REDGAN S.P.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

Foja: 57 Cincuenta y Siete eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de junio de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 25 comparece don Sebastián Lourido Araneda, abogado, en representación de Redgan S.P.A, persona jurídica del giro de ventas de productos cárneos, domiciliado en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Expone que el día 15 de abril de 2014 mediante resolución de multa N°8370/2014/022, por medio de la fiscalizadora doña nombre reservado se aplicó una multa de 70 UTM, por separar ilegalmente de sus funciones a una trabajadora amparada por fuero maternal, lo cual fue concluido sin realizar una investigación acuciosa de los hechos y de la realidad laboral de la trabajadora, quien prestaba sus servicios a plazo fijo, como tampoco el haberse suscrito finiquito por las partes ni al hecho de conocer o no, por parte del empleador, el embarazo de la trabajadora.

En relación al contrato de la trabajadora, indica que se inicia con fecha 1 de diciembre de 2013, posteriormente extendido el 1 de enero de 2014, el cual termina el 31 de enero de 2014, concluyendo el mismo por la causal establecida en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo y no por decisión unilateral del empleador, suscribiéndose en esa misma fecha el respectivo finiquito. Por otra parte, refiere que el certificado de matrona, fue exhibido al empleador con fecha 11 de abril de 2014, por lo que a la fecha del término de la relación laboral el empleador desconocía que la trabajadora estaba embarazada.

Por lo anterior, considera que el actuar de la recurrida no puede sino estimarse ilegal, toda vez que se ha separado de sus atribuciones legales y se ha transformado en un ente juzgador, al imponer una multa interpretando normas legales, cuestión propia de los tribunales de justicia, vulnerándose, por tanto, sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3, N°24 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita se restablezca el imperio del derecho, dejándose sin efecto multa impuesta mediante resolución N°8370/2014/022.

A fojas 44 evacua informe la recurrida, solicitándose el rechazo de la presente acción. Refiere que con fecha 18 de marzo de 2014 la trabajadora nombre reservado interpuso una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, con el objeto de ser reincorporada a sus funciones ya que encontraba amparada por fuero maternal, quien había sido despedida por vencimiento del plazo convenido, firmando el finiquito respectivo.

Durante la etapa administrativa, se requirió a las partes la documentación respectiva y se consultó a la empresa en orden a reintegrar a la trabajadora, lo que fue rechazado por ésta, aún después del plazo de 48 horas otorgado por la fiscalizadora, razón por la cual se procedió a cursar la multa respectiva -70 UTM- por infracción al artículo 201 inciso primero del Código del Trabajo. Por otra parte, a la trabajadora, se le informó que debía concurrir al Tribunal del Trabajo de Valparaíso, iniciándose la causa RIT M-352-2014.

Por otra parte, indica que el único hecho concreto que le es atribuido por el recurrente es el haber participado en un acto de fiscalización, que arrojo como consecuencia provisional que se cursara una multa, frente a la cual el actor inició el procedimiento de reclamo correspondiente -causa RIT I-79-2014 del Juzgado del Trabajo de Valparaíso- citándose para audiencia preparatoria el día 13 de junio de 2014-. En este sentido, reitera que el procedimiento se inicia por una denuncia de una trabajadora de la empresa recurrente, realizándose las visitas y revisión de documentación, frente a lo cual se debe tener en consideración que la denunciante se encontraba amparada por fuero maternal, por lo que para poner término a su contrato de trabajo, se requería de un autorización judicial.

Finalmente, indica que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional, pues en la especie existen recursos para impugnar la multa aplicada, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el Código del Trabajo, por lo que en definitiva, no existe en la especie vulneración alguna a las garantías constitucionales del recurrente, y por tanto el recurso debe ser rechazado.

A fojas 55, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en nuestro ordenamiento constitucional tiene por objeto poner fin a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho o garantías establecidas en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República y que se precisan en el Artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquella a que se refiere el Artículo 1° del Código Civil; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

TERCERO: Que mediante el presente recurso se impugna la actuación realizada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por la jefe de Inspección Provincial doña nombre reservado y doña nombre reservado, con el fin de que esta Corte tome las medidas necesarias para restablecer el imperio del legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, ello porque con fecha 15 de abril de 2014, se le aplicó la resolución N° 8370/2014/022 una multa ascendente a 70 Unidades Tributarias Mensuales la que ha sido originada por una supuesta infracción a la legislación laboral, al separar ilegalmente de sus funciones a la recurrente por encontrarse amparada por fuero maternal, conforme lo previsto en los artículo 201, en relación con el 174, 208 y 506 inciso 5°, todas disposiciones del Código del Trabajo.

Indica el recurrente que la mulsa se funda en la separación de sus funciones a la trabajadora nombre reservado, al no contar con la autorización previa del juez competente, habiéndose constatado que se encuentra amparada por el fuero laboral por maternidad, según certificado médico.

Deja establecido a través de este recurso, que la trabajadora tenía un contrato a plazo fijo, el que se inicia el 1 de Diciembre de 2013 y termina el 31 de Enero de 2014, terminando el contrato por el vencimiento del plazo convenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, suscribiendo en la fecha de término el respectivo finiquito, que respecto al estado de embarazo sólo se tomó conocimiento tanto por la trabajadora como por el empleador a la fecha del certificado médico, esto acaeció el 18 de Marzo de 2014 y le fue exhibido al empleador el 13 de Abril de 2014, por lo que el estado de embarazo era desconocido a la fecha del término de la relación laboral por vencimiento del plazo. Al no tener conocimiento del embarazo, le era imposible haber solicitado el desafuero judicial exigido por la fiscalizadora, en todo caso hace presente que en la resolución de la multa cursada, no se consigna ni la circunstancia que el término del contrato era por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, como que a esa fecha no se tenía conocimiento que la trabajadora se encontraba embarazada.

Por lo expuesto, estima el recurrente que el acto por el cual se aplicó la multa, es ilegal, como arbitraria la conducta de las recurridas, y con esta actitud de las inspectoras habrían invadido materias propias de la competencia laboral de los tribunales de justicia. Se han afectado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 24 y N° 3 inciso 4° de la Carta Fundamental.

En atención a lo expresado solicita se deje sin efecto la multa impuesta mediante la Resolución N° 8370/2014/022.

CUARTO: Que por su parte las recurridas señalan que la situación se produjo por denuncia que hizo la trabajadora nombre reservado ante la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso con el objeto de ser reincorporada a sus funciones, ello debido a que se encontraba amparada por fuero maternal de acuerdo a certificado médico; sin perjuicio de ello la trabajadora fue despedida el 31 de Enero de 2014, invocando el vencimiento del plazo convenido, firmando finiquito, a pesar de estar amparada por fuero maternal. Ante lo señalado, el caso le fue asignado a la fiscalizadora doña nombre reservado, quien concurrió a la firma empleadora y le conminó a reincorporar a la trabajadora amparada por fuero maternal, sin embargo el empleador estimó que no era procedente la reincorporación dado que ya había sido despedida, razón por la cual la fiscalizadora procedió a cursar la multa de 70 U.T.M. por infracción al inciso primero del artículo 201 en relación con el artículo 174, 208 y el inciso 5° del artículo 506, todos del Código del Trabajo.

Agrega que para considerar procedente un recurso de protección se requiere la verificación concreta o indubitada de un derecho conculcado por un acto ilegal o arbitrario. En la situación se ha producido discusión sobre dos conceptos a saber: el de fiscalización y el de interpretación en cuanto a las facultades de la Dirección del Trabajo; en efecto, la actividad realizada por la fiscalizadora se limitó a constatar una situación determinada en base a la norma interpretada por la autoridad administrativa legalmente autorizada para ello y de esta fiscalización surgió el resultado impugnado, cual es la multa. Su actuación lo ha sido conforme a las facultades otorgadas por el DFL 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo.

Hace presente que la resolución de multa impugnada por este recurso, como acto administrativo puede ser objeto de revisión judicial, tal es así que la trabajadora ha deducido recurso judicial ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en procedimiento de reclamo de multa, en dicho procedimiento se solicita al igual que en este recurso se deje sin efecto la sanción. Concluye que existiendo un procedimiento de lato conocimiento de carácter contradictorio, resulta absolutamente improcedente la interposición de esta acción cautelar de protección.

En cuanto al derecho de propiedad que se indica conculcado, se precisa que la sanción es de carácter provisorio ya que está sujeta a revisión en sede administrativa. Por otra parte, tampoco ha existido un juzgamiento por comisiones especiales, ya que lo realizado es un acto administrativo que no tiene características de un acto jurisdiccional Solicita que el recurso de protección deducido sea rechazado por ser improcedente.

QUINTO: Que por todo lo señalado, las recurridas estiman que no se han conculcado las garantías constitucionales señaladas, ya que no se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido jurisdicción, y en cuanto al derecho de propiedad, no se vislumbra como podrá verse afectado, ya que la multa aplicada corresponde a un proceso en el que se determina su valor según la infracción SEXTO: Que de lo manifestado en el recurso y del informe de los recurridos se colige que efectivamente después que expiró el contrato de trabajo de la Sra. nombre reservado el 31 de Enero de 2014 tomó conocimiento de que estaba embarazada, y por la denuncia realizada a la Inspección del Trabajo, este Organismo haciendo uso de las facultades que le otorga la ley, apercibió a la empresa empleadora para que reincorporara a sus labores en virtud de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 201 del Código del Trabajo que dice “Si por ignorancia del estado de embarazo……..se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona ….”. A su vez el artículo 174 del Código Laboral estipula “En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160” (artículo 159 N° 4 Vencimiento del plazo convenido en el contrato. Situación que se ventila en este caso).

SEPTIMO: Que en el presente caso, la Inspección del Trabajo recurrida ha aplicado una multa luego que la fiscalizadora constatara la infracción que se ha desarrollado en los considerandos precedentes. infracción consistió en despedir a la trabajadora estando con fuero laboral, negándose a reincorporarla.

OCTAVO: Que la infracción es fácilmente constatable, la que puede ser apreciada por un fiscalizador y así asignar una resolución de multa como ha ocurrido.

Tal es así que la Ley laboral ha implementado un procedimiento, mediante el cual la empleadora afectada, puede impugnar dicha resolución, presentando pruebas para debatir el problema y deducir los recursos que sean procedentes NOVENO: Que, de todo lo expuesto, aparece que las actuaciones de la Inspección Provincial del Trabajo, han sido el resultado del ejercicio de las facultades fiscalizadoras, conferidas a dicho organismo en el Artículo 505 del Código del Trabajo que establece: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen” y también establecidas en el Artículo 5 del DFL N° 2 de 1967 que contiene la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, disposición que le otorga la función de “Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República Que, a su vez, se encuentra complementada la función de supervigilar la aplicación de las leyes laborales, con lo previsto en los Artículos 503 y 505 del Código del Trabajo, que precisamente consagra la facultad, en primer término, de aplicar sanciones de carácter administrativo por los inspectores del Trabajo, cuando se constaten infracciones de carácter laboral DÉCIMO: Que, en consecuencia, la actividad fiscalizadora desarrollada por el Inspector del Trabajo en la entidad recurrente, se ha encuadrado dentro de sus facultades, puesto que ha sido en tal ejercicio y en virtud de una denuncia, en donde constató situaciones objetivas de infracciones de informalidad laboral; sin tener, por lo tanto, que hacer ninguna interpretación de las normas laborales, no importando una actividad de orden jurisdiccional, pues la misma ley laboral, le asegura al afectado una acción judicial para reclamar la decisión administrativa que le perjudica, en la cual podrá discutirse la procedencia de la medida impuesta por el órgano administrativo.

UNDECIMO: Que de lo expuesto se puede concluir que si bien el recurso de protección es sin perjuicio de otras acciones, esta situación que motiva este recurso dispone de la acción de reclamación regulada en el Código del Trabajo y tal es así que la firma sancionada y recurrente de esta acción ha deducido recurso judicial ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en procedimiento ordinario de reclamo de multa RIT I-79-2014 caratulado Redgan S.P.A. con Inspección del Trabajo de Valparaíso, encontrándose fijada Audiencia Preparatoria para el día 13 de Junio de 2014, procedimiento en el cual se solicita al igual que en este recurso dejar sin efecto la sanción aplicada.

DUOCÉDIMO: Que cabe señalar que en la especie se ha usado este arbitrio constitucional como un recurso jurisdiccional, lo cual no puede admitirse dado que se transformaría en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias.

DECIMO TERCERO: Que de lo reseñado se puede concluir que no ha existido ninguna actuación ilegal o arbitraria de parte de la entidad recurrida, ya que en el actuar de la recurrida solo se ha limitado a hacer uso de las facultades que le otorga la ley.

DECIMO CUARTO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales, que se dicen conculcadas por el recurrente, se ha dejado establecido en los considerandos que anteceden, que el fiscalizador actúo dentro de las facultades que le ha otorgado el legislador, por lo que, en caso alguno, se pueda estimar que se ha constituido en comisión especial, y que ha conocido y juzgado alguna cuestión que sea de competencia de la jurisdicción, como vulneración de la garantía establecida en el Artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

En relación al derecho de propiedad que se señala como conculcado, se hace consistir en que se estaría privando de la propiedad sobre una importante suma de dinero, lo que no sucedería si no se le hubiese cursado la multa, lo afectando a su patrimonio si debe cancelarla, multa que le fue aplicada en atención a la infracción cometida y de acuerdo al valor establecido, en un procedimiento también previamente fijado por lo que no puede estimarse conculcado el derecho de propiedad.

DECIMO QUINTO: Que de lo analizado se concluye que la inspectora del Trabajo no se ha arrogado facultades propias y excluyentes de los Juzgados del Trabajo, habiéndose limitado, como se ha dicho, a la constatación de hechos objetivos relativos al término del contrato de trabajo a plazo, en circunstancias que con posterioridad se tomó conocimiento de su embarazo, no siendo reincorporada, sin cumplir con lo dispuesto en los artículos 201, 174 y 208 del Código del Trabajo, lo que no puede significar una interpretación de las normas infringidas, siendo la multa aplicada la materialización del ejercicio de la fiscalización.

DECIMO SEXTO: Que en mérito de lo previamente expuesto, es que el recurso en análisis no puede prosperar y debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección entablado en lo principal de la presentación de fojas 21 por el abogado don Sebastián Laurido Araneda en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso.

Se previene que la Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida, estuvo por rechazar el recurso de protección, pero sólo fundado en que la empresa sancionada y recurrente en esta acción, ya dedujo reclamación por la multa impuesta ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, causa Rit I-79-2014, encontrándose ésta actualmente en tramitación y fijada audiencia preparatoria para el día 13 de junio de 2014, en la que se solicita, al igual que en el presente recurso, dejar sin efecto la multa administrativa. Si bien el recurso de protección es sin perjuicio de otros derechos, no se puede desconocer su carácter excepcionalísimo, por lo que si ya se están conocimiento los hechos por otra vía, cabe rechazarlo por ésta, a fin de evitar en un momento dado que dos tribunales conociendo simultáneamente de lo mismo, puedan llegar a dictar sentencias contradictorias.

Regístrese, devuélvase y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1107-2014.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich y de la prevención su autora.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Sra. Gloria Torti Ivanovich, Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y abogado integrante Sr. Leslie Tomasello Hart.

En Valparaíso, dieciséis de junio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.