PROTECTOR SECURITY SUPERMARKET SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO QUILLOTA

Foja: 36 Treinta y Seis S.f.g.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de marzo de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 7 comparece don nombre reservado, abogado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado.

Se refiere previamente al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Funda su recurso señalando con fecha 5 de febrero de 2018 fue notificada del Ordinario N° 122 de la Inspección del Trabajo de Quillota, mediante la cual no se dio curso a una presentación realizada pues se habría presentado fuera del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación, dicho acto se pronunció sobre una presentación realizada el 13 de diciembre, consistente en la petición de una reconsideración de multa N° 3914/17/77, multa de fecha 24 de octubre de 2017 y que fuera notificada el mismo 24 de octubre, de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo, la que fue impugnada dentro del plazo legal, no obstante la recurrida no dio curso a la reconsideración.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas se ve afectada el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la Republica, por cuanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo.

Por lo que termina solicitando se acoja el recurso de protección declarando arbitrario e ilegal el acto recurrido y ordenando acoger a tramitación la reconsideración de multa A fojas 27 rola informe de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Alega en cuanto a los hechos que con fecha 24 de octubre de 2017 se cursa multa a propósito de denuncia presentada por trabajadora de la empresa, por el concepto de alterar la distribución de jornada de trabajo convenida y no pagar cotizaciones previsionales, la comisión es asignada al funcionario nombre reservado, quien lleva a cabo su labor de fiscalización, realizando visita inspectiva y revisando la documentación pertinente, donde se constataron dos infracciones a la normativa laboral, contenida en la resolución de multa, la que fue notificada por correo certificado con fecha 2 de noviembre de 2017, entendiéndose notificada al 6° día hábil conforme artículo 508 del Código del Trabajo, luego el recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa con fecha 13 de diciembre, sin embargo, la efectúa fuera de plazo, es decir, fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador, atendido ello, se dictó el Ordinario N° 122 de fecha 5 de febrero de 2018, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido presentada fuera de plazo. Alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, señala que las resoluciones de la Dirección del Trabajo, relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo, por lo que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial especifico exista. Alega la improcedencia del recurso, por cuanto hay ausencia de acto arbitrario que atente contra el derecho de igualdad ante la ley, ya que se ha apegado estrictamente a la legalidad vigente, sin haber actuado en forma arbitraria ni ilegal. Que existe además ausencia de acto que atente contra el derecho de propiedad, ya que la sanción tiene un carácter eminentemente provisional, ya que está sujeta a la revisión administrativa y judicial, es decir, el acto es posible de impugnarse. Que el ordinario recurrido, se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos apegándose a la legalidad vigente, por tanto ni el fiscalizador ni la Inspección han afectado el derecho de propiedad.

Por último, termina señalando que una reiterada jurisprudencia administrativa ha informado que la aplicación de la Ley N° 19.880, con carácter de supletoria, debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial y en el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer el término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

A fojas 32 se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha enderezado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, en razón del acto estimado ilegal y arbitrario por el actor consistente en la dictación del Ordinario N° 122, de 5 de febrero último, a través del cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 3914/2017/77-1-2-3, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, y si la solicitud respectiva fue presentada el día 13 de diciembre de 2017, a todas luces es extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución N° 3914/2017/77-1-2-3, que impuso la multa administrativa, tiene fecha 24 de octubre de 2017, notificada el 2 de noviembre, según se lee a fojas 26 vuelta, de tal manera que se entiende notificada la recurrente al 6° día y si interpuso la reconsideración de multa el 13 de diciembre de 2017, claramente lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación a la reconsideración administrativa deducida dentro de plazo y no explicitó en el Ordinario N° 122 mayores fundamentos y explicaciones para sustentar la decisión.

Noveno: Que, los argumentos vertidos conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Décimo: Que, no habiendo comparecido en estrados la recurrente a sostener su recurso no se condena en costas.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 7 por don nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 122 de 5 de febrero de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor respecto de la Resolución de multa administrativa N° 3914/2017/77-1-2-3, de 24 de octubre de 2017.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 1161-2018