nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.
- Fecha
- 2 de septiembre de 2020
- Sala
- Cuarta
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 11950-2020, sentencia de 2 de septiembre de 2020
Resumen
Se acoge el recurso y se ordena a la Caja de Compensación Los Andes abstenerse de seguir descontando de la remuneración de la recurrente, por ser ilegales los descuentos iniciados largo tiempo después de la mora; queda a salvo su derecho a cobrar el crédito judicialmente.
Texto íntegro
edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veinte.
VISTOS:
A folio 1, comparece Carlos S. Arce Cornejo, abogado, en representación de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT RUT reservado, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en la ciudad de Limache.
Señala que en la actualidad y desde el 16 de abril del año 2018, su representada es trabajadora dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Limache, ejerciendo como docente en el Liceo Municipal de dicha ciudad, entidad la cual, debido a su relación laboral, le debe pagar mensualmente sus remuneraciones, como lo ha hecho hasta la fecha.
Que en su liquidación de sueldo correspondiente al pasado mes de marzo del presente año, su mandante, con sorpresa, se da cuenta que aparece en la sección de descuentos, un acápite denominado “otros descuentos préstamo C.C.Los Andes” por la suma de $252.834.-, razón por la cual, ella se dirigió a la oficina de recursos humanos de la I. Municipalidad de Limache, a fin de consultar el por qué de dicho descuento, en donde se le indicó que dicho descuento se debía al hecho que, cada mes, su empleador recibía instrucciones de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes acerca de la nómina mensual de retenciones respecto de a que trabajadores debían efectuárseles descuentos mensuales por préstamos de parte de dicha Caja de Compensación.
Señala que en el año 2011, efectivamente su representada solicitó un crédito a la recurrida, ello el 7 de enero del año 2011, crédito el cual se pactó en 48 cuotas mensuales, cuyo vencimiento de la última cuota era el mes de febrero del año 2015, y si bien hubo al comienzo descuentos por planilla, a su antiguo empleador Hospital de Quillota, pero después que dejó de prestar funciones en dicho hospital, se inició una acción ejecutiva en su contra.
Conforme lo anterior, y dado que recién desde el año 2018 la recurrente ha vuelto a tener trabajo estable como dependiente, le aparece un descuento mensual de su remuneración del pasado mes de marzo, sin que la recurrente haya expresamente autorizado dicho descuento a su empleador, descuento que es por una suma de $252.834.-, que equivale a mas de a un 20% de sus actuales remuneraciones, siendo ello un descuento ilegal, arbitrario, sin aviso ni notificación alguna a la persona de la recurrente, más aun que la recurrida, a través de acciones extrajudiciales, pretende cobrar un crédito a toda luces, prescrito.
Indica que si bien en el año 2012 le fue notificada a la parte recurrente, una demanda ejecutiva pretendiendo hacer efectivo el cobro de dicha deuda, ello en causa Rol C-44-2012 seguida ante el 2º Juzgado Civil de Quillota, cabe señalar que mediante resolución judicial dictada con fecha 1 de octubre del año 2018, se acogió la petición de abandono de procedimiento, declarándose abandonado dicho procedimiento ejecutivo en forma definitiva, con las consecuencias legales que ello conlleva.
Conforme lo anterior, estima que aparece de manifiesto que la recurrida Caja de Compensación de Asignacion Familiar Los Andes, pretende por ésta via administrativa obtener el descuento, a todas luces ilegal, de parte la las remuneraciones de la recurrente, ello debido al desinterés y dejación de parte de la recurrida, que si bien ejerció las acciones judiciales pertinentes para obtener el cobro de dicho crédito, pero como se señaló, dicha acción fue declarada abandonada en octubre del año 2018.
Estima conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 3, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental.
Pide se acoja el recurso. ordenado a la recurrida que: a) Se abstenga de solicitar u ordenar que a través de terceros, especialmente respecto del actual empleador de la recurrente, I. Municipalidad de Limache, como asimismo de cualquier otro organismo público o privado que actualmente tiene o tuviere en lo futuro, el descuento de sus remuneraciones legítimamente ganadas con su trabajo; y b) Se ordene el íntegro y total reintegro de la o las sumas que se le hubieren descontado de sus actuales remuneraciones, con los intereses y reajustes que correspondan, y todo lo anterior con expresa condena en costas a la recurrida.
A folio 18, rola informe de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.
Respecto al crédito otorgado a la recurrente, señala que con fecha 7 de enero de 2011, la Caja Los Andes otorgó a la Sra. nombre reservado el crédito código RUT reservado, por la suma de $4.086.713.-, pagadero en un plazo de 48 meses, cuya primera cuota de $145.008 venció el 28 de febrero de 2011.
A través de descuentos efectuados en las remuneraciones de febrero a abril de 2011, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, la Sra. nombre reservado pagó las cuotas de los mismos meses, N°1 a N°3, cesando en el pago de las cuotas posteriores.
Ante la falta de pago, con fecha 13 de enero de 2012, su representada dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantizaba la referida operación de crédito, en autos ROL C-44-2012 del 2º Juzgado de Letras de Quillota, el cual terminó por resolución de fecha 1 de octubre de 2018, que declaró el abandono del procedimiento.
Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso de la Sra. nombre reservado como trabajadora de la entidad afiliada “Ilustre Municipalidad de Limache”, se informó a ésta para la realización de los descuentos para el cobro de las cuotas adeudadas, recaudándose durante el periodo que va desde el junio de 2018 a mayo de 2019, las cuotas N°4 a N°14, más los correspondientes intereses penales por mora.
Luego de ello, su representada no recibió nuevos pagos sino hasta el 10 de abril del presente año, fecha en que fue recibida la remesa correspondiente al descuento efectuado en la remuneración de marzo de 2020, con la que fue pagada la cuota N°15 más intereses moratorios. Con cargo efectuado en la remuneración de abril recién pasado, fue pagada la cuota N°16.
Al 30 de mayo de 2020, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas N°17 a N°48.
En consecuencia, entiende que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, y cuya acción no se encuentra prescrita, por lo que su cobro de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.
Explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales”.
En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.
Argumenta que como se ha señalado anteriormente en esta presentación, su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada.
A folio 19¸ trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Segundo: Que con el mérito de los documentos acompañados y expediente Rol C-44-2012 del Segundo Juzgado de Letras de Quillota traído a la vista, es posible tener por establecido los siguientes antecedentes:
1.- El 07 de enero de 2011 doña nombre reservado suscribió el pagaré correspondiente al código de crédito N° 119.RUT reservado por el cual se obligó a pagar la suma de $4.086.713.- por concepto de capital, más un interés de 2,20% mensual y que el pago se efectuaría en 48 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $138.174.- cada una, pagaderas el último día de cada mes a contar del mes de febrero de 2011.
2.- La deudora no pagó la cuota con vencimiento al día 31 de mayo de 2011.
3.- El 13 de enero de 2012 la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes interpuso demanda ejecutiva fundada en el pagaré recién mencionado, en contra de la deudora, pidiendo se despachara mandamiento de ejecución y embargo por el total de la deuda, atendida la cláusula de aceleración que ahí se invocaba, lo que arrojó un total de $6.242.130.-.
4.- Dicho juicio se encuentra terminado, atendido que la demandada opuso incidente de abandono del procedimiento, el cual fue acogido por sentencia de 01 de octubre de 2018.
5.- Los descuentos que se han consignado en las liquidaciones de remuneraciones acompañadas bajo el ítem “PRESTAMO C.C LOS AND” son los siguientes: a) en junio de 2018 se descontó la suma de $108.344.-; b) en julio de 2018 se descontó la suma de $253.545.-; c) en agosto de 2018 se descontó la suma de $253.487.-; d) en septiembre de 2018 se descontó la suma de $253.428.-; e) en octubre de 2018 se descontó la suma de $253.366.-; f) en noviembre de 2018 se descontó la suma de $253.305.-; g) en diciembre de 2018 se descontó la suma de $253.242.-; h) en enero de 2019 se descontó la suma de $253.177.-; i) en febrero de 2019 se descontó la suma de $253.113.-; j) en marzo de 2019 se descontó la suma de $253.044.-; k) en abril de 2019 se descontó la suma de $252.976.-; l) en marzo de 2020 se descontó la suma de $252.834.-; m) en abril de 2020 se descontó la suma $252.906.-; n) en junio de 2020 se descontó la suma de $252.761.- y ñ) en julio de 2020 se descontó la suma de $252.686.- Tercero: Que la recurrente ha sostenido que el acto ilegal y arbitrario corresponde a los descuentos practicados por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en su liquidación de sueldo.
Cuarto: Que de acuerdo a los antecedentes relacionados, solo cabe concluir que los descuentos practicados por la Caja de Compensación Los Andes son ilegales puesto que ya transcurrido largo tiempo desde la mora de la deuda (mayo 2011), esto es, siete años después, vino a iniciar los descuentos de que se trata las liquidaciones de remuneraciones de la afectada, desconociendo a esa época un procedimiento judicial que había sido declarado abandonado.
Quinto: Que, en estas condiciones, resulta afectado el derecho de propiedad de la actora sobre su remuneración a que tiene derecho, motivo por el cual el presente recurso será acogido en los términos que se dirá en lo resolutivo de este fallo.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado don Carlos Arce Cornejo, en representación de doña nombre reservado, en contra a la Caja de Compensación Los Andes, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá abstenerse de realizar los descuentos en la liquidación de remuneraciones de la recurrente, sin perjuicio de los derechos que le asistan para el cobro del crédito ejerciendo las acciones judiciales que estime pertinentes.
Se previene que el Ministro Sr. Gómez estuvo por acoger íntegramente esta acción constitucional, demostrado que fue el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida de descontar de las remuneraciones de la trabajadora sumas de dinero, no obstante que su obrar ante el órgano jurisdiccional ordinario había fracasado.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N° Protección-11950-2020.