nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, Se interpone recurso de protección en favor de Don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., debido a que el 5 de enero de 2026 se rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, constituyendo un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El recurrente señala que solicitó ante la AFP ProVida, a través del portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros que se encuentren afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen. Sin embargo, mediante notificación enviada por correo electrónico con fecha 05 de enero de 2026, la recurrida informó que la solicitud fue rechazada argumentando que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumpliría con los requisitos exigidos por la normativa vigente, por no tratarse de un certificado de afiliación emitido por embajada o consulado, no encontrarse apostillado y/o legalizado y señalar genéricamente su cobertura. El recurrente sostiene que la constancia acompañada es el documento idóneo al ser verificable mediante código electrónico en la página oficial del IVSS, además de documentos notariados y apostillados.

Agrega que la decisión de la recurrida constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa aplicable, toda vez que la ley únicamente exige acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisitos que en su caso se cumplen plenamente. Asimismo, sostiene que actualmente resulta prácticamente imposible obtener certificados emitidos por representaciones diplomáticas venezolanas en Chile debido a la inexistencia de relaciones consulares efectivas, por lo que exigir tales documentos implica incorporar requisitos no contemplados en la ley, configurándose así un actuar arbitrario e ilegal que le impide disponer de sus propios fondos previsionales.

Solicita que se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, ordenando a la recurrida reconocer la validez de los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y permitir la devolución de los fondos previsionales del recurrente.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, debido a que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, toda vez que lo pretendido por el recurrente supone determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para el retiro de fondos previsionales por técnicos extranjeros, cuestión que requiere un análisis de antecedentes y prueba propia de un procedimiento de lato conocimiento y no de la sede cautelar.

Asimismo, señala que el actuar de la administradora no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. En efecto, la solicitud de devolución de fondos presentada por el recurrente fue rechazada con fecha 5 de enero de 2026, por cuanto la documentación acompañada consistente en una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no permite acreditar de manera suficiente que el actor contó efectivamente con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, ni cumple con los requisitos formales de certificación y legalización exigidos por la normativa aplicable.

Agrega que, conforme a la Ley N°18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, la devolución de fondos previsionales constituye una excepción al régimen general del Decreto Ley N°3.500, por lo que su procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos legales, los que deben acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada y que indique expresamente la cobertura previsional del afiliado, condiciones que no se verifican en el presente caso.

En consecuencia, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario ni vulneración de garantías constitucionales, por cuanto la decisión adoptada por la administradora se limita a aplicar la legislación vigente y las instrucciones de la autoridad fiscalizadora. Por ello, solicita a esta Ilustrísima Corte rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 11, informa la Superintendencia de Pensiones, indicando que el recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción, por lo que no existen antecedentes administrativos previos relacionados con la controversia planteada.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que permite a ciertos trabajadores extranjeros eximirse de cotizar o solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que acrediten copulativamente encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifiesten en su contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación, debiendo dicha cobertura acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente y debidamente legalizada o apostillada.

Finalmente, señala que los antecedentes acompañados por el recurrente consistentes en una constancia electrónica del IVSS y una declaración jurada no constituyen documentos idóneos para acreditar la cobertura previsional exigida, por carecer de firma, legalización o apostilla y por no indicar de manera específica las coberturas ni el período de protección, agregando que en un caso similar esta Corte de Apelaciones ha estimado que no resulta ilegal ni arbitrario exigir el cumplimiento de los requisitos formales para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Se ordeno traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., comunicada mediante correo electrónico de 5 de enero de 2026, por la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no sería idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, carecer de firma y no consignar cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; acto que, a su entender, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida ha sostenido que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que la Superintendencia de Pensiones, al evacuar informe en estos autos, precisó que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señaló que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que el recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, del mérito de autos se desprende que el documento acompañado por el recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado, carece de firma autorizada y no consigna de manera específica las coberturas ni el período de protección previsional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1133-2026.