nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción constitucional de protección, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales, actuación que considera ilegal y arbitraria, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que el recurrente, profesional técnico extranjero, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, siendo notificado el 4 de febrero de 2026 del rechazo de dicha solicitud. La recurrida exigió que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fuera presentada debidamente apostillada, pese a que dicho documento es verificable electrónicamente a través del portal oficial del IVSS mediante el código alfanumérico N°a9cf73251-2026109. Sostiene el recurrente que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, y que la exigencia de apostilla constituye una interpretación formalista y restrictiva que incorpora requisitos no previstos por el legislador. Añade que la imposibilidad de apostillar documentos venezolanos obedece a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando un caso fortuito que no puede obrar en su perjuicio.

En virtud de lo expuesto, solicita ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponiendo que las recurridas efectúen un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y procedan a la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Cédula de identidad para extranjeros; 2) Notificación de rechazo de AFP Habitat de 4 de febrero de 2026; 3) Declaración jurada ante notario público; 4) Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS; 5) Título profesional apostillado; y 6) Contratos y anexos de contratos de trabajo.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

En cuanto a la procedencia formal, sostiene que el Recurso de Protección resulta inaplicable al caso de autos, toda vez que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza arbitraria o ilegal de derecho alguno, sino que pretende ejercer un derecho cuyo otorgamiento está sujeto al cumplimiento de requisitos legales objetivos que no ha acreditado satisfacer, materia que correspondería a un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, señala que el 22 de enero de 2026, don nombre reservado presentó ante la AFP una solicitud de devolución de fondos al amparo de la Ley N°18.156, acompañando, entre otros documentos, una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 20 de enero de 2026, sin firma responsable ni apostilla. El 29 de enero de 2026, la AFP rechazó dicha solicitud, por cuanto la referida constancia carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada o legalizada conforme lo exige el ordenamiento jurídico chileno, particularmente los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones contenidas en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Añade que el código de verificación electrónica incorporado en el documento no suple los requisitos formales establecidos por la legislación nacional. Asimismo, destaca que el cierre de la embajada venezolana en Chile no configura caso fortuito ni fuerza mayor, puesto que el IVSS continúa emitiendo certificaciones susceptibles de ser apostilladas. Agrega que don nombre reservado cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia ponderada por la propia Corte de Apelaciones de Valparaíso en causas análogas. Finalmente, precisa que los fondos previsionales del recurrente permanecen íntegramente en su cuenta individual.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Antecedentes presentados por don nombre reservado para respaldar su solicitud de devolución de fondos Ley N°18.156; 2) Informe legal emitido por la Administradora FDE N°096/2026; 3) Oficio Ordinario N°24.472 de la Superintendencia de Pensiones, de 26 de octubre de 2015; 4) Oficio Ordinario N°22.273 de la Superintendencia de Pensiones, de 21 de noviembre de 2025; y 5) Normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando, en primer término, que se declare improcedente el recurso de protección deducido en su contra por exceder el ámbito de dicha acción cautelar y, en subsidio, su rechazo con condena en costas.

Sostiene, como cuestión previa, que la acción de protección tiene por objeto amparar el ejercicio legítimo de derechos indubitados y preexistentes, mas no declarar derechos discutidos, los cuales deben ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento. Indica además que el señor nombre reservado no ha formulado reclamo alguno ante este Organismo Fiscalizador con anterioridad al recurso, y que la parte recurrente no individualiza acto concreto alguno imputable a la Superintendencia.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada por el recurrente carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada, y no señala las coberturas específicas con que cuenta el afiliado ni permite inferir un período determinado de cobertura, conforme a lo señalado en el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025. Añade que la declaración jurada notarial tampoco suple la certificación de la autoridad previsional competente. Finalmente, destaca que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, lo que podría generar una carga previsional al Estado en caso de autorizarse el retiro.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Oficio Ordinario N°5101 de 13 de marzo de 2026; 2) Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025; 3) Oficio Ordinario N°22.273 de 21 de noviembre de 2025; y 4) jurisprudencia citada en el cuerpo del informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1226-2026.

En Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.