nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

En folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal de disminuir sus remuneraciones sin causal legal y no dictar resolución administrativa que señale los motivos para la no renovación de su contrata a partir del 1 de abril de 2021.

Indica que la recurrente se desempeña como funcionaria de TGR desde el año 1982, primero en calidad de contrata y luego desde el año 1997 como funcionaria de planta del Escalafón Técnico, grado 17. Señala que entre los años 2004 y 2008 fue nombrada suplente en el grado 13 y, luego, desde agosto de 2008 fue nombrada bajo la calidad de contrata en el grado 11 del estamento profesional para el cargo de Jefa de Operaciones de la Tesorería Provincial de Viña del Mar, bajo una modalidad de contrato complementario, contrata que se prorrogó sucesiva y continuamente por más de 13 años hasta el 31 de marzo de 2021.

Refiere contar con el título de Ingeniera en Ejecución de Gestión Pública, haber sido evaluada en lista 1 con el máximo de calificación 7, junto a una gran cantidad de anotaciones de mérito y ninguna de demérito durante toda su trayectoria laboral en el servicio público.

Señala que el día 3 de abril de 2021 tomó conocimiento a través de la plataforma institucional que figura como funcionaria de planta, estamento Técnico, Grado 17, vale decir, conforme al pretérito nombramiento de 1997, pero sin que haya sido formalmente notificada de alguna resolución administrativa fundada en virtud de la cual se dictamine que su contrata no se prorrogará y por tanto retomará las funciones técnicas de planta, máxime que a la fecha sigue cumpliendo las mismas funciones que venía desempeñando. Agrega que el 16 de abril del año en curso, al recibir su liquidación de remuneraciones se percató que el pago se le hizo de conformidad al grado 17 de la Escala Única de Sueldos.

Indica que de conformidad al artículo 17 y siguientes del Estatuto Administrativo, plenamente aplicable en la especie dada la ininterrumpida antigüedad acumulada en virtud de su contrata, resulta improcedente la pretendida degradación de sus remuneraciones, mediando además en su favor el principio de confianza legítima recogido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 6400/ de marzo de 2018.

Alega que tal situación constituye una vulneración de sus garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva, se acoja el recurso interpuesto disponiendo:

1. Que el contrato complementario prorrogado entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, se renueve y extienda hasta el 31 de diciembre del presente año, no pudiendo alterarse dicha realidad jurídica sin previa aprobación del órgano competente sobre esta materia, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 10.336 2. Que, en virtud de lo anterior, se deje sin efecto la disminución de las remuneraciones y rebaja en 6 grados, declarándose en su lugar que se mantiene el pago de remuneración conforme al grado 11 de la EUS, hasta el 31 de diciembre del año 2021.

3. Que, el órgano recurrido, deberá abstenerse de rebajar el grado de la recurrente, salvo de existir una resolución del órgano competente que autorice de manera fundada el cambio de la situación remuneracional de la recurrente.

4. Que se ordena restituir las diferencias de grado en el cálculo de remuneraciones, bonos e incentivos, aporte a fondo de pensiones y de salud, etc., no pagadas correspondiente al mes de abril de 2021.

5. Lo anterior, sin perjuicio de la o las medidas que pueda adoptar este Ilustrísimo Tribunal a objeto de tutelar judicial y efectivamente las garantías constitucionales que se denuncian como conculcadas.

A folio 17, se informa en representación del Tesorería General de la República solicitando su rechazo.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto con fecha 11 de enero de 2021, el Sr. Tesorero Regional de Valparaíso le notifica a la recurrente mediante correo electrónico, que se acompaña en un otrosí, que su contrato complementario ha sido renovado sólo hasta el 31 de marzo y que luego de esa fecha, volverá a su grado de planta titular esto es Técnico, grado 17°, de modo que en ese momento tomó conocimiento del acto que califica de arbitrario o ilegal, por lo que la fecha en que tuvo acceso a su liquidación de remuneraciones no puede ser útil para renovar el plazo para recurrir de protección.

En cuanto al fondo reitera lo indicado por la recurrente en cuanto a su carrera funcionaria, indicando que desde el año 1999 detenta el grado 17° en la planta de Técnicos, grado titular que mantiene hasta la fecha y señala que el contrato complementario por el cual fue nombrada desde el año 2008 (en el grado 11° del escalafón profesional) corresponde a una figura compatible con el cargo titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 87°, letra d) de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contratos que desde el año 2002 son revisados y renovados semestralmente, contratos a plazo fijo con fecha de inicio y término, por lo tanto, si no se renuevan, se extinguen por el solo ministerio de la ley.

Señala que la recurrente se encontraba en condiciones de mantener esta figura contractual complementaria, en la medida que ejerciese la función de Jefe de Operaciones, función que dejó de ejercer el 27 de septiembre de 2017, cuando se le asigna la función de Analista de Cartera, función que la deja fuera de la banda de grado.

En consecuencia, la recurrente se mantuvo en la calidad jurídica de contrata mediante un contrato complementario hasta el 31 de marzo de 2021, situación que le fue informada vía correo electrónico con fecha 11 de enero del presente año, volviendo a su cargo de la Planta de Técnicos grado 17°, no existiendo un acto ilegal o arbitrario por parte de Tesorería que afecte sus garantías constitucionales, toda vez que su contrato complementario ha finalizado en el plazo dispuesto, continuando la prestación de sus servicios en su cargo de planta.

Por consiguiente, el cese del contrato complementario de la actora, tuvo lugar por expreso mandato de la ley, una vez vencido el plazo establecido en su última prórroga de contrato complementario, esto es, a contar del 31 de marzo del presente año, sin que la recurrida tenga la obligación de dictar algún acto administrativo que disponga su cese o practicar algún tipo de notificación al efecto.

En cuanto al principio de confianza legítima alegado por la actora, señala que no tiene aplicación al caso en comento, porque en ningún caso se le ha privado de la estabilidad laboral pues no ha sido desvinculada del Servicio de Tesorerías, toda vez que su contrato complementario ha finalizado en el plazo dispuesto, continuando la prestación de sus servicios al amparo de su cargo de planta.

A folio 18, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I-En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Que en relación a esta alegación formal, la extemporaneidad del recurso de protección será rechazada por cuanto, tal como consta de los antecedentes y ha sido reconocido por las partes, las circunstancias que ha implicado el cambio de la situación laboral de la recurrente en el organismo en donde presta sus funciones, es de carácter permanente en cuanto a la afectación de sus derechos, lo que deberá analizarse en el fondo de la cuestión debatida, esto es, si la actuación de la recurrida ha afectado los derechos constitucionales de la actora que dice haber sido conculcadas. Por otro lado, los cambios sobrevenidos a su contrato complementario y que se extenderían hasta el 31 de marzo de 2021, le fue notificada a la actora mediante el envío de correo electrónico a su mail institucional, lo que data del 11 de enero del presente año, notificación que no tiene un carácter formal para entender que desde esa fecha pudo comenzar a contarse algún plazo para accionar, resultando ajustado a derecho entender que de acuerdo a la alegación de la recurrente tomó conocimiento de esta situación mediante su liquidación de remuneraciones del mes de abril, por lo que la acción constitucional de protección ha sido efectuada dentro del plazo legal existente para ello. Que, por último, debe tenerse presente que un correo electrónico, respecto del cual no se sabe si fue recepcionado en forma, no resulta una forma de notificación válida. En virtud de todo lo señalado, procede declarar temporáneo el recurso.

II-En cuanto al fondo:

Segundo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Tercero: Que las garantías constitucionales que la actora indica que le han sido conculcadas, corresponden a los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y los hechos que vulnerarían esas garantías consisten en que, desempeñándose en el cargo de Jefa de Operaciones de la Tesorería Provincial de Viña del Mar a partir de Agosto de 2008, con un Grado 11, con una modalidad de contrato complementario, pues es funcionaria de planta en grado 17 desde el año 1997, tomó conocimiento que volvió a su grado original (Grado 17), lo que considera improcedente pues ello implica una degradación de sus remuneraciones y una afectación al principio de confianza legítima recogido por la Contraloría General de la República.

Cuarto: Que el Servicio recurrido, en cuanto al fondo de los discutido, confirma en general las funciones y fechas indicadas por la actora en relación con su carrera funcionaria, precisando que la recurrente se encontraba en condiciones de mantener la figura contractual de contrato complementario, lo que es compatible con su cargo titular, contratos que son revisados y renovados semestralmente y que se extinguen por el sólo ministerio de la ley. Reconoce asimismo que la recurrente se mantuvo en la calidad jurídica de contrata mediante un contrato complementario hasta el 31 de marzo de 2021, situación que le fue informada por correo electrónico, volviendo a su cargo de la Planta de Técnicos, grado 17°, estimando que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la Tesorería que afecte sus garantías constitucionales. Finaliza sosteniendo que su contrato complementario ha finalizado en el plazo dispuesto, no teniendo la obligación de dictar algún acto administrativo que disponga su cese o practicar algún tipo de notificación al efecto. En cuanto al principio de confianza legítima, sostiene que el mismo no tiene aplicación porque a la recurrente no se le ha privado de la estabilidad laboral, pues no ha sido desvinculada del Servicio de Tesorería.

Quinto: Que, en relación con lo que se ha señalado precedentemente, tenemos, por una parte, que la recurrida es contradictoria en sus argumentaciones, desde el momento que indica que la actora estaba en condiciones de realizar sus labores establecidas en el contrato complementario, en circunstancias que, a reglón seguido, señala que tales funciones cesan a partir del 31 de Marzo de 2021, volviendo a sus labores de planta. En segundo lugar, indica que los contratos son revisados semestralmente, no indicándose razones o circunstancias que, en el presente caso, implicó que una contrata terminara un 31 de Marzo, esto es, fuera de los términos en que se revisan y se determinan las contratas ya sea anuales o semestrales. En tercer término, las modificaciones que afectan a la actora en cuanto debe volver a sus labores originales, no tienen ningún tipo de sustento o explicación. Los actos administrativos deben tener una cierta racionalidad en cuanto a los objetivos de los servicios públicos y las funciones que cumplen en general, de modo tal que aquellos no sean tildados de arbitrarios cuando son dictados sin justificación alguna. En el presente caso se aduce que la actora vuelve a sus funciones originales o primigenias, pero no se indica el porqué de esa decisión, Simplemente estamos ante una actuación administrativa que dispone un cambio determinante en las condiciones de la recurrente y que afecta sus remuneraciones y sus derechos previsionales.

Sexto: Que confirma lo que se ha venido diciendo, de acuerdo a los criterios que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha fijado respecto a la motivación de los actos administrativos, especificando los siguientes:

1.- Los actos administrativos deben ser debidamente fundados, omitiendo dudas sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado.

2.- La autoridad pública no puede sustentar su actuar en apreciaciones subjetivas, vagas, confusas e imprecisas.

3.- No basta la mera referencia a las normas o informes técnicos. Estos deben ser analizados pormenorizadamente.

4.- El control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los motivos invocados por la autoridad, como a la calificación jurídica de los mismos.

Séptimo: Que respecto al principio de la confianza legítima y que la recurrente señala que es inaplicable al presente caso, cabe colacionar el artículo 89 de la Ley 18.834, que expresa: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicios o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto. Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II del Libro II del Código del Trabajo.”

Octavo: Que, doctrinalmente, el principio de protección de la confianza legítima es recogido por el profesor Bermúdez, en los siguientes términos: “En este sentido, es razonable entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes. Como concepto jurídico puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”. nombre reservado (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, pág, 110).

Noveno: Que, entonces, de lo que se trata, a diferencia de lo que indica la recurrida, no es que la recurrente pierda su empleo, sino que lo mantiene en condiciones inferiores y lesivas a cómo lo venía realizando ésta desde hace muchos años sin objeción de ninguna clase. Existe además un detrimento en las expectativas previsionales, atendido a lo señalado en estrados en el sentido de que estaría la actora próxima a pensionarse.

Décimo: Que, conforme a lo señalado, queda en evidencia que la actuación de la recurrida afecta sus garantías constituciones establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se ve conculcada su igualdad ante la ley, en el sentido de afectar la posibilidad de afectación a todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones y el derecho de propiedad de la actora sobre las diferencias que ha dejado de percibir con ocasión de la modificación pretendida por la recurrida, lo que es susceptible de enmendarse por esta vía, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se declara:

I.- Que se rechaza la extemporaneidad invocada por la recurrida.

II.- Que se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y, en consecuencia, se ordena que el contrato complementario prorrogado entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, se renueve y extienda hasta el 31 de diciembre del presente año y, derivado de ello, se deje sin efecto la disminución de las remuneraciones y rebaja en 6 grados, declarándose en su lugar que se mantiene el pago de remuneración conforme al grado 11 de la Escala Única de Sueldos, hasta el 31 de diciembre de 2021, restituyendo el servicio, si fuere necesario, las diferencias de grado, bonos e incentivos, aporte de pensiones y de salud no pagadas.

Redacción del Ministro Titular Sr. Jaime Arancibia Pinto.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-11662-2021.