nombre reservado con CAR S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de octubre de dos mil diecinueve.

Visto:

Se deduce recurso de protección por el abogado Álvaro Husayn Palacios Barrera, en representación e interés, de doña nombre reservado, Empleada Administrativa, en contra de Sociedad Car S.A., también denominada CAR S.A., entidad que habría vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, Expone que su representada, recibió el día 03 de julio de 2019, una carta de cobranza extrajudicial, por una supuesta deuda impaga por el uso de la Tarjeta Ripley, en la que se indicaba: “Por medio de la presente CAR S.A., emisor de su Tarjeta Ripley, le informa que usted figura con una línea de crédito castigada por no pago oportuno de su deuda. Debido a lo anterior, esta deuda ha sido asignada a cobranza judicial. La demanda presentada se encuentra radicada en el 6 Juzgado Civil de SANTIAGO, bajo el Rol 13735-2019. Asimismo, le comunicamos que su deuda ha sido informada en los registros del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio”.

Refiere que al revisar el Sistema Informático del Poder Judicial de Chile, se puede apreciar que la recurrida presentó una Solicitud de Gestión de Citación a Confesar Deuda en su contra con fecha 23 de abril de 2019, la que con posterioridad, con fecha 24 de abril de 2019, se tuvo por no presentada la demanda para todos los efectos legales. Añade que en forma reiterada ha sido llamada por teléfono para el cobro de la deuda.

Dice que la recurrida ha cobrado extrajudicialmente la supuesta deuda, lo que es ilegal, pues utiliza medios no autorizados por el Ordenamiento Jurídico para tales efectos. Cita el artículo 37 de la Ley 19.496, que dispone que: “En ningún caso la comunicación entregada podrá contener menciones a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales que no se hayan iniciado”. Argumenta que en la especie, no se ha continuado con la cobranza judicial de la supuesta deuda, por lo que no es procedente continuar con la cobranza extrajudicial. Considera que además es una actuación arbitraria al exigir el pago de forma abusiva que es desproporcionado e intimidatorio, lo que afecta la garantía de integridad psíquica de la recurrente, circunstancia que ha sido conocida por la jurisprudencia, citando diversos fallos.

Alega que el actuar de la recurrida vulnera la integridad psíquica, que garantiza la Constitución Política de la República, pues el cobro de la deuda le ha causado molestia, angustia, preocupación, perjudicando su reputación y vida cotidiana. Agrava esta situación, el hecho de que es llamada en forma reiterada para el cobro de la misma.

Pide, por tanto, ordenar a SOCIEDAD CAR S. A. hacer cesar de inmediato, y abstenerse en lo sucesivo, del envío de correos electrónicos y/o cartas de cobranza extrajudicial, y realizar llamadas telefónicas y cualquier forma de cobranza extrajudicial a la recurrente nombre reservado, que contengan amenazas de ejecutar actos judiciales tendientes al cobro de obligaciones adeudadas por la recurrente, o su inclusión en los registros del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, y que se condena en costas del presente Recurso a la recurrida SOCIEDAD CAR S.A., aun en caso de allanamiento. Acompaña: 1.- Carta de Cobranza Extrajudicial enviada por Sociedad CAR S.A a doña nombre reservado. 2.- Solicitud de Gestión de Citación a Confesar Deuda de fecha 23 de abril de 2019, presentado por Sociedad CAR S.A. en contra de nombre reservado, en causa Rol C-13735-2019 del 6°Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, caratulada “ CAR S.A. con nombre reservado”. 3.-Resolución Judicial de fecha 24 de abril de 2019, en causa Rol C-13735-2019 del 6° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, caratulada “ CAR S.A. con nombre reservado”, que tiene por no presentada la demanda para todos los efectos legales, y ordena el archivo de los antecedentes.

En folio 10, Cristóbal Jorge Bock Soto, abogado evacua informe en representación de Sociedad Car, solicitando el rechazo del recurso. Refiere que la recurrente se atrasó con los pagos correspondientes a su obligación crediticia y que su empresa ha hecho varias comunicaciones a la recurrente ofreciéndole diversas opciones para su pago, siendo ésta la motivación de los mismos, tal como se exige en el artículo 37 de la ley nº 19.496 en su letra g). Indica que al informar al deudor sobre la posibilidad de entablar una acción judicial, se cumple con los requisitos establecidos en la circular 24 del 2008 del Servicio de Impuestos Internos, para poder declarar el crédito incobrable, citando el contenido de dicho instrumento. Advierte que el Servicio de Impuestos Internos es muy riguroso para estimar si se han agotado los medios de cobro. Hace presente que las comunicaciones de correo electrónico fueron enviadas por una empresa externa dedicada a la cobranza, llamada GBI, por lo que las vulneraciones que se alegan no son atribuibles a CAR S.A. Precisa que dichas gestiones habrían sido desarrolladas por una empresa de cobranza de nombre GBI, y que existiría la opción de evitar el envío de correos electrónicos, siendo innecesaria la presentación de este recurso. Pide, en definitiva, rechazar derechamente el recurso de protección.

Consta a folio 12 que se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que, en el caso que nos ocupa, la recurrente señala vulnerada su integridad psíquica, al ser perturbada constantemente mediante el envío de cartas para obtener el pago de una deuda que, si bien fue judicializada, se encuentra archivada.

Cuarto: Que, a efecto de probar tales hechos, la recurrente acompañó cartas de junio y septiembre de 2019, emitidas por la recurrida mediante las cuales se le insta a regularizar su situación. En la segunda de las misivas -acompañada para efectos de ilustrar acerca del incumplimiento de la orden de no innovar- se le informa a la actora que su línea de crédito ha sido castigada por no pago de las cuotas pactadas y que se ha presentado a cobro ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, junto con el envío de los antecedentes al Boletín comercial de la Cámara de Comercio. Se añaden datos relativos al funcionamiento de las oficinas para ofrecerle alternativas de pago y se consigna el nombre “CAR S. A, emisor de su Tarjeta Ripley” por lo que no existe duda que dichas comunicaciones fueron enviadas por la empresa recurrida.

Quinto: Que la existencia de la supuesta deuda de la recurrente con la recurrida y su morosidad pueden ser planteadas en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De allí que el cobro extrajudicial de la misma mediante el envío de correspondencia, al menos en junio y septiembre de este año, constituye el ejercicio abusivo de una facultad. En efecto, si el objetivo de dichas cartas es poner en conocimiento de la deudora su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, no siendo necesaria su reiteración, lo que aparece como desproporcionado. Este ejercicio que resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Así lo ha resuelto la Corte Suprema en caso análogo en el Rol 4767-2013.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido en representación e interés, de doña nombre reservado, en contra de Sociedad Car S.A., debiendo la recurrida abstenerse de dirigir nuevas acciones tendientes al cobro extrajudicial de la deuda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11642-2019.