponen las obligaciones del Becario, entre la cuales figuran la Sujeción a la normativa aplicable; Obligaciones asistenciales docentes y administrativas, obligación de la Jornada de desempeño. A su vez en la letra e) de dicha cláusula, se establecen las causales de Término anticipado del programa de formación, señalándose como tal, la renuncia del becario, debiendo el becario reembolsar los gastos con motivo de la ejecución del programa de formación, incluidos estipendios, matrículas y aranceles que haya efectuado el Ministerio o el Servicio de Salud, según corresponda, y aquellos derivados del incumplimiento, todo ello incrementado en un 50% por el tiempo de permanencia en el respectivo programa. Con fecha 10 de octubre de 2024 el Dr. nombre reservado, presentó su renuncia voluntaria a su beca de especialización en medicina intensiva en la Universidad Finis Terrae.

Sin perjuicio, de estar los efectos de su renuncia descritos en el convenio celebrado entre el Becario y este Servicio, ya señalado, dicha situación se encuentra regulada en el artículo 14 del Decreto N°91 de 2001 de Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la ley N° 19664, y artículo 25 del Decreto 507 de 1990 del Ministerio de Salud, que dispone: “El programa de formación podrá terminar anticipadamente por renuncia del profesional funcionario, por eliminación por rendimiento académico o incumplimiento de las normas del centro formador, o por falta de aptitudes requeridas para continuar con el programa, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de este reglamento. En todos estos casos, el becario deberá reembolsar los gastos con motivo de la ejecución del programa de formación, incluidos estipendios, matrículas y aranceles que haya efectuado el Ministerio o el Servicio de Salud, según corresponda, y aquellos derivados del incumplimiento, todo ello incrementado en un 50%, por el tiempo de permanencia en el respectivo programa.”

Atendido lo anterior, este Servicio dictó la Resolución Exenta N° 334 de 2025 que puso término a la beca de especialidad del Dr. nombre reservado a partir del 10 de octubre de 2025 (sic) (fecha de su renuncia) y dispuso que éste deberá reintegrar al Servicio de Salud Aconcagua la suma de $ 147.299.672.- que se desglosan de la siguiente manera: estipendios por 18 meses por la suma de $60.540.857.-, aranceles y matrículas año 2023 y proporcional año 2024 $13.293.565.-, costos derivados del incumplimiento (33%) $24.365.359.-, y más un incremento del 50% $49.099.891., lo que totaliza la suma de $147.299.672.- como da cuenta la Resolución recurrida. Obrando, en consecuencia este Servicio de Salud, dentro de sus competencias y facultades, cumpliendo las normas antes citadas, que establecen expresamente como causal de término del programa de formación la renuncia del becario y disponen que éste deberá reembolsar, los conceptos antes señalados más el incremento del 50%.

En segundo lugar, en cuanto a los fundamentos del recurso, expresa que el recurrente funda su recurso de Protección en una supuesta fuerza moral que lo habría afectado, expresa que no se puede pretender que las consecuencias derivadas de la renuncia a su beca de especialización, acordadas en el convenio suscrito y determinadas por la ley, previamente conocidas por el Dr. nombre reservado, constituyan una amenaza de un mal propio o ajeno.

La recurrida descarta la existencia de fuerza moral en la renuncia, ya que la carta da cuenta de un análisis en su actuar, sopesando sus posibilidades y consecuencias, eligiendo después de dicho análisis, la opción que a su juicio estimó menos gravosa. Aparece claramente que el Sr. nombre reservado presentó su renuncia de forma libre y voluntaria, en pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones y con cabal conocimiento de las consecuencias que tendría la misma. Claramente en su decisión no hubo vicio alguno que impidiera que su voluntad se manifestara libre e informadamente.

Si bien, la Subsecretaria de Redes Asistenciales tiene la facultad de no exigir el reintegro de los fondos, cuando la renuncia sea por motivos de salud que afecten al becario o alguno de sus familiares que dependen de él que sean incompatible con la actividad académica de aquel; para que la Subsecretaría se pronuncie al respecto, existe un procedimiento, cual es que el becario debe entregar sus antecedentes fundantes al Servicio de Salud, junto con unos formularios que debe llenar y firmar, para que este último los remita la Subsecretaria. Estos antecedentes y formularios le fueron solicitados por correo electrónico al Sr. nombre reservado; sin embargo, a la fecha de este informe del Servicio el Dr. nombre reservado no ha hecho entrega de los documentos solicitados.

Refiere que el Servicio de Salud Aconcagua, institución que otorgó la beca al Sr. nombre reservado, tiene la facultad de poner término a la beca y cobrar los gastos efectuados en dicha especialización.

La relación entre el Dr. nombre reservado y el Servicio de Salud Aconcagua, está regulada en el convenio suscrito y reconocido por este último, con arreglo al cual se establecen las obligaciones y derechos de cada parte, conforme lo establece el artículo 1545 del Código Civil, por lo que el Servicio, en su calidad de parte del referido convenio, tiene la aptitud y facultad de demandar por su incumplimiento y hacer efectivas las sanciones que de ello deriven, previamente establecidas por acuerdo de las partes, sin perjuicio de estar establecidas en la Ley. Diferente es, que la Subsecretaria de redes asistenciales tiene la facultad, como ente superior, de decretar el no el reintegro de los fondos, cuando la renuncia sea por motivos de salud, lo que se realiza a través del Servicio de Salud de la forma señalada precedentemente.

En cuanto a la fecha del término de la beca, el Dr. nombre reservado presentó su renuncia a la beca el día 10 de octubre de 2024, por lo que desde dicho día terminó su beca de especialización en la Universidad Finis Terrae, lo que fue reconocido en la Resolución Exenta N°344/2025 de este Servicio, Respecto al desglose de la base de cálculo, está definida tanto por la ley, artículo 14 del Decreto N°91 de 2001 y artículo 25 del Decreto 507 de 1990 del Ministerio de Salud, y en el convenio suscrito por las partea. Así, la sola lectura de la Resolución recurrida, da cuenta el monto y los conceptos que la recurrente debe reintegrar. Dicha Resolución señala que don nombre reservado deberá reintegrar al Servicio de salud Aconcagua la suma de $ 147.299.672.- que se desglosan de la siguiente manera: estipendios por 18 meses por la suma de $60.540.857.-, aranceles y matrículas año 2023 y proporcional año 2024 $13.293.565.-, costos derivados del incumplimiento (33%) $24.365.359.-, y más un incremento del 50% $49.099.891., lo que totaliza la suma de $147.299.672.

Finaliza señalando que la Resolución N° 344 de 2025 fue dictada por el Servicio de Salud Aconcagua, dentro de la esfera de sus facultades, con pleno respeto al debido proceso. Una vez dictada fue notificada al Dr. nombre reservado mediante carta certificada puesta en Correos de Chile con fecha 27 de febrero del año en curso, y respecto de la cual, en pleno conocimiento de sus derechos ha ejercido el Recurso de Protección.

A folio 14 evacua informe Sebastián Castillo García, abogado, en representación de Universidad Finis Terrae, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

En primer término interpone la excepción de incompetencia respecto de la Universidad Finis Terrae, ya que todos los supuestos actos que habrían motivado la renuncia del recurrente al programa de formación de especialista en medicina intensiva se desarrollaron en la ciudad de Santiago, lugar donde tiene domicilio la universidad recurrida, se encuentran emplazados los centros médicos en los cuales el actor se presentó durante casi un año y medio, y donde, las partes fijaron su domicilio según consta en el Contrato de Servicios Educacionales para Alumnos en Programas de Especialización Destinados a los Profesionales Funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación del Ministerio de Salud de Chile.

En segundo término, alega la excepción de extemporaneidad, ya que de la simple lectura del recurso interpuesto por el Sr. nombre reservado, queda en evidencia que el recurrente centra su acción cautelar respecto a Universidad Finis Terrae en un hecho que se remonta a más de 6 meses atrás, a saber: su renuncia al programa de formación de especialista en medicina intensiva, ocurrida el 10 de octubre de 2024, en circunstancias que el recurso fue interpuesto el 28 de marzo de 2025.

En cuanto al fondo, niega expresa y categóricamente, todos y cada uno de los hechos descritos por el actor que harían procedente la pretendida responsabilidad de la Universidad recurrida, así como aquellas condiciones específicas asociadas a: (i) supuestos actos de hostigamiento, maltrato, y abuso de poder de parte de directivos, profesores y/o docentes del programa de formación en medicina intensiva; (ii) supuestos hechos de “persecución” a OV como resultado de su nacionalidad; (iii) la existencia de obligaciones académicas que implicaran sobrecargas de trabajo fuera de los parámetros normales, y exigidos a todos los alumnos por igual; (iv) presiones ya sea físicas o psicológicas para que el Recurrente presentara su renuncia al programa; (v) la existencia de denuncias previas realizadas por el actor en relación a estas materias; y (vi) que UFT no haya tomado las medida de resguardo pertinentes, conforme a los hechos realmente ocurridos.

Refiere que es completamente falso todo el contexto fáctico entregado por el actor en su Recurso. La renuncia del actor al programa de formación de especialista en medicina intensiva se debió a un hecho claro y central: el evidente bajo rendimiento académico del actor tanto en el desarrollo como en las evaluaciones académicas, cuestión que lo llevó a reprobar primero el examen de los primeros tres meses de competencias mínimas, y luego dos veces el examen final de primer año (en todos los casos mediante decisión tomada por un grupo de facultativos), realidad que por estatutos implicaba un resultado ineludible: volver a cursar el año de formación conforme a lo señalado en el artículo 30 del Reglamento General de Programas de Formación de Postítulo en Especialidades Médicas y de Perfeccionamiento. Al saber que lo anterior implicaba tener que financiar con recursos propios parte del programa, el recurrente voluntariamente presentó su renuncia a la Universidad. Previo a esta renuncia, la Universidad le ofreció toda la ayuda posible al actor para que mejorara su rendimiento académico y pudiera nivelarse con sus otros compañeros de especialidad, alumnos que por diseño del mismo programa debían pasar sólo 4 meses en Clínica Las Condes, lugar en el que vale la pena destacar, tienen un mínimo grado de participación con el doctor nombre reservado, profesional que niega tajantemente los hechos descritos por el actor en su recurso, y que a mayor abundamiento, en el mes de agosto de 2024 se fue a vivir fuera del país. Incluso, el seguimiento académico y acompañamiento general del residente durante todo el tiempo en que participó del programa fue realizado por el Dr. nombre reservado, el Dr. Valenzuela nunca fue tutor o supervisor del actor.

Si el alumno finalmente terminó dedicando más tiempo del requerido a sus obligaciones, fue exactamente porque conforme a sus capacidades simplemente no era capaz de cumplir con los requerimientos académicos básicos que se comprometió, compromisos que se encuentran detallados en una serie reglamentos y contratos debidamente suscritos entre las partes, todos los cuáles se acompañan por la recurrida o se encuentran ya incorporados por el actor.

Finaliza haciendo presente que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia ya que el recurrente carece de un derecho indubitado que justifique su pretensión, y sus peticiones concretas no se condicen con una acción de naturaleza cautelar, al menos contra Universidad Finis Terrae.

A folio 15 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA INTERPUESTA POR LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE:

PRIMERO: Que, habiéndose declarado admisible por esta Corte el presente recurso, ya se emitió un pronunciamiento al respecto, por lo que dicha alegación será desestimada toda vez que el actor al momento de presentar esta acción ha señalado en su libelo, domicilio dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, lo que le otorga competencia a este Tribunal de Alzada para pronunciarse sobre el fondo de la acción deducida.

II.- EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE SEGUNDO: Que, en lo referido a la extemporaneidad del recurso, lo alegado por la recurrida Universidad Finis Terrae en orden a que el plazo para recurrir debe contarse desde el 10 de octubre de 2024, fecha en que el recurrente suscribió la carta de renuncia a la beca de especialización, no se puede aceptar toda vez que el acto que generaría la ilegalidad y/o arbitrariedad que se denuncia se produjo objetivamente con la dictación de la Resolución Exenta Nº 334 por el Servicio de Salud Aconcagua con fecha 19 de febrero de 2025 en virtud del cual se le pretende cobrar la suma de $147.299.672 pesos, por los supuestos gastos de formación en que habría incurrido el Servicio al otorgarle al recurrente una beca para financiar un Programa de Especialidad en Medicina intensiva realizada en la Universidad Finis Terrae, resolución de la cual el recurrente fue notificado el 28 de febrero de 2025, habiendo interpuesto el recurso el 28 de marzo, dentro de plazo legal. Del tenor del recurso los hechos u omisiones arbitrarios o ilegales que se atribuyen a la recurrida Universidad Finis Terrae si bien ocurrieron durante el tiempo en que el recurrente se encontraba cursando su programa de especialización, sus efectos recién son comunicados al recurrente con la notificación de dicha resolución.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

QUINTO: Que, de los antecedentes se obtiene que la acción que se califica de ilegal y/o arbitraria por parte de la recurrente, es la Resolución Exenta Nº 334 dictada por el Servicio de Salud Aconcagua con fecha 19 de febrero de 2025 en virtud del cual se le pretende cobrar la suma de $147.299.672, por los supuestos gastos de formación en que habría incurrido el Servicio de Salud Aconcagua al otorgarle una Beca para financiar un Programa de Especialidad en Medicina intensiva realizada en la Universidad Finis Terrae, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del artículo 19 N°1, 2, 3 inciso cuarto y quinto, 17 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento del presente arbitrio constitucional que:

l.- Mediante Resolución Exenta RA N°121089/58/2024 el Servicio de Salud Aconcagua otorgó a don nombre reservado una beca para financiar su participación en un programa de formación, en la especialidad de Medicina Interna Adulto, impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, cuya extensión es de cuatro años, a desarrollarse entre el 8 de mayo de 2023 y el 7 de mayo de 2027.

2.- La beca se otorgó en el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2001, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.076, en relación con el numeral 1° del inciso 1° del artículo 18 del Decreto Supremo N° 507 del año 1990, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Becarios de la Ley 15076 en el Sistema Nacional de los Servicios de Salud.

3.- La beca fue aceptada por parte del Dr. nombre reservado.

4.- Se celebró un Convenio sobre Derechos, Obligaciones y Garantías del becario en programa de Especialización, entre el Servicio de Salud Aconcagua y el Dr. nombre reservado, mediante escritura pública de fecha 2 de mayo de 2023, suscrita ante el notario de San Felipe Jaime Polloni Contardo.

5.- En el Convenio antes singularizado se consigna en la cláusula Cuarta letra h) lo siguiente: “Constitución de garantía. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta cláusula, el BECARIO contrae la obligación de constituir una garantía, misma obligación que el Servicio de Salud declara cabal y debidamente cumplida con la cláusula penal a que se refiere la cláusula siguiente de este instrumento, por la suma equivalente en pesos de diez mil trescientas noventa y nueve Unidades de Fomento, que corresponde al monto total de todos los gastos que representa el programa de especialización, más la estimación practicada por el SERVICIO respecto de los gastos derivados de un eventual incumplimiento, incrementados en un cincuenta por ciento”.

6.- En el Convenio suscrito entre recurrente y Servicio de Salud se consigna la siguiente cláusula Qunta: “Cláusula Penal. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo doce de la ley diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro y en el artículo veintitrés del Reglamento; y con el objeto de garantizar el cumplimiento oportuno y completo de las obligaciones a que se refiere la cláusula anterior, las partes otorgantes convienen en avaluar los perjuicios que se deriven del incumplimiento de una cualquiera de dichas obligaciones docentes y/o administrativas en la suma de diez mil trescientas noventa y nueve Unidades de Fomento, por su equivalente en pesos a la fecha en que se interponga la demanda en contra del BECARIO, quedando éste en consecuencia liberado de la necesidad de acreditar perjuicios en el evento de un incumplimiento del funcionario, y en particular, pero no exclusivamente, en el evento de que se produzca uno de los siguientes hechos: a) Que el BECARIO no se presente ante el Director del SERVICIO a cumplir su Período Asistencial Obligatorio; b) Que, habiendo iniciado oportunamente el cumplimiento a su Período Asistencial Obligatorio abandone su obligación de concluir dicho período, ya sea por renuncia u otro hecho imputable a su persona. Para acreditar el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones del BECARIO bastará el certificado correspondiente extendido por la SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES o por el Director del SERVICIO, a cada uno de los cuales, a mayor abundamiento, el BECARIO faculta desde ya en forma irrevocable para proceder a extender en forma unilateral dicha certificación. Lo dispuesto en esta cláusula rige a contar de la fecha de esta escritura y hasta el término completo del plazo por el que el BECARIO contrae la obligación de desempeñar el período asistencial obligatorio. En consecuencia, en el evento de un incumplimiento de parte del profesional funcionario don nombre reservado las obligaciones que asume por el presente instrumento, faculta al Servicio de Salud Aconcagua a exigir compulsivamente el pago del equivalente a diez mil trescientas noventa y nueve Unidades de Fomento, que el profesional funcionario don nombre reservado reconoce adeudar.”

7.- El 10 de octubre de 2024 el Dr. nombre reservado presentó su renuncia voluntaria a la beca de especialización en medicina intensiva en la Universidad Finis Terrae.

8.- Por Resolución Exenta N° 334 de 19 de febrero de 2025 del Servicio de Salud Aconcagua se puso término a contar del 10 de octubre de 2024 a la beca de formación en especialidad de Medicina Intensiva asignada al Dr. nombre reservado en la Universidad Finis Terrae.

9.- En la resolución antes señalada se establece que el Dr. nombre reservado debe reintegrar la suma de $147.299.672.- a dicho Servicio de Salud, por concepto de estipendios, aranceles, y matrículas por 18 meses de formación, más costos derivados del incumplimiento, incrementados en un 50%, para cuyo efecto en su oportunidad deberá hacerse efectiva la caución o garantía suscrita a favor del Servicio de Salud Aconcagua, consignada en escritura pública de 2 de mayo de 2023, otorgada ante Notario don Jaime Polloni Contardo de la ciudad de San Felipe.

10.- En la misma resolución se consigna que la suma de $ 147.299.672.- se desglosa de la siguiente manera: estipendios por 18 meses por la suma de $60.540.857.-, aranceles y matrículas año 2023 y proporcional año 2024 $13.293.565.-, costos derivados del incumplimiento (33%) $24.365.359.-, y más un incremento del 50% $49.099.891.

SEPTIMO: Que, en cuanto al análisis de la legalidad del acto denunciado, corresponde indicar que el Servicio de Salud Aconcagua actuó dentro de las facultades y competencia que la normativa aplicable le asigna a su respecto en la materia: artículo 43 de la Ley N° 15.076, que fija el texto refundido del Estatuto para los Medico- Cirujanos, Farmacéuticos o Químico-Farmacéuticos, Bio-Químicos y Cirujanos Dentistas; artículo 14 del Decreto N° 91 de 2001 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la Ley N° 19.664; y artículo 25 del Decreto Supremo N° 507 de 1990 del Ministerio de Salud, Reglamento de Becarios en el Sistema Nacional de Servicios de Salud.

OCTAVO: Que, la normativa vigente contempla expresamente las consecuencias que podrían afectar a los becarios que no terminen su programa de perfeccionamiento, excluyendo de aquellas, solo a quienes fueren afectados por causas no imputables a los mismos, como es una renuncia por motivos de salud, la que para aplicarse debe ser aceptada por la respectiva autoridad, en los términos indicados en dicha normativa, adjuntando en su oportunidad los antecedentes correspondientes.

NOVENO: Que, por su parte, en lo concerniente a la arbitrariedad alegada en la dictación de la resolución, es dable senalar que la actuación del Servicio recurrida no obedece a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que es el resultado de un estudio de los antecedentes, atendida la renuncia voluntaria a la beca expresada por el recurrente, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legitima, en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a una decisión motivada en los hechos y el derecho.

DECIMO: Que la forma en que se encuentra planteado el asunto sometido a conocimiento de esta Corte a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir ciertos tópicos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Así, el recurrente pretende que por esta vía se proceda a emitir un pronunciamiento acerca de la forma en que se llevó a cabo el proceso de formación mientras cursaba la especialidad en la Universidad Finis Terrrae; determinar si los docentes del programa de formación de beca incurrieron en actos de hostigamiento, maltrato y acoso al recurrente durante su etapa de formación; que se emita pronunciamiento respecto de eventuales vicios del consentimiento de los cuales adolecería su renuncia a la beca, que se deje sin efecto actos administrativos, e incluso se regule en su favor una indemnización de perjuicios el señalar entre sus peticiones que se ordene “el reintegro inmediato del recurrente a la misma beca o a otra análoga a elección del recurrente, debiendo ambas recurridas ser obligadas al pago de todos los gastos que resulten necesarios hacer”.

UNDECIMO: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquellos indubitados estos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda. Las pretensiones del recurrente dan cuenta que se ha excedido el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Expresado, en otros términos, esta acción cautelar tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

DUODECIMO: Que de lo anterior se sigue que la materia sometida por el recurrente a conocimiento de esta Corte escapa del ámbito de aplicación de una acción tutelar como la acción constitucional de protección de garantías, al no existir en la especie un derecho indubitado y, en cambio, debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento en que, entre otros, se examine el alcance y sentido de las estipulaciones del convenio celebrado y la forma como se ha dado cumplimiento al mismo. Así, por lo demás, lo confirma lo acordado por las mismas partes en la cláusula Décimo Segunda del convenio, según la cual “Las partes para todos los efectos derivados del presente convenio, fijan domicilio especial en la ciudad de San Felipe, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia”.

DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la decisión que en esta sede se reprocha no fue una decisión arbitraria o ilegal, sino fundada, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de las recurridas, por lo que en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia alegada por la recurrida Universidad Finis Terrae II.- Que se rechaza la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida Universidad Finis Terrae.

III.- Que se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Servicio de Salud Aconcagua y Universidad Finis Terrae.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-1256-2025.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Ruth Alvarado Villarroel.