nombre reservado con PRIMER JUZGADO LETRAS DE SAN ANTONIO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1, comparece doña Tamara Alexis Farrah Núñez, abogada de la unidad de Migrantes de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos venezolanos, e interpone recurso de protección en contra del Primer Juzgado de Letras de San Antonio por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en no dar curso a las respectivas acciones judiciales interpuestas debido a que el tribunal no autorizó la constitución de los mandatos judiciales correspondientes por no contar los recurrentes con cédula de identidad chilena, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relatan que, los días 15 de febrero y 6 de marzo de 2024, respectivamente, nombre reservado y nombre reservado, demandaron en un procedimiento monitorio de nulidad de despido, despido carente de causa legal y cobro de prestaciones laborales, resolviendo el tribunal recurrido en las correspondientes resoluciones que previo a proveer las demandas debían constituir los actores mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas.

Explica que, dentro del plazo señalado, cada uno de los recurrentes compareció ante el ministro de fe del Tribunal, quien no llevó a cabo la autorización requerida por no contar estos con un documento de identificación chilena.

Agrega que, mediante escritos presentados por la abogada Tanía Gacitúa, de la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial, solicitó se autorizase el mandato judicial con los documentos que contaban los trabajadores de nacionalidad venezolana, proveyendo el tribunal “estese al mérito de autos”, negando asimismo dar curso a los correspondientes recursos de apelación interpuestos por carecer la abogada de poder en la causa de conformidad a lo prescrito en el artículo 2° inciso 4° de la Ley 18.120.

Señala que ninguno de estos trabajadores cuentan con cédula de identidad chilena vigente, puesto que su situación migratoria es de carácter irregular y solo poseen como documentos para acreditar su identidad su cédula de identidad venezolana y tarjeta de identificación de extranjero infractor emitidos por la Policía de Investigaciones de Chile, los cuales fueron exhibidos en su oportunidad.

Solicitan por el recurso se revoquen las resoluciones mencionadas, retrotrayendo los autos para el momento de autorizar patrocinio y poder, y se autorice la constitución de mandato judicial ante el Tribunal recurrido, solo con la documentación de identidad con la que cuentan los actores.

Acompaña copia de declaración jurada de doña nombre reservado Gacitúa Muñoz, abogada de la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial, de fecha 07 de marzo de 2024, suscrita ante la notario público de San Antonio doña nombre reservado respecto a la negativa de autorizar patrocinio y poder si no se cuenta con pasaporte o cédula de identidad chilena.

A folio 11 evacuó informe el tribunal recurrido, solicitando se rechace el recurso en todas sus partes.

Indica que con fecha 15 de febrero de 2024 se presentó demanda a través de la Oficina Judicial Virtual por la abogada Tania Alejandra Gacitúa Muñoz, únicamente constando con firma electrónica simple de la referida abogada. A tal demanda el sistema le asignó el número de RIT M-12-2024.

Refiere que en la referida presentación se indicaba como demandante a nombre reservado, señalándose en el sexto otrosí que se otorgaba poder amplio a la abogada Tania Gacitúa Muñoz, pero sin estar firmado electrónicamente por el actor, por lo que, con fecha 16 de febrero de 2024, se ordenó se constituyera mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda para todos los efectos legales, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 2 de la Ley 18.120.

Argumenta que, al no haberse dado cumplimiento con lo ordenado en el artículo 2 inciso cuarto de la ley 18.120 dentro de plazo legal, se hizo efectivo el apercibimiento contemplado en dicha norma y se tuvo por no presentada la demanda para todos los efectos legales con fecha 21 de febrero de 2024.

Aclara que, el 20 de febrero, se presentó ante la secretaría del Tribunal una persona de sexo masculino pretendiendo conferir poder en la presente causa a la abogada ya indicada, sin embargo, aquella persona se presentó sin cédula de identidad ni pasaporte, sino que con lo que dijo era un documento de identidad extranjero, documento que se encontraba dañado en la parte correspondiente a la fotografía, lo que motivó que el poder no fuera autorizado por el tribunal, resolución que fue objeto de recurso de apelación por la abogada Gacitúa Muñoz, la que no fue concedida, atendido lo dispuesto en el artículo 2 inciso 4° de la Ley 18.120.

Luego, relata que, el 6 de marzo de 2024 se presentó una demanda a través de la Oficina Judicial Virtual por la abogada Tania Alejandra Gacitúa Muñoz, únicamente con firma electrónica simple de la letrada, en la que se indicaba como demandante a nombre reservado, siendo signada dicha demanda con el número de RIT M-18-2024.

Sostiene que la presentación no se encontraba firmada electrónicamente por el demandante, por lo que, al igual que respecto a la otra demandada, ordenó se constituyera mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda, lo que no fue cumplido por la demandante, pues si bien se presentó ante la secretaría del Tribunal una persona de sexo femenino pretendiendo conferir poder en la causa a la abogada Tania Gacitúa, lo hizo sin contar con cédula de identidad ni pasaporte, sino que solamente con lo que dijo era un documento de identidad extranjero que se encontraba vencido desde enero de 2022, dañado en el reverso y sin tener dicha persona parecido con la fotografía del documento.

Destaca finalmente que son numerosas las causas laborales en las cuales los demandantes de nacionalidad extranjera han acreditado su identidad en el trámite de autorización de poder ante la Secretaria del Tribunal, por medio de sus correspondientes pasaportes, citando diversos números de causa al efecto.

A folio 19 informó la Secretaria Subrogante del Primer Juzgado de Letras de San Antonio.

Relata que el día 20 de febrero de 2024 se presentó una persona de sexo masculino con la intención de conferir mandato judicial a la abogada Tania Gacitúa Muñoz en la referida causa RIT M-12-2024, portando únicamente un documento que se trataría de una cédula de identidad extranjera, la que estaba en muy mal estado, despegada su cara frontal de la posterior y en la parte en que aparecía una fotografía ésta mostraba distintos tonos, similar a cuando la tinta impresa tiene contacto con líquido. Al consultar respecto a si contaba con pasaporte emitido por su país de origen o con cédula de identidad chilena, la persona señaló que no, por lo que el poder no fue autorizado por el tribunal.

Indica que ese mismo día se presentó luego la abogada Tania Gacitúa Muñoz y se le explicó lo ocurrido, quien le indicó que concurriría a la Segunda Notaría de San Antonio para otorgar un mandato judicial por medio de escritura pública; sin embargo, con posterioridad a la misma abogada le informó que el notario también se negó a autorizar el mandato por las mismas razones.

Respecto a la otra recurrente, sostiene que el día 7 de marzo de 2024, concurrió ante la secretaría del Tribunal una persona de sexo femenino, con intención de conferir mandato judicial a la abogada Tania Gacitúa Muñoz en la causa RIT M-18-2024, concurriendo en este caso con lo que indicó, se trataría de una cédula de identidad extranjera, documento que se encontraba vencido desde el mes de enero de 2022, dañado en su reverso y sin que la persona se pareciera a la que figuraba en la fotografía por lo que el poder no fue autorizado.

Reitera que luego de esta suceso concurrió la abogada Tania Gacitúa Muñoz con su usuaria, oportunidad en que se le reiteró que para constituir el mandato judicial, se requería contar con pasaporte emitido por el país de origen vigente o cédula de identidad chilena vigente, no siendo suficiente al efecto el documento que tenía.

Niega que para acreditar su identidad en el trámite de otorgamiento de mandato judicial se le exigiera un documento de identificación chilena vigente, ya que en todo momento informó a las personas que se presentaron al tribunal a otorgar poder y a la abogada Tania Gacitúa la posibilidad de acreditar su identidad con el pasaporte.

A folio 20 se ordenó que rigiera el decreto que trajo los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que a través de la presente acción se reprocha el actuar del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, debido a que su secretaria subrogante negó la posibilidad de autorizar el mandato judicial conferido por los actores, por falta de acreditación de sus respectivas identidades a través de documentos idóneos y, producto de ello, el tribunal tuvo por no presentada las demandas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120.

Segundo: Que, conforme a los antecedentes agregados, es posible establecer que, a través de la Oficina Judicial Virtual, doña Tania Gacitúa Muñoz presentó demandas laborales en nombre de don nombre reservado y doña nombre reservado, ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, quienes, en distintas fechas, concurrieron a las dependencias del Primer Juzgado de Letras de San Antonio con la finalidad de autorizar los respectivos mandatos judiciales, en los términos que establece el artículo 6°, inciso segundo, regla tercera, del Código de Procedimiento Civil. Dichas gestiones no se pudieron llevar a cabo debido a que no se logró acreditar la identidad de los mandantes a satisfacción de la Sra. Secretaria subrogante del tribunal.

Existe controversia acerca de cuál fue la exigencia concreta efectuada por dicha funcionaria, ya que el recurso sostiene que a los demandantes se les solicitó un documento de identificación chileno vigente, mientras que la Sra. ministro de fe manifiesta que también dio la posibilidad de demostrar la identidad con el pasaporte vigente de su país de origen. En cualquier caso, es un hecho pacífico que los interesados carecían de todos estos instrumentos.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en lo que se refiere a la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la recurrida, un examen meramente formal de lo obrado puede llevar a concluir que se ha actuado con estricto apego a la ley, en cuanto a que se exigió a los mandantes demostrar su identidad por las formas establecidas en nuestro ordenamiento y, frente al incumplimiento de aquello, se aplicó lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.120, teniendo por no presentadas las demandas.

Quinto: Que este examen, sin embargo, pierde de vista, en primer lugar, la particular situación de las personas involucradas. Se trata de migrantes venezolanos en situación irregular, cuyas dificultades para mantener documentación identificatoria en regla son ampliamente conocidas. Exigir un pasaporte o una cédula de identidad vigente a personas en esta condición, que les impide obtener documentación en nuestro país, supone un obstáculo muchas veces insalvable.

Cabe hacer presente que el Estado chileno ha reconocido la dificultad existente respecto a la obtención de documentos de identificación para ciudadanos venezolanos a través de las Resoluciones exentas número 2087, de 22 de abril de 2019, y 395, de 3 de febrero 2021, en las que se prorrogaron hasta el 22 de abril de 2023 la vigencias de los pasaportes y cédulas de identidad de origen venezolano.

Sexto: Que, siguiendo con el examen de legalidad, también se debe tener en cuenta la particular relevancia del acto en cuestión. En un sistema de comparecencia judicial reglado como el que rige en Chile, la imposibilidad de conferir mandato judicial tiene como consecuencia cerrar el acceso a la jurisdicción a los justiciables, quienes, en los hechos, se verán impedidos de poder formular pretensiones ante un tribunal.

Si se considera, además, que las demandas presentadas son de índole laboral, con plazos de caducidad bastante breves, la afectación es aún mayor, por cuanto puede significar que las acciones se extingan por falta de su ejercicio oportuno.

Séptimo: Que la dificultad en la obtención de documentación y la especial relevancia de la gestión involucrada imponían al órgano jurisdiccional una interpretación de las reglas procedimentales que propendiera a permitir la tramitación de la demanda, en el entendido que las formas procesales no pueden erigirse en impedimentos para el ejercicio de los derechos.

Octavo: Que, por lo explicado, resulta ilegal haber exigido a los poderdantes documentos a los que no pueden acceder y, frente a sus incumplimientos, haber tenido por no presentadas las demandas.

Por una parte, la ministro de fe pudo haber permitido la acreditación de la identidad por cualquier otro documento, en especial considerando que el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil no establece ninguna exigencia concreta sobre este asunto. En ese sentido, la documentación acompañada a este recurso por la Sra. nombre reservado, en especial la tarjeta de identificación de extranjero infractor, resulta suficiente para establecer su identidad. Respecto del Sr. nombre reservado, cabe hacer presente que él ha autorizado poder en el recurso de hecho presentado por su persona bajo el rol 154-2024 de esta Corte, con su cédula de identidad venezolana.

A su vez, en virtud de lo establecido en los artículos 79 del Código de Procedimiento Civil y 429 del Código del Trabajo, tenía la posibilidad atender la petición de la abogada de los demandantes y extender el plazo para realizar la autorización o promover alguna forma alternativa de demostración de la identidad de los interesados.

Noveno: Que la referida ilegalidad ha provocado una innegable afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes, debido a que se les ha desconocido su facultad de acceder a la jurisdicción, la más básica de las garantías de orden procesal, que se encuentra consagrada dentro del inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Constitución. Este derecho consiste en concederle a toda persona la posibilidad de someter a la resolución de los órganos jurisdiccionales cualquier tipo de controversia jurídica, lo que se ha negado a los actores mediante las actuaciones que originan esta acción.

Es precisamente el que esté en juego el derecho al acceso a la jurisdicción el que exige al tribunal interpretar las normas procesales de una forma que lo favorezca, dejando de lado rigorismos excesivos o interpretaciones restrictivas que tengan como resultado la imposibilidad de ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico concede.

Décimo: Que la procedencia de la presente acción constitucional respecto de resoluciones judiciales es algo muy excepcional, que en este caso se justifica debido a la inexistencia de remedios procesales dentro del procedimiento laboral para impugnar la resolución, en atención a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley 18.120; y a las radicales consecuencias del actuar de la recurrida, que han implicado que los interesados se vean imposibilitados de ejercer las acciones que la ley les reconoce, incluso con riesgo de caducidad de ellas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1° y siguientes del Acta N 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado y se ordena al Primer Juzgado de Letras de San Antonio autorizar los poderes en las causas RIT M-12-2024 y M-18-2024 y adoptar las medidas necesarias en dichos procesos a fin de dar curso a las respectivas demandas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 1210-2024.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Felipe Gorigoitía Abbott.