Protección contra o los administradores de la página de Facebook "Justicia para Eli" y en contra d

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece Rodrigo Díaz Yubero, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del o los administradores de la página de Facebook "Justicia para Eli" y en contra de la plataforma digital Facebook, representada por nombre reservado, ambos domiciliado Buenos Aires, Argentina.

Explica que, sus representados, cónyuges y vecinos de Valparaíso, han sido objeto de una campaña sistemática de publicaciones difamatorias a través de la red social Facebook, específicamente mediante la página denominada "Justicia para Eli", la que comenzó a operar en junio de 2024, con ocasión del fallecimiento por suicidio de una persona de situación de calle que residía en la casa de acogida creada y administrada por el recurrente. Señala que, desde esa fecha, la referida página ha difundido masivamente imputaciones falsas en contra de ambos recurrentes, atribuyéndoles responsabilidad en la muerte de Eli, acusándolos de maltratar personas, lucrar con donaciones, proferir amenazas y apropiarse indebidamente de fondos destinados a personas vulnerables. Agrega que, dichas publicaciones incluyen fotografías de los recurrentes difundidas sin su consentimiento, junto a textos injuriosos, y que el contenido ha sido replicado en múltiples grupos y perfiles de la red social, etiquetando a diversas autoridades y generando un acoso colectivo y persecutorio. Sostiene que, los actos denunciados son manifiestamente ilegales y arbitrarios, por cuanto los recurridos han ejercido una suerte de autotutela, arrogándose funciones jurisdiccionales que no les corresponden, en franca vulneración del ordenamiento jurídico.

Indica que las garantías constitucionales afectadas son el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el derecho de propiedad sobre la propia imagen del artículo, el derecho a la honra y a la vida privada y el derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1, N° 3, N° 4 y N° 24 .

Concluye solicitando que obligue a los recurridos a eliminar el contenido publicado en redes sociales en descrédito de la persona de los recurrentes, absteniéndose de realizar publicaciones de ese tipo en el futuro y ordenando a la plataforma digital Facebook que mediante los sistemas que administra elimine o impida que se difundan semejantes contenidos atentatorios contra el prestigio y la intimidad de terceros, estableciendo filtros que sirvan de suficiente control de los contenidos publicados o mecanismos que permitan su pronta eliminación y/o se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en cuyo favor recurro, con costas.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Copia de publicaciones realizadas por la página "Justicia para Eli" en su cuenta de Facebook; b) Constitución del Representante Legal y poder general para asuntos administrativos y judiciales de "Facebook Argentina S.R.L.", mediante Escritura Número sesenta, registro N° 020946864 del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires; c) Boletín Oficial de la República Argentina de 24 de enero de 2020; d) Escrito judicial obtenido del expediente N° 19507/2020 del Poder Judicial de la República Argentina, en que comparece don nombre reservado en representación de la recurrida; e) Perfil de don nombre reservado; f) Copia autorizada del Mandato Judicial reducido a escritura pública de 11 de marzo de 2025, firmada ante el Notario Público Titular de Valparaíso don nombre reservado.

A folio 4, informa la Policía de Investigaciones de Chile, Brigada Investigadora del Ciber Crimen Valparaíso. Sostiene que, conforme a lo solicitado por el tribunal, se requirió información a la empresa Meta respecto del perfil de Facebook "Justicia para Eli" (https://www.facebook.com/profile.php?id=61563003223705); sin embargo, señala que dicha diligencia ya no es posible ser realizada por esa unidad especializada, puesto que desde el año 2024 el Ministerio Público, mediante su Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), firmó convenio directamente con la empresa Meta, siendo esa unidad la encargada de realizar las solicitudes de asistencia internacional desde esa fecha. Agrega que, no obstante lo anterior, procedió a solicitar a Meta la preservación del perfil "Justicia para Eli", quedando registrado con el número 9397268, a fin de evitar que el perfil denunciado fuera eliminado por su administrador.

A folio 8, informa Ángel Valencia Vásquez, Fiscal Nacional del Ministerio Público. Sostiene que, como información preliminar, la entidad legal que administra Facebook es nombre reservado., domiciliada en domicilio reservado. Señala que la información que guarda Meta respecto a las páginas que aloja dice relación con nombre, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico, sin verificar la veracidad de esos datos. Hace presente que, a pesar de que Meta no tiene sede en el territorio jurisdiccional chileno, tiene un programa de cooperación voluntaria con agentes de cumplimiento de la ley a través del portal www.facebook.com/records. Precisa que el Ministerio Público no tiene convenio firmado con Meta, sino que es parte de un programa de "ventanilla única" para subir al portal oficios de fiscales emitidos en virtud del artículo 218 ter del Código Procesal Penal, en el marco de investigaciones por hechos que revistan caracteres de delito. Indica que los funcionarios del Ministerio Público solo pueden actuar en el marco de investigaciones penales. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que los tribunales, en su calidad de agentes de cumplimiento de la ley, pueden mediante resolución judicial solicitar a Meta la información pertinente a través del portal www.facebook.com/records.

A folio 9, informa el Servicio de Impuestos Internos. Sostiene que, en cumplimiento del oficio requerido, informa que la empresa Facebook y/o Meta no registra domicilio tributario en Chile en los términos convencionales, dado que se trata de contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país, sujetos al régimen de tributación simplificada. Señala que, al tratarse de contribuyentes no domiciliados, no tienen inicio de actividades ni representantes legales en el país.

A folio 27, evacúa informe Monserrat Ramírez Herrera, abogada, asesora del Ministerio Público. Sostiene que, con el 29 de mayo de 2025, el proveedor respondió que para solicitar la información se necesita una orden judicial o una solicitud del Fiscal, habiéndose respondido en la misma fecha a través del portal que el documento presentado es una resolución de la Corte de Apelaciones, sin haberse recibido respuesta a la fecha. Sugiere respetuosamente que el tribunal tome contacto con el enlace de Meta para Sudamérica, la señora nombre reservado (correo reservado).

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Pantallazo del portal www.facebook.com/records [Case #9553126].

A folio 39, informa Francisco Andrés Andaur Suárez, abogado, asesor del Ministerio Público, en cumplimiento de lo ordenado. Sostiene que la solicitud Caso N°9553126 fue rechazada por Meta por no tratarse de una solicitud de naturaleza penal, y que además dicha solicitud ya no se encuentra disponible en el panel de solicitudes de la cuenta del Ministerio Público en el portal de nombre reservado. Señala que, al consultar a la señora nombre reservado, enlace de Meta para Sudamérica, ésta informó que la respuesta de rechazo fue remitida al Poder Judicial en respuesta a su solicitud registrada como Caso N°9487583.

A folio 44, evacúa informe nombre reservado, nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos. Sostiene que, en cumplimiento de lo solicitado, informa que la empresa Meta no registra domicilio tributario en Chile.

A folio 48, evacúa informe nombre reservado, Subdirectora de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Sostiene que tras una búsqueda exacta en su base de datos, no se encontraron registros para la denominación "Oculus VR". Respecto de las demás denominaciones solicitadas —Meta, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads y Facebook—, informa que existen múltiples solicitudes de registro, indicando que el titular de los registros vigentes de las marcas Facebook e Instagram corresponde a nombre reservado.

A folio 56, evacúa informe la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por orden del Subsecretario. Sostiene que, carece de información alguna acerca de la representación legal, domicilio o bienes de la empresa Meta en Chile. Señala que Facebook y los demás servicios de la empresa (Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Messenger, Threads) constituyen servicios OTT (over the top) que se ofertan sobre Internet sin requerir autorización de la Subsecretaría, y que por tanto no son objeto de regulación por ella conforme a la Ley General de Telecomunicaciones. Informa que Meta no tiene domicilio registrado en Chile y que sus oficinas centrales se encuentran en 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos. Sin perjuicio de lo anterior, señala que realizó contactos informales con representantes de Meta en Argentina, quienes indicaron que si el requerimiento de información dice relación con datos de usuarios de Facebook o Instagram en conexión con una investigación o causa penal, puede enviarse una solicitud a través del portal https://www.facebook.com/records/login/; y que si el requerimiento no es de naturaleza criminal, el envío debe realizarse a nombre reservado. en Estados Unidos, pudiendo recurrirse a los instrumentos de auxilio judicial internacional o exhorto.

A folio 61, evacúa informe Monserrat Ramírez Herrera, abogada, asesora del Ministerio Público, en cumplimiento de lo ordenado. Sostiene que con fecha 10 de septiembre de 2025 se recibió correo de correo reservado [Case #9553126] en que se informa que el canal está destinado exclusivamente a las autoridades policiales en el marco de investigaciones penales oficiales, indicando que la solicitud no cumplía las condiciones específicas mencionadas y no tenía por objeto la recopilación de pruebas en el marco de una investigación penal oficial.

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Copia de correo electrónico del 10 de septiembre de 2025 de correo reservado, asunto [Case #9553126].

A folio 62, la parte recurrente solicita al tribunal que, en ejercicio de sus facultades conservadoras, acceda a dos peticiones fundadas en la negativa de nombre reservado. a colaborar con la causa. Explica que, habiéndose realizado gestiones directas para obtener información técnica de las cuentas responsables de la campaña de desprestigio, Meta rechazó la solicitud (caso N° 9553126) bajo el argumento de que su canal está destinado exclusivamente a investigaciones de carácter penal, respuesta que califica de inaceptable y como una afrenta al imperio de los tribunales chilenos. Hace presente que el propio Ministerio Público informó a folio 8 que los tribunales, en su calidad de agentes de cumplimiento de la ley, pueden solicitar información a Meta directamente a través del portal www.facebook.com/records mediante resolución judicial. En razón de lo anterior, y ante la imposibilidad de identificar a los autores materiales, solicita en primer lugar que se ordene a Meta la eliminación inmediata de la página "Justicia Para Eli" y del post individualizado en autos, bajo apercibimiento de desacato, por cuanto su mantención constituye una omisión arbitraria que continúa lesionando la honra de sus representados. En segundo lugar, y considerando lo informado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a folio 56, solicita que el tribunal requiera a nombre reservado., a través de los portales habilitados de Facebook y WhatsApp, la dirección IP de conexión, el número telefónico y el correo electrónico vinculados a la creación de los perfiles que administran la página referida en autos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna las publicaciones difamatorias en contra de los actores difundidas a través de la página de Facebook "Justicia para Eli", pretendiendo los recurrentes que se ordene la eliminación de todo el contenido publicado en su descrédito, que los recurridos se abstengan de realizar nuevas publicaciones de esa índole, y que la plataforma Facebook elimine las publicaciones compartidas desde la publicación original y establezca mecanismos de control de contenidos.

Tercero: Que, los requeridos informan, que nombre reservado. no tiene domicilio en Chile ni representantes legales en el país, y que su canal de cooperación está destinado exclusivamente a investigaciones penales, habiendo rechazado las solicitudes de información por no revestir ese carácter.

El Ministerio Público señaló que sólo puede actuar en el marco de investigaciones penales, aunque precisó que los tribunales pueden solicitar información a Meta directamente en su calidad de agentes de cumplimiento de la ley.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que los servicios de Meta son OTT (over the top), no sujetos a su regulación.

Cuarto: Que, en cuanto a la calificación o apreciación de las expresiones vertidas en contra de los recurrentes, y determinar si son agraviantes a sus derechos constitucionales, debe tenerse presente que se han efectuado afirmaciones mediante las cuales le imputa a los recurrentes una serie de conductas graves constitutivas de delitos y opiniones descalificadoras subjetivas en su contra, de manera que, no puede sino sostenerse que el perfil y las publicaciones vertidas en la red social de la recurrida, vulneran el derecho a la honra y crédito personal de los actores, lo que importa una conculcación de la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, cabe precisar que la finalidad de esta acción no es determinar la existencia de los hechos que se imputan a los actores, sino adoptar los resguardos necesarios para hacer cesar los efectos de los actos que pueden ser arbitrarios o ilegales que afecten sus derechos, en consecuencia, es pertinente tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico no se admite la autotutela, por lo que, en definitiva, resulta ilegal la conducta de la recurrida, porque con ello los actores han visto afectada su honra y su integridad psíquica, al exhibir sus datos personales y fotografías, atendido el alcance que poseen las redes sociales en la actualidad, máxime si el perfil desde el cual se realizan se encuentra configurado para ser visto por cualquier persona, según se logra apreciar de las capturas de pantalla acompañadas.

Sexto: Que, respecto a la negativa de la recurrida nombre reservado, a entregar información -pese a haber sido requerido por esta Corte- respecto de los autores del perfil y publicaciones en comento, cabe tener presente el fundamento de la responsabilidad de las empresas proveedoras de redes sociales, se basa en el principio de diligencia debida y el deber de mitigación de riesgos de vulneración de derechos fundamentales de los usuarios. En ese sentido, las plataformas digitales se encuentran en total asimetría respecto de los usuarios, frente a una viralización masiva de contenido vulneratorio de sus garantías fundamentales.

Es así, que la responsabilidad de la plataforma, surge cuando, habiendo sido requerida decide no entregar información o incumplir su deber de diligencia respecto a permitir publicar este tipo de contenido, lo que facilita la prolongación y amplificación del daño.

Séptimo: Que, en este sentido, cabe señalar que si bien el resguardo de la libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática, lo cierto es que su ejercicio no tiene un carácter absoluto sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos en términos tales que estos últimos no resulten afectados en su esencia, que es lo que ocurre en este caso. Mediante las expresiones contenidas en las publicaciones que se reprochan y, que se acompañaron al recurso, no se otorga a los recurrentes la posibilidad de controvertir tales afirmaciones, afectándose así su honra y dignidad, lo que lleva a acoger el recurso, en los términos que se señalarán a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del o los administradores de la página de Facebook "Justicia para Eli", de la plataforma digital Facebook y, en consecuencia, se ordena a ésta o a quien administre la página, eliminar dentro de tercero día de ejecutoriada la presente sentencia todo contenido, perfil, escrito o fotográfico publicado en deshonra o descrédito de los recurrentes en la red social Facebook.

Acordada con el voto en contra de la ministra Marcela Figueroa Astudillo, quien fue de opinión de rechazar la acción constitucional interpuesta fundada en las siguientes consideraciones:

1°) Que, la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas el derecho a la honra y la vida privada conforme a los artículos 19 N° 4 y 20 de la Constitución Política de la República, pudiendo, en consecuencia, interponerse el recurso de protección para hacer efectivo el ejercicio y resguardo de aquél.

A su turno, el artículo 19 N° 12 garantiza también la libertad de emitir opiniones y de informar, sin cesura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esa libertad, según lo establezca la ley de quórum calificado dictada al efecto. Además, se establece el derecho a rectificación de toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social.

2°) Que, conforme a lo expuesto, el propio texto constitucional es el que resuelve el conflicto entre los dos derechos mencionados, de modo que, en casos como el de la especie, donde la eventual afectación a la honra se produciría mediante publicaciones de opiniones e informaciones en medios electrónicos o redes sociales, carecen los Tribunales Superiores, por la vía del recurso de protección, de la facultad de proteger ese derecho constitucional afectando otro, mediante la censura, directa o indirecta, de las publicaciones que se traten, pasadas o futuras, sin perjuicio del ejercicio por parte del afectado de las acciones legales que la propia Constitución permite, en caso de que dichas publicaciones sean constitutivas de calumnias, injurias u otros delitos, abusos, ofensas o alusiones injustas o ejercer las acciones civiles para reclamar la responsabilidad de las personas que efectúen las publicaciones mencionadas por la recurrente.

3°) Que, en cuanto a los demás derechos constitucionales denunciados como quebrantados, debe considerarse que las acciones que fundan los hechos que provoca su afectación son realizados por personas que la acción constitucional no identifica, limitándose a realizar referencias genéricas, por lo que, en opinión de esta disidente, no existen medidas que adoptar respecto a ellas producto a esa falta de información y no puede hacerse responsable a las recurridas, al no haber incurrido en ellas, pues se limitan a proporcionar las páginas en que otros sujetos publican opiniones o comentarios.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1104-2025.