nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Foja: 90 Noventa Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 9, comparece don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, representado por su Director Nacional don Patricio Coronado Rojo, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la carta N°01041, de fecha 4 de julio del año 2019, emanada por doña nombre reservado, Jefa del Sub departamento de Prestaciones Previsionales de la Región de Valparaíso, recibida el 15 de julio del año en curso, en la que le informa que no es aplicable a su caso, la opción b) del artículo 40 de la Ley N°15.386.

Señala que al 26 de junio de 2016 se encontraba afiliado a la Ex Capremer, fecha en la que presentó a IPS su solicitud de jubilación. Indica que la recurrida dictó las siguientes resoluciones: 1) Resolución Exenta 1673-CB, de fecha 23 de agosto de 2016, en la que se resuelve que debe pagársele una pensión mensual de vejez por la suma de $1.042.227 a contar del 01.05.2016, y $3.752.019 por concepto de desahucio, conforme a la opción a) del artículo 40 de la Ley N°15.386; y 2) Resolución Exenta 2159-CB, de fecha 21 de junio de 2017, en la que se resuelve que ha de modificarse el monto establecido en la resolución anterior, por la causal de reliquidación por inclusión de periodo reconocido por el artículo 28 de la Ley N°6.073, y se ordene pagar una pensión mensual de vejez por la suma de $1.167.294 a contar del 01.05.2016, y $3.752.019 por concepto de desahucio, conforme a la opción b) del artículo 40 de la Ley N°15.386.

Precisa que el 25 de abril de 2019 interpuso un recurso de revisión en contra de las resoluciones antes indicadas, fundado en que al presentar su expediente ningún funcionario del ISP le advirtió o explicó lo relativo a las letras a) y b) del artículo 40 de la Ley N°15.396, ni tampoco las ventajas y desventajas de uno u otro sistema. En circunstancias que de acuerdo a los principios de transparencia, probidad administrativa, buena fe, obligaban a los agentes del estado a dar información y aconsejarlo al respecto. Por tanto, desprovisto de toda información presentó su documentación, y funcionarios de la recurrida, por sí y ante sí, decidieron que debía sujetarse a la letra b) de la norma citada, en tanto que, si hubiese contado con toda la información habría optado por el sistema contemplado en la letra b), el que le permite recibir el desahucio completo y otorga la posibilidad de continuar aportando con el 3% de su pensión hasta completar el desahucio percibido.

Manifiesta que la Jefa del Sub Departamento de Prestaciones Previsionales de la Región de Valparaíso, dando respuesta a su solicitud le indicó que no existían a la fecha nuevos antecedentes previsionales e impositivos que ameriten efectuar nuevos cálculos que hagan variar los valores actuales de su pensión y desahucio, y que no resulta aplicable la opción b) de la Ley N°15.386, la que solo tiene efectos para imponentes Ex Capremer que hayan impuesto con anterioridad al 11.12.1969 y para quienes se les haga válido el artículo 28 de la Ley N°6.037.

Sostiene que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, por cuanto la recurrida cuenta con todos los antecedentes para haber arribado a una conclusión diferente, realizó una interpretación errónea, y no se le informó adecuadamente que podía optar por el sistema contemplado en la letra b) del artículo 40 de la Ley N°15.386. Considera que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado su garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja la presente acción cautelar, y se ordene a la recurrida se calcule su desahucio de Ex Capremer por la opción b) del artículo 40 de la Ley N°15.386, con costas.

A fojas 40, rola informe del Instituto de Previsión Social, solicitando el rechazo del recurso, con costas. En primer término alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que la carta emanada del Subdepartamento de Operaciones Previsionales del IPS, de fecha 04 de julio de 2019, viene en rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor en contra de las resoluciones exentas N°1673, de fecha 23 de agosto de 2016, notificada el 01 de septiembre del mismo año y N°2159, de fecha 21 de junio de 2017, notificada en dicha oportunidad, por lo que la presente acción supera con creces el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso, por cuanto el recurrente solicita se ordene realizar un nuevo re cálculo de su beneficio de desahucio de conformidad al artículo 40 letra b) de la Ley N°15.386, es decir, estamos en presencia de una controversia de naturaleza estrictamente previsional, en la que inciden cuestiones de hecho y derecho que escapan a los objetivos del recurso de protección. Por su parte, la interpretación de la ley previsional así como las reclamaciones en contra de las resoluciones dictadas por los órganos competentes, es materia de lato conocimiento que la ley entrega a los Tribunales Laborales, según los artículos 420 letras c) y e), inciso tercero del artículo 446, ambos del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo, indica que el 12 de septiembre del 2016 el recurrente realiza presentación ante la Contraloría General de la República solicitando informe del “porqué el IPS al otorgarle la pensión de vejez solo le otorgó el desahucio por la opción A, dejando sin pago el desahucio por CANAEMPU (Caja de Empleador Públicos) que es la opción B”, emitiendo informe el ente contralor el 11 de noviembre de 2016, que no se advierte reproche en cuanto a que el IPS considera para el cálculo del desahucio del interesado solo el tiempo cotizado en la ex Capremer. Con posterioridad, Contraloría informa al recurrente con fecha 17 de enero del año en curso, que la situación fue aclarada por el IPS.

Precisa que el acto impugnado, esto es, la carta SDPP N°1041, de fecha 04 de julio de 2019, solo se limita a contestar el recurso de revisión interpuesto en contra de las Resoluciones Exentas 1673-CB y 2159-cb, no constando acto administrativo terminal alguno que conceda o prive de derechos al recurrente, sino que solo se limita a reiterar el motivo de la negativa por parte del Instituto a conceder desahucio completo con un tope de 24 años como lo pretende el recurrente. Por su parte, tal como se señaló y lo confirma Contraloría, legalmente no procede reconocer el tiempo en que cotizó para CANAEMPU para efectos del cálculo de su desahucio en CAPREMER.

A fojas 86, rola informe de la Contraloría General de la República, Región de Valparaíso, en el que indica que se pronunció sobre la materia mediantes los Oficios N°17.821 de 2016, N°29.500 de 2018, y N°1.648 de 2019, que se remiten junto a sus expedientes administrativos.

A fojas 87, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Que el Instituto de Previsión Social alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el acto recurrido, esto es, la Carta N°011041 de fecha 4 de julio del año 2019, emanada por la Jefa del Subdepartamento de Prestaciones Previsionales, viene en rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor en contra de las resoluciones Exentas 1673-CB y 2159-CB, de fechas 23 de agosto de 2016 y 21 de junio de 2017 respectivamente, que corresponde a las actuaciones realmente recurridas, por lo esta acción resulta ser del todo extemporánea.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes consta que el acto recurrido es la Carta N°011041, de fecha 4 de julio del año 2019, emanada de doña nombre reservado, Jefa del Subdepartamento Previsionales del IPS Valparaíso, la que fue despachada por Correos de Chile con fecha 11 de julio del año en curso. Por su parte, se constata que el recurso de protección se interpuso el 29 de julio del año 2019, esto es, dentro del término de treinta días fatales corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, por lo que la alegación de extemporaneidad deberá ser desechada.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que pronunciándose sobre el fondo, siendo el recurso de protección una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, cabe considerar que la materia en que incide el presente recurso excede los márgenes a que habilita el artículo 20 de la Constitución Política.

En efecto, la recurrente está reclamando que esta Corte examine un asunto que dice relación con la interpretación de normas previsionales, en particular la aplicación del artículo 40 letra b) de la Ley N°15.386 para determinar el cálculo del desahucio que corresponde al actor, asunto que debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, ante el juez laboral competente, según lo dispuesto en el artículo 420 letras c) y e) del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, los fundamentos que se hacen valer por el recurrente y la recurrida, dejan en claro que se trata de un asunto que para su resolución exige de prueba y su correspondiente análisis y ponderación, de modo el recurso de protección no corresponde a la vía idónea para aquello, por lo que la presente acción no podrá prosperar.

Quinto: Que sin perjuicio de la improcedencia de la acción cautelar, no concurren además los presupuestos que ameriten se acoja.

Lo anterior, en atención a que en la especie no se advierte reproche en cuanto a que el Instituto de Previsión Social considere para el cálculo del desahucio del actor solo el tiempo cotizado en la ex Capremer, ello en consideración a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley N°15.386 sobre revalorización de pensiones e inciso segundo del artículo 4 de la Ley N°10.986 acerca de continuidad de la previsión, tal como lo ha señalado en numerosas oportunidades la Contraloría General de la República a propósito de reclamaciones presentadas por el actor.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida, y en cuanto al fondo, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada, archívese.

N°Protección-11483-2019.