nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos PROVIDA en contra del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, comunicado mediante notificación de 05 de enero de 2026.

Sostiene que, es Licenciado en Contaduría Pública, con residencia definitiva en este país, ha prestado servicios profesionales en la compañía R& A Soluciones SPA Rol único tributario 77.257.972-k, y durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática, se le ha descontado parte de su sueldo y enterado a sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los servicios respectivos.

Agrega que, con motivo de ese ahorro, ingresó solicitud ante la administradora de fondos PROVIDA S.A, el 31 de diciembre de 2025, bajo el N° 2536, a fin de solicitar el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Para completar su solicitud, acompañó los documentos requeridos por la ley para tales efectos a saber: Contratos de Trabajo y /o anexo con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros del cual se verifica su residencia legal en el país, y por último constancia del seguro social de su país de origen de Venezuela, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley 18.156.

Asevera que, el 5 de enero de 2026, recibe respuesta a su solicitud, por parte de AFP PROVIDA S.A, mediante correo electrónico, donde la recurrida indica que "Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.

Esgrime que, en relación con la negativa formulada respecto del requerimiento de retiro de fondos, fundada en los argumentos previamente expuestos por la Administradora de Fondos de Pensiones, resulta necesario hacer presente que se adjuntó certificado de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con sello y validación consular con fecha desde el 31 de Julio de 2024, además de esto agregó su actualización de certificado de afiliación actualizada para la fecha de diciembre de 2025, con validación electrónica y web con ministro de fe Chileno, el cual es el certificado valido a los fines de comprobar la afiliación dentro de ese sistema de pensiones extranjera, y donde se señala expresamente su fecha de incorporación que corresponde al 17 de septiembre de 2009, el mismo documento contiene información acerca de la cobertura en los siguientes términos "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”.

A mayor abundamiento el certificado presentado, resulta idóneo y suficiente, toda vez, que es emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo público competente en materia de seguridad social en la República Bolivariana de Venezuela, documento que da cuenta expresa de su afiliación al sistema de seguridad social venezolano desde el 17 de septiembre de 2009, manteniéndose dicha afiliación vigente conforme a los registros oficiales del citado organismo.

Añade que, dicho certificado no solo acredita la afiliación y las cotizaciones efectuadas, sino que además consigna expresamente el marco normativo que regula la cobertura otorgada por el sistema de seguridad social venezolano, señalando en su texto que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley del Seguro Social de Venezuela, la protección comprende las contingencias de: “maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso Estima que, de esta forma, resulta ilegal y arbitrario sostener que el documento no acredita cobertura frente a las contingencias exigidas, desde que el propio certificado remite de manera expresa a la norma legal que regula el sistema, la cual incluye explícitamente la contingencia de enfermedad, así como el resto de los riesgos previsionales exigidos por la normativa chilena aplicable.

Señala que, conforme a los principios generales del Derecho de la Seguridad Social y al criterio reiterado de los tribunales superiores de justicia, no resulta exigible que un certificado extranjero detalle pormenorizadamente cada tipo de prestación, bastando con que acredite la afiliación a un sistema de seguridad social legalmente establecido que contemple, en su normativa, la cobertura de las contingencias exigidas, como ocurre en la especie, lo que en consecuencia, el rechazo fundado en este supuesto carece de sustento fáctico y jurídico, por cuanto el recurrente sí acreditó su afiliación y cobertura integral ante un sistema de seguridad social extranjero válido cumpliendo así con el requisito de fondo exigido por la normativa aplicable y no podemos pretender que los certificados emitidos en el exterior sean iguales a los de nuestro País debido a que cada legislación regula sus formas, pero en el fondo cumple con lo que la normativa exige y que es anexado en este recurso.

En cuanto a la consideración invocada por AFP PROVIDA para negar la solicitud, se refiere al supuesto tiempo de expedición de apostilla o legalización consular del certificado emitido por el sistema de seguridad social extranjero (MÁS DE 120 DÍAS) corresponde señalar que dicha exigencia no puede ser considerada como un requisito de fondo para desestimar la solicitud, sino únicamente como una formalidad administrativa subsanable y que además como es público y noticioso la embajada de Venezuela ceso sus funciones en nuestro País, y a los efectos de este tipo de trámites y documentación todas las actuaciones realizadas con anterioridad a esto se tendrá como vigente por no discutirse su caducidad ni su extemporaneidad.

En este sentido, indica el recurrente que acompañó documentación oficial emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad, contenido y origen institucional no han sido controvertidos, ni menos desconocidos por la recurrida y que además cuenta con la validación consular de la fecha, y que en Venezuela no se permite un proceso de desafiliación a su sistema de pensiones sociales por parte de su nacionales, lo cual deja en conciencia que la fecha de afiliación, será siempre la misma no pudiéndose alegar nada al contrario debido a que esta información es de dominio público y es emanada por una institución que cuenta con las credenciales estatales para informar al respecto de la afiliación de la recurrente de manera afirmativa y que la exigencia de una nueva apostilla o legalización no guarda relación con la existencia ni con la suficiencia de la cobertura previsional, sino únicamente con un requisito formal destinado a facilitar su reconocimiento administrativo.

En consecuencia, no puede sostenerse que, por la sola vigencia del sello consular superior a los 120 días desde la presentación de apostilla, se tenga por no acreditada la cobertura, máxime cuando el documento proviene de una institución oficial, contiene identificación verificable y cuenta con mecanismos propios de validación electrónica, sistema que también es utilizado en nuestro país, para verificar autenticidad de certificados y resolución.

Así las cosas, desde esa fecha se mantiene detenida la solicitud por no contar con apostilla, hecho que resulta imposible de realizar por cuanto no se cuenta en Venezuela con un procedimiento que permita apostillar este certificado, sin embargo, puede ser verificado y validado de manera electrónica, por otra parte, el carácter de instrumento público y, conforme a la normativa vigente de dicho país, se encuentra expresamente prohibida su legalización o apostilla dentro del territorio nacional.

De manera tal que la recurrida ha realizado una interpretación en extremo formalista de la norma y resguardando los intereses propios en cuanto a la alianza que pudiese tener con la representación consular que diariamente atendían más de 50 solicitudes diarias de legalización de planillas de inspección del seguro social de Venezuela con costo promedio de $60 a $80 dólares americanos, lo que convertida a esto en el mayor ingreso de esa representación consular, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, y puede ser verificados.

Por último sostiene que, la recurrida solicito documentos que escapan a los requisitos establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma, en perjuicio del recurrente, reteniendo de manera arbitraria los fondos previsionales del afectado conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por AFP PROVIDA, en consecuencia, no se puede observar más que la procedencia de la presente acción de protección en búsqueda de tutelar los derechos antes referidos y solicitar de su Ilustrísima Corte de Apelaciones el uso de sus facultades constitucionalmente reconocidas para aplicar e instruir todos aquellos remedios y medidas para revertir tal hecho vulnerador y restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a las consideraciones de derecho, el recurrente cumple con los requisitos legales para la exención de cotizaciones y devolución de fondos por cuanto se acredita la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el sistema venezolano cubre las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por la ley chilena y el contrato de trabajo manifiesta el deseo de mantener la afiliación en el extranjero.

Como derechos constitucionales vulnerados, alega la infracción de dos garantías fundamentales la igualdad ante la ley ya que denuncia un trato desigual al exigir una formalidad adicional (apostilla actualizada) no contemplada explícitamente en la Ley 18.156, diferenciándolo de otros solicitantes en situaciones similares y el derecho de propiedad, afirma que los fondos previsionales son propiedad del afiliado (según el D.L. 3500) y que impedir su retiro, cumpliendo los requisitos, constituye una privación arbitraria de sus facultades de dominio.

Asevera que, el rechazo se basa en un formalismo excesivo porque sostiene que la exigencia de una apostilla nueva es una barrera desproporcionada e irrazonable por la imposibilidad material de obtener documentos apostillados y la existencia de la verificación electrónica:

Finalmente, invoca el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, argumentando que no se pueden imponer requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos en su esencia, como ocurre al obstaculizar el acceso a la propiedad de los fondos mediante formalismos administrativos Acompaña documentos a su recurso.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, revisado el Sistema de Gestión Documental, se ha verificado que el recurrente registra presentaciones ante el Organismo y repuestas a las mismas.

Se le informó que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

En este contexto, la normativa contenida en la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Conforme a lo anterior, cabe explicar que el artículo 1° de la Ley N°18.156 prescribe: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744 Agrega que, por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Como puede apreciarse de las normas precedentemente transcritas, la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Precisado lo anterior, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 señala que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, se informa que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Se precisa entonces que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Ahora bien, se debe hacer presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado de dicha manera no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Dicho documento, además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En consecuencia, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

En cuanto al derecho, precisa que la normativa establece que la exención y devolución de fondos es un régimen de excepción debe interpretarse de forma restrictiva. Solo aplica a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos. A su turno, la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades legales, ha establecido criterios estrictos para acreditar estos requisitos, no basta con documentos que mencionen coberturas genéricas del sistema; se requiere una certificación que consigne específicamente que el trabajador contó con protección para todos los riesgos legales durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Agrega que, la protección de salud debe ser integral, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias (subsidios) por enfermedad común y que todo documento emitido en el extranjero debe presentarse debidamente legalizado o apostillado para producir efectos en Chile, conforme al Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

En el caso analizado, la Superintendencia sostiene que los documentos presentados (como la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS de Venezuela) no son aptos para el beneficio porque no están firmados por la autoridad emisora ni contaban con la apostilla necesaria.

Añade que, la existencia de un código de verificación electrónica o una certificación notarial chilena sobre el sitio web no sustituye la legalización o apostilla requerida por ley y que los documentos solo mencionaban las coberturas que el sistema venezolano otorga de forma general, sin detallar la situación específica y efectiva del recurrente durante su periodo laboral en Chile.

Por último, hace presente la sección cita fallos recientes de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirman este criterio. Los tribunales han determinado que, si no es posible establecer la legitimidad de un documento extranjero por falta de apostilla o firma, no existe un "derecho indubitado" que pueda ser protegido mediante un recurso de protección A folio 7 informa AFP Provida.

Alega primeramente la improcedencia del Recurso de Protección.

Estima que, el recurso de protección es una acción cautelar para derechos indubitados y situaciones urgentes, no para resolver materias de "lato conocimiento" o controversias donde el derecho no está claro y requiere de un debate jurídico extenso.

Señala que el recurrente pretende discutir la constitucionalidad de normas (como el DL 3.500) y solicitar una declaración de derechos que no le han sido reconocidos previamente por la vía administrativa o judicial correspondiente.

Asevera que, que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ya que las AFP están legalmente impedidas de otorgar beneficios o devoluciones de fondos distintos a los señalados expresamente en la ley, bajo riesgo de sanciones.

Fundamenta el rechazo de la solicitud del afiliado en varias falencias documentales y sustanciales, tales como que el recurrente presentó una "constancia de cotización" electrónica que carece de firma, no especifica las coberturas requeridas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) y no se encuentra apostillada ni legalizada debidamente.

Se argumenta, bajo instrucciones de la Superintendencia, que las declaraciones juradas ante notario chileno no son medios idóneos para acreditar afiliación a regímenes extranjeros.

Añade que, el afiliado cotizó en Chile durante años y solo manifestó su voluntad de eximirse de forma extemporánea. La jurisprudencia citada indica que, ante voluntades contradictorias, debe primar la afiliación al sistema chileno.

Agrega que, el documento presentado por el recurrente tenía fecha de julio de 2024, superando el plazo de validez de 120 días establecido por la autoridad para estos efectos.

El informe cita múltiples fallos de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país que han respaldado el actuar de las AFP al exigir el cumplimiento riguroso de las formalidades de la Ley 18.156, validando que el destino de los fondos debe ser exclusivamente el financiamiento de pensiones.

En conclusión, la AFP solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Provida comunicada el 5 de enero de 2026 que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, no estar firmada por la autoridad emisora, y no consignar cobertura efectiva y específica en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y realiza una interpretación restrictiva de la norma legal vigente.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Administradora de Fondos de Pensiones Provida.

Se previene que el Ministro Sr. Vicente Hormazábal Abarzúa, concurre al rechazo de la acción incoada, teniendo, además, presente que el abogado señala en estrados que el recurrente hizo abandono del país retornando a su país de origen.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese N°Protección-1243-2026.