nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, empresario, domiciliado en Quilpué, quien deduce acción constitucional de protección en favor propio y de su madre, doña nombre reservado, en contra del capitán nombre reservado, funcionario del OS9 de Carabineros de Chile, con domicilio en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3, N°5, N°7 letra g) y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el día 13 de marzo de 2025, recibió un llamado telefónico desde el número que indica, en el que un sujeto que se identificó como “capitán Cerda”, a quien individualiza como el recurrido, le habría requerido información en tono amenazante respecto de una “máquina” y de una factura que, según afirmó el funcionario, sería falsa. Agrega que durante la llamada, el funcionario hizo alusión a los domicilios del recurrente en Quilpué y Villa Alemana, preguntándole dónde prefería ser buscado, y que al negarse a seguir conversando, el funcionario le habría advertido que llamaría al fiscal para que lo pasaran por obstrucción a la justicia.

Señala que, dos días después, el 15 de marzo, un grupo de hombres que se identificaron como funcionarios de la PDI, se presentaron en el domicilio de su madre en Belloto Norte, Quilpué, en vehículos sin distintivos institucionales. De acuerdo con lo que le informaron vecinos, los individuos habrían ingresado a la propiedad, donde en ese momento se encontraba una tía del recurrente, con deterioro cognitivo. Agrega que estas personas también habrían ingresado a unos galpones ubicados frente al domicilio, sin orden judicial y sin la autorización de los propietarios.

Refiere que, ante estos hechos, solicitó a su abogado realizar averiguaciones. Señala que, el 17 de marzo del presente, tras concurrir a dependencias de la PDI en Quilpué, se les habría indicado que dicha institución no participó en ningún operativo el día señalado. Posteriormente, el abogado del recurrente tomó contacto con el funcionario Cerda, quien, según indica, le expresó que su único interés era obtener información sobre un tercero identificado como “nombre reservado” y que no existía ninguna entrada o registro en las propiedades de la madre. Agrega que el funcionario no habría señalado si existía orden del Ministerio Público y que sólo pretendía “cooperación” voluntaria, advirtiendo que, de no obtenerla, podría solicitar que se les interrogue como imputados por encubrimiento.

Afirma que su abogado consultó en las fiscalías de Pudahuel y Santiago, no encontrándose causa alguna en su contra ni de su familia. Señala que su actividad comercial corresponde a la compraventa de maquinarias, y que no se le ha solicitado documentación ni ha sido citado formalmente por autoridad competente. Indica que, al momento de los hechos relatados, en el domicilio se encontraba una tía con deterioro cognitivo, mientras que su madre se hallaba en el hospital de Quilpué acompañando el parto de su hija Funda la acción en la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°3, 5, 7 letra g), y 24, en relación con los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de la República, por estimar que ha sido objeto de actos intrusivos e intimidatorios por parte del funcionario recurrido, sin orden judicial ni causa formal en su contra.

Solicita que se acoja el recurso, se ordene el cese de los actos que denuncia y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías invocadas, con expresa condena en costas.

A folio 16, consta informe evacuado por la Prefectura Viña del Mar de la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso de 16 de abril de 2025, en relación con el presente recurso.

En dicho informe se indica que, a requerimiento del tribunal, se solicitó información a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Quilpué, unidad con competencia territorial sobre el domicilio de doña nombre reservado, madre del recurrente, ubicado en calle nombre reservado Freire N°637, Belloto Norte, Quilpué. Asimismo, se recabaron antecedentes desde la Oficina de Análisis Criminal de la Prefectura Viña del Mar.

Se hace constar que, tras la revisión de los sistemas institucionales, no se encontraron diligencias informadas asociadas al recurrente, al recurrido ni al domicilio señalado, durante el año 2025, que digan relación con los hechos expuestos en el recurso.

Finalmente, se informa que, consultadas las bases correspondientes, las personas mencionadas en el recurso no registran encargos judiciales vigentes en su contra.

A folio 26, consta informe emitido por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros de Chile, en cumplimiento de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 6 de junio de 2025, en relación con el presente recurso de protección.

Se informa que los antecedentes que motivan las diligencias policiales se vinculan a la causa RUC N°2401035885-6, instruida por el Fiscal Pablo Alonso Godoy, de la Fiscalía Local de Pudahuel, en investigación por presuntos delitos previstos en el Código Tributario (artículos 97 al 114), contrabando e infracción a la Ordenanza de Aduanas (artículo 168 de la Ley N°20.780). Conforme al oficio N° 15607-2025, dicho fiscal habría instruido al OS9 realizar todas las diligencias necesarias para identificar a un sujeto apodado “nombre reservado” y ubicar una máquina de confección de cigarrillos.

Indica que, el 13 de marzo de 2025, el capitán nombre reservado, en cumplimiento de esa instrucción, tomó conocimiento de que la máquina investigada habría sido vendida mediante factura electrónica N° 10750, de fecha 31 de enero de 2025, a la empresa Metalúrgica Mecánica y Mantención nombre reservado E.I.R.L., RUT RUT reservado, con domicilio domicilio reservado.

Relata que personal del OS9 concurrió a dicho domicilio, donde se entrevistaron con una persona que informó que la empresa se habría trasladado a Villa Alemana. En atención a ello, el personal policial verificó mediante registros institucionales el domicilio del recurrente en domicilio reservado, concurriendo sin encontrar moradores. Agrega que ese mismo día se tomó contacto telefónico con el recurrente, número que habría sido entregado por vecinos, y que durante la llamada el capitán Cerda se identificó como funcionario del OS9 y le expuso el motivo de la diligencia, indicando que necesitaba ubicar la máquina referida. Según el informe, el recurrente habría señalado que la adquirió mediante un intermediario apodado “nombre reservado” y que solo recibió un torno, proporcionando un número telefónico vinculado al mencionado intermediario.

Señala que el 14 de marzo de 2025, personal de la Sección de Investigación Policial de Quilpué concurrió al domicilio de domicilio reservado, con el propósito de consignar una declaración voluntaria en calidad de testigo al recurrente, a fin de vincular al sujeto “nombre reservado” con los hechos investigados. Relatan que fueron atendidos por una mujer de aproximadamente 60 años, quien manifestó ser madre del recurrente y que este no se encontraba en el lugar. Agrega que los funcionarios se identificaron con credencial y placa de servicio, y que la persona atendida no permitió el ingreso ni quiso entregar antecedentes, por lo que se fijó fotográficamente el inmueble y se dio por finalizada la diligencia, sin acceso al interior del domicilio.

Respecto de los hechos denunciados en el recurso, se afirma que no existió ingreso al inmueble y que el capitán Cerda no concurrió personalmente al domicilio, ni fue informado por los funcionarios intervinientes de un eventual registro del mismo. Se sostiene que las actuaciones se enmarcaron en la legalidad y que la llamada telefónica fue realizada para requerir colaboración voluntaria en calidad de testigo, sin asignar al recurrente la calidad de imputado o acusado. Finalmente, se señala que los hechos relatados en el recurso serían inexactos, negándose la existencia de entrada o registro ilegal.

A folio 31, consta informe evacuado por don nombre reservado, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Pudahuel, en respuesta al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En dicho informe se señala que el fiscal se encuentra a cargo de la investigación penal RUC N° 2401034885-6, referida a delitos tributarios y delitos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial, actualmente en desarrollo.

Se informa que, en el marco de dicha investigación, fueron formalizados nombre reservado y nombre reservado, como representantes legales de la empresa Tabacos del Futuro SpA, la cual estaría vinculada a la fabricación y comercialización clandestina de cigarrillos, con el objeto de evadir el sistema de trazabilidad fiscal (SITRAF) y evitar el pago de impuestos.

Detalla que los imputados habrían adulterado el sistema de trazabilidad mediante obstrucción de sensores con cinta adhesiva en distintas fechas de agosto de 2024, mantenido producción no informada en días no autorizados y simulado empaques de productos extranjeros, algunos sin código nacional ni autorización del titular de marcas registradas, como “Latino, Carnival y Hills. En inspecciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y funcionarios del OS9, se habrían hallado múltiples especies relacionadas con la fabricación de cigarrillos y productos sin autorización, lo que habría originado un perjuicio fiscal total estimado en $12.830.063 por concepto de IVA, impuesto específico e impuesto del 30% sobre el precio de venta.

Indica que los hechos investigados configuran, en su concepto, los delitos previstos en el artículo 97 N° 8 y 9 del Código Tributario, la Ley N° 20.393 sobre delitos económicos, y el artículo 28 letra a) de la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, todos en grado de consumado, y con participación de los formalizados en calidad de autores.

Añade que la investigación fue encomendada al OS9 de Carabineros y dirigida específicamente por el capitán nombre reservado, funcionario que lideró las diligencias instruidas por la fiscalía mediante orden de investigar de 10 de septiembre de 2024, oficio N° 128268, y trece instrucciones particulares posteriores.

En cuanto a la vinculación del recurrente con la investigación, se indica que, en el marco de la búsqueda de la máquina empleada como medio para la comisión de los delitos investigados, se habría establecido documentalmente que don nombre reservado figura como comprador en una factura de compraventa de dicha máquina. En virtud de esa información, el OS9 concurrió a sus domicilios registrados en la Región de Valparaíso, específicamente al ubicado en calle nombre reservado Freire N° 637, comuna de Quilpué, donde según señala el informe fiscal, se habrían entrevistado con doña nombre reservado, madre del recurrente.

Finalmente, se hace constar que las diligencias desarrolladas por el capitán nombre reservado y por el resto del personal del OS9 habrían sido ordenadas directamente por la Fiscalía Local de Pudahuel, en el marco de la causa RUC 2401034885-6, mediante orden de investigar de fecha 10 de septiembre de 2024 (oficio N°128268) y trece instrucciones particulares adicionales, y que, a la fecha del informe, don nombre reservado y doña nombre reservado son considerados testigos, sin existir antecedentes que indiquen imputación formal en su contra.

A folio 32, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra la acción constitucional de protección como un mecanismo destinado a resguardar los derechos y garantías establecidos en dicha norma, siempre que estos resulten amenazados, perturbados o privados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Su tramitación se encuentra regulada por el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.

Segundo: Que, la presente acción ha sido interpuesta por don nombre reservado, en favor propio y de su madre, doña nombre reservado, en contra del capitán nombre reservado, funcionario del OS9 de Carabineros de Chile, a quien se imputa haber realizado actos intimidatorios y haber ingresado, sin autorización ni orden judicial, al domicilio de la madre del recurrente. Según el recurso, tales hechos habrían vulnerado diversas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la inviolabilidad del hogar, a la libertad personal y de propiedad. Por su parte, los informes evacuados por la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público niegan que haya existido entrada a dicho inmueble y afirman que todas las actuaciones del capitán Cerda y del personal policial se enmarcaron en una investigación penal vigente, instruida por la Fiscalía Local de Pudahuel.

Tercero: Que, de los antecedentes acompañados, consta que el Ministerio Público mantiene vigente una investigación penal RUC N° 2401034885-6, a cargo del fiscal Pablo Alonso Godoy, en la que se investigan presuntos delitos tributarios, de contrabando y de propiedad industrial, relacionados con la fabricación clandestina de cigarrillos. En dicho contexto, se instruyó expresamente al OS9 de Carabineros la realización de diligencias destinadas a identificar a una persona apodada “nombre reservado” y ubicar una máquina involucrada en los hechos investigados. Según la información recabada, dicha máquina habría sido adquirida mediante factura a nombre de la empresa del recurrente, lo que justificó su vinculación como testigo y motivó las actuaciones policiales.

Cuarto: Que, el informe del OS9 y el del fiscal a cargo de la investigación coinciden en señalar que el capitán nombre reservado actuó en el marco de una orden de investigar debidamente emanada del Ministerio Público, sin asignar al recurrente la calidad de imputado. Se acredita que efectivamente existió una comunicación telefónica con el recurrente, en la cual se le solicitó colaboración en calidad de testigo, sin que se desprenda amenaza o coacción ilegítima. Asimismo, las diligencias presenciales se habrían limitado a verificar domicilios con el objeto de ubicar al testigo sin que se haya acreditado el ingreso de personal policial al interior del domicilio de la madre del recurrente, hecho que fue expresamente descartado tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones.

Quinto: Que, en consecuencia, no se advierte en los antecedentes acompañados la existencia de actos ilegales ni arbitrarios atribuibles al recurrido. Por el contrario, las actuaciones se desarrollaron dentro del marco de una investigación penal formal, conducida por el Ministerio Público conforme a sus facultades legales. No habiéndose acreditado ingreso al domicilio particular sin orden judicial, ni otra actuación que configure una amenaza o perturbación actual a las garantías invocadas, no se reúnen en este caso los presupuestos que habiliten la adopción de medidas de protección por esta vía.

Por estas consideraciones y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado, en favor propio y de doña nombre reservado, en contra del Capitán nombre reservado, funcionario del OS9 de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívense los antecedentes, en su oportunidad.

N°Protección-1234-2025.

En Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.