nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Christian Caballero Vargas, en representación convencional de don nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la resolución exenta N° R-01-F-22111-2025 de 20 de febrero de 2025, que acogió la apelación realizada por la Mutual de Seguridad y la reclamación de la empleadora Marga Marga SpA, rechazando otorgar cobertura del seguro social de la Ley N° 16.744 al recurrente. Afirma que dicha decisión se fundamenta en una valoración parcial de la prueba y carece de motivación suficiente, vulnerando con ello los derechos fundamentales del trabajador que la Constitución Política de la República garantiza en sus artículos 19 números 1, 2 y 24.

Expone que, desde el 2022 el recurrente se desempeñaba como visitador de obra para la empresa Marga-Marga y que, el 24 de julio de 2024, mientras ejercía funciones en la obra "Barrio Encanto de Molina", fue víctima de un accidente laboral consistente en la agresión física mediante golpes de puño y pie, además del uso de objetos contundentes como palos, materiales y herramientas de trabajo, por parte de cinco trabajadores pertenecientes a una empresa contratista, debido a la disconformidad de éstos con la labor fiscalizadora del señor nombre reservado, quien previamente había comunicado al contratista ciertos incumplimientos en los estados de avance de la obra.

Agrega que, finalizada la agresión, el actor se refugió en su oficina, informó a su empleador y llamó a Carabineros, siendo trasladado por policial al servicio de urgencia para constatación de lesiones y formalización de denuncia (parte N°1140). Los hechos originaron causa penal RIT 933-2024 ante el Juzgado de Garantía de Molina, donde se condenó a los agresores.

Respecto al proceso administrativo de calificación del accidente, indica que el 25 de julio de 2024, el recurrente denunció el accidente ante la Mutual, quien inicialmente lo calificó como laboral (Resolución N° 5557445), pero posteriormente lo modificó a "origen común" (Resolución N° 5574152). El trabajador reclamó ante la Superintendencia, que acogió su solicitud determinando cobertura por violencia laboral tipo 3 (Resolución N° R-01-UJU-175259-2024). Sin embargo, tras recursos de reposición de la Mutual y reclamo de la empleadora, que alegaron riña iniciada por el trabajador, la Superintendencia finalmente revocó la cobertura mediante resolución N° R-01-F-22111-2025 de febrero de 2025.

Fundamenta jurídicamente su recurso alegando que la resolución impugnada carece de motivación suficiente y presenta valoración parcial de la prueba. Sostiene que los testimonios aportados por la Mutual y empleadora corresponden a los propios agresores condenados penalmente, careciendo de objetividad, mientras que la investigación objetiva de la Inspección del Trabajo concluyó que el trabajador fue víctima de violencia y agresiones por parte de los trabajadores denunciados.

Además, denuncia falsificación de la investigación interna presentada ante la Superintendencia, existiendo diferencias sustanciales entre el documento original elaborado por la prevencionista de riesgos y la versión adulterada presentada por la empleadora. Del mismo modo, alega incongruencia entre las lesiones múltiples documentadas en la ficha clínica y la versión oficial que minimiza el incidente, y objeta el uso indebido de antecedentes laborales del año 2020 para imputar comportamiento agresivo al trabajador, considerando que el vínculo laboral actual inició en 2022.

Sostiene que la resolución recurrida vulnera los derechos constitucionales del señor nombre reservado consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República: el derecho a la vida e integridad física y psíquica del número 1, al privarlo de las prestaciones médicas necesarias para su recuperación; el derecho a la igualdad ante la ley del número 2, al establecer una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones puede acceder al subsidio por reposo laboral; y el derecho de propiedad del número 24, al privarlo de los beneficios y prestaciones económicas contemplados en la Ley N° 16.744 destinados a tratar su enfermedad y cubrir los gastos inherentes a ella.

Pide, se ordene a la recurrida rechazar el recurso de reposición deducido por la Mutual de Seguridad y el reclamo de la empleadora, garantizando el acceso del señor nombre reservado a las prestaciones médicas y económicas contempladas en la ley 16.744, así como cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 11, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer lugar, la improcedencia de la acción, en atención a que se lo controvertida dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, materias establecidas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del recurso, solicitando su rechazo con costas.

Explica que el Seguro de la Ley N° 16.744 cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales, y que es fiscalizado por la Superintendencia con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, conforme a los artículos 30 de la Ley N° 16.395 y 77 de la Ley N° 16.744.

En cuanto a los hechos, expone que el recurrente reclamó contra la calificación de origen común realizada por la Mutual, describiendo haber sido agredido por cinco compañeros de trabajo mientras cumplía funciones de supervisión. Inicialmente, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-175259-2024 de 12 de noviembre de 2024, se acogió la reclamación determinando que correspondía otorgar cobertura por tratarse de violencia laboral tipo 3, donde existe implicación laboral entre agresor y víctima, procediendo así la cobertura del seguro de la Ley N° 16.744.

Sin embargo, posteriormente, mediante expediente administrativo PAE código R-190565-2024, la empresa Constructora Marga Marga SpA reclamó contra esta decisión, aportando nuevos antecedentes, incluidas declaraciones de los trabajadores involucrados. Con base en estos nuevos elementos probatorios, particularmente las declaraciones que establecían que el señor nombre reservado había iniciado la agresión física, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N° R-01-F-22111-2025 de 20 de febrero de 2025, revocando su decisión anterior y determinando que no correspondía otorgar la cobertura del seguro laboral, calificando el accidente como de origen común.

La recurrida niega haber actuado ilegalmente, afirmando que ha obrado dentro de sus competencias legales, en particular al calificar una afección como de origen laboral o común, conforme a sus atribuciones fiscalizadoras.

Sostiene que el recurrente no identifica normas legales vulneradas y que sus dictámenes se ajustan al marco normativo vigente. Añade que el conflicto planteado se refiere a la interpretación de una norma legal, cuestión que excede el ámbito de la acción de protección, la cual está reservada para la tutela de derechos indubitados. En respaldo, cita jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que la calificación del origen de una enfermedad debe ser resuelta en juicio de lato conocimiento.

Asimismo, descarta la existencia de arbitrariedad en su actuar, explicando que las resoluciones emanadas contienen fundamentos racionales basados en el análisis y ponderación de los antecedentes del expediente, no constituyendo actos caprichosos o irracionales. Enfatiza que cualquier omisión en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras habría importado incumplir el mandato constitucional de supervigilar el derecho a la seguridad social.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha existido vulneración ni amenaza del derecho a la vida, integridad física y psíquica, ni de ningún derecho establecido en el artículo 19 de la Constitución, limitándose a ejercer sus facultades legales para determinar el organismo de seguridad social al cual corresponde otorgar las prestaciones. Argumenta que en modo alguno ha causado las afecciones del recurrente ni impedido su acceso a atención médica, correspondiendo su única intervención al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones sobre calificación de patologías.

Acompaña a su informe copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo relativos al caso de don nombre reservado.

A folio 13, evacuó informe el abogado Roberto Torres Rebolledo, abogado, en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Explica que el recurrente ingresó a la Mutual el 25 de julio de 2024, refiriendo que el día anterior había sufrido una agresión por parte de un grupo de trabajadores de una empresa contratista, recibiendo golpes de puño, puntapiés y palos de madera, lo que le provocaba dolor en mandíbula y cabeza, molestias para respirar y visión borrosa. Enfatiza que, desde el primer momento del ingreso, el trabajador recibió las prestaciones médicas necesarias para su recuperación.

Respecto de la investigación realizada, sostiene que se pudo concluir que el trabajador participó en una pelea con trabajadores de la empresa contratista, propiciando el primer golpe, por lo que desde esa perspectiva se determinó que el accidente no tenía relación causal con el trabajo, ya que el siniestro denunciado no formaba parte de los riesgos inherentes al trabajo, sino que constituía una riña en la que participó activamente el trabajador. Consecuentemente, al no configurarse el presupuesto establecido en el artículo 5 de la Ley N° 16.744, se determinó que el origen del accidente no tuvo motivo laboral, emitiéndose el 13 de agosto de 2024 la Resolución de Calificación N° 5574152.

Refiere que respecto de dicha resolución, el trabajador reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual revirtió la decisión y consideró que el accidente se enmarcaba dentro de los siniestros de violencia laboral tipo 3, contemplados en el Capítulo II, letra a), del Título III del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando otorgar la cobertura del seguro por tratarse de un accidente del trabajo mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-175259-2024 de 12 de noviembre de 2024.

Relata que tanto la empresa adherente como el organismo administrador, reclamaron la calificación laboral, fundándose en que en la especie no habría ocurrido el supuesto de violencia laboral tipo 3, sino más bien una riña de la cual el mismo trabajador habría iniciado la acción de violencia al propinar el primer golpe. Invoca la normativa contenida en el mismo Compendio, específicamente el Capítulo II del Título II, que establece que "Tratándose de lesiones producidas por agresiones, para que proceda otorgar la cobertura del Seguro de la Ley N° 16.744, es necesario que haya tenido un motivo laboral y el afectado no haya iniciado la agresión." Luego, la Superintendencia acogió estos reclamos y mediante Resolución Exenta N° R-01-F-22111-2025 de 20 de febrero de 2025 dejó sin efecto su resolución anterior, concluyendo que no procedía otorgar la cobertura del seguro y calificando definitivamente el siniestro como de origen común.

La Mutual sostiene que no ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente, ya que toda su actuación se encuentra regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, institución competente para calificar en última instancia la procedencia de estas prestaciones, habiendo obrado conforme a la normativa y procedimientos legalmente establecidos.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la improcedencia de la acción:

Primero: Que, respecto de dicha alegación, se debe tener presente que si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece al campo de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y en el citado Decreto Supremo N° 3 de 1984, se advierte que se pueden estimar como derechos vulnerados los establecidos en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica y, el derecho de propiedad, los que se encuentran dentro de los derechos amparados por la presente acción, según prescribe el artículo 20 de la Carta Fundamental, motivo por el cual será desechada.

II.- En cuanto al fondo del asunto:

Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, por la presente vía cautelar, se impugna la Resolución Exenta N° R-01-F-22111-2025 de veinte de febrero de dos mil veinticinco, de la Superintendencia de Seguridad Social, que a propósito de la apelación realizada por la Mutual de Seguridad y la reclamación de la empleadora Marga Marga SpA, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-175259-2024 de dicha Superintendencia, que había recalificado como de origen laboral el accidente sufrido por el recurrente, la deja sin efecto, por no haber correspondido otorgar al actor la cobertura del seguro social de la Ley N°16.744.

Cuarto: Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social niega haber actuado ilegalmente, afirmando que ha obrado dentro de sus competencias legales, en particular, al calificar una afección como de origen laboral o común, conforme a sus atribuciones fiscalizadoras.

Afirma que, ante la apelación de la Mutual y reclamación de la empleadora, respecto a la resolución que recalificó como de origen laboral el accidente sufrido por el recurrente por violencia laboral tipo 3 y, con base en los nuevos antecedentes acompañados, incluidas declaraciones de los trabajadores involucrados que establecían que el señor nombre reservado había iniciado la agresión física, dictó la resolución recurrida, revocando su decisión anterior y determinando que no correspondía otorgar cobertura del seguro laboral al actor.

Quinto: Que, a su vez, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción evacuó informe y, en síntesis, argumenta que toda su actuación se encuentra regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, institución competente para calificar en última instancia la procedencia de estas prestaciones, habiendo obrado conforme a la normativa y procedimientos legalmente establecidos.

Sexto: Que, conforme al mérito de los antecedentes, se advierte que la actividad realizada por la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó a las normas legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones fiscalizadoras, por cuanto al emitir la decisión que se impugna, obró dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo, concluyendo que no corresponde otorgar al actor la cobertura del seguro contemplado en la Ley N°16.744, Séptimo: Que, de lo expuesto, no se desprende entonces un actuar contrario a derecho, arbitrario o ilegal, que afecte alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, encontrándose la decisión cuestionada de la Superintendencia de Seguridad Social debidamente fundamentada en los antecedentes que señala, por lo que el recurso será desestimado.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el asunto planteado no corresponde sea dilucidado por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, siendo de competencia exclusiva de la Superintendencia de Seguridad Social conocer las resoluciones emitidas por el organismo administrador, tal como lo dispone el artículo 7 de la Ley N°16.744.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido representación de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1146-2025.

En Valparaíso, veintidós de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.