nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156, comunicado el 15 de enero de 2026.

Expone que el recurrente solicitó ante la AFP recurrida, la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjero y acompañando antecedentes destinados a acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social en Venezuela y su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que la Administradora rechazó la solicitud N°10868, indicando que no se acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que acreditara afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, con prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada. Agrega que, además, se reprochó que el anexo acompañado contendría una doble manifestación de voluntad, al señalar que el afiliado mantendría afiliación a un sistema previsional extranjero y, a la vez, cotizaría en el sistema previsional chileno.

Sostiene que dicho rechazo sería ilegal y arbitrario, porque del contrato y sus anexos se desprendería de manera clara e inequívoca la voluntad del actor de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero, sin que el pago de cotizaciones en Chile pueda interpretarse como una renuncia a dicho régimen, sino como cumplimiento de obligaciones legales del empleador y como presupuesto para solicitar posteriormente la devolución.

En cuanto a la afiliación previsional extranjera, afirma que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales puede verificarse en línea mediante código de validación y también a través de la cédula de identidad venezolana del actor, por lo que la AFP habría omitido utilizar medios disponibles para constatar su autenticidad. Añade que, si aquello no se estimare suficiente, acompañó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada.

Reclama que la recurrida incorpora exigencias no previstas expresamente en la Ley N°18.156, particularmente la apostilla o legalización de la constancia electrónica, y que tal exigencia sería desproporcionada atendidas las dificultades que afectarían a los nacionales venezolanos para obtener ciertos documentos.

Afirma que la actuación de las recurridas vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por impedirle disponer de fondos que estima de su propiedad y exigirle requisitos que, a su juicio, no se aplicarían en otros casos.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 13 de enero de 2026 el recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la que fue rechazada por estimar que la documentación acompañada no cumple los requisitos concurrentes exigidos por la normativa vigente.

En cuanto a la acreditación de afiliación previsional extranjera, señala que el actor acompañó una declaración jurada y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, documentos que no resultarían idóneos. Respecto de la primera, sostiene que se trata de una manifestación unilateral del propio interesado, que no emana de la autoridad previsional competente del país de origen. En relación con la constancia electrónica del IVSS, afirma que carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada y no acredita cobertura real y efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, limitándose a indicar semanas cotizadas y a efectuar una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana.

Añade que tampoco se cumple el requisito relativo a la manifestación de voluntad, pues el anexo de contrato de 12 de octubre de 2021 contendría declaraciones contradictorias: por una parte, la intención de mantener afiliación previsional extranjera y, por otra, el acuerdo de que el empleador continuaría reteniendo y descontando cotizaciones previsionales en Chile durante toda la relación laboral. A juicio de la AFP, ello configura una doble manifestación incompatible, que impide acceder al beneficio.

Sostiene que su actuación se ajustó a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, cuyas instrucciones son obligatorias para las administradoras. Agrega que la ley citada constituye un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, por lo que sólo procede acceder a la devolución cuando se acreditan íntegramente los requisitos legales.

Finalmente, indica que el rechazo no priva al actor de la propiedad sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para los fines previsionales del D.L. N°3.500, ni constituye una decisión definitiva, pues el afiliado puede subsanar los antecedentes y presentar una nueva solicitud. Por ello, concluye que no existe acto ilegal o arbitrario ni vulneración de las garantías invocadas.

A folio 12, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso.

Como cuestión previa, sostiene que la materia excede el ámbito del recurso de protección, por no existir un derecho indubitado, desde que se discute el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales.

En cuanto al caso concreto, indica que el recurrente registra un reclamo administrativo previo ante ese organismo, presentado el 30 de septiembre de 2024, relacionado con una solicitud anterior de retiro de fondos, en que se cuestionaban observaciones formuladas por la AFP respecto del anexo de contrato, la apostilla del título universitario y la validación del documento de afiliación al IVSS.

Señala que la solicitud ahora reclamada fue rechazada porque no se acompañó un certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, debidamente apostillada o legalizada, que acreditara cobertura previsional extranjera por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Agrega que también se objetó el anexo contractual, por contener una doble manifestación de voluntad: mantener afiliación previsional extranjera y, al mismo tiempo, cotizar en el sistema chileno.

Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, sostiene que solo da cuenta de semanas cotizadas, primera fecha de afiliación y estatus de asegurado cesante, además de transcribir genéricamente el artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana. Precisa que dicho documento carece de firma autorizada, no se encuentra legalizado ni apostillado y que el código de verificación electrónica no reemplaza las exigencias de autenticidad de los documentos públicos extranjeros.

Añade que, aun prescindiendo de ese reparo formal, el documento tampoco acredita sustantivamente una cobertura efectiva, específica y continua durante todo el período trabajado en Chile, especialmente en lo relativo a prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

En cuanto al anexo de contrato de 12 de octubre de 2021, celebrado con Servicios Amazon Web Services Chile Ltda., señala que contiene declaraciones contradictorias, pues el trabajador manifiesta su intención de mantenerse afiliado a un sistema previsional extranjero, pero en el mismo instrumento se pacta que el empleador continuará reteniendo y enterando cotizaciones previsionales en Chile durante toda la relación laboral, con el objeto de permitir el retiro posterior de los fondos acumulados.

Expone que, conforme a su jurisprudencia administrativa, cuando coexisten ambas declaraciones no se cumple el requisito de voluntad inequívoca previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, debiendo primar la regla general de cotización en el país donde se prestan servicios.

Finalmente, hace presente que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo que -según sostiene- resulta relevante al analizar la procedencia del retiro excepcional, por el eventual impacto futuro en el sistema previsional chileno. Concluye que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario, pues no se ha pronunciado sobre la solicitud objeto de autos, y que no existe privación, perturbación o amenaza de las garantías invocadas.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de ingeniero en informática, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo el 9 de marzo de 2020 con Servicios Amazon Web Services Chile Limitada, de carácter indefinido, para desempeñarse como AWS Entrenador técnico de Servicios Amazon Web Services Chile Limitada, estableciéndose en la cláusula quinta que el trabajador declara y deja constancia que se afiliará al sistema previsional chileno.

3° Mediante anexo de 12 de octubre de 2021, las partes declaran que, sin perjuicio de que el contrato de trabajo entre las partes está sujeto a la legislación chilena, el trabajador declara su intención de mantener su afiliación a un sistema previsional extranjero. En particular, acuerdan que el empleador continuará reteniendo y descontando todas las cotizaciones previsionales correspondientes por el periodo completo de la relación laboral con nombre reservado y que el propósito de dicho anexo es permitir que el trabajador tenga derecho a retirar los fondos de pensiones depositados en su Administradora de Fondo de Pensiones una vez que la relación termine.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en no haber acompañado certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el periodo de prestación de servicios en el país, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y porque el anexo acompañado señala que el afiliado mantendrá afiliación a un sistema previsional extranjero y que, además, cotizará en el sistema previsional chileno, produciéndose con ello una doble manifestación de voluntad.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerada como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. y la Superintendencia de Seguridad Social.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1123-2026.