nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente solicitó, la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjero y acompañando antecedentes destinados a acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen, así como su voluntad de mantener dicha afiliación, sin embargo, el 27 de enero de 2026, su solicitud fue rechazada. Estima que dicho rechazo es ilegal y arbitrario, por cuanto habría acompañado antecedentes suficientes para acreditar los requisitos de la Ley N°18.156, entre ellos título profesional apostillado, contratos y anexos laborales, constancia de afiliación expedida por el Consulado de Venezuela y legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, además de constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Afirma que el obrar de la recurrida se configuraría como ilegal y arbitrario al exigir formalidades adicionales no contempladas en la Ley N° 18.156, particularmente al desconocer valor a la constancia de afiliación y a la constancia electrónica de cotizaciones, pese a que esta última puede ser verificada en línea mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Añade que la recurrida habría omitido realizar dicha verificación, descartando sin fundamento suficiente los documentos acompañados.

Reclama que la recurrida habría efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desatendiendo la finalidad de la Ley N° 18.156, sin considerar que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, de modo que exigir nuevos certificados o apostillas constituiría una carga imposible de cumplir.

Concluye que la actuación de la AFP Provida S.A. vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual mediante la imposición de exigencias no previstas en la ley y a través de una decisión carente de razonabilidad y debida fundamentación.

Solicita, en definitiva, que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud y efectuar la devolución de sus fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

A folio 6 y 12, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Como cuestión previa, hace presente que el recurrente ya habría interpuesto anteriormente, el 14 de noviembre de 2025, un recurso de protección en contra de dicha administradora por los mismos hechos, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, ingresado bajo el Rol N°24.676-2025, el que fue declarado inadmisible por resolución de 18 de noviembre de 2025, decisión que, según indica, fue confirmada por la Excma. Corte Suprema el 26 de diciembre de 2025.

En cuanto al fondo, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento, desde que no existiría un derecho indubitado, sino una discusión relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 para obtener la devolución de fondos previsionales.

Expone que rechazó la solicitud del recurrente porque la documentación acompañada no cumplía con las exigencias legales y administrativas para acreditar cobertura previsional en el extranjero. Señala, en particular, que el actor acompañó una constancia de cotización sin firma y una constancia de afiliación vencida. Respecto de esta última, indica que no sirve para acreditar cobertura durante toda la relación laboral, por cuanto fue emitida el 16 de noviembre de 2022 y, según la jurisprudencia administrativa invocada, los certificados de afiliación con vigencia de 120 días carecen de valor si se presentan una vez expirado dicho plazo. Añade que la constancia electrónica tampoco sería idónea, pues no se encuentra legalizada ni apostillada, no está firmada por su emisor y no consigna en forma específica que el trabajador contó efectivamente con cobertura por todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que las declaraciones juradas otorgadas por el propio afiliado, aun cuando hayan sido certificadas ante notario, no constituyen medios idóneos para acreditar la cobertura previsional exigida, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Asimismo, sostiene que el contrato de trabajo acompañado consignaría inicialmente afiliación al sistema previsional chileno, y que sólo en un anexo posterior, de 31 de agosto de 2025, el actor habría manifestado su voluntad de mantenerse afiliado a un régimen extranjero, lo que califica como una manifestación extemporánea y contradictoria con la regla general de cotizar en Chile, razón por la cual tampoco se cumpliría el requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Finalmente, señala que el recurrente cuenta con residencia permanente en Chile y que, conforme al criterio administrativo y judicial que cita, las exigencias formuladas por su parte encuentran sustento en la ley y en las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de modo que no existiría actuación ilegal o arbitraria ni afectación de las garantías constitucionales invocadas.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Señala que, conforme a la legislación previsional chilena, la regla general es la obligación de cotizar en Chile, siendo la devolución de fondos contemplada en la Ley N°18.156 un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que sólo procede si se acreditan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley. En particular, expone que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, que dé cuenta específica de la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

En relación con este caso, indica que la constancia de afiliación al IVSS acompañada por el actor, aun cuando fue legalizada, tenía vigencia de 120 días y se encontraba vencida al tiempo de presentarse la solicitud de retiro; y que la constancia electrónica de cotizaciones tampoco resulta idónea, por no estar firmada ni apostillada o legalizada, y por limitarse a consignar en forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar específicamente la cobertura exigida durante el período trabajado en Chile. Añade que, por ello, no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución solicitada.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante la presente acción constitucional, nombre reservado recurre en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., reprochando el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156. Sostiene, en síntesis, que cumple los requisitos previstos en dicho cuerpo legal, por cuanto acompañó antecedentes destinados a acreditar su calidad profesional, su afiliación a un régimen previsional en su país de origen y su voluntad de mantener dicha afiliación, de modo que la negativa de la recurrida importaría la imposición de exigencias no contempladas en la ley, vulnerando con ello sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Segundo: Que, al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. solicita el rechazo del recurso. Como cuestión previa, hace presente que el actor ya habría interpuesto anteriormente otro recurso de protección por los mismos hechos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue declarado inadmisible, resolución confirmada por la Excma. Corte Suprema. En cuanto al fondo, sostiene que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver esta controversia, por no existir un derecho indubitado, y agrega que su decisión se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, desde que la documentación acompañada por el recurrente no satisface las exigencias de la Ley N°18.156 ni de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, al no acreditar en forma suficiente la existencia de cobertura previsional en el extranjero durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que los antecedentes acompañados por el actor no resultan idóneos para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, por cuanto la constancia de cotizaciones presentada no se encontraría firmada, legalizada ni apostillada, no consignaría en forma específica cobertura por los riesgos exigidos por la ley y no permitiría establecer que dicha cobertura se mantuvo durante toda la relación laboral desarrollada en Chile. Añade que la constancia de afiliación acompañada se hallaba vencida al tiempo de formular la solicitud, que la declaración jurada otorgada por el propio afiliado no emana de la autoridad previsional competente del país de origen y que, además, la voluntad de mantener afiliación extranjera habría sido manifestada solo en un anexo posterior al contrato de trabajo, de manera extemporánea y contradictoria con la afiliación al sistema previsional chileno.

Cuarto: Que, el artículo 7º de la Ley N°18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”. A su turno, el citado artículo 1° dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los á riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Quinto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la AFP recurrida no ha incurrido en acto ilegal y/o arbitrario alguno, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa aplicable al caso. En efecto, la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no permite acreditar que el recurrente se encontrara efectivamente protegido por el sistema de seguridad social de su país de origen durante el período en que enteró las cotizaciones previsionales cuya devolución pretende, desde que dicho instrumento no se encuentra suscrito por la autoridad emisora, no ha sido legalizado ni apostillado y, además, no consigna de manera específica que el trabajador contó con cobertura por todos los riesgos exigidos por la Ley N°18.156 durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, limitándose a una referencia general al sistema previsional venezolano.

Asimismo, la denominada constancia de afiliación legalizada tampoco resulta idónea para esos efectos, pues no emana propiamente de la autoridad previsional competente, sino que contiene, en lo sustancial, una declaración jurada del propio actor, posteriormente ratificada por la Consejera en Comisión encargada de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y no una certificación expedida por el organismo previsional llamado a dar fe de la cobertura exigida por la ley. A ello se suma que dicho documento fue emitido el 16 de noviembre de 2022, con vigencia limitada, por lo que se encontraba vencido a la época de presentación de la solicitud de retiro de fondos.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero. Del mismo modo, la declaración jurada otorgada por el propio recurrente tampoco constituye el medio idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Sexto: Que, tampoco ha acreditado ante esta Corte el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile. En efecto, de los antecedentes acompañados aparece que el contrato de trabajo consignó inicialmente la afiliación del actor al sistema previsional chileno, siendo sólo mediante un anexo posterior, de 31 de agosto de 2025, que aquél manifestó su voluntad de mantenerse afiliado a un régimen extranjero, lo que resulta extemporáneo para los fines previstos en la normativa especial invocada. De esta forma, no se advierte una manifestación oportuna, clara e inequívoca en los términos exigidos por la ley, sino una declaración posterior que contradice lo pactado inicialmente y que impide tener por concurrente este requisito copulativo.

Séptimo: Que, en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar la existencia del impedimento, como también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que el recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal, y tal es así, que, en innumerables recursos presentados por nacionales de Venezuela ante esta Corte, se presentan documentos debidamente apostillados.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal y/o arbitraria la decisión ni sus fundamentos, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1120-2026.

En Valparaíso, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.