nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
- Fecha
- 27 de febrero de 2026
- Sala
- Quinta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1127-2026, sentencia de 27 de febrero de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra la AFP Cuprum: el rechazo de la devolución de fondos previsionales no es ilegal ni arbitrario, pues la constancia del IVSS carece de firma autorizada y de apostilla o legalización.
Texto íntegro
C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.
Vistos:
A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana y técnico profesional, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos de capitalización individual amparada en la Ley N° 18.156. Señala que, mediante comunicación de 19 de enero de 2026, la Administradora rechazó dicha petición argumentando que no se acreditó cobertura de seguridad social en el extranjero que incluya prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad, además de exigir que la documentación se encuentre debidamente apostillada.
Argumenta que el rechazo constituye una interpretación formalista y restrictiva de la norma, puesto que la recurrente acompañó contrato de trabajo, anexo, título profesional apostillado y una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sostiene que este último documento es plenamente válido y verificable en línea mediante un código de validación, por lo que no cabe desconocer la protección que brinda el sistema de su país de origen. Asevera que la recurrida establece requisitos adicionales a los previstos por el legislador, vulnerando la igualdad ante la ley al otorgar tratos dispares a solicitantes en iguales condiciones. Aduce que se afecta el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales, los cuales forman parte del patrimonio de la actora. Cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción que respalda la suficiencia de la documentación electrónica para acreditar los requisitos de la Ley N° 18.156.
Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho dentro de quinto día.
A folio 6, evacúa informe doña nombre reservado, jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Indica que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de ser técnico extranjero, estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile con cobertura en vejez, invalidez, muerte y enfermedad, y manifestar voluntad de mantener dicha afiliación. Refiere que la jurisprudencia administrativa del organismo exige que la cobertura de salud sea integral (médica y pecuniaria) y cubra todo el periodo de servicios en Chile. Sostiene que la declaración jurada no es idónea para probar cobertura y que el certificado del IVSS presentado carece de apostilla o legalización, requisito esencial para que documentos extranjeros surtan efectos en Chile según el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que ratifica la legalidad de exigir apostilla. Finalmente pide el rechazo de la acción.
A folio 7, evacúa informe la abogada Arantxa Jesús Vásquez Ascorra, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. Alega la improcedencia de la acción por no existir derechos indubitados y ser una materia de carácter técnico que debe resolverse ante la Superintendencia de Pensiones. En cuanto al fondo, afirma que el actuar de la AFP se ajusta estrictamente a la legalidad y a las instrucciones del ente regulador. Señala que la recurrente no acreditó que la cobertura en el extranjero fuera integral respecto a la contingencia de enfermedad ni acompañó la documentación debidamente legalizada o apostillada. Argumenta que la legalización es una formalidad obligatoria para otorgar autenticidad a instrumentos públicos extranjeros. Menciona que el rechazo no es caprichoso, sino que responde al incumplimiento de requisitos normativos y cita fallos recientes de diversas Cortes del país que confirman este criterio. Finalmente pide el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.
A folio 8, se ordena traer los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente bajo la Ley N° 18.156, solicitando que se deje sin efecto dicho acto administrativo, se reconozca la validez de los antecedentes presentados y se proceda a la restitución de los dineros acumulados en su cuenta de capitalización individual.
Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la Ley N° 18.156 es de excepción y exige acreditar específicamente cobertura integral de salud y presentar documentos apostillados, requisitos que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no satisface al no detallar prestaciones ni contar con legalización. Por su parte, la AFP Cuprum sostiene la legalidad del rechazo basándose en que la recurrente no probó estar cubierta por todos los riesgos legales durante su estadía en Chile ni acompañó instrumentos públicos conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, ajustándose el actuar de la administradora a las instrucciones vinculantes del órgano fiscalizador y a la jurisprudencia vigente de los tribunales superiores de justicia.
Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”
Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”
Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de nueve de enero de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.
Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.
Séptimo: Que, por lo demás, la recurrente registra domicilio y actividad laboral en Chile, circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad que impide tener por acreditado fehacientemente el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156 en los términos de exclusividad que la exención supone.
Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.
Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.
N°Protección-1127-2026.