nombre reservado con INSTITUTO PREVISIÓN SOCIAL
- Fecha
- 30 de abril de 2025
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1118-2025, sentencia de 30 de abril de 2025
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Instituto de Previsión Social por la negativa a otorgar pensión de vejez y desahucio, al no existir derecho indubitado ni acto terminal, pues la solicitud sigue pendiente ante la recurrida.
Texto íntegro
Llg C.A. de Valparaíso.
Valparaíso, treinta de abril de dos mil veinticinco.
Visto:
A folio 1, comparece don nombre reservado, Piloto Primero de la Marina Mercante Nacional, quien interpone recurso de protección en contra de don Juan José Cárcamo Hemmelmann en su calidad de Director Nacional del Instituto de Previsión Social, de don nombre reservado en su calidad de Director Regional de Valparaíso del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Previsión Social (IPS), por haber negado otorgarle su pensión de vejez y desahucio correspondiente como afiliado de la Ex Caja de la Marina Mercante Nacional (nombre reservado), actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.
Expone que el Instituto de Previsión Social se niega a otorgarle su pensión de vejez y desahucio acorde a su calidad de imponente de la Ex Caja de la Marina Mercante Nacional, pese a poseer todos los requisitos necesarios conforme a la Ley N°6037 de 1944 y el D.S. N°606 de 1944 de Salubridad. Señala que dicha negación arbitraria le ha causado un enorme daño psicológico y económico, habiendo transcurrido once meses desde la presentación de su solicitud sin recibir respuesta favorable.
Indica que, durante dos años el IPS recibió la declaración y pago de sus imposiciones por parte del empleador Master Tec Chile Ltda., sin objetar la calidad del empleador ni manifestarle objeción alguna por cotizar en el código 1 "RÉGIMEN GENERAL" de la Ex Caja nombre reservado, propio de oficiales mercantes.
Añade que, previo a solicitar su pensión, el 29 de marzo de 2022 presentó una carta solicitando al IPS corrigiera sus datos sobre el tiempo imponible y que acompaña, ya que el IPS registraba solo 36 años, 3 meses y 12 días de imposiciones, mientras que en realidad cotizó durante más de 42 años en la ex Caja nombre reservado.
Manifiesta que, luego, el 30 de abril de 2024 presentó su solicitud de pensión y desahucio, Código 2808517207, consultando reiteradamente sobre el estado del trámite, tanto telefónica como presencialmente en la plataforma del IPS Valparaíso, siempre recibiendo respuestas dilatorias.
Refiere que, en ese contexto, el 14 de enero pasado, recibió la Notificación N°10 de 30 de diciembre de 2024, que no daba lugar a su solicitud de pensión y desahucio, argumentando tres razones que el recurrente considera arbitrarias y desprovistas de sustento legal. Ante esta situación, presentó con fecha 22 de enero de 2025 una primera carta de reconsideración, luego una segunda carta de 5 de febrero de 2025, y finalmente una tercera carta de 7 de febrero de 2025 dirigida al Director Nacional del IPS, sin recibir respuesta a ninguna de ellas.
Según señala el recurrente, el hecho fundante del presente recurso radica en la Resolución Exenta D.R. N°00035 de 4 de marzo de 2025, que contiene aberrantes contradicciones y falsedades. Entre ellas, destaca que el recurrido modificó el giro de la empresa Master Tec Chile Ltda., ignorando que se trata de una maestranza dedicada a la mantención y reparación de naves, calificándola como una empresa que no pertenece al rubro marítimo. Asimismo, alega que el recurrido citó el artículo 3° transitorio de la ley N°6.037 de manera antojadiza, aplicándolo incorrectamente a su caso, cuando dicho artículo sólo es aplicable a empleados no oficiales.
Argumenta que tanto el Director Nacional como el Director Regional del IPS han incumplido sus funciones legales establecidas en el D.L. N°17 de 1989, permitiendo y ejecutando actos que vulneran su derecho a la igualdad ante la ley. Agrega que ambos recurridos podrían haber incurrido en los delitos tipificados en los artículos 256 y 257 del Código Penal, esto es, negación o retardo de protección o servicio, y en el delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 228 del mismo cuerpo legal.
Además, alega que el Instituto de Previsión Social, como institución pública, debe cumplir con los objetivos establecidos en el Art. 2 del D.L. N°17 de 1989, particularmente administrar los regímenes de prestaciones que tenían a su cargo las Ex cajas de previsión, entre ellas, la nombre reservado. Sin embargo, éste no ha contabilizado correctamente las cotizaciones de sus afiliados, habiéndose detectado errores que significan imposiciones de 6 años y 4 meses no registradas a su nombre pese a estar declaradas y pagadas por su empleador, la Empresa Marítima S.A.
Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene: 1) Suspender los efectos de la Notificación N°10 de 30/12/24 de Jefa de Plataforma I.P.S. Valparaíso; 2) Suspender los efectos de la Resolución Exenta N°00035 de 04/03/25 de la Dirección Regional Valparaíso del IPS; 3) Tramitar con suma urgencia la solicitud de pensión de vejez y desahucio presentada por el recurrente con fecha 30/04/24, código 2808517207; 4) Presentar un informe en derecho referido a las cartas de reconsideración presentadas por el recurrente; y 5) Emitir un certificado de imposiciones que contenga las cotizaciones de los 6 años y 4 meses no contabilizados por el IPS.
Acompaña documentos a su recurso.
A folio 14, compareció Sergio Mauricio Basáez Toledo, abogado, en representación de los recurridos, Instituto De Previsión Social, del Director Nacional del IPS, don Juan José Cárcamo Hemmelmann, y del Director Regional Valparaíso del IPS, don nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción, con costas.
En primer término, sostiene que el recurso de protección es improcedente en el caso de autos, toda vez que, de acuerdo al artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, es el Juzgado del Trabajo el competente para conocer de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social, no siendo la vía idónea por tratarse de un asunto de lato conocimiento.
Luego, alega que no existe un acto administrativo terminal ejecutoriado susceptible de impugnación, pues al interponerse el recurso estaba pendiente la declaración del Sr. nombre reservado previa al traspaso de sus cotizaciones de Ex Caja nombre reservado a ex Caja EMPART. El IPS Valparaíso, mediante Ord. SDPP N° 00221 (25/03/2025), ordenó otorgarle audiencia previa conforme a los principios de bilateralidad y contradictoriedad, tratándose solo de un acto administrativo intermedio no impugnable mediante esta acción cautelar.
En tercer lugar, afirma que las materias de seguridad social están fuera del ámbito de la acción de protección y que, aunque el recurrente no invoca explícitamente la garantía del artículo 19 N°18 de la Constitución, el conflicto está directamente a ella.
En cuanto al fondo del asunto, niega la existencia de un acto arbitrario e ilegal, argumentando que el IPS ha actuado dentro de sus competencias legales y fundamenta su posición en que, por disposición legal (DL N°3.502, Ley N°18.689 y Ley N°20.255), el Instituto de Previsión Social es la entidad encargada de tramitar y conceder las pensiones del antiguo sistema de reparto, incluidas las de la Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (nombre reservado). Al respecto, precisa que, conforme al artículo 22 del Decreto Supremo N°606, Ley Orgánica de nombre reservado, el derecho a pensión de vejez requiere que el hecho impositivo tenga su origen en una relación laboral efectiva con un empleador marítimo, ya que, en el antiguo Sistema Previsional, específicamente en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, no existe la figura del imponente voluntario.
Indica que, según el Informe de Fiscalización N°792 de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, la empresa "MÁSTER TEC. CHILE LTDA.", último empleador del recurrente no puede ser considerada como empleador marítimo, pues dicha empresa está dedicada "a la mantención y reparación de equipos navieros (maestranza), no posee embarcaciones" y "De acuerdo a lo señalado anteriormente por la empresa, en la cual declaran que no tienen naves, el empleador no puede ser considerado como empleador marítimo". En este sentido, la recurrida destaca que, conforme al artículo 23 del DFL N°2 de 1967, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo constituyen presunción legal de veracidad.
Añade que no es el IPS quien fiscaliza la existencia o no de la relación laboral ni la naturaleza jurídica del empleador para efectos previsionales, sino la Inspección del Trabajo, entidad externa al IPS, con personería y patrimonio propio. Por tanto, sostiene que el IPS ha actuado conforme a derecho al comunicar al recurrente que se procederá al traspaso de sus imposiciones a ex Caja EMPART por los períodos registrados con dicho empleador en el período comprendido entre el 01/04/2022 y el 31/03/2024.
Respecto a la alegada vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, la recurrida niega tal transgresión, argumentando que el IPS se ha limitado a aplicar la legislación vigente, específicamente el artículo 3° transitorio del D.S. N°606, que establece que para seguir siendo imponente de nombre reservado, el recurrente debió ejercer su derecho dentro de los 6 meses siguientes a su contratación con el empleador no marítimo, lo que no hizo. Además, reitera que aún se encuentra pendiente la declaración del Sr. nombre reservado, por lo que el acto administrativo no está ejecutoriado, y por ende, no existiría vulneración del principio de igualdad ante la ley.
Finalmente, para el evento improbable de que se acoja la acción, la recurrida estima improcedente la condena en costas, por tratarse de una entidad de derecho público sin fines de lucro, que goza de privilegio de pobreza conforme al artículo 183 del decreto N°615, en relación al decreto ley 3.502 y al artículo 54 de la Ley 20.255.
Acompaña documentos a su informe.
A folio 16, el recurrido Instituto De Previsión Social, acompañó documentos.
1.- Solicitud de Beneficios Previsionales presentada por el Sr. nombre reservado con fecha 30-04-2024.
2.- Consulta Tributaria Terceros SII correspondiente a empleador Master Chec Chile Ltda. RUT RUT reservado
3.- Ord. IPS D.R. Valparaíso N° 00091 a Inspección del Trabajo Valparaíso.
4.- Oficio Ordinario N° 501-37677-2024 de Inspección del Trabajo Valparaíso.
5.- Solicitud de Informe Legal N° 00921 6.- Ord. Sdle. N° 4332-2024 de fecha 26-11-2024 7.- Resolución Exenta N° 00010 de fecha 22-01-2025 8.- Pase Interno SDPP N° 00047 de fecha 22-01-2025 9.- Carta de Sr. nombre reservado a IPS Valparaíso de fecha 22-01-2025 10.- Pase Interno SDPP N° 00155 de fecha 28-02-2025 11.- Resolución Exenta D.R. N° 00035 de fecha 04-03-2025 12.- Ord. SDPP N° 00221 de fecha 25 de marzo de 2025 13.- Carta Certificada N° 00222 de fecha 25-03-2025 dirigida a Sr. nombre reservado
14.- Certificado imposiciones Sr. nombre reservado.
15.- Certificado imposiciones nombre reservado.
A folio 17, el recurrente solicitó se tuviera presente que, según la carta certificada SDPP N°00222 del 25 de marzo de 2025 emitida por el IPS, se instruyó no continuar con la solicitud de pensión del recurrente debido a que Master Tec Chile Ltda. no es considerada una empresa marítima y su trabajo como "Asesor Naviero" es clasificado como una actividad donde predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico, indicando además que el actor no ejerció su derecho a solicitar continuidad previsional dentro del plazo legal de 6 meses después de cambiar de empleador.
El punto central de la controversia radica en la clasificación del cargo de "Asesor Naviero" que éste desempeñó en la empresa mencionada, argumentando que no existe base legal para que la Inspección del Trabajo califique a un empleador como marítimo o no marítimo, toda vez que el Código del Trabajo solo se refiere a "personal embarcado o gente de mar y trabajadores portuarios eventuales", sin establecer criterios para determinar la "naturaleza marítima" de un empleo, mientras que la Ley N°6.037 específicamente incluye a "oficiales y empleados al servicio de Compañías Navieras Nacionales" como imponentes obligatorios.
A folio 18, se trajeron los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se denuncia como ilegal y arbitraria la decisión adoptada por las recurridas, consistente en la negativa a otorgarle al actor su pensión de vejez y desahucio correspondiente como afiliado de la Ex Caja de la Marina Mercante Nacional (nombre reservado), lo que vulnera su garantía fundamental de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.
Tercero: Que, por su parte, las recurridas, alegan que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, que no existe un acto terminal que resuelva la controversia y que las materias de seguridad social no se encuentran amparadas por este recurso. Sobre el fondo, niegan la existencia de un actuar arbitrario argumentando que legalmente debe traspasar las imposiciones del recurrente a ex Caja EMPART por cuanto, su último empleador, no califica como empleador marítimo según la Inspección del Trabajo. Sostiene que aplicó correctamente la normativa, ya que para mantener su afiliación a nombre reservado con un empleador no marítimo, el recurrente debió solicitarlo dentro de los 6 meses siguientes a su contratación, lo que no hizo.
Cuarto: Que, de los antecedentes expuestos y los argumentos vertidos por los intervinientes, se desprende que el actor carece de un derecho indubitado acerca de lo que solicita al encontrarse controvertida su petición, además, de no haber concluido la instancia que sigue ante la recurrida por lo que no se está en presencia de un acto terminal, lo que determina el rechazo de la acción.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo Hemmelmann y nombre reservado.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
N°Protección-1118-2025.