nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, médico cirujano, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos PROVIDA en contra del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la omisión de respuesta a solicitud de retiro de fondos para extranjeros, notificado en fecha 30 de enero de 2026.

Sostiene que, se encuentra afiliado al sistema de pensiones chileno administrado por AFP PROVIDA durante el período en que prestó servicios laborales en Chile.

Agrega, que cumpliendo con lo dispuesto por la ley N° 18.156, que regula la situación previsional de los trabajadores extranjeros técnicos o profesionales, ha solicitado en reiteradas oportunidades la devolución de sus fondos previsionales, conforme a los requisitos establecidos en la ley.

El recurrente afirma haber acompañado todos los antecedentes exigidos tales como, título profesional apostillado, contrato de trabajo con la cláusula de exención previsional y certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Denuncia que la AFP ha incurrido en una omisión de respuesta o en rechazos mediante fundamentos genéricos y carentes de motivación, señalando "falta de documentos" sin especificar cuáles, lo que constituye una conducta arbitraria y caprichosa.

Explica que, la administradora obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos, dando una mala interpretación de las normas, desatendiendo el objetivo de éstas en cuanto a que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión.

En relación con la causal de rechazo no precisa la causal como tal, lo que evidencia que se ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la le ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable.

En cuanto al derecho, fundamente su pretensión, en la ley N° 18.156, que permite a los técnicos extranjeros (y a las empresas que los contraten) la exención de cotizaciones y la devolución de fondos si mantienen afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, estima, el derecho de Propiedad, la igualdad ante la ley y el principio de juridicidad y motivación de los artículos 6 y de la Constitución Política de la República y la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

Solicita, en definitiva, ordenar a la recurrida que se reconozca la documentación suministrada por el recurrente, disponer un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos, conforme a derecho y dentro de un plazo razonable y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la devolución de los fondos previsionales solicitados Acompaña jurisprudencia en que apoya su recurso y documentos.

A folio 7, informa AFP PROVIDA solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega la extemporaneidad del recurso, argumentado que el recurrente compareció ante esta I. Corte el 4 de febrero de 2026 superando el plazo fatal de 30 días corridos desde que se tuvo conocimiento del acto impugnado ya que el rechazo de la solicitud ocurrió en junio de 2025.

Sostiene que, el 25 de junio de 2025 se rechazó la solicitud porque el interesado no acompañó el certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social de su país de origen (Colombia) el que debe estar apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Asimismo, que el certificado de la Entidad Promotora de Salud (EPS) no especificaba que la cobertura comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral. Para dichos efectos, se requiere acreditar cobertura tanto en un fondo de pensiones como en salud, indicando que se tuvo derecho a estas prestaciones antes y durante el tiempo servido en Chile.

Añade que, los documentos presentados que datan de diciembre de 2023 y 2024 excedían el plazo de validez de 120 días establecido por la normativa de la Superintendencia de Pensiones. Además, se presentó una constancia de afiliación que carecía de la firma de quien la emitía.

Con respecto al contrato de trabajo original de febrero de 2023 no mencionaba un régimen extranjero; la voluntad de mantener la afiliación externa solo se manifestó en un anexo posterior, esto es, abril de 2023 y la AFP sostiene que, al haber cotizado en Chile inicialmente, existe una manifestación de voluntad de afiliarse al sistema nacional que debe primar sobre declaraciones posteriores contradictorias.

Destaca la recurrida que, el recurrente posee cédula de identidad chilena, residencia permanente y es propietario de un inmueble en el país, lo que pone en duda el retorno a su país de origen y podría significar una carga futura para el Estado chileno si retira sus fondos ahora.

En cuando a los fundamentos de derecho, argumenta la recurrida que se basa en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en la naturaleza jurídica de la acción de protección, alegando la extemporaneidad del recurso y que la presente acción no es la vía idónea para resolver materias de "lato conocimiento" donde existe un derecho discutido o controvertido. Esta acción busca proteger derechos indubitados, lo cual no ocurre en este caso donde se discute el cumplimiento de requisitos legales complejos y que la ley N° 18.156 establece una excepción restrictiva al principio de territorialidad de la seguridad social. Para que un técnico extranjero retire sus fondos, debe cumplir copulativamente tres requisitos:

1. Calidad de técnico (estudios especializados legalizados).

2. Afiliación previa y vigente a un régimen extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

3. Manifestación expresa en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación extranjera.

Por otro lado, los fondos previsionales tienen por ley un destino único y exclusivo: el pago de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Las AFP están impedidas legalmente de otorgar beneficios o permitir retiros fuera de los casos expresamente previstos en la ley.

El informe concluye que AFP ProVida ha actuado conforme a la ley y a las instrucciones de su organismo fiscalizador, por lo que no existe una privación o amenaza a las garantías constitucionales del recurrente.

Finalmente, la AFP acompaña una extensa lista de sentencias de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país que respaldan su postura en casos similares de técnicos extranjeros que no cumplen rigurosamente con los requisitos de la Ley 18.156 A folio 10 informa la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, la exención de cotizar y la devolución de fondos para técnicos extranjeros es un régimen de excepción. Por lo tanto, las normas deben interpretarse de forma restrictiva y solo proceden si se cumplen copulativamente los requisitos del Artículo 1° de dicha ley Agrega que, el trabajador debe estar afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que el contrato de trabajo en Chile debe manifestar explícitamente la voluntad de mantener la afiliación extranjera.

En cuanto a los criterios interpretativos de la Superintendencia, indica que el organismo fiscalizador ha precisado requisitos adicionales a través de su potestad interpretativa para asegurar que el trabajador no quede desprotegido, exige acreditar que el seguro extranjero cubrió todos los riesgos durante toda la extensión del tiempo que el trabajador prestó servicios en Chile. Así, la protección de salud en el extranjero debe ser integral, incluyendo tanto prestaciones médicas como pecuniarias (subsidios) por enfermedades comunes, como asimismo, la afiliación al sistema extranjero debe existir con anterioridad al inicio de las labores en Chile.

En el caso en concreto, asevera la existencia de deficiencias técnicas y de fondo en la documentación presentada para solicitar la devolución, en atención a que los certificados de la administradora de pensiones (Porvenir S.A.) y de salud (Sanitas) no estaban legalizados ni apostillados, que el certificado de pensiones indicaba que la cobertura estaba sujeta a requisitos legales (como un número mínimo de semanas cotizadas) y no era "a todo evento" y se detectó además, que la cobertura de invalidez estaba limitada en el tiempo.

En cuanto al derecho, respalda su actuar citando un fallo de la Corte Suprema (Rol N°28.299-2025), el cual validó que las AFP actúan conforme a derecho al rechazar devoluciones cuando no se acredita la cobertura integral y a todo evento. La Corte razonó que, si un trabajador extranjero no tiene cobertura efectiva en su país, puede hacer uso de los beneficios del sistema chileno, por lo que no corresponde devolverle los fondos destinados a ese fin.

En conclusión, la Superintendencia sostiene que no existen antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias legales para la devolución de sus ahorros previsionales A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP PROVIDA comunicada el 30 de enero de 2026 que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundado en la falta de legalización de los documentos y la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, no estar firmada por la autoridad emisora, y no consignar cobertura efectiva y específica en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y realiza una interpretación restrictiva de la norma legal vigente.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese N° Protección-1173-2026.