nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de respuesta y posterior rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros , lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el amparado, afiliado a AFP Planvital, solicitó la devolución de sus fondos acumulados amparado en la Ley N°18.156, que regula la exención previsional para técnicos extranjeros. Señala que para dicho trámite acompañó su título profesional de Licenciado en Relaciones Industriales debidamente apostillado, su contrato de trabajo con la empresa Manpower y un certificado de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Indica que, pese a cumplir con los requisitos legales, la recurrida rechazó la solicitud el 30 de enero de 2026 invocando fundamentos genéricos relativos a la falta de una constancia de afiliación válida y vigente.

Alega que la exigencia de apostilla sobre el certificado del IVSS constituye una carga de cumplimiento imposible debido al colapso del sistema de apostilla en Venezuela, situación que es de público conocimiento. Sostiene que la conducta de la AFP es caprichosa y formalista, apartándose de la finalidad de la ley y de la jurisprudencia que permite flexibilizar exigencias ante imposibilidades objetivas. Argumenta que se vulnera el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales y la igualdad ante la ley, al dársele un trato excluyente frente a otros solicitantes en iguales circunstancias.

Finaliza solicitando que se tenga por interpuesto el recurso, se ordene reconocer la documentación suministrada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos conforme a derecho, dentro de un plazo razonable.

A folio 4, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Indica que el recurrente no registra reclamos administrativos previos ante ese organismo por los hechos denunciados. Sostiene que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de forma restrictiva, exigiendo el cumplimiento copulativo de los requisitos de calidad técnica y afiliación previsional extranjera efectiva durante el periodo de servicios en Chile. Menciona que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia exige que la certificación de cobertura extranjera sea emitida por la autoridad competente y se encuentre debidamente legalizada o apostillada para surtir efectos en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que la declaración jurada no es un documento idóneo para suplir dicha certificación y que el documento electrónico del IVSS presentado carece de apostilla y de mención específica sobre las coberturas efectivas de salud y pensiones. Refiere que la falta de apostilla impide dar valor probatorio al instrumento.

A folio 5, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que la solicitud de devolución fue rechazada el 30 de enero de 2026 debido a que los documentos presentados no acreditaron legalmente la cobertura previsional en el extranjero. Arguye que el actuar de la AFP se ajusta estrictamente a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, específicamente al Oficio Ordinario N° 12.954 de 2025, que establece que las constancias electrónicas del IVSS sin apostilla y las declaraciones juradas son ineficaces para probar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Asevera que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues la Administradora debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad social, que son de orden público. Añade que el rechazo no constituye una decisión definitiva ni genera indefensión, ya que el afiliado puede subsanar la solicitud presentando la documentación conforme a las exigencias vigentes. Menciona que la acción de protección no es la vía idónea para impugnar trámites administrativos intermedios.

A folio 6, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Planvital S.A, comunicada mediante correo electrónico de 30 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, y no consignar cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que la Superintendencia de Pensiones, precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que el recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, el documento acompañado por el recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado, carece de firma autorizada y no consigna de manera específica las coberturas ni el período de protección previsional.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado el recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-1172-2026.