nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado , deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. , representada por nombre reservado , por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjeros , lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, médico de nacionalidad ecuatoriana, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. Menciona que mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2026, la AFP informó el rechazo de su solicitud, argumentando que su vínculo jurídico se sustentó en un decreto de nombramiento en un organismo público, que el certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no acreditaba cobertura real y continua durante su desempeño en Chile y que dicho documento fue emitido con fecha posterior al término de la relación laboral.

Sostiene que la recurrida realiza una interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros. Alega que la jurisprudencia de los tribunales superiores ha establecido que la exención no debe constreñirse únicamente a contratos regidos por el Código del Trabajo, siendo aplicable también a quienes prestan servicios en el sector público bajo estatutos especiales. Afirma que la recurrente dio íntegro cumplimiento a los requisitos legales, acompañando su título profesional, contrato, anexo y constancia de afiliación en su país de origen. Añade que el actuar de la AFP constituye una discriminación arbitraria respecto de otros solicitantes en iguales condiciones y una afectación al derecho de propiedad sobre sus fondos.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto el recurso, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho en un plazo de 5 días.

A folio 5, evacúa informe nombre reservado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A..

Indica que la solicitud de la recurrente fue rechazada por no cumplir con los requisitos copulativos de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Aduce que, respecto a la afiliación extranjera, el certificado acompañado indica que el régimen se encuentra vigente solo desde diciembre de 2025, mientras que la recurrente prestó servicios en Chile entre noviembre de 2022 y diciembre de 2025, no acreditando así cobertura previa y continua. Arguye que, en cuanto al empleador, la actora se desempeñó en el Hospital Clínico San Borja Arriarán mediante decreto de nombramiento, vínculo que la normativa administrativa excluye expresamente de este beneficio por tratarse de un estatuto especial del sector público y no del Código del Trabajo. Menciona que su actuación no es ilegal ni arbitraria, pues se ajusta a las instrucciones obligatorias del órgano regulador. Sostiene que la acción de protección no es la vía idónea, por tratarse de un acto administrativo subsanable.

Finalmente pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 9, evacúa informe nombre reservado en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que tras revisar los antecedentes de la afiliada, se verificó la procedencia del rechazo efectuado por la AFP. Argumenta que la relación laboral de la recurrente estaba sujeta a un estatuto especial del sector público, naturaleza jurídica que impide asimilar el vínculo a un contrato de trabajo para efectos de la Ley N° 18.156. Señala que esta interpretación restrictiva ha sido jurisprudencia administrativa reiterada de la institución. Asevera que el certificado del IESS de Ecuador presenta deficiencias formales, pues carece de firma autorizada y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado. Sostiene que, en lo sustantivo, el documento no acredita cobertura durante la vigencia de la relación laboral en Chile, ya que la afiliación en Ecuador se reanudó recién en diciembre de 2025 tras un cese en 2014. Menciona que el certificado emitido por el hospital no constituye un contrato de trabajo idóneo para acreditar la voluntad del trabajador según exige la ley.

Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado por el tribunal.

A folio 11, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en estos autos se impugna la decisión de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., notificada a la recurrente el día veintiuno de enero de dos mil veintiséis, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo la actora haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que la recurrente no resulta susceptible de retirar fondos al amparo de la citada ley, toda vez que su relación laboral se encontraba sujeta a un estatuto especial propio del sector público. Asimismo, refiere que el Certificado de Prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social carece de firma autorizada, no está apostillado y muestra una vigencia iniciada recién en diciembre de 2025, en circunstancias que la recurrente prestó servicios en Chile desde noviembre de 2022 hasta diciembre de 2025. A su vez, AFP Planvital S.A. sostiene que la documentación es inidónea, pues la afiliación extranjera debe existir con anterioridad al inicio de los servicios en el país y la Ley N° 18.156 no es aplicable al personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el Certificado de Prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. Además, en el ámbito sustantivo, el documento no permite verificar que la afiliada haya estado incorporada al régimen extranjero durante la vigencia de la relación laboral en Chile, ya que su última afiliación data de 2014 y se reanudó recién en diciembre de 2025. En tal sentido, el cumplimiento de los requisitos legales debe ser previo y continuo, lo que no se verifica en la especie.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que ha circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa, sin que se configure vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Noveno: Que, habiéndose determinado la falta de idoneidad formal de la certificación de seguridad social extranjera por la ausencia de apostilla, y considerando que este es un requisito esencial y copulativo para la procedencia del retiro, esta Corte estima que no resulta necesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones de fondo vertidas en el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1126-2026.