DIÁLISIS COLINA S.A. con INSPECCIÓN OVINCIAL DEL TRABAJO SAN ANTONIO

Foja: 58 Cincuenta y Ocho Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

A fojas 14, comparece Sergio Márquez de la Plata, abogado, en representación de Diálisis Colina S.A., quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio.

Por medio del recurso de protección, cuestiona la legalidad de la resolución ordinaria N° 624 de 08 de noviembre de 2018, que declaró fuera de plazo su recurso de reconsideración interpuesto, en contra de la resolución N° 1737/18/37, de 10 de julio de 2018, que le impuso 3 multas de conformidad al detalle que indica (10-9-51 UTM).

Expresa que la resolución es ilegal, atendido que no dio curso a la reconsideración, porque había sido interpuesto fuera del término de treinta días corridos establecido en el artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo, en circunstancias que, por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, dicho plazo es de días hábiles, de lunes a viernes.

Manifiesta que siendo el término de días hábiles, habiéndose notificado la resolución el 11 de julio de 2018 y siendo el recurso de reconsideración de 17 de agosto de 2018, su presentación lo fue dentro del plazo de treinta días hábiles establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, el cual vencía el 24 de agosto de 2018.

Por último, considera que la resolución recurrida ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad, del numeral 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución recurrida y que se acoja a tramitación el recurso de reconsideración.

A fojas 25, informó nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Si bien, confirma la secuencia de hechos en que se funda el recurso interpuesto, refiere, en síntesis, que el plazo de treinta días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos. Así lo ha dispuesto la Contraloría General de la Republica en su Dictamen 64.985 de fecha 20 de Noviembre de 2009, criterio que resulta obligatorio para este órgano de la administración del Estado por encontrarse sometido a su fiscalización.

Con todo, hace presente que en un reciente Dictamen del Órgano Contralor –N°25891 de 16 de octubre de 2018- el criterio comentado ha variado, concluyendo que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, sería de días hábiles administrativos.

Pese a lo expuesto, sostiene que no hay una situación de derecho indubitada pues lo único que se ha objetado ha sido la aplicación de un criterio jurídico vigente a la época en que se dictó la resolución que sustenta el presente recurso. Sostiene además que la vía procesal no resulta idónea, pues el asunto es de competencia de los Juzgados del Trabajo, quienes se encuentran investidos de amplias facultades para conocer del presente asunto. Por último, asegura que no se ha vulnerado garantía alguna al recurrente.

A fojas 41, se trajeron estos autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que por la vía del recurso de protección, se cuestiona la legalidad de la resolución ordinaria N° 624 de 08 de noviembre de 2018, que no dio curso por extemporáneo, a un recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución N° 1737/18/37, argumentando el recurrente que el término de treinta días que establece el artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo es de días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° Nº19.880, por lo que el recurso fue presentado dentro del plazo legal.

Segundo: Que la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerar que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, pues la interpretación sostenida, a la fecha de la resolución, era consistente con el criterio sostenido por la Contraloría General de la Republica, razonamiento que, si bien ha sido modificado, lo fue con posterioridad. Adicionalmente alega la improcedencia de la acción cautelar por tratarse de una materia susceptible de ser ventilada ante el Juez del Trabajo.

Tercero: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional, cabe señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, de manera que la acción de protección no resulta improcedente, como lo sostiene la recurrida.

Cuarto: Que, en cuanto a la forma de computar el plazo treinta días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que encontrándose tal medio de impugnación contemplado dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Director del Trabajo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº19.880, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la misma ley, que prescribe: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.” En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando, además, que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes.

A mayor abundamiento, tal como lo ha esbozado la recurrida, este último es el criterio que actualmente sostiene la Contraloría General de la Republica, con posterioridad a la dictación de Dictamen 025891N18 de 16 de octubre de 2018.

Quinto: Que no hubo controversia entre las partes en cuanto a las fechas de dictación de las resoluciones, notificación de las mismas y presentación del recurso, lo que además consta en los documentos acompañados, por lo que resulta posible sostener que la interposición del recurso de reconsideración lo ha sido dentro del plazo legal.

Sexto: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral dos del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación –por extemporánea– a la reconsideración administrativa presentada por el recurrente, por lo que corresponde acoger la presente acción constitucional.

Séptimo: Que pese a acoger el recurso de protección, no se accederá a la condena en costas solicitada por la recurrente, por estimarse que a la luz de la materia sometida a conocimiento y los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la Republica, los que resultan vinculantes para la recurrida, ha tenido motivo plausible para litigar en estos autos.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 624 de 08 de noviembre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor, respecto de la resolución N° 1737/18/37.

Déjese sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-11173-2018.