nombre reservado con SCOTIABANK-CHILE S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de junio de dos mil veinte.

Visto:

En folio uno, comparece Christian Navarro Santana, abogado, en favor de nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Banco Scotiabank, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que es cuenta correntista del banco recurrido y que el día 14 de diciembre del año 2019, llamó al fono teléfono reservado para saber el estado de su cuenta corriente, momento en el cual la operadora le comunica que mantenía un saldo negativo de $5.907,754, por lo que procedió a revisar su cuenta, constantatando que se habían efectuado operaciones por un monto total de $49.441.881.

Señala que presentó un reclamo al banco, el que fue desestimado por correo electrónico de 20 de marzo del año en curso, en que se expresaba que las operaciones habían sido efectuadas por intenert, sin vulneración de los mecanismos de seguridad del banco y con ambas claves del recurrente, de manera que no era responsabilidad del banco asumir el riesgo.

Considera que la decisión del banco, expresada en el correo de 20 de marzo del año en curso resulta ilegal, ya que, además de haber sido vulneradas los mecanismos de seguridad del banco, trasladó ilegalmente las consecuencias del fraude al cliente, en circunstancias que debía asumirlo el banco. Refiere que el depósito en cuenta corriente constituye un depósito irregular, de manera que el dinero depositado en la cuenta corriente es de propiedad del banco y le corresponde a este asumir los costos de un fraude informático.

Concluye señalando que ha resultado vulnerada la garantía constitucional del derecho de propiedad, del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se acoja el recurso y que se condene al banco al restituirle la suma defraudada.

En folio seis, rola informe del banco recurrido, en que se expresa que el recurso es extemporáneo, ya que fue presentado el 19 de abril, en circunstancias que el acto que se califica de ilegal y arbitrario habría tomado lugar el 14 de diciembre del año pasado. En subsidio, solicita el rechazo del recurso, atendido que la cuestión sometida a conocimiento del tribunal es propia de un procedimiento declarativo y no cautelar, ya que supone determinar la existencia de un fraude informativo, lo que no puede hacerse en esta sede. Por último estima que no hay acto ilegal y arbitrario de su parte, ya que ha cumplido con adoptar medidas de seguridad, como también de informar de posibles fraudes a sus clientes, señalando, además, que el recurso parte de una base errónea, cual es confundir el contrato de cuenta corriente con el de depósito irregular.

En folio siete, se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

En cuanto a la excepción de extemporaneidad:

Primero: Que el recurso no resulta extemporáneo, toda vez que el actor lo presentó en contra de la decisión comunicada por correo electrónico de veinte de marzo del año en curso, que rechazó su solicitud de restitución de fondos, por lo que habiendo sido interpuesto el día diecinueve de abril del mismo año, lo ha sido dentro del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo del recurso:

Segundo: Que el recurso de protección se encuentra establecido para reestablecer el imperio del derecho cuando un actuar u omisión de la autoridad o de terceros amenazan o afectan derechos o garantías constitucionalmente establecidos, suponiendo que se trata de situaciones de hecho no controvertidas en el curso de la tramitación de aquél.

Tercero: Que, en la especie, no existe una circunstancia fáctica indubitada, ya que el fraude informático que ha motivado la presentación de esta vía constitucional, no se encuentra acreditado, toda vez que la institución bancaria, al informar, negó la existencia de tal ilícito y para acreditarlo la parte recurrente, además de su aserto, solamente acompañó una denuncia presentada con fecha dieciséis de diciembre del año en curso, ante Carabineros de Chile. Además, de la prueba documental acompañada por el actor, se desprende que los dineros girados desde su cuenta corriente, no fueron dirigidos a un único destinatario, ni tampoco fueron depositadas en alguna cuenta de ahorro o a la vista, sino a pagar diversos servicios e impuestos, ignorándose si tales deudas eran del actor o personas vinculadas al mismo o de terceros que habrían perpetrado el supuesto fraude.

Cuarto: Que si bien esta Corte estima que sobre el banco pesa la obligación de custodiar los fondos depositados por sus clientes, como en el presente caso y conforme a los antecedentes aportados por las partes no se vislumbra negligencia en el actuar de uno u otro, por lo que no resulta posible otorgar cautela por esta vía extraordinaria, ya que se requiere determinar previamente la existencia de la estafa informática aducida por el recurrente y si la causa de la misma, de ser efectiva, radica en la negligencia de éste al no custodiar debidamente sus claves; o de la institución bancaria recurrida al no establecer medidas de seguridad suficientes para evitar ilícitos informáticos. De manera similar se resolvió en el recurso de Protección 7745-2020.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de recurso de protección, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida.

II.- Que, en cuanto al fondo, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Christian Navarro Santana, en favor de nombre reservado, en contra del Banco Scotiabank.

Acordada, en cuanto a la extemporaneidad, con el voto en contra de la Ministro Sra. Letelier, quien fue de opinión de acoger la excepción de extemporaneidad, toda vez que el término de treinta días corresponde contarlo desde la fecha en que se efectuaron las operación bancarias cuestionadas por el actor y no desde el día en que su reclamo fue desestimado, puesto que, de lo contrario, el recurrente podría crearse un nuevo plazo para interponer su acción.

Se previene que la Ministra Sr. Letelier fue de la opinión de rechazar el recurso, en cuanto al fondo, teniendo únicamente presente que el contrato de cuenta corriente bancaria se encuentra definido en la ley específica sobre esa materia, conforme a la cual establece a la institución bancaria en calidad de mandataria de las instrucciones que le imparta su cliente, para el destino del dinero que reciba o del crédito que le otorgare. El contrato en comento, en la parte que interesa, es consensual y bilateral, pues así como el Banco tiene la obligación de restituir el dinero entregado por el depositante, también debe cumplir las órdenes que realice el cliente, tales como giro de cheque, pagos a terceros, cobros de acreencias etc. Igualmente, el depositante tiene deberes o algunas obligaciones como pagar el costo del servicio que le proporciona el banco, custodiar la chequera, claves o tarjetas proporcionadas por el banco para el retiro del dinero y utilizarlas de conformidad a las instrucciones impartidas por la correspondiente entidad bancaria, etc.

Así en el caso particular, si bien hay un reconocimiento que la sustracción de dinero desde la cuenta corriente del recurrente, lo fue a través de un ingreso fraudulento de parte de terceros, extraños a aquél y no se aportan mayores antecedentes probatorios que permitan establecer fehacientemente cómo se hicieron o efectuaron las transacciones cuestionadas; se ignora si tales operaciones del recurrente se hicieron a través de los medios de protección que aporta el Banco al cliente para el desarrollo de sus operaciones electrónicas, de donde surge que por esa sola circunstancia el cliente pretenda atribuir exclusivamente responsabilidad al Banco por un hecho ajeno a ambas partes contratantes, materia que requiere discusión en un procedimiento regulado por la Ley del Consumidor o de lato conocimiento; de lo contrario sería desnaturalizar la presente acción cautelar.

En efecto, este mecanismo de tutela es sólo un remedio de índole urgente, más no declarativo, de modo que no es posible, a través de esta vía, obtener un pronunciamiento en el que se dirima o se averigüe la naturaleza del contrato objeto de la presente acción cautelar, existencia del derecho invocado cual es, la restitución pretendida por parte del recurrente, como también quien deba asumir los riesgos de tal sustracción, según sea la doctrina de los autores que se adopte sobre la naturaleza del contrato en comento, así como la determinación de las obligaciones asumidas por cada parte, dado que, estando frente a obligaciones contractuales recíprocas, ello se traduce en que los mismos, y sus efectos, deben necesariamente ser debatidos en la sede jurisdiccional que corresponda, mediante la interposición de las acciones que el legislador ha previsto para ello, pero no por la senda del presente recurso, dada las razones ya descritas.

Acordada desechada que fue la moción previa del Ministro Sr. Gómez de oficiar al Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y al Ministerio Público, con el objeto de verificar a quién o quiénes corresponden las deudas pagadas con los dineros girados desde la cuenta corriente del actor.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-12546-2020.

En Valparaíso, uno de junio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.