SERVICIOS INDUSTRIALES GSM LTDA. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE QUILLOTA Y FISCALIZADORA

Foja: 41 Cuarenta y Uno Llg.

C.A. Valparaíso.

CERTIFICO: Que se anunciaron para alegar el abogado Sr. Gustavo Quezada, 20 minutos por el recurso y la abogado Sra. Daniela Cabrera, 10 minutos contra el recurso, quienes ejercieron su derecho en estrados, después de escuchar relación pública. Valparaíso, diecinueve de mayo de dos mil quince.

nombre reservado

Relator Suplente Valparaíso, a diecinueve de mayo de dos mil quince.

Vistos:

Que a fs. 5 comparece don nombre reservado, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N número RUT reservado, en representación de Servicios Industriales GSM Ltda., sociedad del giro que indica su nombre, nombre reservado° 77.479.860-9, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la resolución N° 1186/15/25/1, de fecha 09 de marzo de 2015, de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota y contra la fiscalizadora nombre reservado Andrea nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, que aplicó multa de 10 UTM, por no pagar íntegramente los estipendios respecto del periodo enero 2015 correspondiente a sueldo base, con relación a los trabajadores nombre reservado y nombre reservado; además con relación al sueldo base movilización y colación, situación que afecta a los dependientes nombre reservado y nombre reservado, estimando que se ha privado, perturbado y amenazado a la recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el inciso 4o numeral 3o y numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que se le fiscalizó el 27 de enero de 2015, revisándose los contratos de trabajo y respectivas adendas de los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, luego de lo cual fueron citados a la inspección del trabajo de Quillota el día 9 de marzo último, siendo notificados de la multa contra la que se recurre.

Indica que efectivamente hubo una modificación de sueldo de los trabajadores ya mencionados, pero ésta fue de manera temporal y establecida exclusivamente en consideración del Contrato de Prestación de Servicios Construcción y Montajes Menores suscrito entre la actora y Minera Meridian Ltda., lo que se evidencia en que al modificar las remuneraciones de los trabajadores, también se cambió el horario de trabajo a un sistema de turno de 7 por 7 y lugar de prestación de los servicios, en cumplimiento de las exigencias de la mandante de la recurrente para la ejecución del contrato ya señalado, introduciéndose en el respectivo adendum de los trabajadores una cláusula modificatoria expresamente indicando al final de la misma la frase “según contrato N° CS-044-13, de Minera Meridian Ltda.”, siendo evidente que las modificaciones a los contratos de trabajo de los trabajadores involucrados, estaban supeditadas y tenían como causa la existencia del contrato N° CS-044-13, que Servicios Industriales GSM Ltda. suscribió con Minera Meridian Ltda., siendo importante señalar que el contrato N° CS-044-13 que originó la modificación referida terminó el 31 de diciembre de 2014, como da cuenta adendum de Contrato de Prestación de Servicios Construcción y Montajes Menores de 19 de agosto de 2014, el cual también fue exhibido en su oportunidad a la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Quillota doña nombre reservado, la que, desconociendo de manera caprichosa la información entregada por la recurrente, que señala claramente que los trabajadores tenían como sueldo base el establecido en su contrato de trabajo original y que este fue modificado bajo condición de existencia del contrato N° CS- 044-13 suscrito con Minera Meridian Ltda, aplica la multa de manera ilegal y arbitraria por resolución N° 1186/15/25/1 de fecha 09 de marzo de 2015, que por este acto se recurre.

Manifiesta que se infringió la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que establece el no ser Juzgado por comisiones especiales ni por un juez distinto al establecido en la ley, ya que al señalar que no se ha pagado el íntegro de las remuneraciones, se ha realizado una interpretación de los contratos de los trabajadores, de una cláusula del propio contrato de trabajo en relación a su adendum modificatorio y al Contrato de Prestación de Servicios de Servicios Industriales GSM Ltda suscrito con Minera Meridan Ltda, que originó las modificaciones en los términos ya señalados, lo cual es de exclusiva competencia de los Tribunales de Justicia y no de la Inspección del Trabajo, siendo evidente que al aplicar la multa recurrida la Inspección del Trabajo incurrió en un acto de interpretación contractual, que de haber tenido facultades la recurrida e interpretando conforme a lógica y derecho debió concluir en un sentido diverso, esto es, que la modificación a los contratos de trabajo respecto a sueldo base, locomoción y colación eran de carácter temporal, supeditadas a la duración del contrato que la recurrente mantenía con su mandante Minera Meridian Ltda., siendo además lógico que al desaparecer el citado contrato, desaparecen del mismo modo los fondos para solventar dichos costos, en concordancia con el aforismo de "lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

Añade que es evidente el proceso de interpretación que efectúa la fiscalizadora que en la Acta de constatación en terreno, de 27 de febrero último, por cuanto al establecer los hechos de la falta que se recurre, compara los contratos de nombre reservado y nombre reservado con los contratos de los señores nombre reservado y nombre reservado, para luego determinar que existe una infracción, por lo tanto, con su accionar desconoció una estipulación contractual, lo que constituye una materia que se encuentra al margen de las facultades que le han sido conferidas por el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo.

Igualmente la recurrida vulneró la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la multa impuesta bajo estas condiciones afecta ilegítimamente el derecho de propiedad que ejerce la recurrente sobre su patrimonio, la que además, en caso de no ser pagada, puede cobrarse de manera ejecutiva.

Agrega que no es efectivo el motivo por el que le fue cursada la infracción, al desconocer la fiscalizadora una estipulación expresamente pactada en el referido contrato individual de trabajo y proceder a su interpretación, desde el momento que, pese a serle exhibidos los contratos de trabajo originales, los adendum a estos contratos y el adendum de Contrato de Prestación de Servicios que daba cuenta del término de éste y tenerlos a la vista al momento de la fiscalización, los desconoció, negándole validez, excediéndose en consecuencia, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

La ilegalidad del acto se manifiesta en que al efectuar la calificación jurídica de los contratos la recurrida vulnera lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al haberse arrogado funciones jurisdiccionales que son propias de los tribunales respectivos. Por otro lado, la arbitrariedad se expresa en que la actuación de los recurridos carece de fundamento legal, fuera del marco en que la entidad recurrida puede actuar en protección de los trabajadores.

Finalmente, es procedente esta acción cautelar, no obstante poder solicitar reconsideración administrativa y/o reclamar judicialmente en contra de la multa que le fuera cursada a su representada, conforme lo dispuesto en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo, fundado en que la Excma. Corte Suprema ha reiterado en innumerables ocasiones, que semejante arbitrio cautelar no excluye a este mecanismo ordinario de impugnación, sino que resulta compatible con él, según se desprende del enunciado previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que lo establece, "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer -el afectado- ante la autoridad o los tribunales correspondientes", por lo que el recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y-o administrativa dirigidas a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece, de modo tal que la existencia de un procedimiento administrativo de reconsideración y-o judicial establecido en una norma de rango inferior a la Constitución, nunca podrá estimarse como un límite per-se a la procedencia y al ejercicio legítimo que le asiste a toda persona de recabar de protección cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías fundamentales, pues de establecerse el argumento contrario, se llegaría al absurdo de estimar que nunca sería procedente la interposición de una acción de protección puesto que siempre existirá algún arbitrio ordinario para pretender la vigencia de un derecho.

Solicita finalmente se tenga por interpuesto recurso de protección, se restablezca el imperio de los derechos privados, perturbados y amenazados por el acto que se le impugna a los recurridos, y previo informe de los mismos se acoja ordenando dejar sin efecto la resolución de multa administrativa N° 1186/15/25/1, de fecha 9 de marzo último, como asimismo, la multa impuesta por medio de ésta, instruyendo a los recurridos de abstenerse, en el futuro, de actuar como han actuado en el caso presente y, por tanto, de la aplicación de cualquier multa que derive directamente del diferendo jurídico relativo a la interpretación de cláusulas de contratos individuales o colectivos válidamente celebrados entre la actora y sus trabajadores dependientes, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen necesarias para asegurar la debida protección de la recurrida, con costas.

A fojas 26 informa doña nombre reservado, Inspectora (S) Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando el rechazo del recurso.

Respecto a los hechos señala que el 04 de febrero de 2015 la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota recibió una denuncia interpuesta por el Presidente del Sindicato N° 2 G. S .M., Sr. nombre reservado, quien indicó que por contrato de trabajo se estipuló un sueldo base mensual y a contar del mes de enero de 2015 el empleador pagó un monto inferior en forma unilateral, lo que afecta a todos los trabajadores. Por ello, a fin de investigar, se originó la comisión n° 0503/2015/49, entregándose para su fiscalización a la funcionaria doña nombre reservado, quien se constituyó el 27 de febrero en dependencias de la empresa denunciada, entrevistando a dos trabajadores, entre ellos al presidente referido. Se entrevistó asimismo al Sr. nombre reservado, representante legal de la empresa, quien declaró que por motivos de término de faena, las remuneraciones dejaron de pagarse de acuerdo al sueldo pactado para aquélla.

Indica que la fiscalizadora revisó los contratos de trabajo de los dependientes vigentes a la fecha de la fiscalización que laboraron en la faena El Peñón en obra denominada "Servicios de Construcción y Montajes Menores", verificándose que los trabajadores tenían escriturado anexo de contrato o addendum en el cual se estableció: 1) el traslado de los servicios de los dependientes a Faena El Peñón, y 2) se modificaron las remuneraciones respecto a bono de colación, bono movilización, incluyéndose además un bono Peñón, el cual se pagaría siempre y cuando el trabajador cumpla con todos los requerimientos e instrucciones de seguridad y calidad establecidos por el mandante y en caso de falta o ausencia se cancelaría el proporcional a lo efectivamente trabajado.

La fiscalizadora constató que respecto a los dependientes nombre reservado y don nombre reservado se estipuló que dichas modificaciones regirían desde; escrituración de éstas, hasta el término de los servicios descritos.

No obstante lo anterior, respecto de los trabajadores nombre reservado, quien firma anexo de contrato con fecha 05.09.2013; nombre reservado firma anexo con fecha 13.08.2014; nombre reservado firma anexo de contrato con fecha 27.08.2013; nombre reservado firma anexo de contrato con fecha 28.08.2013; y don nombre reservado firma anexo de contrato con fecha 24.03.2014; no se estableció cláusula alguna que prescribiese que dichos estipendios serán pagados hasta el término de las labores en dicha faena.

Indica que en el proceso de la visita inspectiva, la empresa acreditó que las labores en la Faena El Peñón terminaron con fecha 31 de diciembre de 2014, exhibiéndose addendum de contrato de prestaciones de servicios -contrato de carácter civil- entre la empresa fiscalizada y Minera Meridian Ltda. La fiscalizadora revisó los comprobantes de pago de remuneraciones, verificando que los estipendios del mes de enero 2015 no fueron pagados íntegramente respecto a sueldo base, movilización y colación, situación que afectaba a los trabajadores nombre reservado y nombre reservado; respecto al trabajador nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, la empresa no paga íntegramente el sueldo base del mes de enero 2015.

A raíz de lo anterior la empresa informó que debido al término de las labores en las faenas, la forma de cálculo de las remuneraciones correspondientes al mes de enero 2015 se determinaron a partir de si los trabajadores hicieron uso del feriado legal, caso en el cual estos días se consideraron con el valor diario de las remuneraciones percibidas en Faena El Peñón, incluyendo en este cálculo el valor del bono Peñón; los días restantes al mes de enero en los cuales no hicieron uso del feriado legal, la remuneración proporcional del mes de enero consideró los estipendios acordados con los trabajadores antes de realizar las labores en Faena El Peñón, lo cual generó el no pago íntegro en las remuneraciones del mes de enero 2015 con relación al sueldo bases y en algunos casos en bono de colación y movilización. Esta situación se presentó en particular respecto de los trabajadores ya enunciados, quienes no tenían acordado en el anexo de contrato la modificación de los estipendios en el sentido impuesto por la empresa.

Señala que sobre los hechos precitados, la fiscalizadora no incluyó en el requerimiento el no pago íntegro de remuneraciones consistentes en la bonificación Peñón, ya que ésta corresponde directamente a labores realizadas en dicha faena, las cuales al mes de enero 2015 habían concluido.

La fiscalizadora consignó los hechos predichos en un Acta de Constatación de Hechos en Terreno j para Mype, formulario F8/4 y se otorgó un plazo para su corrección. En la fecha acordada, la empresa no acreditó la corrección en relación a los trabajadores individualizados, con excepción del dependiente nombre reservado, respectó de quien exhibieron un anexo de contrato en el cual se modificó el lugar de prestaciones de servicios y los montos de los estipendios de sueldo base, movilización y colación, documento firmado por las partes Lo anterior, derivó en la aplicación de la multa 1186/2015/25-1 recurrida Indica la recurrida que la acción impetrada por el empleador resulta improcedente por las siguientes razones:

1.- Atendida la naturaleza del acto recurrido: Las resoluciones de la Dirección del Trabajo que apliquen multas administrativas pueden impugnarse a través de dos procedimientos especiales. Por un parte, se contempla el procedimiento judicial de reclamación de multas y, en segundo término, un procedimiento de reclamación administrativa de las mismas, ambos establecidos en el Código del Trabajo. El primero se establece en los artículos 503 y siguientes del cuerpo legal citado, que emplea la expresión “será”. A idéntica conclusión se llega considerando que la materia de que fue objeto la sanción, es justamente, propia de un juicio de lato conocimiento como es el de reclamación judicial de multa administrativa, cuya competencia corresponde a los Tribunales del Trabajo. El segundo, por su parte, consiste en reclamar administrativamente ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, es decir, el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2° del art. 512 del mismo cuerpo legal.

Señala que si no se utilizan los mecanismos referidos no puede emplearse el recurso de protección, puesto que no constituye un sustituto jurisdiccional de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y recursos específicos y determinados.

Por lo anterior, el recurso de autos resulta inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de un acto administrativo al cual el ordenamiento jurídico le otorga un proceso administrativo y/o judicial de reconsideración y/o reclamo claros y que se encuentran actualmente vigentes, recalcando que existe suficiente cautela para la recurrente a través de las vías judiciales ordinarias de impugnación de este tipo de resoluciones administrativas, porque el mismo efecto de una resolución que concede la Orden de No Innovar se produce con el sólo hecho de la presentación del reclamo judicial de la multa administrativa ante el Tribunal Ordinario, o de la presentación de la Solicitud de Reconsideración de la multa ante el Inspector del Trabajo respectivo, siendo de carácter obligatoria por mandato legal 2.- Atendido que el recurso se ha intentado fuera de plazo legal: Se ha deducido fuera del plazo de plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto supuestamente ilegal o arbitrario.

3.- Improcedente en cuanto al fondo de lo afirmado por el recurrente:

a).- Imposibilidad de destruir la presunción de veracidad por la vía del recurso de protección: El D.F.L. N° 2 del año 1967 en su artículo 23 señala que los hechos constatados por un fiscalizador en el ejercicio de sus funciones, goza de presunción de veracidad; y el fiscalizador además tiene, por el cargo que ocupa, la calidad de Ministro de fe, según el inciso 1° del artículo 503 del Código del Trabajo, requiriéndose de un juicio de lato conocimiento para desvirtuar esta presunción. Eso no lo permite la sede de Protección, pues requiere de un derecho indubitado que amparar. Ese derecho que amparar no se puede dar en la especie cuando frente a él existe una presunción de veracidad que, en la sede escogida para amparar el derecho, es imposible destruir por la técnica constitucional que invariablemente exige un atentado cierto y claro, que en realidad se opone a una presunción de veracidad innegable. De lo contrario, lo que la sede de protección permitiría sería una impugnabilidad del acto administrativo sin debido proceso, conculcándose esta garantía.

b).- Ausencia de acto arbitrario e ilegal: El proceso de fiscalización que derivó en la aplicación de la multa administrativa ha cumplido estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo y, además, se ha apegado irrestrictamente a la legalidad vigente.

El acto no es arbitrario porque la resolución se dictó una vez que la fiscalizadora en uso de sus atribuciones privativas contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y DFL N° 2 de 1967, constató los hechos ya expuestos en este informe, no evidenciándose tanto durante el procedimiento de fiscalización, como en el presente procedimiento de protección, que existan circunstancias fácticas reconocidas por la legislación laboral que permitan justificar la conducta infraccional del empleador de marras.

Tampoco la multa cursada y las actuaciones de la funcionaria durante la fiscalización, pueden ser calificadas de ilegales, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo. Cita el artículo 1° del DFL. 2 del año 1967, artículo 23 del DFL N° 2 del año 1967 y artículo 505 del Código del Trabajo.

Concluye que no puede haber arbitrariedad ni ilegalidad en las actuaciones denunciadas, desde que, por una parte, existe mandato legal que las permite y, por la otra, no aparece que se actúe fuera de los marcos razonables cuando se fiscaliza la existencia de una obligación legal.

Sobre las garantías vulneradas, en relación a la del N° 3 inciso 4 o del artículo 19 de la Constitución Política de la República, señala que no se ve afectada porque la actuación del Servicio, al aplicar una resolución de multa administrativa, debe entenderse acotada a sus facultades fiscalizadoras, sin perjuicio de la eventual impugnación de las mismas ante los Juzgados de Letras del Trabajo. Respecto de la contenida en el N° 24 de la norma citada, señala que no se afecta porque la aplicación de las multas obedecen justamente a todo un proceso, debidamente establecido y regulado por un tipificador de multa, que determina los valores de acuerdo a la infracción detectada y así, habiéndose constatado infracciones a la legislación laboral, consecuencialmente se aplican las sanciones pecuniarias.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 36 la recurrida doña nombre reservado, se adhiere al informe de fojas 26.

A fojas 39 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la extemporaneidad Primero: Que el acto administrativo en contra del cual se dirige la presente acción cautelar, consiste en la resolución de multa N° 1186/15/25 de fecha 9 de marzo de 2015, notificada con igual fecha a la recurrente.

Segundo: Que, del atestado de fojas 5, aparece que el presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 9 de abril último, esto es, al día corrido N° 31.

Tercero: Que el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, previene en su artículo 1, que el plazo de interposición de esta acción es de 30 días corridos, desde la ocurrencia del acto u omisión que se estima ilegal o arbitrario, atentatorio de garantías constitucionales; apareciendo entonces que al haberse deducido el presente recurso al día corrido N° 31 lo fue de manera extemporáneo, motivo que conducirá a su rechazo.

II.- En cuanto al fondo:

Cuarto: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Sexto: Que sin perjuicio de lo razonado respecto de la extemporaneidad, se estima por la recurrente ilegal y arbitraria la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota y la labor fiscalizadora pertinente de la Sra. nombre reservado, que desembocan en la dictación de la resolución administrativa ya individualizada, que impuso a la recurrente una multa de 10 Unidades Tributaria Mensuales, conculcándose las garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República.

Séptimo: Que la labor fiscalizadora de las recurridas ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa contenida en el D.F.L. N° 2 del año 1967 y en el Código del Trabajo y que les entrega justamente facultades de fiscalización que implican la revisión de antecedentes y la constatación de hechos que puedan constituir una infracción a la normativa laboral vigente.

Octavo: Que es así como esta Corte no advierte que la dictación de la resolución de multa recurrida, se traduzca en un actuar ilegal o arbitrario de las recurridas, por cuanto lo ha sido conforme a derecho, en el marco de sus facultades.

Noveno: Que no obstante lo razonado, a juicio de esta Corte las alegaciones del recurrente deben verterse en un procedimiento de lato conocimiento, sea a través del contemplado en el artículo 503 del Código del Trabajo o en aquél regulado en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, tendientes a desvirtuar la presunción de veracidad de la que goza la actuación de la funcionaria fiscalizadora, máxime si se considera que no se atisba la necesaria urgencia propia de la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se acoge la alegación de extemporaneidad y, en cuanto al fondo, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 5, por don nombre reservado en representación de Servicios Industriales GSM Ltda., en contra de la resolución N° 1186/15/25/1, de fecha 09 de marzo de 2015, de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado y contra la fiscalizadora nombre reservado Andrea nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.- Protección-1162-2015.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Álvaro Carrasco Labra, Sr. Alejandro García Silva y Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide.

En Valparaíso, diecinueve de mayo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.