Protección contra Sociedad ATC Suelos

Foja: 272 Doscientos Setenta y Dos Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 14, 50 y 85 comparecen don nombre reservado, por sí; don nombre reservado, como administrador del Condominio Terraverde; y a fojas 85 don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Sociedad ATC Suelos (Sitios) de Chile S.A. representada por don nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, refiriendo que han tomado conocimiento de que la Sociedad mencionada, en su calidad de concesionaria de servicio intermedio de telecomunicaciones y don nombre reservado, en su calidad de propietario del inmueble en que se pretende instalar una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, han ingresado en la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar una solicitud de instalación de una de dichas torres de soporte, la que supuestamente tendría una altura de 18 metros, desde su base, en el interior del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Aducen que la solicitud de instalación de la torre soporte es ilegal por no haber dado cumplimiento a exigencias y requisitos establecidos por la Ley 20.599, de 11 de junio de 2012, modificatoria de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que agregó los artículos 116 bis E, 116 bis F , 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I.

Señalan que los recurridos intentan que su solicitud de instalación sea aprobada por vía del inciso final del artículo 116 bis G de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no obstante que sobrepasaría los 18 metros de altura y, para el evento que así no ocurra, el proceder de las recurridas tampoco resulta ajustado a derecho, por cuanto por indicación del artículo 116 bis G inciso 2°, en relación con la letra e) del artículo 116 bis F, las recurridas han debido acompañar a la solicitud de permiso de instalación, además de otros antecedentes, un comprobante de correos que acredite haberse enviado una comunicación a los propietarios de todos los inmuebles afectados en un radio equivalente al doble de la altura de la torre soporte cuyo permiso de instalación se solicita a fin de que, en cualesquiera de las alternativas antes señaladas, por mayoría simple los propietarios de los referidos inmuebles puedan solicitar a la Dirección de Obras un diseño alternativo para la torre.

Agregan que solo se envió la referida comunicación a los propietarios de algunos de los inmuebles que se encuentran dentro del área referida y, concretamente, que se debe considerar que dentro de la referida circunferencia se ubican espacios comunes, de dominio común, de propiedad de todos los copropietarios del Condominio Terraverde, citando al efecto el artículo 2° de la Ley 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria. Concretamente, expresan que áreas verdes, parte del Club House, parte del sector de recreación de juegos y de piscina, se encuentran dentro de la referida área que abarca la circunferencia del radio equivalente al doble de la altura de la torre soporte proyectada, lo que se infiere del plano de proyecto acompañado a la Dirección de Obras Municipales con la solicitud de permiso de instalación por parte de las recurridas.

Añaden que no se puede pretender que esta obligación se entienda cumplida con la carta enviada a la Junta de Vecinos Los Almendros. Expresan que se han enterado que la postura de la Dirección de Obras Municipales es revisar solamente el envío de las cartas a los propietarios de los inmuebles que figuran dibujados en el plano presentado por la solicitante, no así el contenido de dichas comunicaciones ni fiscalizar si existen otros copropietarios que han debido ser notificados, por la falta de recursos municipales y porque el confuso contenido normativo de las últimas modificaciones legales explicaría este modo de proceder, que deja en absoluta indefensión a los propietarios afectados por una situación como la descrita, por lo que se justificaría el pronunciamiento de esta Ilustrísima Corte frente a los actos y omisiones ilegales denunciados, a fin de que se adopten las medidas necesarias que correspondan para restablecer el imperio del derecho.

Más adelante expresan que “el recurso se interpone, entonces, específicamente, porque las solicitantes han efectuado la solicitud omitiendo notificar a todos los propietarios de todos los inmuebles que se encuentran en la supuesta área afectada por el radio del doble de la altura de la torre de soporte a instalar”.

Como acto ilegal y arbitrario, señalan que éste consiste en la solicitud de permiso de instalación a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar habiendo omitido la referida comunicación, transgrediéndose de esta manera el inciso 2° del artículo 116 bis G, en relación con el artículo 116 bis F, letra e), de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Como derechos constitucionales amagados mencionan los del artículo 19 N° 1 (“El derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona”); 2 (“La igualdad ante la ley….”); y 24 (“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”), refiriendo luego la forma en que estiman se han conculcado los referidos derechos constitucionales.

En la parte petitoria se solicita a esta Ilustrísima Corte que, en definitiva, resuelva que: “1) La solicitud de instalación de torre de antena efectuada por ATC Sitios de Chile S.A. y nombre reservado es ilegal y/o arbitraria, por cuanto omitió informar, previamente, en la forma exigida por la Ley a la totalidad de los propietarios de las (los) inmuebles afectados por dicha torre, conforme al área y al radio señalado en la Ley; 2) Que el permiso de instalación presentado en tales términos debe ser DENEGADO, o quedará sin efecto de pleno derecho de haber sido otorgado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 bis F, letra e) de la LOGU y C; 3) Que se condena en costas a amabas (ambas) recurridas”.

Por resolución de 29 de mayo de 2014, rolante a fojas 36, 84 y 111, se dispuso la acumulación de los tres recursos de protección que han sido mencionados.

A fojas 198, 214 y 230 evacua el correspondiente informe ATC Sitios de Chile S.A., no así don nombre reservado. Sostiene la referida Empresa haber dado cabal cumplimiento a lo que dispone la Ley 20.599 en cuanto a comunicar por carta certificada, con la antelación que la ley dispone, a la Junta de Vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre en un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluida sus antenas y sistemas radiantes, inmuebles singularizados en un plano autorizado por Notario y que la comunicación ha cumplido con las demás exigencias legales.

Agrega que el proceso de tramitación de la solicitud en cuestión no ha terminado y que, si se da cumplimiento a los requisitos que la ley impone para la instalación de una torre soporte de antenas, a cuyo respecto el pronunciamiento corresponde a la respectiva Dirección de Obras Municipales, no puede haber ilegalidad ni arbitrariedad alguna en dicha instalación.

Precisa que la situación en estudio cabe subsumirla en el artículo 116 bis G de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y añade que, sin perjuicio de la notificación por carta certificada a los vecinos y a la respectiva Junta de Vecinos, se efectuó la correspondiente notificación por avisos en un periódico de circulación nacional. Niega que exista acto u omisión que cause privación, perturbación o amenaza en derecho alguno de los recurrentes, expresando que no existe ilegalidad en cuanto a la altura de la torre; que no es procedente efectuar la comunicación aludida a los propietarios de los espacios comunes comprendidos dentro del área ubicada al interior de la tantas veces mencionada circunferencia por cuanto no cuenta con rol para los efectos del impuesto territorial y, por lo mismo, no existe un propietario registrado, de modo que la alegación de los recurrentes constituiría una ampliación de lo que dispone el artículo 116 bis F, letra e) inciso 2°, en el sentido que la referida obligación de comunicación se entiende cumplida por el solo hecho de haberse remitido la respectiva carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para los efectos del impuesto territorial.

Expresa que la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar no realizó observación alguna y, en fin, que el permiso aún no ha sido otorgado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que para los efectos de la acertada resolución del presente recurso cabe destacar que por resolución de 20 de mayo de 2014, rolante a fojas 115, la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar rechazó la solicitud de permiso en cuestión por no cumplir con la indicación del régimen al cual se acoge; discrepancia de la altura de la torre soporte (planos arquitectónicos indican 18 metros y planos estructurales señalan 20 metros); no concordancia con la graficación de alturas y dimensiones de la Ficha Modelo para Palmera de Las Canarias del Catálogo; planos arquitectónicos incompletos, no se indican dimensiones del terreno, no se acompañan planos de la vivienda existente, ni de las instalaciones de los equipos proyectados; se señalan la zona de equipos proyectados en planta anexo a vivienda y en elevaciones primer piso existente, no hay datos en nuestros archivos de permiso de la vivienda existente; y el plano viene firmado por nombre reservado, como Arquitecto, pero fotocopia de título de la Universidad U.C.I.N.F., lo acredita como Licenciado en Arquitectura, motivo por los cuales ordena devolver el expediente a la peticionaria ATC Sitios de Chile S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, por Ordinario 1319/14, de 30 de mayo de 2014 (fojas 124), dirigido por el señor nombre reservado, Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar, al Señor Presidente de esta Ilustrísima Corte, expresa que “entre los antecedentes que adjuntó el interesado se contaban una lámina denominada “Plancheta de Notificación Sitio ID151378”, otra denominada “Plancheta Municipal Sitio ID151378”; un Certificado emitido por Correos de Chile de 23 de Abril de los corrientes; dos comprobantes de Envío de Correspondencia Nros RUT reservado y RUT reservado y tres Planillas respectivas de destinatarios, cuyas copias adjunto. Se hace presente que esta Dirección de Obras adolece de falta de atribuciones legales y, por lo mismo, carece absolutamente de elementos de convicción para determinar la calidad de propietario de los destinatarios que figuran en el despacho de Correos efectuado por el interesado”.

Segundo: Que a fojas 118 y siguientes rola certificado de Correos de Chile respecto del envío de piezas postales con fecha 3 de abril de 2014, que fueron entregadas según planilla que adjunta; y a fojas 267 los recurrentes acompañan diversos certificados de avalúo fiscal que expresan dan cuenta de la efectividad que existe un importante número de copropietarios que no han sido notificados en conformidad a la ley, no obstante encontrarse sus inmuebles dentro de la zona de influencia a que alude el artículo 116 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Tercero: Que, para los efectos de la acertada resolución del presente recurso, esta Corte tiene presente las siguientes consideraciones:

a.- Que, trátese de la situación a que alude el artículo 116 bis F o 116 bis G de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, agregados por la citada Ley 20.599, es requisito de la solicitud de instalación acreditar que se ha enviado por carta certificada, dentro del plazo que en cada caso se prescribe, una comunicación a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre en un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiales, inmuebles que deben ser singularizados en un plano autorizado ante Notario y que, al efecto, se entiende cumplida la obligación por el hecho de haberse remitido la referida carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial. Todo ello a fin de que los referidos propietarios puedan hacer valer los derechos que la ley contempla.

b.- Que, en todo caso, es la Dirección de Obras Municipales respectiva la llamada a otorgar o denegar el correspondiente permiso.

c.- Que, según se ha expresado en la parte expositiva, la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar rechazó la solicitud de permiso y devolvió los antecedentes a la recurrida Sociedad ATC Sitios de Chile S.A., es decir, dictó un acto administrativo terminal, por lo que esta Ilustrísima Corte entiende que si los solicitantes desean perseverar, deberán iniciar un nuevo procedimiento.

d.- Que, examinado el plano que rola a fojas 3 y 4 de autos, efectivamente se advierte, dentro de la tantas veces mencionada circunferencia, un “recinto y área verde común”, aunque sin indicación de rol para los efectos del impuesto territorial.

e.- Que, conforme a la Ley 19.537, Ley de Copropiedad Inmobiliaria, de 16 de diciembre de 1997, y sus modificaciones posteriores, ella regula “un régimen especial de propiedad inmobiliaria, con el objeto de establecer condominios integrados por inmuebles divididos en unidades sobre las cuales se pueda constituir dominio exclusivo a favor de distintos propietarios, manteniendo uno o más bienes en el dominio común de todos ellos” (artículo 1° inciso 1°), agregando el inciso final que “solo las unidades que integran condominios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria que consagra la presente ley podrán pertenecer en dominio exclusivo a distintos propietarios; añade el artículo 2° que “para los efectos de esta ley, se entenderá por: 3.- Bienes de dominio común: c) los terrenos y espacios de dominio común colindantes con una unidad del condominio, diferentes a los señalados en las letras a) y b) precedentes, es decir, “necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como terrenos de dominio común, cimientos, fachadas, muros exteriores y soportantes, estructura, techumbres, instalaciones generales y ductos de calefacción, de aire acondicionado, de energía eléctrica, de alcantarillado, de gas, de agua potable y de sistemas de comunicaciones, recintos de calderas y estanques”, y “aquellos que permitan a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y goce de las unidades de su dominio exclusivo, tales como terreno de dominio común diferentes a los indicados en la letra a) precedente, circulaciones horizontales y verticales, terrazas comunes y aquellas que en todo o parte sirvan de techo a la unidad del piso inferior, dependencias de servicio comunes, oficinas o dependencias destinadas al funcionamiento de la administración y a la habitación del personal”, agregando la letra d) “los bienes muebles o inmuebles destinados permanente al servicio, la recreación y el esparcimiento comunes de los copropietarios”.

Añade el artículo 3 que “cada copropietario será dueño exclusivo de su unidad y comunero en los bienes de dominio común. El derecho que corresponda a cada unidad sobre los bienes de dominio común se determinará en el Reglamento Copropiedad, atendiéndose, para fijarlo, al avalúo fiscal de la respectiva unidad. Los avalúos fiscales de las diversas unidades de un condominio deberán determinarse separadamente.

Por su parte, el Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N° 46, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 17 de junio de 1998), en su artículo 9° reitera que “cada copropietario será dueño exclusivo de su unidad y comunero en los bienes que de acuerdo a la ley y al reglamento de copropiedad son de dominio común. Son bienes de dominio común los señalados en el N° 3 del artículo 2.° de la ley….”.

Cuarto: En consecuencia, manifiesto es que los bienes comunes en el régimen de copropiedad inmobiliaria, cual es el caso de aquéllos a que se alude en los recursos de protección en análisis, sí tienen propietario o , más bien, copropietarios, que corresponden a los dueños exclusivos de las respectivas unidades, o lo que es igual, en las expresiones “los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiales”, cabe incluir tanto a los propietarios exclusivos cuanto a aquéllos que lo son en comunidad, o lo que es igual, que tienen derechos cuotativos, de modo que aunque un espacio común en el régimen de copropiedad inmobiliaria no tenga un rol autónomo registrado en el Servicio de Impuestos Internos para los efectos del impuesto territorial, a fin de que los respectivos copropietarios puedan hacer valer los derechos que la Ley 20.599 les otorga, han de ser notificados, por cierto previa indagación de los correspondientes roles para los efectos del impuesto territorial, lo que los peticionarios de una solicitud de instalación de una torre soporte de antena para servicio de telefonía celular han debido indagar para los efectos de dar cumplimiento a la exigencia legal referida, pues de otro modo resultarían ilusorios los derechos que la citada Ley 20.559 otorga a los copropietarios de un espacio común ubicado dentro de la circunferencia tantas veces mencionada.

Quinto: Que, al margen de las dificultades que la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar aduce a fojas 124 y 126 en el sentido que carecería de atribuciones legales para determinar la identidad y calidad de propietarios de los destinatarios de las cartas avisos remitidas por el interesado, lo cierto es que la ley le entrega la facultad de otorgar o denegar el correspondiente permiso, debiendo ser la resolución favorable si conforme a los antecedentes acompañados la solicitud de instalación de la torre cumple con las disposiciones establecidas en la ley, previo pago de los derechos municipales correspondientes, a cuyo efecto deberá practicar las indagaciones correspondientes a fin de que se de cabal cumplimiento a la comunicación a todos los propietarios y copropietarios de inmuebles comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de las tantas veces mencionada circunferencia.

Sexto: Que, con todo, esta Corte entiende que a estas alturas del proceso de instalación de la torre soporte antena en calle nombre reservado° 1385, Los Almendros, Reñaca, Viña del Mar, la solicitud ha sido rechazada por medio de la correspondiente resolución de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar, de modo que, a lo menos en lo inmediato, no se aprecia cómo los derechos constitucionales mencionados en el recurso puedan encontrarse en situación de privación, perturbación o amenaza, sin perjuicio de que no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal en vigor, lo que es sin perjuicio de que si iniciado un nuevo procedimiento administrativo tendiente a obtener la autorización de instalación de la torre soporte de antenas en calle nombre reservado° 1385 de Viña del Mar, quienes se estimen afectados puedan hacer valer los derechos que el ordenamiento jurídico les otorga.

Séptimo: Que, en mérito de lo anterior y sin perjuicio de las consideraciones de que da cuenta la presente sentencia, el recurso de protección que nos ocupa no puede prosperar.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechazan los recursos deducidos a fojas 14 por don nombre reservado; a fojas 50 por don nombre reservado, en representación del Condominio Terraverde; y a fojas 85 por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Leslie Tomasello Hart.

N°Protección 1143-2014. (Acumuladas Roles N°s. 1164-2014 y 1193-2014)

No firma el Abogado integrante Sr. Leslie Tomasello Hart, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no integrar sala en el día de hoy.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros señora María Angélica Repetto García y Alejandro García Silva y por el abogado integrante señor Leslie Tomasello Hart.

Incluida la presente resolución en el estado diario de hoy.