nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña Linda Nataly Quintero Mogollón, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en negarse a cursar la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero N° 2705356, comunicada mediante correo electrónico de 22 de enero de 2026.

Expone que la recurrente cuenta con título profesional debidamente apostillado, y que durante su permanencia en Chile prestó servicios laborales en distintas empresas, periodo durante el cual se le descontó parte de su remuneración en concepto de cotizaciones previsionales. Agrega que la recurrente suscribió contrato de trabajo con la empresa Newrest Catering Chile SpA, consignándose su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional venezolano.

Añade que, para acreditar afiliación y cotizaciones en su país de origen, acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de fecha 14 de enero de 2026, con código de verificación electrónica, la que a su juicio satisface el estándar requerido por la Ley N° 18.156. A mayor abundamiento, indica que la recurrente se encuentra en calidad de pensionada del sistema venezolano, circunstancia que, conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, hace presumir el cumplimiento del requisito de cobertura. Señala además que la exigencia de apostilla o legalización resulta materialmente imposible de cumplir, dada la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile.

Sostiene que el acto impugnado vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se tenga por acreditado el requisito de afiliación previsional extranjera mediante el certificado electrónico del IVSS acompañado, y que se ordene a la recurrida proceder con la tramitación de la solicitud de devolución de fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. En cuanto al fondo, explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos contempladas en la Ley N° 18.156 constituyen un régimen excepcional, aplicable sólo si se acreditan copulativamente los requisitos del artículo 1°. Precisa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS acompañada no cumple con las exigencias para acreditar el requisito de cobertura, por cuanto no se encuentra firmada, ni apostillada ni legalizada, y no acredita cobertura efectiva y específica durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Agrega que, siendo Chile y Venezuela parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla, no existe impedimento legal para obtener dicha certificación.

A folio 6, informa la recurrida AFP Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Sostiene la improcedencia de la acción constitucional, señalando que no existiría acto ilegal o arbitrario, sino la aplicación estricta de la Ley N° 18.156, normativa de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, cuyos requisitos no han sido acreditados por la recurrente. Agrega que actuó en estricto cumplimiento de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa vigente, citando en apoyo de su postura sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso, confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema en 2025.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente con fecha 22 de enero de 2026.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, el que funciona a través de una estructura mixta que incluye tanto entidades públicas como privadas, financiado principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico—, existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que, pudiendo acogerse a este sistema excepcional, igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, quien presta o prestó servicios laborales en Chile en virtud de contrato de trabajo con la empresa Newrest Catering Chile SpA, y que cuenta con título profesional apostillado que acredita su calidad de técnico en los términos de la Ley N° 18.156.

2° En el contrato de trabajo suscrito con dicho empleador, la recurrente manifestó expresamente su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional venezolano, esto es, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

3° Con fecha 16 de enero de 2026, la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, con código de verificación electrónica. La recurrida rechazó la solicitud con fecha 22 de enero de 2026, por estimar que dicho documento no cumplía con las exigencias legales, al carecer de firma autorizada y no encontrarse apostillado ni legalizado.

4° Contra esa decisión, la recurrente interpuso reclamo ante la Superintendencia de Pensiones con fecha 23 de enero de 2026, organismo que, con fecha 28 de enero de 2026, confirmó el criterio de la Administradora, fundándose en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI.

Séptimo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva, ya que establece un derecho —la devolución de fondos previsionales— del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador. Por ello, resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero, así como la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo con lo relacionado y con los documentos que obran en la carpeta electrónica, consta que la recurrida reprocha que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS carece de firma de la autoridad competente y no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, cuestionando así su autenticidad y valor probatorio.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera por medio de una referencia a la ley del seguro social venezolano, lo que no permite establecer la concurrencia específica de los requisitos ya referidos, toda vez que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido en estos autos.

A este respecto, debe tenerse presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, el trabajador debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. A su vez, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en el territorio nacional. Siendo tanto Chile como Venezuela Estados parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla, dicho procedimiento resulta aplicable y exigible.

En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema ha resuelto de manera uniforme y reiterada, durante el año 2025, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, que carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada, no satisface las exigencias formales establecidas en la legislación vigente y, por tanto, no constituye medio de prueba suficiente para acreditar el requisito de afiliación y cobertura previsional establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Finalmente, la circunstancia invocada por la recurrente en cuanto a la imposibilidad material de obtener la apostilla o legalización del documento, derivada de la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, no altera lo concluido, toda vez que tal situación no ha sido acreditada en autos y, en todo caso, no puede enervar la exigencia legal que emana del ordenamiento jurídico interno ni del Convenio de La Haya, siendo Venezuela igualmente Estado parte del mismo.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada, por cuanto la recurrida ha actuado en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones impartidas por su organismo regulador.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra señora Nancy Bluck concurre al rechazo del recurso deducido teniendo únicamente presente que a su entender el asunto planteado corresponde a una materia de lato conocimiento de la judicatura laboral de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-1206-2026.