nombre reservado con MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (ACUMULADA ROL IC 112995-22 -D-; 117551-22 -D-; 126662-22 -D-.)

Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, comparece don Remberto Valdés Hueche, abogado, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, ambos domiciliados en la comuna de nombre reservado; quien deduce recurso de protección en contra de: 1.- ENAP REFINERIAS S.A (por su Refinería Aconcagua); 2.- CODELCO- FUNDICION Y REFINERIA VENTANAS; 3.- AES ANDES S.A, y 4.- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarias cometidos por las recurridas, las cuales han amenazado, privado y perturbado los derechos y garantías constitucionales de que son titulares los recurrentes y los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, afectando su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, correspondientes a los derechos y garantías considerados en el artículo 19 numerales 1, 9 y 8 de la Constitución Política de Chile.

Señala que el día lunes 6 de junio de 2022 nuevamente se vivió una emergencia ambiental en la comuna de nombre reservado, por emanaciones de SO2 (dióxido de azufre), las cuales principalmente afectaron a niños, toda vez que más de 50 alumnos y 25 funcionarios de la educación de nombre reservado, presentaron síntomas de intoxicación como cefalea (dolor de cabeza), irritación en ojos y garganta y náuseas, debido a los altos niveles de esa sustancia presentes en el aire, lo que obligó a suspender las clases en la comuna para todos los establecimientos educacionales durante ese lunes y martes.

Expresa que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso decretó emergencia ambiental para Concón, nombre reservado y Puchuncaví, ya que de acuerdo a la norma horaria de SO2, entre las 00:00 y las 01:00 horas de ese día 6 de junio se registró un peak de 1327 ug/m3 en Estación nombre reservado, por lo cual se suspendió toda actividad física adicional a la rutina y clases de educación física, no se pudo utilizar fuentes de calefacción que contaminen lugares cerrados y se estableció como grupos sensibles las personas con enfermedades cardiovasculares y/o pulmonares, niños, adolescentes, adultos mayores y embarazadas. La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso comunicó que se registraron 40 atenciones en Puchuncaví y 18 en nombre reservado en los respectivos servicios de urgencia, por lo que, en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, monitorearon las escuelas afectadas para descartar otras fuentes al interior de los establecimientos.

En la comuna existe un sistema de vigilancia de calidad del aire, que comenzó a funcionar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° transitorio del D.S. N°185, de 1991, del Ministerio de Minería, en virtud del cual el Complejo Industrial Las Ventanas, constituido entonces por ENAMI (actual CODELCO División Ventanas) y CHILGENER (actual AES ANDES S.A.), debió implementar una red de monitoreo continuo para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable en la zona circundante al complejo industrial. La red estaba compuesta por cinco estaciones, las que se ubican en el sector La Greda (comuna de Puchuncaví), Los Maitenes, sector sur del complejo industrial, sector Valle Alegre y Puchuncaví. Posteriormente, se incorporaron otras estaciones de monitoreo, entre ellas, la red de monitoreo perteneciente a ENAP Refinerías Aconcagua. En la actualidad, la zona se encuentra sujeta al plan de prevención y descontaminación y cuenta con una red de monitoreo cuyas estaciones están distribuidas en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví. A partir del 10 de septiembre de 2018 el Estado, a través del Ministerio del Medio Ambiente, tomó el control de la supervisión técnica de las estaciones de monitoreo de la zona, poniendo a disposición pública la información de la calidad del aire a través de la página web https://airecqp.mma.gob.cl/ Menciona que, con fecha 30 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial el "Plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví” de la Región de Valparaíso, el cual contempla una Gestión de Episodios Críticos destinada a que no se generen altas concentraciones de SO2 (en períodos de una hora) y MP2,5 (en períodos de 24 horas), y de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) ante malas condiciones de ventilación. El Plan reconoce que en dichas comunas se emplazan distintas actividades económicas que aportan emisiones de material particulado y gases precursores de material particulado, entre las que se destacan las instalaciones de las recurridas, que en conjunto representan el 76% de las emisiones de MP, el 99% de las emisiones de SO2 y el 81% de las emisiones de NOx. El sector industrial, que se asocia con el manejo y procesamiento de hidrocarburos y sus derivados, es el responsable de la mayor parte de las emisiones de COVs en la zona y las principales fuentes son Refinería Aconcagua de ENAP, Gasmar, Copec, Oxiquim, GNL nombre reservado, ENAP nombre reservado y Enex.

Indica que el citado Plan de prevención establece una regulación especial de emisiones para las tres recurridas de autos, CODELCO División Ventanas, ENAP Aconcagua y AES ANDES y de acuerdo a las condiciones de ventilación se determinaron episodios de alta concentración de contaminantes, distinguiendo así un período cálido, de octubre a marzo, y un período frío, de abril a septiembre, que se asocian a la diferencia estacional de las condiciones meteorológicas de la zona.

La red de monitoreo detectó que las recurridas sobrepasaron los límites de emisiones de SO2 desde el día 5 de junio y durante el día 6 de junio de 2022: CODELCO División Ventanas desde el día 5 de junio a las 23 horas tuvo peak de emisiones superiores a los 540,11 ppm de SO2, luego el día 6 de junio a las 10.00 am tuvo un nuevo peak de 382,36 ppm.ENAP Refinería Aconcagua tuvo peak de SO2 superiores a los 2.000 ppm desde las 12 horas del mediodía del 5 de junio de 2022, alcanzando a las 15 horas un peak superior a los 2835,67 ppm de SO2 en la unidad URA 2. Luego a las 23 horas la misma unidad URA 2 alcanzó 2573,75 ppm, alza sostenida que alcanzó su peak máximo a las 15 horas del 6 de junio de 2022 a las 15 horas con 2861,22 ppm de SO2. El día 7 de junio del 2022, a las 16 horas, la unidad URA 1 alcanzo un peak de 3293,58 ppm de SO2. En cuanto a AES ANDES, el 5 de junio de 2022 las emisiones de SO2 tuvieron un alza sostenida desde las 19 horas, y el día 6 de junio de 2022 el peak de concentraciones de SO2 fue 328,34 mg/Nm3 a las 8 de la mañana.

El recurrente sostiene que, por tanto, desde el día 5 de junio y hasta el día 6 de junio de 2022 inclusive, existió una emisión excesiva de gases contaminantes de SO2, las cuales afectaron la vida, salud e integridad física y psíquica de los habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, constituyendo no solo actos de amenaza sino de perturbación y privación efectiva de derechos y garantías constitucionales, toda vez que se reconoce por la autoridad la existencia de personas que han requerido atención medica en el periodo señalado. El hecho de que las empresas recurridas emitan a la atmosfera gases contaminantes constituye un acto irracional, injustificado y abusivo, que además conculca a las personas su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el constante monitoreo y mediciones no resultan una medida eficaz para que las empresas, y en especial las recurridas, se mantengan, en cuanto a sus emisiones, dentro de los parámetros permisibles, y no nocivos para la salud e integridad de las personas. Las atribuciones actualmente operativas dispuestas por la autoridad resultan del todo insuficientes y sus habitantes son los que siguen respondiendo ante la omisión del Estado, requiriéndose la adopción de medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho, particularmente respecto de la integridad física y psíquica de los recurrentes, así como de los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, al exponerse, con la emisión de gases contaminantes como el SO2, a situaciones de grave riesgo a su salud física y mental y a su vida, incurriendo en actos que pueden llevarlos a enfermedades crónicas respiratorias como asma, bronquitis crónica, enfisema, cáncer e incluso la muerte.

Destaca que la autoridad administrativa, a través del Ministerio del Medio Ambiente, no está cumpliendo con sus deberes y obligaciones legales o, en su caso, las actividades, acciones y medidas desplegadas son insuficientes para que las empresas recurridas ajusten su actuar a la normativa, y no existen asimismo sanciones suficientes para persuadir a las empresas a cumplirla.

Estima vulnerados el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, contemplado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, relacionado con el derecho a la salud consagrado en el artículo 19 N°9 de la misma Carta Fundamental, así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, establecido en el artículo 19 N°8 de la Constitución.

Pide, en definitiva, se decreten de manera urgente las siguientes medidas: 1.- El Ministerio de Medio Ambiente efectúe los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método mas idóneo y adecuado para lograr determinar e identificar la relación existente entre el tipo, características y magnitud de labor o faena realizada por las empresas ENAP Refinerías Aconcagua, CODELCO Ventanas y AES ANDES, en los periodos que se generan índices de SO2 por sobre la normativa y en conjunto buscar la fórmula para que la realización normal de las faenas no implique emisiones de SO2, gases contaminantes y material particulado por sobre el margen legal establecido; 2.- Se identifique diariamente por la autoridad administrativa y el Ministerio de Medio Ambiente las condiciones meteorológicas y de ventilación de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví para, conforme a eso, regular e indicar el nivel de actividad máximo que pueden desarrollar las empresas recurridas, a fin de no exceder la normativa ambiental en materia de emisiones de gases contaminantes; 3.- Se obligue a las empresas recurridas a la revisión de sus planes operacionales y la implementación de medidas efectivas para controlar sus emisiones, distinguiendo en su funcionamiento el periodo de abril a septiembre de mala ventilación de la zona del periodo octubre a marzo y 4.- Toda otra medida que esta Corte estime procedente para el resguardo de los derechos indicados y para el restablecimiento del Estado de Derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 32, se decretó la acumulación a este recurso de las acciones de protección Roles IC N°s. 117.551-2022 y 112.995-2022.

En el recurso Rol IC N° 117.551-2022, la JUNTA DE VECINOS VILLA LA ROCA deduce acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en contra de CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (CODELCO) -División Ventanas, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarias que ha cometido, los que han amenazado, privado y perturbado las garantías constitucionales de que son titulares los recurrentes y los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, afectando su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, correspondientes a las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 1, 9 y 8 de la Constitución Política de Chile.

Sostiene que el episodio de contaminación del 6 de junio de 2022, como los otros producidos por las emisiones de CODELCO División Ventanas, se deben a la falta de supervigilancia de una falla sistemática en la fundición. Aunque no se encontraban las condiciones para desarrollar la actividad, incurrió en una actuación vulneradora de la calidad de vida de las personas de las comunas de nombre reservado, Concón y Puchuncaví, sobrepasando en más de 6 veces el límite permitido por la norma, por lo que más de un centenar de personas resultaron intoxicadas debido a los altos niveles de dióxido de azufre emanados desde el campo industrial ubicado en la zona, Añade que el día 14 de junio de 2022 se produce un nuevo episodio de intoxicación por dióxido de azufre (S02), originando en la jornada más de 60 personas con cuadros de intoxicación a raíz de la emanación de gases tóxicos.

Luego, el día 16 de junio de 2022, nuevamente ocurre otro episodio de intoxicación masiva, el que afectó a un sinnúmero de niños y funcionarios de la educación pertenecientes a los Colegios de Quintero, que presentaron cuadros de cefaleas, vómitos, dolor de cabeza, situación que causó la suspensión de clases en los respectivos centros educacionales, sin haberse realizado una investigación profunda y técnica sobre las reales causas de la emergencia medio ambiental, Expone que, en el marco de las afectaciones ocurridas, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) dictó dos medidas para Codelco División Ventanas y una para AES Andes. Para la cuprífera, el organismo fiscalizador determinó: a) medidas operacionales según inversión térmica y b) instalar un nuevo sensor de temperatura para determinar la inversión térmica, que funcione mediante otro set de sensores como respaldo del ya existente. El plazo para su instalación era de 5 días hábiles, pero no hay conocimiento por parte de la ciudadanía de si estas medidas fueron implementadas.

Alega como garantías conculcadas, en primer lugar, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, atendido que la contaminación ocasionada por la fundición, a raíz de una falla sistemática y aún desconocida en sus instalaciones, ocasionó que más de 100 personas presentaran cuadros de intoxicación, sin que se tenga una garantía de que no se vuelva a repetir. En segundo lugar, se vulnera la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por cuanto se excedió el índice de dióxido de azufre máximo permitido por la normativa, intoxicando el medio ambiente de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se decrete: 1) El Ministerio de Medio Ambiente efectúe los estudios pertinentes para establecer el método más idóneo y adecuado para lograr determinar e identificar la relación existente entre el tipo, características y magnitud de labor o faena realizada por la recurrida CODELCO División Ventanas, en los períodos que se generan altos índices de SO2 por sobre la normativa y en conjunto buscar la fórmula para que la realización normal de las faenas no implique emisiones de SO2, gases contaminantes y material particulado por sobre el margen legal establecido; 2) Se identifiquen diariamente por la autoridad administrativa y el Ministerio de Medio Ambiente las condiciones meteorológicas y de ventilación de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví para, conforme a eso, regular e indicar el nivel de actividad máximo que puede desarrollar la empresa recurrida, a fin de no exceder la normativa ambiental en materia de emisiones de gases contaminantes; 3) Se obligue a la empresa recurrida a la revisión de sus planes operacionales y la implementación de medidas efectivas para controlar sus emisiones, distinguiendo en su funcionamiento el período de abril a septiembre de mala ventilación de la zona del período octubre a marzo; 4) Se ordene a la recurrida presentar las medidas implementadas y su inversión y se otorgue informe técnico, el cual debe ser revisado por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, garantizando el control de los niveles de dióxido de azufre; 5) Se confeccione un plan de manejo para las emisiones de dióxido de azufre; 6) La recalificación industrial de la recurrida a fin de asegurar el ajuste a la normativa vigente y la actualización de sus protocolos industriales conforme a las normas internacionales y cualquier otra medida que a criterio de esta Corte sea necesaria para restablecer el imperio del derecho. Todo ello, con costas en caso de oposición.

Acompaña documentos al recurso.

En el recurso Rol IC N°112.995-2022, el Senador don FRANCISCO JAVIER CHAHUAN CHAHUAN interpone acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en contra de la CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, CODELCO – VENTANAS, por haber incurrido en una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales que vulneran el derecho de los ciudadanos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, afectando del mismo modo su integridad física y psíquica.

Fundamenta su recurso en los hechos ya reseñados en el recurso en el cual se decretó la acumulación de autos, y alega conculcadas las mismas garantías constitucionales.

Pide, en definitiva: 1.- Se ordene a la recurrida paralizar sus instalaciones y funciones hasta que se emita un informe técnico, público y favorable por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, garantizando el control de los niveles de dióxido de azufre; 2.- Se confeccione un plan de manejo para las emisiones de dióxido de azufre; y 3.- La recalificación industrial de la empresa recurrida, a fin de asegurar el ajuste a la normativa vigente y la actualización de sus protocolos industriales. Todo ello, con costas en caso de oposición.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 69, se decretó la acumulación al recurso principal, de la acción de protección Rol IC N°126.662-2022.

En ésta la SEDE REGIONAL VALPARAÍSO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS interpuso recurso de protección en favor de las personas que habitan la zona nombre reservado-Puchuncaví, dirigido en contra de: 1.- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; 2.- SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE; 3.- MINISTERIO DE SALUD; 4.- OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIAS (ONEMI); 5.- CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE; 6.- AES ANDES S.A.; 7.- TERMINAL MARÍTIMO DE ENAP; 8.- TERMINAL MARÍTIMO OXIQUIM; 9.- GASMAR S.A. (PLANTA nombre reservado); 10.- TERMINAL DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES ENEX; 11.-COPEC (TERMINAL MARÍTIMO DE nombre reservado), y 12.- TERMINAL MARÍTIMO GNL nombre reservado, por vulnerar los derechos constitucionales de las personas que habitan la zona de nombre reservado y Puchuncaví, particularmente las 317 personas que recibieron atención médica en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero, por sintomatología asociada a intoxicación por inhalación de gases, vapores, humos o sustancias químicas, quienes han visto afectados su derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, establecidos en el artículo 19, numerales 1 y 8 respectivamente, de la Constitución Política de la República.

Fundamenta su recurso en los episodios de contaminación de los días 06, 08, 14, 15, 16 y 22 de junio de 2022 en la Bahía de nombre reservado Puchuncaví. En esos seis episodios de contaminación del aire, la falta de información clara y precisa sobre su origen, quién la produjo y cómo afecta a la población de nombre reservado y Puchuncaví, son el resultado de omisiones de las obligaciones que corresponden a las autoridades recurridas en orden a prevenir hechos como los vividos esas semanas por las comunidades ya citadas.

Pide, en definitiva: 1. Se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones de los recurridos; 2. Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 8, respectivamente, de la Constitución Política de la República; 3. Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados, poniendo fin a las omisiones ilegales y arbitrarias descritas con antelación respecto de las personas afectadas. Solicita particularmente:

Con respecto al recurrido Ministerio del Medio Ambiente: 1. Se ordene la revisión de las normas de calidad ambiental primarias y secundarias vigentes dentro del plazo establecido; 2. Se ordene la elaboración de instrumentos de gestión ambiental –normas de calidad- que definan los estándares ambientales para la protección, recuperación y remediación de suelos contaminados; 3. Se ordene la realización de una evaluación de riesgo asociada a la presencia de contaminantes en el suelo y la definición de un plan para su gestión en la zona de Puchuncaví, nombre reservado y Concón; 4. Se ordene el desarrollo e implementación de estándares para los contaminantes no normados en el aire; 5. Se ordene implementar un seguimiento en la implementación del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS); 6. Se ordene la identificación y gestión para aquellos compuestos no normados, entre ellos diversos metales pesados, gases y compuestos orgánicos persistentes; 7. Se ordene la implementación del seguimiento al Plan de Prevención y Descontaminación de nombre reservado Puchuncaví; 8. Evalúe la modificación del PPDA CQP, específicamente el Capítulo X sobre Gestión de Episodios Críticos (artículo 45).

Con respecto al recurrido Ministerio de Salud: 1. Llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, de acuerdo a lo que establece el Código Sanitario; 2. Cumpliendo su obligación legal, determine la situación de riesgo en la Bahía de nombre reservado; 3. Determine el riesgo respecto de los metales pesados en productos del mar consumidos por la comunidad.

Con respecto a la recurrida Superintendencia del Medio Ambiente: 1. Se ordene dar seguimiento a todas las normas de calidad atmosféricas vigentes en la zona de Puchuncaví, nombre reservado y Concón; 2. Se ordene la evaluación oportuna de las estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas en la zona de estudio, que en su momento fueron calificadas por la Autoridad Sanitaria y no han sido reevaluadas por la SMA; 3. Se ordene dar seguimiento, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, al plan de prevención y descontaminación atmosférica vigente en la zona.

Con respecto a la recurrida ONEMI: Que aplique el Plan Regional de Emergencia Específico por Variable de Riesgo por Contaminación Ambiental, en episodios como el vivido en junio de 2022.

Con respecto a CODELCO y demás empresas recurridas: 1. Ejecutar sus operaciones con estricto respeto a los derechos humanos de las personas que habitan la bahía de nombre reservado y Puchuncaví; 2. Se ordene realizar una Auditoría por un ente externo certificado, que determine la responsabilidad de CODELCO y las demás empresas en los episodios de contaminación de junio de 2022.

A folio 24, entre folios 32 y 33, y a folio 73, así como a folio 11 de los autos Rol N°112.995-2022, evacúa informes la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, quien expone que, antes de los hechos denunciados, llevó a cabo múltiples acciones de fiscalización ambiental a partir de la emergencia ambiental ocurrida en la semana del 20 al 26 de agosto de 2018 en la ciudad de nombre reservado, las cuales dieron lugar a la formulación de cargos en contra de Enap Refinerías S.A., Rol F-030-2018.

Indica que, con fecha 06 de junio de 2022, efectuó una inspección ambiental a la unidad fiscalizable “Fundición y Refinería Ventanas”, de Codelco División Ventanas, y a la unidad fiscalizable “Complejo Termoeléctrico Ventanas”, de AES Gener S.A., en el contexto de la superación de la norma de SO2 en la estación de monitoreo de calidad de aire “nombre reservado”, en virtud de la cual se decretó un nombre reservado debido a la mala calidad de aire para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví. Con fecha 7 de junio de 2022 dictó medidas provisionales pre-procedimentales en contra de Codelco División Ventanas respecto de la unidad fiscalizable “Fundición y Refinería Ventanas” y de AES Gener S.A., respecto de la unidad fiscalizable “Complejo Termoeléctrico Ventanas”, por un plazo de 15 días hábiles.

Una vez que tomó conocimiento de los hechos ocurridos el 8 de junio de 2022, en forma inmediata se constituyó en el Colegio Santa Filomena, en la comuna de nombre reservado, y tomó muestras de canister. Luego concurrió a las empresas del cordón industrial y también asistió a colegios de comuna de Puchuncaví, corroborando que no existían olores y que se estaban realizando actividades deportivas. En consideración a los olores percibidos, las atenciones de salud, y la información relacionada a las descargas previamente mencionadas, se concurrió a las unidades fiscalizables Oxiquim y ENAP Refinerías, en las cuales se tomó una muestra de canister en las instalaciones.

Luego, y en atención a la contingencia, coordinó con la SEREMI de Salud de Valparaíso el apoyo en la inspección del resto de las empresas del cordón industrial relacionadas con la emisión de COVs, y mediante la Resolución Exenta N°882, de fecha 8 de junio de 2022, dictó medidas provisionales pre-procedimentales contra: 1.- Oxiquim S.A.; 2.- ENAP Refinerías S.A.; 3.- GNL nombre reservado S.A.; 4.- Gasmar S.A.; 5.- Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.; y 6.- Empresa Nacional de Energía ENEX S.A., por un plazo de 10 días corridos, consistentes en: a) Ante condición de “mala ventilación”: reducir en un 70% sus flujos nominales de cargas y descargas de productos combustibles y/o químicos que emitan COVs. Reducir en 50% cargas y/o transporte de productos combustibles y/o químicos de camiones; b) Ante condición de “regular ventilación”: reducir en un 50% sus flujos nominales de cargas y descargas de productos combustibles y/o químicos que emitan COVs. Reducir en 30% cargas y/o transporte de productos combustibles y/o químicos de camiones.

Expone que, en forma paralela a la fiscalización de las medidas dictadas, ha realizado reuniones con las empresas ubicadas en el cordón industrial para que den cuenta de la implementación de las medidas urgentes; acciones de coordinación con la SEREMI de Salud para determinar la forma en que será aplicada la alerta sanitaria; el envío a las empresas del cordón industrial de una propuesta de ubicación de sensores preventivos de COVs y SO2; gestiones para contar con un sensor de SO2 en el muelle de Oxiquim a modo de prevención; requerimientos de información respecto a la actualización del Plan Operacional de CODELCO a la SEREMI de Medio Ambiente, y actividades de fiscalización e inspección ambiental que se relacionan principalmente con mediciones de COVs.

Concluye manifestando que, con fecha 17 de junio de 2022, renovó las medidas provisionales pre-procedimentales contra las empresas y unidades fiscalizables antes individualizadas, por el plazo de 10 días corridos, en consideración a que el daño inminente a la salud de las personas aún no había sido mitigado, las cuales a la fecha del informe se encontraban vigentes.

A folios 28 y 74 evacúa informes ENAP REFINERÍAS S.A., impetrando se deseche el recurso de protección.

Manifiesta que el Terminal nombre reservado es una instalación ubicada a 4,5 kilómetros al norte de la ciudad del mismo nombre, y está destinado principalmente al almacenamiento de productos terminados y crudos de petróleo.

Alega que el recurso de protección deducido, en primer lugar, no cumple con los requisitos respecto de la legitimación activa aplicables, el cual debía ser ejercido por uno o más recurrentes, ya sea “por sí o por cualquiera a su nombre”. En el recurso principal se individualizan como recurrentes dos personas naturales, respecto de quienes se indica domicilios ubicados en la comuna de nombre reservado, pero su ampliación respecto de terceros indeterminados o genéricos no resulta admisible en una acción constitucional.

En segundo término, el recurso no indica cuál es el acto u omisión ilegal que se le imputa. Abunda en consideraciones generales en relación a temas medioambientales y descripciones respecto de lo que ocurriría en la zona de nombre reservado y Puchuncaví, pero no da cumplimiento respecto de la empresa recurrida a ese requisito constitucional.

En tercer lugar, el recurso invoca un derecho a cuyo respecto no resulta procedente la interposición de la presente acción constitucional, cual es la protección de la salud, consagrado en el N° 9° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuarto lugar, el recurso carece de oportunidad, en la medida que el tema al que se refiere ya está siendo abordado por la autoridad competente y de conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema.

Termina señalando que el recurso debe ser rechazado, además, porque no existen hechos que le sean imputables que digan relación con las situaciones a las que apunta la acción constitucional, y porque no existe afectación de derechos constitucionalmente garantizados de los que sean titulares los recurrentes.

A folios 35, 43 y 67 informa la recurrida CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DIVISION-VENTANAS, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Señala que ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, sin incurrir en acciones u omisiones ilegales, no ha vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por los recurrentes pues no existe una relación de causalidad entre el episodio y el desarrollo de la actividad de fundición, y ha dado cumplimento a todas las medidas ordenadas por la autoridad.

Expone que se encuentra sujeta a la siguiente normativa: 1.- Decreto Supremo N°185 de 1991, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1992, del Ministerio de Minería (“DS 185”), que reglamentó el Funcionamiento de Establecimientos Emisores de Anhídrido Sulfuroso, Material Particulado y Arsénico en todo el territorio de la República; 2.- Decreto Supremo N°28 de 2013, publicado en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2013, del MMA, que establece Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico (“DS 28”); 3.- El Decreto Supremo N°1049, publicado en el Diario Oficial el 16 de mayo de 2019, del MMA, que establece Norma Primaria de Calidad de Aire para SO2 (“DS 104” o “Norma Primaria de Calidad para SO2”) y 4.- El Decreto Supremo N°10517, publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2019, que “Aprueba Plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví” (“PPDA Concón, nombre reservado y Puchuncaví”).

Asegura que ha dado cabal cumplimiento a su Plan Operacional, ya que, al activarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas, por detectarse la excedencia de la norma horaria para SO2, hecho ocurrido a la 1:00 am. Del 6 de junio, implementó las medidas previstas para tal supuesto. Desde el año 2018, ha sido fiscalizada en más de 350 ocasiones, sin haber sido sancionada a la fecha por incumplimiento de sus normas de emisión, obligaciones del PPDA de Concón, nombre reservado, Puchuncaví o de su Plan Operacional.

Respecto al recurso de protección Rol N°112.995-2022, añade que dicha acción no cumple con los requisitos que la Constitución Política de la República establece para su interposición, pues quien recurre –el Senador Francisco Javier Chahuán Chahuán– la entabla respecto de terceros indeterminados o genéricos –los ciudadanos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví–, sin identificar a quienes se encuentran directamente afectados por los supuestos actos, lo que no resulta admisible en una acción constitucional como el recurso de autos.

A folio 36 evacúa informe AES ANDES S.A., a la que acompaña EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SpA, haciendo presente que, considerando que esta última es filial de AES Andes y titular de la operación de las Unidades 3 y 4 del Complejo Termoeléctrico Ventanas, en adelante CTV, por lo que comparece en el presente procedimiento a pesar de no tener la calidad de recurrida.

Solicitan que se rechacen los recursos, aseverando que la actividad del CTV no causó el peak de emisiones de dióxido de azufre del día 6 de junio de 2022. La información técnica-científica disponible a la fecha así lo demuestra, por cuanto las emisiones del Complejo no llegaron al área de nombre reservado, pues se dirigieron en sentido contrario a dicha localidad. AES Andes no ha desarrollado ninguna actuación ilegal, presupuesto indispensable para conceder la protección solicitada por los recurrentes. La actividad del CTV se encuentra sometida a una profusa y estricta regulación en materia de emisiones a la que da total cumplimiento, por lo que no puede calificarse su actividad como ilegal ni tampoco ha desarrollado actos que puedan estimarse arbitrarios. Durante el día 6 de junio del presente año, AES Andes y EE Ventanas adoptaron, tanto en forma previa como posterior al peak registrado, un conjunto de acciones operacionales destinadas a tutelar la salud de la población, las cuales tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas imperantes en la zona, observando una conducta diligente y cuidadosa respecto de su entorno y las personas que lo habitan.

Consideran que la acción debe ser rechazada por encontrarse los hechos que fundan el recurso efectivamente sometidos al imperio del derecho, toda vez que las autoridades gubernamentales y ambientales reaccionaron de manera oportuna, dictando una serie de medidas pre-procedimentales con el fin de resguardar la salud de la población y, a continuación, desarrollaron procesos de fiscalización respecto de las potenciales fuentes. Se ha decretado una alerta sanitaria, decisión administrativa que permite a la SEREMI de Salud de la V Región adoptar medidas operacionales, ordenar la disminución de determinadas emisiones atmosféricas, o determinar la suspensión parcial o total de una actividad productiva; la autoridad pública ha anunciado la implementación de medidas adicionales en materia de emisiones atmosféricas en el mediano plazo, y tras la ocurrencia de los hechos que fundan el recurso se concretó la paralización de la principal fuente emisora de SO2 en la zona, lo que refuerza la conclusión de que la acción hoy carece de oportunidad.

A folio 45 informa la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO.

Plantea que, con fecha 6 de junio de 2022, mediante Resolución Exenta N° 846, declaró nombre reservado por contaminación atmosférica para las Comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví. La Secretaria Regional Ministerial de Salud emitió el Oficio Ord. N° 560, en cual consta un informe epidemiológico de aumentos de atenciones de salud en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví. En el marco de los presupuestos establecidos en el Plan de Prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, con el objetivo de enfrentar esa emergencia ambiental se constituyó el Comité de Gestión Riesgos Regional (“COGRID”) de conformidad a la Ley 21.364, presidido por la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, y el Director de ONEMI propuso la revisión de alcantarillados de los establecimientos educacionales de la zona afectada, dado que en casos similares se ha detectado ácido sulfhídrico. Los acuerdos adoptados en el COGRID fueron los siguientes: 1.- Informar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación ante episodios de emergencia por SO2 en cualquier horario; 2.- Extender la Declaración de nombre reservado hasta las 22:00 horas de ese mismo día, es decir, 06 de junio de 2022; 3.- Como medida preventiva, suspender clases en la comuna de Puchuncaví; 4.-Convocar a una mesa técnica de trabajo a las empresas del complejo industrial de nombre reservado-Puchuncaví para el día miércoles a las12:00 horas; y 5.- Citar a punto de prensa para el día martes 07 de junio de 2022, a las 9.30 horas, para comunicar las medidas adoptadas.

Prosigue manifestando que, con fecha 8 de junio de 2022, ante el aumento del número de atenciones en centros de salud que pudieran estar asociadas con emisiones atmosféricas, mediante Resolución Exenta N° 855 se declaró nombre reservado, previsto en el artículo 47 letra c) del Decreto Supremo N°105 de 2018, para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, durante el día miércoles 08 de junio de 2022, desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas. El 13 de junio se realizó la segunda Mesa de Trabajo convocada por la Delegación Presidencial Regional, y en dicha instancia los representantes de las empresas del complejo industrial expusieron los planes de prevención que se están implementado en la zona afectada.

El día 16 de junio de 2022 se reportó un incremento de atenciones de salud en los estudiantes y profesores pertenecientes a establecimientos educacionales de la comuna de nombre reservado, y se emitió un Informe Epidemiológico que da cuenta del aumento de estas, con diagnóstico relacionado con “efecto tóxico de otros gases, humos y vapores”, por lo que, mediante Resolución Exenta N° 897, del mismo día, se declaró nombre reservado.

Durante el 22 de junio de 2022 nuevamente se registró un aumento en el número de atenciones de salud por parte de estudiantes y docentes cuyo malestar pudiere eventualmente estar asociado con emisiones atmosféricas, por lo que se emitió nuevamente emitió un Informe Epidemiológico.

Agrega que, con fecha de 28 de junio de 2022, la informante convocó a la tercera reunión de la Mesa de Trabajo, cuyo objetivo era revisar los planes operacionales de las empresas, y se informó que el día 29 de junio de 2022 se anunciarían las medidas que serían tomadas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Dichos planes operacionales de las empresas del complejo industrial están en proceso de revisión y prontamente se realizarán las observaciones.

A folio 50 informa la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, quien expresa que, respecto de los eventos sucedidos entre los días 6 a 24 de junio del presente año, se aplicó el Plan de Emergencia Específico por Variable de Riesgo de Contaminación Ambiental a Nivel Regional.

Señala que funcionarios del Departamento de Medio Ambiente revisan diariamente, sobre todo cuando existe denuncia de olores, la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Si no se registran parámetros que superen la norma, personal de emergencia comunal y protección civil se dirige a los distintos establecimientos educacionales de la comuna para evaluar la situación que generó la alerta, procediendo a recabar antecedentes de la cantidad de afectados en los establecimientos y generando mediciones si se solicitasen.

A folio 52 presenta informe el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y su SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL.

Indica que, a partir de la dictación de la Ley N°20.417 en el año 2010, la institucionalidad ambiental chilena se vio fortalecida mediante la creación del MMA, el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) y la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 19.300, dicha cartera ministerial es el órgano de la Administración del Estado responsable de elaborar políticas, planes, programas y normas en materia ambiental. En razón de las competencias legales, al Ministerio no le corresponde informar sobre las fiscalizaciones ni del resultado de las mismas realizadas a las recurridas ni respecto del cumplimiento del PPDA CQP, materias que le corresponden a la Superintendencia del Medio Ambiente, ni tampoco es competencia del Ministerio las cuestiones relativas a la “recalificación” de proyectos o actividades en el marco del SEIA, al ser el Servicio de Evaluación Ambiental el administrador de dicho instrumento.

Asegura que ha implementado las acciones y medidas que se encuentran dentro de su competencia, de forma oportuna y eficaz para la correcta implementación de la Gestión de Episodios Críticos, iniciando un inédito proceso general de actualización de los Planes Operacionales de la zona, y contando ya con un nuevo Plan Operacional más restrictivo para Codelco – División Ventanas. Además, puso en funcionamiento una plataforma de información a la ciudadanía, en la que diariamente se publica el pronóstico de ventilación de las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví y se almacenan los pronósticos desde el 30 de marzo de 2019 hasta la fecha.

Sostiene que actuó conforme al ordenamiento jurídico vigente; no se configuran los presupuestos establecidos en el artículo 20 de la Constitución; las garantías constitucionales invocadas no han sido infringidas por esa Secretaría de Estado, por lo que no es posible afirmar la existencia de una omisión ilegal y arbitraria, ya que ha implementado los instrumentos de gestión ambiental que son de su cargo. Además, el recurso ha perdido oportunidad, por cuanto lo solicitado por los recurrentes ya se ha llevado a cabo, mediante la dictación del D.S. N°104/2018; la aprobación del PPDA CQP y de planes operacionales por los cuales se permite reducir emisiones de forma inmediata; la actualización general de esos planes operacionales y la aprobación del nuevo plan operacional de Codelco.

A folios 53, 54 y 55, expone la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA que no le corresponde intervenir ni informar los asuntos que por su naturaleza sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, hace saber que, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de esa Entidad de Control, con fecha 10 de junio de 2019 se publicó el Informe Final de Investigación Especial Nº 6, de ese origen, sobre la licitación pública denominada "Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformular el Plan de Ventanas”, cuyos productos serían utilizados como insumo para la elaboración del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, versión 2017. El Informe de Seguimiento del anotado Informe Final se emitió con fecha 30 de julio de 2021. Por otra parte, mediante el Informe Final de Investigación Especial N° 793, de 18 de octubre de 2019, de la Contraloría Regional de Valparaíso, se publicaron los resultados de la auditoría efectuada a la Municipalidad de Puchuncaví, sobre eventuales irregularidades en relación con la elaboración de la ordenanza local para el manejo de la Zona Especial Natural (ZEN) y Zona Especial Costera (ZEC).

A través del Informe Final N° 27, de 2 de mayo de 2022, del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas, se dieron a conocer las conclusiones de la auditoría a las acciones desarrolladas por los órganos de la administración del Estado para gestionar los riesgos para la vida y la salud de las personas en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, por la exposición a contaminantes presentes en el aire, agua y suelo.

A folio 57 informa la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI, la que señala que el día lunes 06 de junio de 2022 fue informada de la ocurrencia de una presunta emergencia ambiental producida al interior de la Escuela Básica Campiche, a raíz de lo cual inmediatamente se instruyó a la Oficina del Medio Ambiente Municipal a fin que comprobara, in situ, la efectividad y alcance de dichos hechos. Para tal efecto se concurrió al lugar dotado del pertinente equipo de monitoreo multigases Yes Plus Lga y se procedió a realizar mediciones en el patio del señalado establecimiento educacional, detectándose trazas de CL2. Posteriormente, llegaron al lugar un funcionario de la Superintendencia de Medio Ambiente, Región Valparaíso, y la jefa de la Oficina del Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví, quienes realizaron mediciones en las distintas salas del establecimiento educacional, detectando altos valores de compuestos orgánicos volátiles (COVS) y una disminución en el oxígeno disponible en el aire, por lo cual se indicó a su directora que se debía disponer, de manera preventiva, el retiro inmediato de los alumnos de las salas de clases, ya que la atmósfera no estaba en condiciones óptimas para la permanencia de los educandos en su interior y, una vez hecho ello, se realizó un proceso de ventilación de dichas aulas y de identificación de la fuente de las emisiones, detectándose que la estufa a gas destinada a la calefacción de dichas salas no se había sido cerrada correctamente. Bomberos de la comuna también concurrió al lugar e hizo mediciones en el patio de la Escuela Campiche, detectando una fuga de gas de un galón de 75 kilógramos, y trascurridos unos 30 minutos de detectada la fuente de la emisión y controlada ésta, se realizó una nueva medición, verificando que los valores habían disminuido, y, por ello, se permitió a los niños, niñas y profesores ingresar nuevamente a las salas de clases.

Expresa que, a la fecha, no ha sido informada de los resultados de los procedimientos administrativos derivados de los hechos suscitados en Codelco Ventanas, por lo que no puede señalar si son efectivos o no los reproches que las actoras le dirigen a la recurrida. De acuerdo a lo que registraron el día 06 de junio de 2022 las cuatro estaciones de monitoreo existentes en la comuna, si bien los índices arrojaron un promedio de entre 100 y 150 ug/m3 y no sobrepasaron la norma permitida, no es descartable que el evento ocurrido haya provocado afectación a los alumnos y personal docente de los establecimientos educacionales.

A folio 67 la CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DIVISION-VENTANAS comunica la decisión de cierre de la Fundición de CODELCO Ventanas.

Expone que el día 17 de junio de 2022 el Directorio de CODELCO, en sesión extraordinaria, aprobó por la mayoría de sus miembros avanzar en la preparación del cese de operaciones de la Fundición de CODELCO Ventanas, sujeta a que el Congreso Nacional modifique la Ley N° 19.993 en un plazo acotado. Dicha decisión obedeció, a que, pese al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable que ha ido estableciendo estándares más estrictos, se siguen registrando crisis socio ambiental, pero no es posible ejecutar el cese de manera inmediata, puesto que se requiere de varias etapas para poder concretarlo.

A folio 72 evacúa informe la FISCALIA LOCAL DE QUINTERO, comunicando que ante ella se tramita la causa RUC 2200577530-6, iniciada con fecha 14 de junio de 2022, por denuncia interpuesta por don Francisco Javier Chahuán Chahuán, por los hechos acaecidos con fecha 8 de junio de 2022, expresando que desde la Fundición Codelco Ventanas, se habrían emitido altas concentraciones de dióxido de azufre, y producto de la denuncia se despachó con fecha 14 de junio del presente año, orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de Valparaíso, por un plazo de 30 días, no habiéndose a la fecha recepcionado el resultado de la diligencia.

A folio 79 informa el MINISTERIO DE SALUD, quien solicita el rechazo integro de la acción, exponiendo que, atendidos los diversos hechos denunciados, la Seremi de Salud de Valparaíso desplegó una serie de acciones de control y fiscalización en el ámbito de sus competencias, utilizando las herramientas que le entrega el ordenamiento jurídico.

Afirma que, en el mes de agosto del año 2018, el Ministerio estableció la Alerta Sanitaria por contaminación del aire en la zona de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, con el fin de entregarle atribuciones extraordinarias a la Autoridad Sanitaria Regional, que le permitieran la recuperación ambiental de la calidad del aire en el área afectada y a lo anterior se agregó: 1.- El Plan de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, en el mes de agosto de 2019; 2.- Consultas de Salud Mental; 3.- Capacitación del personal de Salud y otros profesionales en materia de Salud Ambiental. A través de la Resolución Exenta N°1444, del 21 de agosto de 2019, se realizó la Creación del Grupo de trabajo asesor en medidas sanitarias para las comunas de Concón, Puchuncaví y nombre reservado.

Estima que la acción cautelar es improcedente, por cuanto el recurso excede a las materias que deben ser conocidas por éste atendida su naturaleza, toda vez que deben ser discutidas en recursos de reclamación o ante la Contraloría General de la República. Además, no concurre una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Ministerio de Salud ni existe una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución que se indican en su artículo 20.

A folio 82 hace llegar su informe la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, quien detalla las acciones llevadas a cabo en la zona afectada de Puchuncaví y nombre reservado, los días 6, 8 y 14 de junio del presente año, a que refieren los recursos interpuestos.

Previene que la declaración de nombre reservado por contaminación atmosférica es una facultad que corresponde a la Delegación Presidencial Regional y que tiene como fundamento los informes que pueda proporcionar la Seremi de Salud respectiva. En ese sentido, indica que, por medio de Ordinario N° 560 de 6 de junio de 2022, remitió Informe Epidemiológico dando cuenta del aumento de atenciones de salud en las comuna de nombre reservado y Puchuncaví, lo que motivó la dictación de la Resolución Exenta N° 848, de 6 de Junio de 2022, por parte de la Delegación Presidencial Regional, que declaró nombre reservado por contaminación atmosférica en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví por 5 horas, entre las 17:00 horas y las 22:00 horas del día 6 de junio de 2022. El mismo procedimiento se siguió en declaraciones de episodios críticos posteriores en las comunas señaladas.

A folio 86, la SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE actualiza un consolidado de la gestión del Ministerio del Medio Ambiente respecto del medio atmosférico en la zona de Concón nombre reservado y Puchuncaví, que además da cuenta del cumplimiento de las medidas impuestas por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 5.888-2019.

En los autos Rol IC N°126.662-2022:

A folio 22 informa COPEC S.A., quien solicita el rechazo del recurso en todo en cuanto se relacione con ella, por cuanto las imputaciones que se realizan en su contra simplemente no son efectivas, dado que su actuar se ha encontrado siempre en conformidad al ordenamiento jurídico, además de no existir relación causal entre sus instalaciones y los episodios que motivan la acción de autos.

Señala que opera dos instalaciones en la zona de nombre reservado, el Terminal de Productos Importados (“TPI”) y la Planta de Lubricantes (“LUB”), las cuales se encuentran evaluadas ambientalmente y debidamente autorizadas, y cuenta con un modelo de gestión sostenible, en cuya virtud participa en un importante número de instancias que propugnan la búsqueda de una solución para la situación que aqueja a los habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, entre las que se cuentan, a modo ejemplar, las siguientes: 1.- Red de Monitoreo; 2.- Participación en Potencial Conciliación; 3.- Reuniones con Delegada Presidencial; 4.- Otorgamiento Usufructo para Instalación Feria Libre; 5.- Participación en mesa de trabajo con SMA; 6.- Luego de los últimos episodios críticos, la SMA invitó a las empresas a una mesa de trabajo, en la cual COPEC S.A se encuentra participando activamente; 7.- Participación a través de ASIVA (Asociación de Industriales de Valparaíso); 8.- Alianza de colaboración con la Fundación Kennedy; 9.- Iniciativa para el reciclaje y valorización de desechos de las Plantas.

Alega que no existe un acto u omisión arbitraria o ilegal que le sea imputable; opera el TPI Y LUB amparada en resoluciones de calificación ambiental favorables; ha cumplido con implementar todas las medidas exigidas en el capítulo V del PPDA relativas al control de emisiones de Covs e hidrocarburos; cuenta con un plan operacional para la gestión de episodios críticos cuyas medidas son suficientes e idóneas en razón de la menor envergadura de sus emisiones; y la conducta reprochada en el recurso de protección no tiene la naturaleza de ser ilícita ni antijurídica, puesto que ella no opera sus instalaciones por mero capricho, sino para abastecer una necesidad de la población.

A folio 24 evacúa informe EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A. “ENEX”, quien pide se deseche la acción atendido que: 1.- La compañía no vulneró, ni pudo vulnerar, las garantías constitucionales que el recurrente denuncia como infringidas; 2.- La acción adolece de defectos básicos que impiden su adopción; y 3.- La compañía no es responsable de los episodios de contaminación respecto de los cuales se denuncia su participación.

Manifiesta que ENEX es titular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°01/99 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso, que autorizó el proyecto “Terminal de Asfaltos y Combustibles”, antes inscrito en favor de Cordex S.A. La RCA, así como algunas de las instalaciones para operar el proyecto (los estanques de combustible, los ductos hasta la sala de bombas y otras instalaciones, algunas en régimen de copropiedad) pertenecen a la compañía desde 2017, mientras que los estanques de asfalto son de propiedad de la empresa Asfaltos Conosur S.A. EXEX opera ambas instalaciones. El terminal marítimo, así como los ductos que lo conectan con los estanques, pertenecen a Puerto Ventanas S.A., que los opera por su cuenta. Conjuntamente consideradas, estas obras y partes conforman el “Proyecto” amparado por la RCA. El asfalto y los combustibles se almacenan en contenedores y estanques ubicados en el sector de La Greda Alta (Puchuncaví). En el terminal marítimo de Puerto Ventanas se recibe combustible y asfalto de buques de carga. Los productos también son almacenados y despachados en camiones cargados de la respectiva mesa de carga. Finalmente, se dispone de la infraestructura complementaria imprescindible, como el sistema de ductos, depósitos de almacenamiento, caseta de bombas, el laboratorio de control; entre otros.

En lo que respecta a sus emisiones, ENEX se sujeta a lo dispuesto en la RCA, las normas de emisión, de calidad y los demás instrumentos de gestión ambiental, que regulan sus emisiones de MP10 y MP2,5, SO2, NO2, CO y O3. La empresa jamás ha superado los umbrales establecidos en la regulación pertinente, y sus emisiones se encuentran muy por debajo de los máximos establecidos. En cuanto al SO2, el Decreto Supremo N°104 de 2018 del MMA fija el máximo de sus emisiones como concentración máxima anual en 60μg/m3N, y diaria en 150μg/m3N.

Sostiene que cumple cómodamente la regulación de emisiones y, en aquellos casos en que ella no ha sido dictada, satisface de igual manera los estándares de referencias aplicables, específicamente el de los COVs, contaminante respecto del cual la compañía es un emisor de muy leve entidad.

Plantea que el recurso debe ser desestimado, por cuanto es extemporáneo; contiene sólo una imputación en contra de ENEX que, contrario a lo que se afirma, sí cuenta con un Plan Operacional; los actos de la compañía son lícitos y conforme a derecho, de modo que no pueden al mismo tiempo afectar garantías constitucionales; el petitorio no es operativo y perdió oportunidad por los hechos y medidas que la propia recurrente relató; y esta instancia cautelar no es la adecuada para conocer las pretensiones del recurrente.

A folios 25 y 26 GNL nombre reservado S.A. (GNLQ), solicita que la acción de protección sea rechazada en todas sus partes.

Señala que la recurrente imputa a GNLQ “responsabilidad directa en los episodios de contaminación de los días 08, 14, 15 y 16 de junio de 2022”, dejando expresamente fuera el episodio que se habría generado con fecha 22 de junio de 2022.

Manifiesta que en el año 2007 se constituyó la sociedad GNL nombre reservado S.A., cuyo terminal de recepción, descarga, almacenamiento, regasificación y carga de gas natural licuado (GNL) inició sus operaciones en 2009, y posteriormente, en mayo de 2011, comenzó a operar la Estación de Carga de Camiones de GNL. Las operaciones que desarrolla en su Terminal son seguras y limpias y corresponden a la recepción y posterior almacenamiento del GNL, a través de un muelle y estanques, luego de lo cual el GNL es regasificado –vuelto a convertir a su estado gaseoso- e inyectado a las redes de gasoductos a través de las cuales es distribuido a la zona central del país, o bien es cargado en camiones cisterna, lo que permite llegar a lugares no conectados a estas redes.

Para gestionar los impactos, GNLQ cuenta con estrictas políticas y estándares, procesos de planificación estratégica y monitoreos de distinto tipo; además tiene certificados conforme a normas ISO 9.001, 14.001, 45.001, y 50.001 hasta marzo del año 2024, inclusive, certificación que es revisada anualmente. Desde sus inicios, GNLQ ha estado sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), y todas y cada una de las RCA (9 en total) se encuentran sujetas a la tuición, seguimiento y fiscalización por parte de la SMA. La operación de GNLQ genera mínimos impactos sobre el entorno, lo que se observa particularmente en sus bajas emisiones atmosféricas, la mayoría de las cuales se producen en equipos de respaldo que no forman parte de la operación principal y representan menos del 0,1% del total emitido por las demás fuentes presentes en la Bahía de nombre reservado.

Asegura que son improcedentes las peticiones contenidas en el recurso de protección. En cuanto a la petición de ejecutar operaciones con respeto de los derechos humanos, señala que la operación del Terminal de GNLQ se realiza con pleno respeto a las garantías constitucionales, por medio de: 1.- Un proceso que es limpio, no contaminante; 2.- Que da cumplimiento a los instrumentos de contenido ambiental que lo rigen (resoluciones de calificación ambiental y PPDA); 3.- Que se ajusta a las medidas dispuestas por la SMA más allá de la suspensión de estas por causa de riesgo de interrupción de suministro; 4.- Que cuenta con un Plan Operacional aprobado desde el año 2019 que fue actualizado y aprobado el 22 de julio de 2022, cuyo cumplimiento fue acreditado a la SMA; 5.- Que despliega la debida diligencia en la mantención y mejoramiento de sus instalaciones, incluso en forma previa a estos hechos, en el marco de un plan de mantención de largo plazo hasta el año 2035; 6.- Contribuye con la comunidad de nombre reservado con sus proyectos del área de sustentabilidad, buen vecino y responsabilidad social empresarial.

Respecto de la auditoría de atribución de responsabilidad que se pide, considera que la recurrente pretende subrogar los procedimientos de fiscalización que la SMA ya está instruyendo con arreglo a su ley orgánica, en los que ha decretado medidas provisionales (MUT), sin que los sujetos objeto de la auditoría tengan las garantías para desvirtuar el potencial juicio de responsabilidad que se les atribuya. Esta petición tampoco puede prosperar, ya que, por una parte, está abordada por el inherente alcance de los procedimientos de competencia de la SMA; y por la otra, es una petición contraria al régimen constitucional.

A folio 27 CODELCO VENTANAS presenta el informe recabado, en términos similares al evacuado en la causa principal.

A folio 28 AES ANDES S.A., en compañía de EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS SpA. informan el recurso, a similitud del presentado en la causa a la que fue acumulado.

A folio 29 OXIQUIM S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Expone que ha invertido más de USD 12,6 MM en la implementación de sistemas de recuperación y/o mitigación de Compuestos Orgánicos Volátiles (“COVs”), diseñados para disminuir en más de un 95% las emisiones de tales compuestos; y para ello tuvo en especial consideración las tecnologías recomendadas como Medidas de Control de Emisiones (“EMC”), de acuerdo a lo establecido en el “Documento de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles sobre las Emisiones generadas por el almacenamiento”.

Plantea que Oxiquim cuenta con un Plan Operacional del Terminal Marítimo que establece medidas operacionales suficientes para mitigar los COVs, todo de conformidad al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví (“PPDA”), y ha efectuado un aumento de las restricciones originales contenidas en su Plan Operacional.

Arguye que el recurso de protección contiene alegaciones que resultan genéricas e imprecisas respecto de la supuesta participación que Oxiquim tendría en los hechos que se denuncian y no describe de manera alguna cómo la supuesta ilegalidad en la que habría incurrido afecta las garantías constitucionales en él enunciadas, lo que evidencia que la presente acción cautelar resulta inoficiosa.

A folio 31 informa GASMAR S.A., pidiendo que la acción deducida sea desechada.

Acusa que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el presente conflicto, por cuanto lo que persigue es obtener una solución de fondo no sólo respecto de eventos de contaminación de junio de 2022, sino también del asunto histórico de contaminación en la Bahía de nombre reservado; circunstancia que escapa del alcance de la acción de protección, toda vez que el ordenamiento jurídico chileno contempla otros procedimientos idóneos y pertinentes para lograr este cometido. La acción de protección carece de objeto jurídico, porque ha perdido su oportunidad y eficacia, además que existen también otras medidas, de corto, mediano y largo plazo, presentadas por las autoridades competentes, que dan cuenta que el asunto se encuentra actualmente bajo el imperio del derecho.

Expresa que existe una falta de presupuestos mínimos de la acción de protección, por cuanto no se configura la ilegalidad o arbitrariedad respecto de la cual se intenta atribuirle una “responsabilidad directa”, en conjunto con otras empresas del Complejo Industrial, sobre los episodios de contaminación de los días 8, 14, 15 y 16 de junio de 2022, en el erróneo entendimiento de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) atribuyó esos episodios a la emisión de COVs, lo que infiere a partir de que el organismo dictó medidas provisionales en contra de las empresas que emiten este tipo de compuestos en la zona, pero no ha atribuido ningún tipo de responsabilidad en esos eventos a Gasmar. Al contrario, la Superintendencia del Medio Ambiente se limitó a actuar en virtud del principio preventivo y precautorio, previniendo, en forma expresa, que no era posible determinar un responsable de las intoxicaciones evidenciadas.

Indica que ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, dando cumplimiento a todas sus obligaciones relacionadas con el Plan Operacional y el Plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví (“PPDA CQP”). En específico, en el Capítulo V se contempla el control de emisiones de COVs, con una obligación de declarar anualmente las emisiones de estos compuestos. Gasmar ha reportado en tiempo y forma sus emisiones, lo que hoy se encuentra sistematizado en el Inventario de Emisiones año 2021-27, elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente Valparaíso en el mes de mayo 2022.

Hay, por tanto, una falta de relación causal entre la supuesta ilegalidad y los agravios alegados por la recurrente A folio 33 presenta su informe la OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, quien solicita el rechazo de la acción.

Denuncia la improcedencia de la acción de protección, en primer lugar porque la ONEMI no es quien ordena las evacuaciones, sino que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de acuerdo al Plan Regional de Emergencia Específico por Variable de Riesgo por Contaminación Ambiental, en su punto 5.2.1. y, como también señala el mismo Plan en el punto 5.2.2, de requerirse una evacuación preventiva, esta se coordinará directamente con el denominado Comité de Operaciones de Emergencia Comunal y los integrantes del Comando Conjunto en Terreno.

En segundo lugar, porque no es posible cumplir el objetivo de la acción cautelar, por cuanto las evacuaciones solicitadas fueron a raíz de eventos que ya acaecieron, perdiendo sentido por falta de oportunidad que se realicen evacuaciones sin la existencia de una emergencia ambiental en curso.

Afirma que ONEMI dio cumplimiento al correspondiente al Plan Regional de Emergencia por Variable de Riesgo Contaminación Ambiental, pues el día 6 de junio de 2022, se declaró, de conformidad los supuestos establecidos en el punto 7.1. de dicho Plan, la correspondiente “alerta temprana preventiva” y los episodios de contaminación que la recurrente alega que se dieron los días 8, 14, 15, 16 y 22, no generaron acciones que dieran lugar a la activación del Plan Regional en cuestión, dado que no existe ninguna alerta declarada por contaminación ambiental. Además, en su rol asesor del sistema SINAPRED, participó en diversas reuniones coordinadas sectorialmente y desde la Delegación Presidencial con tales propósitos.

A folio 34 informa el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE al tenor del recurso de protección, impetrando que se rechace en todas sus partes por las razones de hecho y de Derecho que expone.

A folio 38 evacúa informe el MINISTERIO DE SALUD, quien pide el rechazo integro de la acción, en términos similares a los que dio a conocer en el recurso al cual fueron acumulados estos autos.

A folio 85 de los autos Rol N° 110.184-2022 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la acción constitucional de protección, recogida, por ejemplo, en sentencia Rol N° 29.992-2019, de 31 de julio de 2020, ha señalado “que se debe precisar que, si bien en virtud de la competencia conservativa, esta Corte puede adoptar todas las medidas que estime conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no puede perderse de vista que esta acción constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado.

Es el objetivo expuesto el que debe estar presente tanto en el análisis del sentenciador de primer grado como también en el de esta Corte al pronunciarse respecto del recurso de apelación.” (considerando séptimo)

Agrega en ese fallo nuestro más alto Tribunal: “En efecto, esta Corte ha señalado reiteradamente que para que prospere la acción de protección, requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Además, ha señalado que ésta no es la vía para dilucidar aspectos técnicos vinculados a la evaluación ambiental de proyectos como tampoco a la determinación de la existencia de infracciones a la normativa ambiental, sin embargo, es procedente la acción, si al analizar materias que eventualmente se encuentran vinculadas a tales aspectos, se determina la existencia de un acto ilegal y arbitrario que afecte las garantías fundamentales de los actores, razón que justifica la adopción de medidas concretas en resguardo de los derechos constitucionalmente protegidos.

Así, la única situación en que una acción de protección puede prosperar, atendido que constituye una medida de tutela urgente, es ante la existencia de riesgos o amenazas graves en relación a las garantías constitucionales protegidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 20 del mismo texto fundamental” (considerando duodécimo).

Segundo: Que, por otra parte, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por las respectivas autoridades puede darse por establecidos los siguientes hechos relativos a los episodios de contaminación a que se refieren estos autos:

1.- “De acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, el día 6 de junio existieron malas condiciones de ventilación en la zona de Concón, nombre reservado y Puchuncaví entre las 23:00 horas del 5 de junio y 10:59 horas del 6 de junio de 2022.” “A las 01:00 horas del 6 de junio de 2022, se detectó una superación normativa al Decreto Supremo N°104/2018 Ministerio de Medio Ambiente, que establece la Norma primaria de calidad ambiental para SO2, específicamente en la estación nombre reservado, la que presentó una concentración horaria de dióxido de azufre, SO2, de 1327 ug/m3N”. (Resolución N° 863, de 7 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerandos 4 y 5)

2.- “En el Oficio Ord. N°347 de fecha 6 de junio del presente año, emanado por la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente V región, en virtud del cual se informa que efectuado el seguimiento a la calidad del aire respecto de las comunas de nombre reservado, Concón y Puchuncavi a través de monitoreo; se habría advertido que de conformidad a la Norma Horaria de dióxido de azufre(SO2), el día 6 de junio de 2022 entre las 00.00 y las 01.00 hrs. se registró un valor horario de dióxido de azufre de 1327 ug/m3 en la Estación nombre reservado de la Comuna de nombre reservado, esto último sería equivalente al nivel Emergencia Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 104/2018. En razón de lo expuesto, la Secretaría Regional Ministerial, solicitó la declaración de nombre reservado por el periodo de 2 horas, entre las 01.00 y las 03.00 horas el 6 de junio de 2022.” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 2)

3.- “Con fecha 6 de junio de 2022, mediante Resolución Exenta N° 846, esta Delegación Presidencial de Valparaíso (en adelante “DPR”), declara nombre reservado por contaminación atmosférica para las Comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncavi.” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 1)

“En virtud de lo anterior, se decretó mediante la Res. Ex. N° 846/2022, un nombre reservado previsto en el Decreto Supremo N°105/2018 por concentración horaria de dióxido de azufre, SO2, nivel emergencia ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°104/2018, debido a la mala calidad de aire para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, para el día 6 de junio desde las 01:00 horas hasta las 03:00 horas del mismo día.” (Resolución N° 863, de 7 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerando 6)

4.- “Que, con fecha de 6 de junio de 2022, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, emite el Oficio Ord. N° 560, en cual consta un informe epidemiológico de aumentos de atenciones de salud en las comunas de nombre reservado y Puchuncavi, enmarcándose dentro de los presupuestos establecido en la letra c) del artículo 47 de D.S N° 105, de 2018, que establece el Plan de Prevención. En base a lo anterior, mediante Resolución Exenta N° 848, con fecha de 6 de junio de 2022, se declara nombre reservado de acuerdo al artículo 47 letra c) del Decreto Supremo N°105 de 2018 por aumento de número de atenciones en centros de salud que pudieran estar asociados con emisiones atmosféricas, para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, para el día lunes 06 de junio de 2022 por 5 horas entre las 17:00 horas y las 22:00 horas.” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 3)

5.- “Que, con fecha 7 de junio de 2022, debido a la emergencia sanitaria del día 6 de junio en la bahía de nombre reservado-Puchuncaví, causando intoxicaciones masivas en diversos colegios de la zona y teniendo presente que no pudieron establecerse las causas exactas que ocasionaron estos padecimientos, es que se coordinó a una reunión con la empresa ESVAL y otras autoridades, a fin de tomar medidas preventivas y de esta forma evitar situaciones de riesgos para la salud de la población.

Así las cosas, esta reunión tiene como propósito hacer un diagnóstico de la situación sanitaria de los establecimientos escolares del sector ya individualizado, y de esta forma implementar medidas destinadas a evitar la contaminación. De hecho, la Secretaria Regional Ministerial de Educación informa que de los 19 episodios de intoxicación en colegios de la zona durante el presente año, aproximadamente 7 de estos casos están asociados a ácido Sulfhídrico, que se han generado en los alcantarillados y en las cámaras desengrasadoras debido a su mal estado. A su vez, el encargado del departamento de gestión de emergencia de la Municipalidad de Puchuncaví, informó de la existencia de problemas de obstrucción en los ductos con arena producto de las lluvias” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 5)

6.- “De acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, el día 8 de junio existieron regulares condiciones de ventilación en la zona de Concón, nombre reservado y Puchuncaví entre las 08:00 y 13:00 horas del 8 de junio de 2022.” “Durante la mañana del 8 de junio estudiantes de diversos establecimientos educativos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví presentaron síntomas irritativos, cefaleas, náuseas, entre otros, según consta en el Oficio Ordinario N°564/2022 de Seremi de Salud. El establecimiento Colegio Santa Filomena de Quintero lideraba en cantidad de alumnos y funcionarios con síntomas. Sin embargo, cabe indicar que los casos han seguido en aumento durante el día, ascendiendo en última cifra a 105 atendidos en Hospital Quintero, APS nombre reservado y APS Puchuncaví (reporte de Seremi de Salud de las 17:30 horas). Cabe agregar, que se suspendieron las clases hasta el día 10 de junio de 2022 en colegios, jardines infantiles de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví como medida preventiva.” (Resolución N° 882, de 8 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerandos 5 y 6)

7.- “Que, el día 8 de junio de 2022, ante el aumento del número de atenciones en centros de salud que pudieran estar asociados con emisiones atmosféricas, mediante Resolución Exenta N° 855, esta Autoridad Regional, declara nombre reservado, previsto en el artículo 47 letra c) del Decreto Supremo N°105 de 2018, para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, durante el día miércoles 08 de junio de 2022, desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 7)

“En virtud de lo anterior, se decretó mediante la Res. Ex. N° 855/2022, un nombre reservado previsto en el Decreto Supremo N°105/2018, por lo dispuesto en la letra c) del artículo 47, de vigencia de las 14:00 a las 22:00 horas del mismo 8 de junio de 2022.” (Resolución N° 882, de 8 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerando 7)

8.- “Que, el día 16 de junio de 2021 (sic) se reportó un aumento de atenciones de salud en los estudiantes y profesores pertenecientes a establecimientos educacionales de la comuna de nombre reservado. En base a lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, remite Oficio Ord. N ° 594, de fecha 16 de junio del año en curso, el cual contiene Informe Epidemiológico que da cuenta del aumento de atenciones de salud en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, con diagnostico relacionado con “efecto tóxico de otros gases, humos y vapores”. (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 9)

9.- “En consecuencia, mediante Resolución Exenta N° 897, con fecha de 16 de junio de 2022, se declara nombre reservado de acuerdo al artículo 47 letra c) del Decreto Supremo N°105 de 2018 por aumento de número de atenciones en centros de salud, cuya sintomatología y malestar pudiera estar asociados con emisiones atmosféricas, para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, durante el día jueves 16 de junio, desde las 15:00 horas y hasta las 20:00 horas. (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 9)

“Según se da cuenta en Memorándum N°28 de la oficina regional de Valparaíso, el día 16 de junio de 2022 ha ocurrido un nuevo incremento de atención primaria de salud, que motivó la dictación de la Resolución Exenta Nº 897, por medio de la cual declaró nombre reservado por contaminación atmosférica en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, según lo dispuesto en la letra c) del artículo 47 del PPDA CQP, por aumento de atenciones primarias de salud por intoxicación relacionada a emisiones atmosféricas.” (Resolución N° 934, de 17 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerando 5)

10.- “Que, mediante información remitida por el Capitán de Puerto de nombre reservado, se tomó conocimiento que el día 16 de junio se realizaron dos procesos de descarga de combustible desde los terminales marítimos Multicrudo y El Bato. En particular este último, se realizó mediante alije. El terminal marítimo de Multicrudo corresponde a ENAP y El Bato, corresponde a Copec.” “Por su parte, el día 17 de junio durante la mañana, se tomó conocimiento de dos procesos de descarga, uno desde el terminal marítimo de Oxiquim norte de propano, otra descarga de químicos en terminal marítimo Oxiquim Sur, una descarga de GNL en terminal marítimo de GNL y una carga de diesel en terminal marítimo LPG. Cabe señalar que durante la mañana del 17 de junio, la estación de calidad ambiental “Sur” registró un leve aumento de hidrocarburos no metánicos.” (Resolución N° 934, de 17 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerandos 6 y 8)

11.- “Cabe destacar que tanto en los días 16 como 17 de junio, se han presentado episodios de intoxicaciones en niños y niñas de colegios de nombre reservado, así como también en adultos.” (Resolución N° 934, de 17 de junio de 2022, de la Superintendencia de Medio Ambiente, considerando 9)

12.- “Que, durante el 22 de junio de 2022, nuevamente se reportó un aumento en el número de atenciones de salud por parte de estudiantes y docentes, cuyo malestar pudiere eventualmente estar asociado con emisiones atmosféricas. En razón de lo expuesto, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, emitió un informe Epidemiológico, mediante el Oficio N° 617 de fecha 22 de junio de 2022, en el cual consta el aumento de atenciones de salud con sintomatología y malestar que eventualmente pudiera estar asociado con emisiones atmosféricas.” (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 10)

13.- “En razón de lo expuesto, se declaró nombre reservado, mediante Resolución Exenta N° 909, de acuerdo al artículo 47 letra c) del Decreto Supremo N°105 de 2018 por aumento de número de atenciones en centros de salud, cuya sintomatología y malestar pudiera estar asociados con emisiones atmosféricas, para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, durante el día miércoles 22 de junio, desde las 16 horas y hasta las 21.00 horas. (Informe Delegación Presidencial Regional de Valparaíso folio 45, Antecedentes de Hecho, número 10)

Tercero: Que, sobre la base de los hechos reseñados, resulta indispensable examinar la concurrencia de los requisitos constitucionales establecidos para la procedencia del recurso de protección.

Cuarto: Que, por una parte, la Excma. Corte Suprema consigna “la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican” en el artículo 20 de dicha Carta Fundamental.

Quinto: Que dicha afectación, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política, habilita a “el que” la sufra para “ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva”.

Por ello la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol Nº 5888-2019, de 28 de mayo de 2019, sostuvo que “antes de examinar el fondo de las alegaciones hechas valer en autos, se hace necesario decidir en torno a la sostenida falta de legitimación activa respecto de los recursos de protección interpuestos en favor de los “habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví”, en tanto dicho aspecto, vale decir, la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, de alguna persona determinada que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, constituye una exigencia ineludible para el acogimiento de la acción cautelar de que se trata, desde que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que corresponde individualizar al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama, pudiendo él u otro comparecer en su representación o a su nombre” (considerando 7°).

Sexto: Que, al respecto, es necesario señalar que el recurrente, si bien manifiesta que interpone esta acción constitucional por doña nombre reservado y don nombre reservado, a quienes individualiza con su estado civil, profesión, cédula de identidad y domicilio, agrega que las recurridas “han amenazado, privado y perturbado los derechos y garantías constitucionales de que son titulares los recurrentes y de los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví”.

Alega que ello incluye a los comparecientes debido a su lugar de residencia, manifestando: “En cuanto a los sujetos agraviados corresponden a los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado, los cuales son habitantes y residentes de la comuna de nombre reservado, pesando en este caso el deber de los órganos del Estado de tutelar el resguardo de los derechos fundamentales de los recurrentes y de todas las personas.”

No obstante, cuando se trata de aludir a los derechos y garantías fundamentales que se habrían visto conculcados, no indica la forma en que los dos recurrentes mencionados experimentaron amenaza, privación o perturbación, sino que se remite a los efectos generales que los actos u omisiones que acusan habrían tenido para la población.

Expone, en primer lugar, que se habría amenazado, perturbado y con riesgo de privación, “el derecho a la vida, integridad física y psíquica, todo esto íntimamente relacionado con el derecho a la salud. Al efecto consta y fue un hecho público, informado por la Seremi de Salud de Valparaíso el hecho de que el día 6 de junio se registraron 40 atenciones en Puchuncaví y 18 en nombre reservado en los respectivos servicios de urgencia, asimismo la delegación presidencial Regional de Valparaíso decretó emergencia ambiental para Concón, nombre reservado y Puchuncaví, indicando la suspensión de toda actividad física adicional a la rutina y clases de educación física, esto toda vez, que en cuanto a las lecciones aprendidas por la emergencia ambiental del 2018, se sabe que existen grupos de riesgos o grupos sensibles las personas con enfermedades cardiovasculares y/o pulmonares, niños, adolescentes, adultos mayores y embarazadas, todas las cuales están expuestas a un riesgo latente ante la existencia de emisiones superiores a la normativa que pueden resultar altamente nocivas para su salud.”

De todo lo anterior no resulta posible desprender ninguna afectación determinada a los derechos que se invocan de los dos comparecientes, ya que no se aclara si tuvieron que ser objeto de atención en los servicios de urgencia, si se vieron afectados por la suspensión de actividades físicas, si se encuentran comprendidos dentro de algún grupo de riesgo, es decir, no se proporciona ningún elemento de juicio concreto que respalde la alegada vulneración de derechos de que hubiesen sido objeto.

Enseguida, asegura que se ha quebrantado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación artículo 19 N°8 de la Constitución, porque las recurridas, “incumpliendo normativa medioambiental vigente, están afectando a los recurrentes y demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, con emisiones altamente nocivas de SO2.” Ese efecto sobre las personas reconduce nuevamente a la afectación de la vida, integridad física y psíquica de los recurrentes, en términos indistintos de los que se producirían para el conjunto de los habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, con independencia absoluta de las condiciones específicas que tuviesen en cuanto a riesgo o afectación determinada de esos derechos, respecto de las cuales nada se aporta.

Séptimo: Que, por su parte, el recurso acumulado Rol IC N° 117.551-2022 es interpuesto por Junta de Vecinos Villa La Roca, de nombre reservado, representada por su Presidente don nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y don nombre reservado, todos quienes se individualizan.

La acción constitucional se deduce “por los actos y omisiones ilegales y arbitrarias cometidos por la recurrida, los que han amenazado, privado y perturbado las garantías constitucionales de que son titulares los recurrentes y los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, afectando su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

En lo que concierne al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el recurso afirma que “la actuación u omisión ilegal y arbitraria detallada se manifiesta la vulneración de la integridad física de los habitantes de las comunas ya antes mencionadas. Es más SS Iltma, la contaminación ocasionada por la fundición a raíz de una falla sistemática y aún desconocida en sus instalaciones, ocasionaron que más de 100 personas presentaran cuadros de intoxicación, sin tener una garantía de que este no se vuelva a repetir, especialmente niños, cuando específicamente es nuestro deber velar por el interés superior de ellos.”

En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se limita a consignar que “conforme fue reportado y acreditado por las autoridades regionales, se vulneró el índice de Dióxido de Azufre máximo permitido por la normativa, intoxicando el medio ambiente de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.”

Por consiguiente, a similitud del primer recurso, no se identifica la lesión directa en sus derechos que habrían sufrido los actores, toda vez que se remiten a las consecuencias que habrían producido los episodios de contaminación para el conjunto de los habitantes de nombre reservado y Puchuncaví.

Es del caso añadir que se ha acompañado como anexo al recurso Certificado de Vigencia de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación el 14 de junio de 2022, que da cuenta que la inscripción N° 76987, de fecha 18 de agosto de 2005, de la Junta de Vecinos Villa La Roca, domiciliada en domicilio reservado, Región de Valparaíso, se encuentra vigente. No se ha acompañado certificado de vigencia de su Directorio que acredite la personería para representarla que invoca don nombre reservado, no obstante lo cual se admitirá su comparecencia en nombre de dicha organización territorial en virtud de la regla constitucional que permite deducir este recurso también a un tercero en nombre del agraviado.

Octavo: Que, en el caso del recurso Rol IC N°112.995-2022, acumulado a estos autos, el Senador don Francisco Javier Chahuán Chahuán lo funda “en una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales que vulneran el derecho de los ciudadanos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, afectando del mismo modo su integridad física y psíquica.”

Explica que “es evidente, conforme al relato de los hechos, que en el caso sub-lite y dada la actuación u omisión ilegal y arbitraria detallada en los párrafos anteriores, que se ha vulnerado la integridad física de los habitantes de la comuna” y que, “a mayor abundamiento, la contaminación ocasionada por la fundición a raíz de una falla sistemática y aún desconocida en sus instalaciones, ocasionaron que más de 60 personas presentaran cuadros de intoxicación, sin tener una garantía de que este no se vuelva a repetir.”

Además, en lo que concierne al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “conforme fue reportado y acreditado por las autoridades regionales, se vulneró el índice de Dióxido de Azufre máximo permitido por la normativa, intoxicando el medio ambiente de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.”

Noveno: Que, a su turno, en la acción de protección Rol IC N°126.662-2022, también acumulada al cuaderno principal, el Jefe de la Sede Regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don nombre reservado, manifiesta que interpone el recurso “en favor de las personas que habitan la zona nombre reservado-Puchuncaví”. Acusa que se han vulnerado “los derechos constitucionales de las personas que habitan la zona de nombre reservado y Puchuncaví, particularmente las 317 personas que recibieron atención médica en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero, por sintomatología asociada a intoxicación por inhalación de gases, vapores, humos o sustancias químicas, cuyos números de cédula de identidad” menciona en el libelo. En la parte petitoria, reitera que entabla la acción por cuanto las recurridas han vulnerado “los derechos constitucionales de las personas que habitan la zona de nombre reservado-Puchuncaví, particularmente las 317 personas que recibieron atención médica en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero, entre los días 6 y 28 de junio de 2022, por sintomatología asociada a intoxicación por inhalación de gases, vapores, humos o sustancias químicas, cuyos números de cédula de identidad” reproduce nuevamente.

Afirma que las omisiones de los recurridos afectan los derechos a la integridad física y psíquica, y derecho a un medio ambiente libre de contaminación, ya que “han provocado y continúan provocando graves consecuencias por los diversos episodios de contaminación que han afectado, en su conjunto, hasta ahora al menos a 317 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores, sin que hasta ahora se tenga claridad sobre los componentes que les han afectado, incumpliendo de este modo las funciones para las cuales han sido creados, y que les han sido encomendadas por las leyes vigentes. La ausencia de un marco regulatorio adecuado, así como la falta de fiscalización oportuna y periódica, y la ausente adopción de medidas de evacuación de las personas, luego de producidos los episodios, constituyen omisiones ilegales que afecta los derechos denunciados como vulnerados, de las personas que habitan estas comunas afectadas.”

En lo relativo al primero de esos derechos, plantea que “las omisiones ilegales de parte de los organismos estatales con competencias aquí individualizados, en torno a la fiscalización y sanción de las empresas emisoras del sector cordón industrial, han afectado el derecho a la integridad física y psíquica, al no evitar y por ende permitir que los habitantes de estas comunas se encuentren constantemente expuestos a las partículas tóxicas que emanan de las empresas emplazadas en el cordón, afectando gravemente la salud física y mental de las personas que allí habitan. Como señalamos, la situación fue de tal gravedad que, al menos 317 personas que residen en estas zonas, y entre ellas 210 menos de 18 años, fueron atendidas en centros asistenciales por síntomas de intoxicación. Tal como puede apreciar este Ilustre Tribunal, los episodios de contaminación que acaecieron los días 6, 8, 14, 15 y 22 de junio del presente año, en la zona de sacrificio de nombre reservado Puchuncaví, amenazan el derecho a la integridad física y psíquica de las personas que habitan esta zona, derecho garantizado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución. Al respecto, las recurridas tienen obligaciones específicas que no se han cumplido, para evitar los episodios de contaminación, no obstante tener potestades para realizarlas. Es por lo anterior que estas omisiones de la autoridad, privaron, perturbaron y hasta el día de hoy los derechos a la integridad física y psíquica.”

En relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, asegura que “las personas afectados por emanaciones tóxicas, emanadas de las empresas de la zona, y, de acuerdo a la contaminación existente en el aire, suelo y agua, ven privado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así, como puede apreciar este Ilustre Tribunal, la contaminación ambiental que afectó a las personas, privó, perturbó y hasta el día de hoy amenazan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos hace presente que el artículo 2º de la Ley N° 20.405, que lo crea, dispone que “El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Asimismo, según el artículo 3° N° 5, del mismo cuerpo legal, le corresponde especialmente al Instituto “Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. En ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución, en el ámbito de su competencia.”

Décimo: Que, como se puede advertir, en la especie no se ha satisfecho uno de los requisitos constitucionales para el ejercicio de este recurso, en circunstancias que, en las palabras de la Excma. Corte Suprema, “la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, de alguna persona determinada que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, constituye una exigencia ineludible para el acogimiento de la acción cautelar de que se trata”.

Ello implica, por una parte, individualizar a las personas en nombre de las cuales se deduce el recurso y, por otra, proporcionar antecedentes que justifiquen el interés directo que ellas tengan en que sea acogido, por verse privadas, perturbadas o amenazadas en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que mediante él se resguardan. Por eso previno nuestro más alto Tribunal en el fallo recaído en los mencionados autos Rol Nº 5888-2019 que “corresponde individualizar al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama”.

Decimoprimero: Que, en cambio, los recursos de protección de autos están planteados como acciones populares.

Los autos Rol N° 110.184, si bien individualiza a dos personas naturales, no consigna que hayan experimentado ninguna lesión directa a los derechos que estima quebrantados sino que, con independencia de su edad, período de residencia en la zona, condición de salud o cualquier otro factor distintivo, únicamente habrían experimentado las consecuencias generales de “los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví”.

En el mismo sentido, los autos Rol N° 117.551-2022 identifica cinco personas naturales, además de quien comparece en nombre de la Junta de Vecinos Villa La Roca, de nombre reservado, pero tampoco señalan modalidades concretas de amenaza, privación o perturbación de sus garantías constitucionales distintas de las genéricas que recaerían sobre “los demás habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví”, ni para ellos en forma individual ni para los afiliados de esa Junta de Vecinos.

El recurso Rol N°112.995-2022, por su parte, se interpone derechamente en favor “de los ciudadanos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.”

Finalmente, el Rol N°126.662-2022 también se deduce “en favor de las personas que habitan la zona nombre reservado-Puchuncaví”, si bien añade luego que lo hace respecto “particularmente de las 317 personas que recibieron atención médica en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero, por sintomatología asociada a intoxicación por inhalación de gases, vapores, humos o sustancias químicas”. No obstante, se limita a señalar los números de cédula de identidad que tendrían, lo que no permite una suficiente individualización, ni en cuanto a su identidad, respecto de la cual las normas procesales generales indican que es preciso señalar nombre, domicilio y profesión u oficio, ni en cuanto a la lesión directa que se haya infligido a sus derechos, que no puede ser la misma si el propio recurrente incorpora un elemento diferenciador cuando expone que se encuentran “entre ellas niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores”

En esas presentaciones, por consiguiente, no solo no se ha acreditado la lesión concreta en los derechos constitucionales de los recurrentes que se invocan como vulnerados, sino que ni siquiera ha sido mencionada, puesto que se señalan exclusivamente los efectos generales que se habrían producido en abstracto sobre un número indeterminado de habitantes de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.

Décimosegundo: Que es pertinente traer a colación que la Excma. Corte Suprema, sobre la base de que el recurso de protección no constituye una acción popular, en los autos Rol N° 5888-2019, de 28 de mayo de 2019, desestimó las acciones cautelares intentadas por el Senador Francisco Chahuán Chahuán, por la Municipalidad de nombre reservado y por nombre reservado, Alcaldesa de Puchuncaví, en cuanto compareció en representación de los “demás habitantes de la comuna”.

Con posterioridad, en los autos Rol Nº 25.128-2019, mediante sentencia de trece de mayo de dos mil veinte, confirmó el fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó en los autos de protección N° 39-2019, que desechó la acción interpuesta por la señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Caldera.

Razonó la Excma. Corte Suprema que, como ha sostenido esa Corte en diversas sentencias que cita “y, más recientemente, Rol N° 5.888-2019, caratulada “nombre reservado con ENAP Refinerías S.A. y otras”, el recurso de protección no constituye una acción popular, por lo que debe demostrarse por quien lo impetra interés jurídico en su resultado. En el artículo 20 de la Constitución Política de la República se expresa que está legitimado para interponer el recurso “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, en tanto el N° 2 del Auto Acordado de esta Corte dispone que “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre…”.

La recurrente ha invocado como derechos constitucionales tutelados los consagrados en los N°s 2, 3 inciso primero y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que haya demostrado un interés directo e inmediato en la protección de las garantías que invoca, razón por la cual carece de legitimación activa para interponer este recurso de protección” (considerando tercero)

Agregó: “Que, en este mismo entendimiento, del examen de los antecedentes se desprende que en el recurso de autos no se efectuó determinación alguna respecto de las personas por quienes o a cuyo favor se acciona, resultando evidente que no se acreditó el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman como afectadas, circunstancia que es necesaria para accionar, razón por la cual el presente recurso, en cuanto se refiere en abstracto a los derechos de los habitantes de la comuna de Caldera, no está en condiciones de prosperar.” (considerando cuarto)

Adicionalmente, precisó que “la circunstancia que se invoque la tutela de intereses colectivos, difusos o indeterminados, no altera las reglas de legitimación activa, pues siempre será necesario que se acredite la existencia de un interés para el ejercicio de la acción. Ciertamente, la protección del medio ambiente constituye un asunto de alta importancia y concierne a la humanidad en su conjunto. Incluso, debe reconocerse que las acciones que hoy se adopten (así como aquellas que se omitan) incidirán en el medio ambiente del que dispondrán las futuras generaciones.

Sin embargo, no es claro en lo absoluto que las expresiones “interés difuso” e “interés colectivo” sean términos equivalentes o intercambiables. En segundo lugar, cuando el ordenamiento jurídico ha querido proteger esa clase de intereses lo ha señalado expresamente, como acontece, por ejemplo, en la Ley N° 19.496 que Establece Normas sobre Protección a los Consumidores (arts. 2 bis letra b), 7, 8 letra e), 11 bis, 24, 50 incisos tercero, quinto y sexto, y 51) y en la Ley N° 19.300 Orgánica Constitucional de Bases Generales del Medio Ambiente (arts. 53 y 54). En tercer lugar, incluso si se aceptara que la protección general del medio ambiente (que los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 circunscriben a la existencia de daño ambiental) admite una especie sui generis de legitimación activa, igualmente sería necesario precisar sus contornos, por cuanto condiciones mínimas de certeza jurídica exigen un cierto grado de vinculación entre la persona natural o jurídica y el interés difuso o colectivo que se busca proteger. Dicho de otro modo, ni siquiera en el caso de la acción de reparación por daño ambiental, puede decirse que ésta tenga el carácter de acción “popular” con legitimados activos amplios, porque el que sufre un daño ambiental es quien padece una pérdida o deterioro del medio ambiente que le es adyacente, interés que es independiente de las acciones indemnizatorias o resarcitorias respectivas.” (considerando quinto)

Decimotercero: Que la calidad de acciones populares que tienen las acciones de protección de que se trata se ve confirmada al examinar las medidas que solicita que sean adoptadas, en el evento de acogerlas.

El recurrente en estos autos Rol N° 110.184-2022 efectúa tres peticiones determinadas relacionadas con las recurridas ENAP Refinerías Aconcagua, CODELCO Ventanas y AES ANDES: a) la realización de estudios por parte del Ministerio de Medio Ambiente para determinar la relación entre las faenas que realizan dichas empresas y los períodos en que se generan índices de SO2 por sobre la normativa, a fin de buscar en conjunto la fórmula para que no impliquen emisiones de SO2, gases contaminantes y material particulado por sobre el margen legal establecido; b) la identificación diaria por la autoridad administrativa y el Ministerio de Medio Ambiente de las condiciones meteorológicas y de ventilación de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, para regular el nivel de actividad máximo que pueden desarrollar las empresas recurridas a fin de no exceder la normativa ambiental en materia de emisiones de gases contaminantes y c) la revision obligatoria por dichas empresas de sus planes operacionales y la implementación de medidas efectivas para controlar sus emisiones, distinguiendo el período de abril a septiembre de mala ventilación de la zona del período octubre a marzo.

En los autos acumulados Rol N° 117.551-2022 se formulan seis solicitudes específicas respecto de CODELCO División Ventanas. Las tres primeras son idénticas a las contempladas en el recurso anterior, solo que referidas a la empresa recurrida, y se agregan las tres siguientes: a) la presentación de las medidas implementadas y su inversión y de un informe técnico, revisado por la Superintendencia del Medio Ambiente, que garantice el control de los niveles de dióxido de azufre; b) la confección de un plan de manejo para las emisiones de dióxido de azufre, en conformidad con el artículo 42 de la Ley N°19.300 y c) la recalificación industrial de la recurrida a fin de asegurar el ajuste a la normativa vigente y la actualización de sus protocolos industriales conforme a las normas internacionales.

En el recurso acumulado Rol N°112.995-2022 se plantean tres peticiones concretas relacionadas con CODELCO División Ventanas. La primera es ordenar paralizar sus instalaciones y funciones hasta que se emita un informe técnico, público y favorable por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, garantizando el control de los niveles de dióxido de azufre, y las dos restantes son las mismas que se indican en el recurso que se acaba de mencionar.

Por ultimo, en la acción de protección también acumulada Rol N°126.662-2022 se solicitan dos medidas generales y diecisiete especiales, referidas a recurridas determinadas. Las generales son: a) la declaración de ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones de los recurridos y b) la declaración de haberse infringido los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

Las medidas especiales son ocho relativas al recurrido Ministerio del Medio Ambiente: a) revisión de las normas de calidad ambiental primarias y secundarias vigentes; b) elaboración de instrumentos de gestión ambiental –normas de calidad- que definan los estándares ambientales para la protección, recuperación y remediación de suelos contaminados; c) evaluación de riesgo asociada a la presencia de contaminantes en el suelo y definición de un plan para su gestión; d) desarrollo e implementación de estándares para los contaminantes no normados en el aire; e) seguimiento en la implementación del Programa de Recuperación Ambiental y Social; f) identificación y gestión para aquellos compuestos no normados, entre ellos diversos metales pesados, gases y compuestos orgánicos persistentes; g) seguimiento al Plan de Prevención y Descontaminación de nombre reservado Puchuncaví y h) evaluar la modificación del PPDA CQP, específicamente el capítulo X sobre Gestión de Episodios Críticos (artículo 45).

Se proponen tres medidas con respecto al recurrido Ministerio de Salud: a) efectuar vigilancia epidemiológica de acuerdo al Código Sanitario; b) determinar la situación de riesgo en la Bahía de nombre reservado y c) determinar el riesgo respecto de los metales pesados en productos del mar consumidos por la comunidad.

Asimismo, el libelo plantea tres medidas relacionadas con la recurrida Superintendencia del Medio Ambiente: a) seguimiento a todas las normas de calidad atmosféricas vigentes en la zona de Puchuncaví, nombre reservado y Concón; b) evaluación oportuna de las estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas en la zona de studio que en su momento fueron calificadas por la autoridad sanitaria y c) seguimiento, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, al plan de prevención y descontaminación atmosférica vigente en la zona.

Contempla también una medida con respecto a la recurrida ONEMI: aplicar el Plan Regional de Emergencia Específico por Variable de Riesgo por Contaminación Ambiental en episodios como el vivido en junio de 2022.

Finalmente, señala dos medidas aplicables a CODELCO y demás empresas recurridas: a) ejecutar sus operaciones con estricto respeto a los derechos humanos de las personas que habitan la bahía de nombre reservado y Puchuncaví, y b) realización de una auditoría por un ente externo certificado que determine su responsabilidad en los episodios de contaminación de junio de 2022.

De la sola lectura de esas peticiones se desprende que ninguna de ellas guarda relación con la situación específica de afectación de sus derechos en que pudieran encontrarse las personas recurrentes, sino que con las condiciones ambientales genéricas que afectaría a una cantidad indeterminada de personas naturales que habitan en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, lo que ratifica la calidad de acción popular que los actores pretenden asignar al recurso de protección contradiciendo la regulación constitucional.

Decimocuarto: Que, por tanto, al ser un requisito de procedencia del recurso de protección la existencia de un perjudicado o agraviado, para lo cual, además de la individualización de las personas que están accionando, se debe acreditar que tiene comprometido un interés directo y actual en las garantías que se reclaman como afectadas, lo que no ocurre en la especie, por lo cual es preciso concluir que los recurrentes carecen de legitimación activa para interponerlo, razón por la cual los recursos no podrán prosperar.

Decimoquinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que la Carta Fundamental requiere la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución. Consecuentemente, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, en su número 2°, dispone el examen en cuenta del recurso presentado, para comprobar si ha sido interpuesto en tiempo y “si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.” Si ello no ocurre, deberá ser declarado inadmisible.

Decimosexto: Que, al respecto, cabe dejar establecido que no resulta aceptable la objeción planteada por algunos de los recurridos, en orden a que el recurso habría invocado un derecho, cual es la protección de la salud, respecto del cual no es procedente esta acción constitucional en virtud del inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política.

Ello, porque el libelo sostiene que se habría amenazado, perturbado y con riesgo de privación, “el derecho a la vida, integridad física y psíquica, todo esto íntimamente relacionado con el derecho a la salud”.

La Excma. Corte Suprema, en su sentencia de 28 de mayo de 2019, Rol Nº 5888-2019, mantuvo el considerando 1 del fallo dictado por esta Corte el 19 de febrero de ese año en los autos de primera instancia Rol N° 7266-2018, en donde se consignó el siguiente razonamiento, que resulta nuevamente aplicable en la especie: “Se entrelazan en la situación general de grave contaminación de la bahía de nombre reservado y Puchuncaví, posibles afectaciones a tres derechos fundamentales, como lo son la vida de las personas, su salud y su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. No cabe analizar la situación frente a cada uno de estos derechos en forma separada. Al obrar como si se pudieran separar las garantías que se entienden afectadas, es posible razonar, como alguna recurrida lo hizo ante estrados, argumentando, por ejemplo, que el derecho a la salud está resguardado por este tipo de acciones sólo en cuanto a la elección del sistema de salud a que cada persona se quiera adscribir. Pero, naturalmente, si hacemos el análisis en forma completa y conjunta, es evidente que una afectación seria de la salud, por causa de una emergencia ambiental severa, amenaza también la vida y, en todo caso, la integridad física o cuando menos psíquica, de las personas.”

Pero, adicionalmente, la Excma. Corte Suprema compartió en forma expresa dicha reflexión, señalando en el considerando 10° de su resolución: “Que al iniciar el análisis de las cuestiones de fondo planteadas en autos es útil dejar asentado que, tal como acertadamente señala el fallo recurrido, en la situación general de grave contaminación de la bahía de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví se entrelazan posibles afectaciones a tres derechos fundamentales, en particular la vida de las personas, su salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo pertinente analizar su eventual vulneración en conjunto, puesto que una afectación seria de la salud, por causa de una emergencia ambiental severa, amenaza también la vida y, en todo caso, la integridad física o, cuando menos, psíquica, de las personas. Asentado lo anterior es preciso recordar que la Constitución Política de la Republica prescribe, en el inciso cuarto de su artículo 1, que "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

En consecuencia, no cabe hacer lugar a la alegación aludida.

Decimoséptimo: Que, por otro lado, las consecuencias dañinas para los titulares de alguno de los derechos y garantías constitucionales expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental han de derivar de un acto u omisión arbitrario o ilegal, excepto cuando se invoca la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en que el acto u omisión denunciado necesariamente debe tener carácter ilegal.

Es, por tanto, un presupuesto básico de esta acción cautelar, la arbitrariedad o ilegalidad de la afectación de un derecho o garantía fundamental, o exclusivamente su ilegalidad tratándose del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que sea imputable a una autoridad o persona determinada.

Al efecto, es necesario diferenciar entre aquellos recurridos que pertenecen al ámbito privado de quienes tienen la calidad de órganos del Estado y, por ende, se encuentran dotados de potestades públicas, para luego determinar la relación de causalidad que pueda existir entre el comportamiento que se tilde de antijurídico y el agravio a las garantías constitucionales invocadas.

Decimoctavo: Que, en el caso de las empresas privadas recurridas, los recursos acumulados tachan de ilegal la participación que pudieran haber tenido en la generación de los episodios de contaminación producidos el 6 de junio de 2022 y otros días de ese mes, en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví.

Decimonoveno: Que, al respecto, Enap Refinerías S.A. ha negado haber incurrido en ilegalidad, así como el vínculo de causalidad entre sus actuaciones y las vulneraciones de derechos, rebatiendo las acusaciones que se le formulan en el recurso.

El primer cargo consiste en que la actividad de esa empresa tiene relación con las emisiones de material particulado y de gases precursores de material particulado. Enap lo niega, destacando que esta acción constitucional se refiere a hechos ocurridos en nombre reservado, por lo que únicamente deben tomarse en consideración las operaciones que se realizan en el Terminal nombre reservado, donde no se desarrollan procesos que puedan liberar los contaminantes aludidos. La única fuente posible en dicho Terminal de las sustancias a las que se alude es una caldera que funciona con gas natural, cuya emisión no alcanza al 0,1% de las emisiones que se producen en la zona.

La segunda imputación es que Enap debía implementar sistemas de monitoreo continuo de emisiones validados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Dichos sistemas, conocidos técnicamente como “CEMS”, a la fecha que se invoca en el recurso, ya se encontraban instalados, validados y funcionando en línea con la Superintendencia de Medio Ambiente.

En tercer lugar, el recurso sostiene que en la red de monitoreo se habría detectado transgresiones del límite máximo de emisiones promedio para SO2 el día 6 de junio de 2022. No aclara, sin embargo, que esa medición se produjo en la estación de nombre reservado y, como se anotó, en el Terminal nombre reservado de esa empresa no existen fuentes de emisiones de tal clase de sustancias.

Por último, se denuncia que, entre los días 5 y 7 de junio de 2022, se habrían producido peaks en las mediciones de SO2, que superarían la norma. Enap afirma que esa argumentación es incorrecta desde dos perspectivas. En primer lugar, porque toma en consideración mediciones efectuadas en las instalaciones de Concón, es decir, en una zona geográfica distinta. Es errónea, además, desde una perspectiva técnica, pues confunde distintas mediciones y lo que ellas representan con relación a las normas medioambientales que se deben cumplir. Los peaks a los que se refiere el recurso dicen relación con mediciones de concentración y no con mediciones de masa de emisión, que es la forma en que están establecidas las normas que se deben cumplir por Enap según las Resoluciones de Calificación Ambiental aplicables. Desde una perspectiva técnica, las normas de emisión de contaminante a la atmósfera establecen la cantidad máxima que es permitida para un determinado contaminante. Ello puede ser medido en forma de concentración (y en ese caso se emplea como unidad los milígramos por metro cúbico, empleando la fórmula mg/m3), o como masa emitida, que supone un ajuste con los valores del caudal (en ese caso se emplea como unidad las toneladas por día, empleando la fórmula ton/d). Las normas a las que están sujetas las instalaciones en Concón son del segundo tipo, es decir, de masa emitida o emisión másica. Por ende, un peak respecto de la norma de concentración no supone que se haya incumplido la norma de masa emitida y, de hecho, no han existido incumplimientos al respecto.

Concluye Enap señalando que el puerto de nombre reservado estuvo cerrado entre los días 3 y 6 de junio de 2022 por decisión de la autoridad competente, y no operó el día 7 de junio por decisión de esa empresa, basada en consideraciones técnicas. De ahí que no vea modo en que su actividad pueda decir relación con los eventos de los días 5, 6 y 7 de junio invocados en el recurso de protección.

Vigésimo: Que Codelco Ventanas ha desechado, asimismo, las tachas de ilegalidad que se han formulado respecto de sus operaciones y los efectos perniciosos que se les atribuyen sobre los derechos constitucionales involucrados.

Asegura que el día 6 de junio de 2022 la excedencia máxima de SO2 se generó a la 01:00 am, debido a la mala ventilación atmosférica. Sin embargo, a las 2 am. esta excedencia estaba totalmente superada, encontrándose los índices de calidad de aire para SO2 por debajo de los umbrales establecidos en la Norma de Calidad Ambiental para SO2. No obstante ello, a las 11 am. resolvió adelantar mantenciones programadas y detuvo por completo las faenas de la Fundición. En este contexto -con índices de calidad de aire para SO2 buenos y Codelco Ventanas paralizada- a las 2 pm. del día 6 de junio se reportaron las intoxicaciones de niños y funcionarios de un colegio en la comuna de nombre reservado.

Los días posteriores, sin que Codelco Ventanas hubiese reanudado su actividad, y, por tanto, sin que hubiese generado emisiones de SO2, continuaron produciéndose episodios de intoxicaciones, el último de los cuales, ocurrido el 28 de junio, afectó a 21 personas e implicó la declaración de un nuevo nombre reservado por aumento en el número de atenciones en centros de salud para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, en circunstancias que Codelco Ventanas llevaba 22 días paralizado. Tomando en cuenta que, desde que se suspendieron las labores de la Fundición Ventanas y a más de tres semanas de la excedencia de SO2, se presentaron diversos episodios de intoxicaciones masivas, éstos claramente no pueden adjudicarse a una faena que no se encontraba en operación. Codelco Ventanas reinició sus operaciones sólo a partir del 02 de julio de 2022, lo que fue fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente el mismo día.

Termina manifestando que ha dado cabal cumplimiento a la normativa ambiental y las medidas exigidas por el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví” (“PPDA CQP”), sin perjuicio de lo cual, como es de público conocimiento, el Directorio de Codelco el día viernes 17 de junio de 2022, en sesión extraordinaria, aprobó por la mayoría de sus miembros avanzar en la preparación del cese de operaciones de la fundición de Codelco Ventanas, no de la refinería, para lo cual se propondrá la modificación de la ley N°19.993, que obliga a fundir en dicha instalación los productos de la pequeña y mediana minería que envíe ENAMI.

Vigésimoprimero: Que AES Andes y la Empresa Eléctrica Ventanas sostienen, también, que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, porque han cumplido de manera holgada los diversos límites que regulan sus emisiones de SO2 al ambiente en virtud de la norma de emisión, la norma primaria de calidad y los límites del Plan de Descontaminación.

Aseguran, por una parte, que el origen de las emisiones de SO2 que causó el evento crítico del 6 de junio de 2022 no se encuentra en el Complejo Termoléctrico Ventanas (CTV). Se encomendó a las consultoras ECOS y Geoaire el análisis detallado de la información de la red de monitoreo de la calidad del aire de la zona, y la información técnica-científica recabada permite aseverar que, en relación al peak detectado, las emisiones del Complejo se desplazaron en sentido contrario a la localidad de nombre reservado. A su vez, las masas de aire que se encontraban sobrevolando el área de nombre reservado durante el evento en altura no podían provenir del Complejo, porque venían desde el sur de nombre reservado, es decir, no pueden haber emanado desde las instalaciones de la recurrida, que se ubican al norte de la estación nombre reservado. En concreto, el informe denominado “Modelación Pluma SO2 de la Central Termoeléctrica Ventanas, evento 06 de junio de 2022”, elaborado por Geoaire Ambiental SpA, señala a este respecto: “La modelación del transporte y difusión del SO2 emitido por las Unidades que estuvieron operativas las horas previas y durante el 6 de Junio de 2022, indican que la pluma aportada por la CTV, se dirigió hacia el Nor-Este, es decir, contrario a la dirección donde ocurrió el evento en nombre reservado. Por lo anterior, de este estudio de concluye que no existiría relación de las emisiones de SO2 de la CTV, con el episodio detectado el día 6 de Junio de 2022 en la estación de nombre reservado”.

Destacan, por otro lado, que el nombre reservado de contaminación atmosférica en la comuna de nombre reservado del día 8 de junio de 2022 y los incidentes posteriores fueron producidos por sustancias que el Complejo Termoléctrico Ventanas no genera como consecuencia de su actividad permanente. De acuerdo a la información disponible, este incidente fue provocado por la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y hechos similares se registraron días siguientes. El Complejo prácticamente no genera emisiones de esta clase de compuestos, porque sólo durante la puesta en marcha de una unidad –cuando se emplea combustible Diesel– se genera una emisión discreta y puntual de COVs. Sin embargo, durante la fecha de este segundo incidente y en los días posteriores no hubo ninguna puesta en marcha de las unidades del CTV. Los COVs se generan normalmente en aquellos establecimientos en los que se realiza el almacenamiento, carga y descarga de combustibles, correspondiendo a emisiones que son del tipo difusas, es decir, que son vertidas a la atmósfera principalmente desde un área o volumen, y no a través de una conducción o chimenea. En ese sentido, el aporte de emisiones de COVs por parte del Complejo no es significativo para efectos de las metas de descontaminación establecidas en el PPDA CQP, lo que es reconocido en el propio instrumento. Así, a modo de ejemplo, se puede indicar que en el caso de los COVs, el aporte de emisiones del Complejo para el año 2021 se estimó en 0,01867 ton/año, según da cuenta la declaración de emisiones efectuada por AES Andes.

Añaden que el análisis respecto de la modelación de emisiones de SO2 del CTV elaborada para el día 08 de junio de 2022, efectuado en el informe “Análisis de la relación causal entre los eventos de emergencia ambiental del 06 y 08 de junio de 2022 y la operación del Complejo Termoeléctrico Ventanas”, de junio de 2022, elaborado por la consultora Ecos, concluye que: “La modelación del transporte y difusión del SO2 emitido por las Unidades que estuvieron operativas durante el 8 de junio de 2022, indican que la pluma aportada por el CT Ventanas, desde antes, durante, y después del evento, se dirigió hacia el Este y principalmente hacia el Nor-Este, es decir, contrario a la dirección donde ocurrió el evento reportado en nombre reservado a las 13:00 hrs”.

Finalizan planteando que, por lo tanto, no es posible establecer un vínculo causal entre la actividad del CTV y el evento denunciado. La operación del Complejo no ha tenido incidencia alguna en estos eventos, porque no ha aportado COVs durante el período en cuestión y los niveles de SO2 en todas las estaciones de monitoreo de la zona se han mantenido muy por debajo de los niveles normados, sin que se haya registrado ningún peak. En suma, los lamentables hechos ocurridos el 8 de junio y en los días siguientes no se relacionan siquiera con las sustancias producidas por el CTV.

Vigesimosegundo: Que COPEC S.A. afirma que no existe ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que le sea imputable para los efectos de tener por quebrantada alguna garantía constitucional, porque opera las dos instalaciones que tiene en la zona de nombre reservado, el Terminal de Productos Importados (“TPI”) y la Planta de Lubricantes (“LUB”) al amparo de autorizaciones ambientales vigentes y cumpliendo con todas las exigencias que para tales fines le ha impuesto el PPDA, tanto en lo que atañe a las medidas permanentes de control de emisiones de COVs e hidrocarburos, como en lo relativo a aquellas acciones especiales que se deben llevar a cabo en el marco de la Gestión de Episodios Críticos en la Bahía de nombre reservado cuando existen pronósticos y condiciones de mala ventilación, las que son suficientes e idóneas para tales eventos, considerando su bajo nivel de aporte de contaminantes.

Explica que no existe ninguna relación de causalidad entre los episodios ocurridos en junio de 2022 con las operaciones que se efectúan en sus instalaciones en nombre reservado porque ellas prácticamente no emiten SO2 y porque, en lo que atañe a los COVs, su aporte es despreciable y, además de implementar las medidas que corresponde aplicar conforme a los Planes Operacionales, cumplió todas las medidas pre procedimentales que ordenó la Superintendencia de Medio Ambiente, de manera tal que no pudo haber sido la responsable de la situación que erradamente se le imputa.

En el TPI y la LUB solo los grupos electrógenos de respaldo y las calderas de LUB, emiten SO2, a razón de 0.02 y 0.01 ton/año de SO2, respectivamente, lo que resulta ser tan ínfimo que ni siquiera representa el 1% de las emisiones de dicho contaminante en la Bahía. Por otra parte, en cumplimiento de las Resoluciones Exentas Nos 882, de 08 de junio de 2022, y 934, de 17 de junio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que ordenaron por 10 días corridos y renovaron por 10 días más (hasta el 28 de junio en total), respectivamente, una batería de medidas provisionales pre procedimentales para diversas empresas, COPEC S.A. presentó oportunamente los informes requeridos, haciendo presente que en el TPI no se realiza carga y descarga de camiones con productos combustibles, razón por la cual se aplicaron estas medidas a las descargas de combustibles para su almacenamiento en los tanques de techo fijo y el despacho de gasolinas por oleoducto desde los tanques de techo flotante, por la impregnación de gasolinas en las paredes del tanque al descender el techo. En lo que respecta a LUB, se precisó que las medidas eran aplicables a la descarga de aceites básicos desde buques para su almacenamiento en los tanques de techo fijo; y la carga a granel en camiones de aceites básicos y productos terminados en la mesa de carga existente.

Pone de relieve que los tanques del TPI en los que se almacenan gasolinas Clase I son tanques de techo flotante externo (TK 202, 203 y 204) que fueron diseñados y construidos con doble sello (primario, de tipo metálico de zapata, y secundario, montado sobre el borde) para reducir al máximo sus emisiones de COVs y que estos sellos logran una contención general de vapores superior al 95% con respecto del depósito de techo fijo comparable, sin dispositivo de contención de vapores. En el resto de tanques del Terminal, que son de techo fijo, se almacenan exclusivamente productos de Clase II o III y nunca productos de Clase I. En el documento “Análisis eficiencia contención de vapores por sellos de tanque de gasolina (TK-202)” consta que se obtuvo como resultado un valor de 98,8% respecto a tanque de techo fijo comparable, sin dispositivo de contención de vapores, lo que es significativamente superior al requerimiento del 95% exigido en el PPDA.

En consecuencia, considerando que el primer episodio de intoxicación al que se refiere el recurso de protección tuvo por causa el peak en SO2, sin que en ello hubiera participado COPEC S.A. al prácticamente no emitir tal contaminante en el marco de sus procesos industriales en TPI y LUB, y que posteriormente, los episodios siguientes se asociaron por la autoridad fiscalizadora a eventuales emisiones de COVs, con lo cual se exigió cumplir medidas que COPEC S.A. acató a cabalidad, es claro que no existe ni puede existir algún vínculo causal entre su operación y lo ocurrido los días 06, 08, 14, 15, 16 y 22 de junio, período por el cual se ha alegado genéricamente en contra de las empresas del cordón industrial.

Vigesimotercero: Que, a su turno, la Empresa Nacional de Energía ENEX S.A. manifiesta que no vulneró, ni pudo vulnerar, las garantías constitucionales que se señalan como infringidas y que, en cualquier caso, no es responsable de los episodios de contaminación respecto de los cuales se denuncia su participación.

Advierte que el recurso adolece de un problema de imputación y de causalidad, porque cada una de las titulares de los proyectos insertos en el complejo industrial tiene realidades operacionales únicas; genera emisiones en forma y medida distinta a las demás y, en fin, cumple estándares y adopta medidas de mitigación que no son homologables al resto. Enex actúa de conformidad con los más altos estándares de la industria. Sus emisiones cumplen los límites normativos y se sitúan muy por debajo de ellos. Ahí donde no existe norma de emisión, sus contaminantes se sitúan por debajo de las normas de referencia y son menores, incluso, a la regulación que se planea dictar a su respecto. Las únicas emisiones de la Compañía que aún no cuentan con regulación son las de los Compuestos Orgánicos Volátiles (“COVs”), generalmente difusas y relacionadas con el almacenamiento, carga y descarga de hidrocarburos y respecto de los cuales es un emisor de muy leve entidad. Tanto así, que desde 2020 en adelante está en trámite la elaboración de la norma de calidad que regulará la emisión de benceno, uno de los elementos que integran los COVs y el único que a la fecha tiene regulación internacional, y las emisiones de benceno de la Compañía cumplirían holgadamente aquellas que la norma chilena pretende fijar.

Indica que, en este caso, puede descartarse de plano la intervención de Enex en el episodio del 6 de junio de 2022, pues según diversas fuentes, tal evento se debió a un peak de emisiones de SO2, del cual tiene emisiones muy residuales. Además, en virtud de las medidas provisionales pre procedimentales dispuestas por la autoridad desde el 8 de junio de 2022, la Compañía comenzó a funcionar con severas restricciones operacionales que limitan sus emisiones. Pero, aún sin la intervención de la autoridad ambiental, tendría emisiones por debajo de su promedio, que ya es bajo, pues desde finales de mayo y hasta el 29 de julio pasado, no se realizaron descargas en el muelle. La ausencia de descargas impacta significativamente en las emisiones de la Compañía, porque en ese proceso hay un aumento en el flujo de gases de los tanques que reciben el producto, lo que a su turno desplaza los gases en suspensión, generando emisiones considerables. Por tanto, tampoco es posible reconducir los demás episodios de junio del año en curso a la Compañía.

Vigesimocuarto: Que, informando el recurso, GNL nombre reservado S.A. apunta que no ha incurrido en ilegalidad alguna, pues ha desplegado debida diligencia en la actualización y mantención de las instalaciones relevantes para la materia de autos; cuenta con Planes Operacionales aprobados por la autoridad desde 2019 y cuya última actualización fue aprobada en julio de 2022; ha dado cumplimiento a las medidas del PPDA e, igualmente, a las medidas urgentes y transitorias dispuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Expone que GNL nombre reservado procesa como único insumo Gas Natural en estado líquido (“GNL”) y en estado gaseoso (“GN”), lo cual tiene lugar en un circuito cerrado que prácticamente no genera emisiones a la atmósfera. El GNL es un producto compuesto básicamente por metano (CH4), un combustible incoloro, inodoro (en el Terminal no se le añade ningún tipo de odorizante), no tóxico y más liviano que el aire. De este modo, en el caso de una eventual fuga, el metano ascendería a la atmósfera y no descendería al nivel de superficie donde está la comunidad. Esta condición química del GNL, que corresponde en aproximadamente 97% a metano, tiene influencia en este caso, en cuanto a que esta sustancia no es considerada como COV regido por el PPDA, el cual deja fuera explícitamente al metano y sólo regula los COV que contengan átomos de carbono e hidrógeno que puedan ser sustituidos por otros átomos y específicamente aquellos del grupo BTEX (Benceno, Tolueno, Étil Benceno y Xileno).

A lo anterior se suman las maniobras de descarga de GNL desde las naves que arriban al Terminal. Son maniobras seguras, en un circuito completamente cerrado y monitoreado tanto en terreno como en sala de control y éstas no realizan ningún tipo de venteo dentro de la bahía de nombre reservado. Del mismo modo, dada la tecnología adoptada para la carga de camiones cisterna con GNL tampoco existen fugas ni emisiones a la atmósfera.

Por tanto, la operación de GNLQ genera mínimos impactos sobre el entorno, lo que se observa particularmente en sus bajas emisiones atmosféricas, la mayoría de las cuales se producen en equipos de respaldo que no forman parte de la operación principal y representan menos del 0,1% del total emitido por las demás fuentes presentes en la Bahía de nombre reservado.

Vigesimoquinto: Que, a su vez, Oxiquim S.A. alega que sus actos son lícitos y se encuentran conformes a derecho. Tampoco puede decirse que haya incurrido en una omisión, dado que, cumpliendo el PPDA, presentó oportunamente un Plan Operacional con medidas idóneas para la reducción de COVs, el que fue aprobado expresamente por la SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso mediante Resolución N° 33, de fecha 24 de octubre de 2019, y ha entregado una propuesta de actualización de dicho Plan. En ésta incorporó las medidas operacionales que ya se encuentra implementando en el Terminal Marítimo para la disminución de emisiones de COVs y que se han traducido en un aumento considerable de las restricciones originales que estaban contempladas en su Plan Operacional vigente.

Sostiene que el Terminal Marítimo en nombre reservado avanzó en la implementación de un sistema de abatimiento por sobre el 95% de COVs, lo que ha llevado a que sus instalaciones logísticas se encuentren por sobre los estándares internacionales en materia de emisiones. Este proyecto de modernización de la infraestructura en la bahía de nombre reservado está comprendido dentro de las acciones desarrolladas por Oxiquim como parte de su constante optimización técnica y ambiental de sus instalaciones y en armonía con el PPDA, lo cual demandó una inversión aproximada de USD 12,6 MM, posicionando a la compañía como una de las empresas de la zona con los proyectos más ambiciosos relacionados al cuidado del medio ambiente y de las personas.

Vigesimosexto: Que, por su parte, GASMAR S.A. asegura que no se configura la ilegalidad o arbitrariedad que se intenta imputarle. Para que la acción deducida pueda prosperar es menester que refiera con precisión el acto u omisión que se tacha de ilegal o arbitrario y además de cuenta cómo es posible atribuirlo a la persona que se le imputa, cuestión que claramente no ocurre en su caso, porque la supuesta responsabilidad de Gasmar se construye sobre la base de meras afirmaciones genéricas e imprecisas, en circunstancias que ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, dando cumplimiento a todas sus obligaciones relacionadas con el Plan Operacional y el PPDA CQP.

Expone que conforme al Inventario de Emisiones Año 2021 elaborado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de Valparaíso en el mes de mayo 2022, durante el año 2021 las operaciones de Gasmar emitieron 2,78 toneladas de Compuestos Orgánicos Volátiles (“COVs”) a la atmósfera de nombre reservado. Considerando que, según la información contenida en el mismo informe, la emisión total de COVs en el sector fue de 1.226,48 toneladas, Gasmar representa un 0,22% de las emisiones de COVs del área. Lo anterior es representativo del bajo impacto de las operaciones del Terminal Gasmar nombre reservado en las localidades de nombre reservado y Puchuncaví, lo que se explica porque el Terminal Gasmar nombre reservado no contempla ningún proceso de transformación de materias primas, correspondiendo a un recinto de almacenamiento y distribución de combustible gaseoso refrigerado a su estado líquido. En consecuencia, todos sus procesos son herméticos. Además, realizó inversiones para implementar las medidas tecnológicas requeridas por el PPDA y presentó ante la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Valparaíso un Plan de Medidas Operacionales para la gestión de episodios críticos de contaminación; instrumento que fue expresamente autorizado por dicho organismo mediante Resolución N°29 de 22 de agosto de 2019 y cuya actualización, presentada el 20 de junio de 2022, se encuentra pendiente de aprobación.

En ese contexto, por la escasa contribución de Gasmar a la emisión de COVs, no es posible sostener que tenga algún tipo de conexión con los episodios de contaminación de los días 8, 14, 15 y 16 de junio.

Vigesimoséptimo: Que, en relación con los aludidos informes de las recurridas, es útil traer a colación que la Excma. Corte Suprema, en sentencia recaída en los autos Rol Nº 5888-2019, de 28 de mayo de 2019, considerando 38°, ha señalado como elementos orientadores “dos principios de la mayor trascendencia en el ámbito del Derecho Ambiental, cuales son el precautorio y el de prevención. En torno al primero se ha dicho que “el principio precautorio impone una actuación anticipada, incluyendo las situaciones en que no se cuenta con la certeza absoluta de los efectos que un determinado hecho puede tener para el medio ambiente”, mientras que el segundo, esto es, el principio de prevención “supone el conocimiento científico de las consecuencias ambientales de una determinada actividad. Es decir, opera cuando el daño ambiental es previsible, de acuerdo con la evidencia con que se cuenta. El ámbito de aplicación del principio precautorio, en cambio, es una etapa anterior: opera en casos de una amenaza potencial, pero debido a la incertidumbre o controversia científica no es posible hacer una predicción apropiada del impacto ambiental” (“Fundamentos de Derecho Ambiental”, nombre reservado. Ediciones Universitarias de Valparaíso, segunda edición. Página 47).”

La aplicación de esos principios se inscribiría dentro de la “perturbación” o “amenaza” de que serían objeto los derechos constitucionales involucrados, pero ello requiere la existencia de elementos de juicio suficientes para atribuir responsabilidad a determinadas empresas en acciones u omisiones que hayan generado los aludidos episodios de contaminación del aire.

Vigesimoctavo: Que el recurso Rol IC N° 110.184-2022, presentado a folio 1 de estos autos contra Enap Refinerías S.A., Codelco-Ventanas y AES Andes S.A., se funda en la emergencia ambiental producida en la comuna de nombre reservado el 6 de junio de 2022, por emanaciones de SO2 (dióxido de azufre). Acusa de ello a las recurridas, sobre la base de la información que proporciona la red de monitoreo en línea sobre calidad del aire, cuyas estaciones se encuentran distribuidas en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví.

Al respecto, Codelco Ventanas ha sostenido que el nombre reservado por excedencia de la norma horaria de calidad ambiental el día 6 de junio de 2022 a las 01:00 de la madrugada no se verificó por incumplimiento de la norma de emisión, sino que por las malas condiciones de ventilación en ese instante y que, a las 2 am, es decir a una hora de haberse producido, los niveles de calidad de aire para SO2 se encontraban por debajo de los umbrales establecidos en la norma de calidad pertinente.

ENAP, por su parte, afirma que las únicas instalaciones de su propiedad que podrían haber incidido en ese episodio corresponden al Terminal nombre reservado, y en ellas sólo hay una fuente posible de las sustancias involucradas, esto es, material particulado y gases precursores de material particulado. Se trata de una caldera que funciona con gas natural y su emisión no alcanza al 0,1% de las que se producen en la zona. Además, el puerto de nombre reservado estuvo cerrado entre los días 3 y 6 de junio de 2022 por decisión de la autoridad competente, por lo que su actividad no puede tener relación con los hechos invocados en este recurso.

AES Andes, a su turno, asegura que el Complejo Termoeléctrico Ventanas no causó el peak de emisiones de dióxido de azufre del día 6 de junio de 2022, ya que los estudios realizados sobre el origen de todas las masas de aire detectadas en la estación nombre reservado entre el 5 y 6 de junio demuestran que sus emisiones se dirigieron hacia el Nor-Este, en sentido contrario a nombre reservado. Por su parte, las masas de aire que se encontraban sobrevolando el área de nombre reservado durante el evento en altura venían desde el sur de nombre reservado.

Vigesimonoveno: Que, en el recurso acumulado Rol IC N° 117.551-2022, se denuncia que el 6 de junio de 2022, de acuerdo a la información sobre calidad del aire disponible en el respective sitio electrónico del Ministerio del Medio Ambiente, se transgredió el límite máximo por metro cúbico de emisiones promedio de SO2 desde la planta CODELCO División Ventanas. Añade que los días 14 y 16 de junio de 2022 se produjeron nuevos episodios de intoxicación de personas a raíz de la emanación de gases tóxicos.

Por su parte, en los autos acumulados Rol IC N°112.995-2022, se señala que durante la madrugada del lunes 6 de junio de 2022 se detectó en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví una emanación de gases tóxicos y nocivos para la salud de los habitantes ocasionado por la fundición CODELCO Ventanas, hechos que se volvieron a repetir el 14 de junio de 2022.

Asimismo, el recurso de protección acumulado Rol IC N°126.662-2022 se presenta contra ocho empresas, de las cuales a una, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) “se le imputa responsabilidad directa en el primer episodio de contaminación el 06 de junio de 2022”, y a las siete restantes (Enap, AES Andes, Oxiquim, Planta Gasmar nombre reservado, Terminal de asfaltos y combustibles Enex, Terminal Marítimo de nombre reservado Copec, y Terminal Marítimo GNL nombre reservado) “responsabilidad directa en los episodios de contaminación de los días 08, 14,15 y 16 de junio de 2022.” En el caso de Codelco, se funda en que el 06 de junio de 2022, a las 01:00 horas, se detectó una superación histórica de la Norma primaria de calidad ambiental S02 en la estación nombre reservado, la que presentó una concentración horaria de dióxido de azufre, SO2, de 1327 ug/m3N.

Tratándose de las otras siete empresas, sostiene que, de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia del Medio Ambiente, los demás episodios de contaminación, luego de la paralización de la Fundición de Codelco, se atribuyeron a emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el cordón industrial de nombre reservado y Puchuncaví, de lo que infiere que “todas las empresas del parque industrial contribuyen a la contaminación de la Bahía, y que son las responsables de los episodios de junio de 2022.” “De esta forma, la ilegalidad que se les imputa a las empresas del cordón industrial, es no contar con Planes Operacionales que en condiciones de mala ventilación que produzcan episodios críticos por COVs y otros contaminantes, les permita adoptar medidas de control a este tipo de situaciones, que pone en riesgo la salud de la población.”

Trigésimo: Que el deber de contar con Planes Operacionales, que habrían infringido las empresas recurridas, tiene origen en el Decreto N° 105, de 27 de diciembre de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial de 30 de marzo de 2019, que aprobó el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví” (“PPDA CQP”)

De acuerdo a ese Plan, la Gestión de Episodios Críticos es coordinada por el Delegado Presidencial Regional, con el apoyo de la SEREMI del MedioAmbiente. Su objetivo es “enfrentar los episodios críticos de contaminación atmosférica por material particulado (MP10 y MP2,5), Dióxido de Azufre (SO) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), que se producen como consecuencia de malas condiciones de ventilación, con el fin de adoptar medidas preventivas y/o de control frente a situaciones que pongan en riesgo la salud de la población.”

La Gestión de Episodios Críticos considera cinco componentes, uno de los cuales está constituido por las medidas de episodios críticos, que “corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes.”

La obligación de presentar Planes Operacionales recae sobre Codelco División Ventanas, el Complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER S.A., Enap Refinerías Aconcagua y los establecimientos que contemplan instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y transferencia de hidrocarburos y sus derivados, en volúmenes totales, iguales o superiores a 50 toneladas o 75 m3 al año, y que por la naturaleza de sus procesos emitan compuestos orgánicos volátiles (COVs).

La SEREMI del Medio Ambiente debe aprobar los Planes Operacionales propuestos, mediante resolución fundada, en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde su presentación, la que será remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar su cumplimiento. Asimismo, puede solicitar la actualización de los Planes Operacionales en caso que se hayan modificado los parámetros técnicos considerados para su aprobación o las medidas propuestas no hayan sido efectivas.

Trigesimoprimero: Que la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso ha comunicado que, en virtud del mandato contenido en el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví”, revisó y posteriormente aprobó los Planes Operacionales que se le presentaron, haciendo presente que, hasta la fecha de su informe, el 19 de julio de 2022, habían presentado sus Planes Operacionales un total de 21 empresas, según se puede comprobar en el sitio electrónico: https://ppda.mma.gob.cl/valparaiso/ppda-concon-quintero-puchuncavi/ Agregó que, mediante la Resolución Exenta N° 11, de 10 de junio de 2022, en el marco del PPDA CQP se dio curso a un procedimiento general de actualización de los 21 Planes Operacionales vigentes. En dicha Resolución se dejó constancia que, con anterioridad, mediante oficios ordinarios N° 216 y 249, ambos de 2022, se había solicitado a Codelco Ventanas y AES Andes dicha actualización, por lo que dispuso el inicio del procedimiento respecto de las demás empresas, entre ellas las restantes recurridas.

La revisión de la indicada página web a la fecha de la vista de la causa, en la parte relativa a Planes Operacionales, revela los siguientes datos sobre la aprobación, modificación y, en su caso, reemplazo de aquellos correspondientes a las empresas objeto de este recurso:

Resolución N° 2/2019 - Plan Operacional GNL nombre reservado

Resolución N° 3/2019 - Plan Operacional COPEC Planta lubricantes Resolución N° 7/2019- Plan Operacional Complejo Termoeléctrico Ventanas de AES GENER Resolución N° 9/2019- Plan Operacional COPEC Terminal Productos Importados TPI nombre reservado

Resolución N° 11/2019 - Plan Operacional CODELCO División Ventanas Resolución N° 12/2019 - Plan Operacional Terminal Marítimo nombre reservado de Oxiquim Resolución N° 16/2019 - Plan Operacional ENAP Terminal Marítimo nombre reservado

Resolución N° 21/2019 - Plan Operacional ENEX Resolución N° 29/2019 - Plan Operacional GASMAR Resolución N° 30/2019 - Plan Operacional CODELCO Ventanas (Deja sin efecto Resolución N° 11/2019 y aprueba nuevo plan operacional)

Resolución N° 31/2019 - Plan Operacional Enap Terminal Marítimo (Modifica Resolución N° 16/2019)

Resolución N° 33/2019 - Plan Operacional Oxiquim (Deja sin efecto Resolución N° 12/2019 y aprueba nuevo plan operacional)

Resolución N° 8/2020 - Plan Operacional CODELCO Ventanas (Deja sin efecto Resolución N° 30/2019 y aprueba nuevo plan operacional)

Resolución N°13/2020 - Plan Operacional AES GENER (Deja sin efecto Resolución N° 7/2029 y aprueba nuevo plan operacional)

Resolución N° 15/2020 - Plan Operacional CODELCO Ventanas (Modifica Resolución N° 8/2020 y aprueba nuevo plan operacional)

Resolución Exenta N° 13/2022 - Nuevo Plan Operacional Codelco Ventanas Resolución Exenta N°18/2022- Nuevo Plan Operacional GNL Resolución Exenta N° 20/2022- Nuevo Plan Operacional AES Andes S.A.

Resolución Exenta N°21/2022- Nuevo Plan Operacional ENEX Resolución Exenta N°22/2022- Nuevo Plan Operacional Oxiquim S.A Resolución Exenta N°23/2022 - Nuevo Plan Operacional ENAP Terminal Marítimo nombre reservado

Trigesimosegundo: Que, por tanto, la totalidad de las empresas recurridas contaba con Planes Operacionales aprobados y vigentes a junio de 2022, época de ocurrencia de los hechos que han dado origen a estos autos, por lo que no es efectiva la ilegalidad que se les imputa en el recurso Rol N° Rol IC N°126.662-2022, en orden a no contar con dichos Planes.

A mayor abundamiento, la vigencia de esos instrumentos fue uno de los presupuestos de hecho de las decisiones adoptadas por la autoridad coordinadora de la Gestión de Episodios Críticos.

En efecto, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, al declarar nombre reservado por concentración horaria de dióxido de azufre SO2, nivel Emergencia Ambiental, por mala calidad del aire para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, para el día 6 de junio de 2022, por dos horas, entre las 01.00 horas hasta ls 03.00 horas, dispuso al mismo tiempo: “Comuníquese a los Servicios Públicos competentes la presente Resolución,de manera que se implementen los planes operacionales señalados en el artículo 49 del Decreto Supremo N° 105, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente.” (Resolución Exenta N°846, de 6 de junio de 2022, número 2° de la parte resolutiva).

Mantuvo esa disposición como número 3° el mismo día, cuando declaró nombre reservado por aumento de atenciones en centros de salud que pudieran estar asociados con emisiones atmosféricas, para las mismas comunas, para el día lunes 6 de junio de 2022 por cinco horas, entre las 17.00 y las 22.00 horas. Previamente, como numeral 2°, ordenó: “Cúmplase con los planes operacionales las empresas pertenecientes al cordon industrial nombre reservado Puchuncaví”. (Resolución Exenta N°848, de 6 de junio de 2022, número 2° de la parte resolutiva).

Ese numeral 2°, expresado de la siguiente forma: “Ordénese, el cumplimiento de los planes operacionales las empresas pertenecientes al cordon industrial nombre reservado-Puchincaví”, se repitió en las siguientes declaraciones de nombre reservado (Resoluciones Exentas N°s. 855, de 8 de junio de 2022; 897, de 16 de junio de 2022; 909, de 22 de junio de 2022; 938, de 24 de junio de 2022 y 947, de 28 de junio de 2022)

Trigesimotercero: Que, como se infiere de lo expuesto en los razonamientos precedentes, las imputaciones de responsabilidad a Enap, AES Andes, Oxiquim, Planta Gasmar nombre reservado, Terminal de asfaltos y combustibles Enex, Terminal Marítimo de nombre reservado Copec, y Terminal Marítimo GNL nombre reservado por los episodios de contaminación registrados durante junio de 2022 en la Bahía de nombre reservado no han sido acreditadas y, más aún, han sido objeto de negativas fundadas por parte de las empresas respectivas, mediante antecedentes que, a su vez, no fueron rebatidos por los recurrentes ni controvertidos por los organismos públicos que han informado los recursos. Entre ellos, el hecho de que los incidentes posteriores al 6 de junio habrían sido provocados por la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs), y la escasa o nula participación que varias de esas empresas tienen en la emisión de los mismos. Por tanto, examinado cada uno de los casos, no se desprenden elementos de juicio que, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permitan atribuirles responsabilidad a ninguna de tales empresas en tales hechos.

En lo que concierne a Codelco-División Ventanas, explica la excedencia de SO2 respecto de la norma horaria de calidad ambiental el día 6 de junio de 2022 a las 01:00 de la madrugada, por las malas condiciones de ventilación en ese instante, haciendo presente que, frente a ello, dio cumplimiento a su Plan Operacional en el nivel más estricto “de emergencia”, lo que permitió que descendiera en una hora y que, en los episodios ocurridos del día 7 de junio en adelante, la autoridad declaró la presencia de gases de ácido sulfhídrico (“H2S”) y de compuestos orgánicos volátiles (“COVs”), los cuales, en lo fundamental, son ajenos a sus operaciones. A ello se agrega que paralizó voluntariamente las actividades de la Fundición a las 11 de la mañana del mismo día lunes 6 de junio de 2022 y la mantuvo detenida de forma ininterrumpida durante 25 días. De esta forma, alega que precisamente dio cumplimiento a su Plan Operacional en la primera de dichas ocasiones, y no podría imputársele responsabilidad alguna en los restantes episodios del mes de junio. Estas circunstancias tampoco han sido desvirtuadas por los demás antecedentes que obran en autos.

Trigesimocuarto: Que, en lo que concierne a los recursos interpuestos en contra de organismos integrantes de la Administración del Estado, es preciso considerar que, en la medida en que se pide al tribunal que efectúe una declaración de ilegalidad, esa decisión es difícilmente conciliable con el efecto provisional que generalmente se reconoce a la sentencia judicial que recae sobre un recurso de protección, en armonía con el carácter sumario y concentrado que lo caracteriza y la cosa juzgada formal que produce, que deja a salvo la posibilidad de discutir luego la controversia jurídica en un proceso de lato conocimiento, con plena aplicación de las reglas del debido proceso.

De allí que la declaración de ilegalidad de un acto u omisión de un órgano administrativo ha de efectuarse cuando le sea claramente imputable y directamente pertinente para resguardar un derecho o garantía constitucional afectado, cuidando que la pretensión que se formule en el recurso no persiga simplemente objetar el mérito de las decisiones de la autoridad sobre el diseño y aplicación de políticas públicas, materia que escapa de la finalidad de esta acción y que es susceptible de control por otros mecanismos constitucionales.

Trigesimoquinto: Que, al respecto, dos de los cuatro recursos acumulados se dirigen contra organismos administrativos.

El recurso Rol IC N° 110.184-2022 se interpone en contra del Ministerio de Medio Ambiente, afirmando que no está cumpliendo con sus deberes y obligaciones legales, o en su caso, las actividades, acciones y medidas desplegadas son insuficientes para que las empresas recurridas ajusten su actuar a la normativa, a lo que se añade que no existen sanciones suficientes para persuadir a las empresas a cumplir la normativa y con ello evitar la reiteración de eventos de contaminación por S02 que cada vez se vuelven más frecuentes.

Asimismo, el recurso de protección acumulado Rol IC N°126.662-2022 se presenta contra cuatro órganos de la Administración del Estado: el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), a los que acusa de haber incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias.

Trigesimosexto: Que el Ministerio del Medio Ambiente, en los autos acumulados Rol N° Protección 126.662-2022, pidió el rechazo en todas sus partes de ese recurso por las seis razones que expuso y que, a su juicio, dan cuenta de la inexistencia de una omisión ilegal u arbitraria por parte de esa Secretaría de Estado.

La primera es que al Ministerio del Medio Ambiente no le corresponde realizar el seguimiento del PPDA CQP, función que está encomendada a la Superintendencia del Medio Ambiente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417.

La segunda es que, desde la entrada en vigencia del Plan, al 2 de agosto de cada año entre el 2015 al 2022 (para efectos de un análisis comparativo), se puede observar que han disminuido de forma sostenida la ocurrencia de episodios de contaminación por SO2 en la zona de Concón, nombre reservado, Puchuncaví. Las reducciones entre el 2015 y 2022 son de un 97% para alerta, 100% para preemergencia y un 93% para emergencia, demostrando la eficacia de la aplicación de la Gestión de Episodios Críticos. Además, según lo revisado y en conformidad con el Informe Técnico Cumplimiento de Normas de Calidad del Aire por MP2,5, MP10, Plomo y SO2, de la Superintendencia del Medio Ambiente, producto del PPDA CQP, las referidas normas primarias de calidad se encuentran en cumplimiento, El tercer motivo es que el Ministerio del Medio Ambiente ha implementado las acciones y medidas que se encuentran dentro de su competencia, de forma oportuna y eficaz para la correcta implementación de la Gestión de Episodios Críticos, iniciando un inédito proceso general de actualización de los Planes Operacionales de la zona, y contando ya con un nuevo Plan Operacional más restrictivo para Codelco-División Ventanas.

El cuarto fundamento es que el Ministerio del Medio Ambiente ha cumplido con las medidas impuestas por la sentencia de la Excma. Corte Suprema, en el marco de las competencias legales de esa Cartera, considerando el estado en que se encuentra el estudio y regulación de los distintos contaminantes presentes en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, por lo que se ha seguido el orden lógico y secuencial de las medidas ordenadas, el que se integra con la lógica regulatoria de los instrumentos de gestión ambiental que tiene bajo su competencia.

1) En cuanto al cumplimiento de las medidas para el medio atmosférico, se han considerado los efectos que ha tenido en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví la integralidad de los instrumentos de gestión ambiental implementados, principalmente el Plan de Descontaminación Atmosférica y la norma primaria de calidad ambiental para dióxido de azufre, destacándose una reducción significativa de los contaminantes presentes en la atmósfera. De esta forma, se ha distinguido entre contaminantes atmosféricos normados y no normados.

Respecto de los primeros, se han efectuado estudios para la implementación de una nueva red pública de monitoreo integral de calidad del aire cuya administración estará a cargo de ese Ministerio y para la identificación de contaminantes provenientes de fuentes puntuales presentes en la zona, que alcanzan a más de 208 contaminantes; ello complementado con la revisión de las normas de emisión aplicables a las principales fuentes (fundiciones y termoeléctricas) y con la dictación o revisión de normas primarias de calidad respecto de contaminantes de relevancia (dióxido de nitrógeno y arsénico).

Respecto de los contaminantes no normados, la gestión se ha enfocado en identificar, caracterizar, determinar sus fuentes y regular su emisión, para lo cual se realizaron mediciones in situ que están siendo utilizadas en la elaboración de la primera norma primaria de calidad ambiental de compuestos orgánicos volátiles (COVs); se efectuaron estudios destinados a la identificación y determinación de los contaminantes provenientes de fuentes no puntuales o difusas, lo que cubre actualmente más de 173 contaminantes; y se ha incluido en la nueva red de monitoreo de calidad del aire la medición en línea de cinco nuevos contaminantes que aún no se encuentran normados (COVs, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno, Ácido Sulfhídrico).

2) Por otra parte, para el cumplimiento de las medidas para el medio hídrico se han realizado estudios para identificar todos los elementos y compuestos emitidos a las aguas de la bahía de nombre reservado por las fuentes industriales ubicadas en la zona y proponer una red de monitoreo integral que permita el seguimiento de todos los compuestos riesgosos utilizando metodologías de medición idóneas. Asimismo, se han efectuado estudios para la elaboración de una norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía.

3) En cuanto al cumplimiento de las medidas para el suelo, los estudios dan cuenta que la presencia de contaminantes se relaciona directamente con la forma en que estos se dispersan en el aire o en el agua, por lo que es esencial la información proveniente de los estudios dirigidos a identificar y determinar estos otros contaminantes. Se han llevado a cabo estudios sobre metodologías internacionales y determinación de contaminantes a normar en el suelo y para la elaboración de lineamientos estratégicos con miras a desarrollar instrumentos normativos y de gestión de suelos.

La quinta justificación que señala la recurrida es que el recurso de protección ha perdido su objeto, oportunidad y eficacia respecto del Ministerio del Medio Ambiente, toda vez que lo solicitado en los recursos ya se ha llevado a cabo a través de: (i) la dictación del D.S. N° 104/2018, norma primaria de calidad ambiental para SO2; (ii) dictación del PPDA CQP, el cual contempla la Gestión de Episodios Críticos, justamente para evitar episodios críticos de contaminación atmosférica por material particulado (MP10 y MP2,5), Dióxido de Azufre (SO2) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs); (iii) Planes Operacionales, por los cuales se permite reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes; (iv) actualización general de los Planes Operacionales de la zona, dispuesta por la RE N° 11/2022; y (v) aprobación del Nuevo Plan Operacional de Codelco, principal fuente emisora de SO2 de la zona.

El Ministerio del Medio Ambiente termina expresando que, sin perjuicio de haber desplegado las acciones de su cargo según el marco legal y reglamentario aplicable, con el objeto de mejorar y optimizar la gestión de episodios críticos estudiará iniciar un proceso de revisión acotado del “Capítulo VIII: Gestión de Episodios Críticos” del Plan.

Trigesimoséptimo: Que la Superintendencia del Medio Ambiente hizo saber distintas acciones desplegadas con ocasión de los episodios de contaminación del aire.

Con fecha 06 de junio de 2022 efectuó una inspección ambiental a la Unidad Fiscalizable (UF) “Fundición y Refinería Ventanas”, de Codelco División Ventanas, y a la Unidad Fiscalizable “Complejo Termoeléctrico Ventanas”, de AES Gener S.A., en el contexto de la superación a la norma de S02 en la estación de monitoreo de calidad de aire “nombre reservado”, en virtud de la cual se decretó mediante la Resolución Exenta N°846/2022, un nombre reservado previsto en el Decreto Supremo N°105/2018 por concentración horaria de dióxido de azufre, SO2, nivel emergencia ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°104/2018, debido a la mala calidad de aire para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, para el día 6 de junio desde las 01:00 horas hasta las 03:00 horas del mismo día.

Atendido que existía un riesgo a la salud de las personas por el aumento en las concentraciones de dióxido de azufre, mediante la Resolución Exenta N°863, de 7 de junio de 2022, la Superintendencia dictó medidas provisionales pre-procedimentales en contra de Codelco División Ventanas, respecto de la “Fundición y Refinería Ventanas” y a AES Gener S.A., respecto del “Complejo Termoeléctrico Ventanas”, por un plazo de 15 días hábiles.

Respecto de Codelco División Ventanas ordenó dos medidas. La primera consisten en que, en caso de presentarse horarios de regular o mala ventilación y ocurran las condiciones que en la resolución se indican, debería complementar las medidas adoptadas con las siguientes acciones: (i) respecto del equipo Convertidor Teniente no reanudar operaciones en caso que esté detenido, no adicionar líquido y no abrir compuertas para realizar acciones adicionales; y (ii) respecto del equipo Convertidor Pierce Smith deberá fijar set-point de Flujo de aire en 280 (Nm3/min); fijar set-point Enriquecimiento de O2 en 26%, no abrir compuertas para realizar acciones adicionales y esperar 30 minutos entre término de soplado e inicio del siguiente. La segunda medida ordenada consistió en que, respecto de los sensores de temperatura para determinar la inversión térmica, además de la lectura actual de las temperaturas, debería funcionar una segunda lectura de estas temperaturas mediante otro set de sensores que funcionen como sensores de respaldo o reserva del primero.

En cuanto a AES GENER S.A. la Superintendencia ordenó operar en condición límite de los desulfurizadores en alerta ambiental, que implica la reducción de carga solo en caso de no alcanzarse el 11% de reducción de emisiones, considerando como base las últimas 3 horas de operación previas a la declaración de los episodios críticos. Esta acción se debería aplicar en reemplazo de la acción N°2 de la Tabla N°1, de la decisión tercera de la Resolución Exenta N°13/2020 mientras se encontrasen vigentes dichas medidas.

El día 8 de junio existieron regulares condiciones de ventilación en la zona de Concón, nombre reservado y Puchuncaví entre las 08:00 y 13:00 horas, y durante esa mañana estudiantes de diversos establecimientos educativos de las comunas de nombre reservado y Puchuncaví presentaron síntomas irritativos, cefaleas, náuseas, entre otros. En virtud de lo anterior, se decretó mediante la Res. Ex. N° 855/2022, un nombre reservado previsto en el Decreto Supremo N°105/2018, por lo dispuesto en la letra c) del artículo 47, de vigencia de las 14:00 a las 22:00 horas del mismo 8 de junio de 2022. Personal de la Superintendencia se constituyó específicamente en el Colegio Santa Filomena, en la comuna de nombre reservado, donde tomó muestras de canister y, en forma posterior, concurrió a las empresas del cordón industrial para verificar el cumplimiento de las medidas provisionales pre-procedimentales dictadas respecto de CODELCO y Aes Andes S.A.

A pesar de que no era posible aún determinar un responsable de las intoxicaciones evidenciadas, en virtud del principio preventivo y precautorio, mediante la Resolución Exenta N° 882, de esa fecha, se dispusieron medidas aplicables a todas las empresas del sector que contribuyen en la emisión de COVs.

El día 16 de junio de 2022, según se dio cuenta en Memorándum N°28 de la oficina regional de Valparaíso, ocurrió un nuevo incremento de atención primaria de salud, que motivó la dictación de la Resolución Exenta Nº 897, por medio de la cual declaró nombre reservado por contaminación atmosférica en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, según lo establecido en la letra c) del artículo 47 del PPDA CQP, por aumento de atenciones primarias de salud por intoxicación relacionada a emisiones atmosféricas. Mediante información remitida por el Capitán de Puerto de nombre reservado se tomó conocimiento que el día 16 de junio se realizaron dos procesos de descarga de combustible desde los terminales marítimos Multicrudo y El Bato. En particular, este último se realizó mediante alije. El terminal marítimo de Multicrudo corresponde a ENAP y El Bato a Copec. Por ende, la Superintendencia efectuó inspecciones ambientales a Copec S.A., respecto de la unidad fiscalizable “Terminal Marítimo de Quinteros” y a ENAP Refinerías, respecto de la unidad fiscalizable “Terminal Marítimo de nombre reservado ENAP”.

Por su parte, el día 17 de junio durante la mañana, se tomó conocimiento de procesos de descarga, uno desde el terminal marítimo de Oxiquim norte de propano, otra descarga de químicos en terminal marítimo Oxiquim sur, una descarga de GNL en terminal marítimo de GNL y una carga de diesel en terminal marítimo LPG. Durante la mañana del 17 de junio, la estación de calidad ambiental “Sur” registró un leve aumento de hidrocarburos no metánicos. Tanto en los días 16 como 17 de junio se presentaron episodios de intoxicaciones en niños y niñas de colegios de nombre reservado, así como también en adultos. Debido a lo anterior, se dictó la Resolución Exenta N° 934, de 17 de junio de 2022, aplicable a las empresas que emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).

Trigesimoctavo: Que el Ministerio de Salud entregó un detalle de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por la Seremi de Salud de Valparaíso en el ámbito de sus competencias, en especial las visitas inspectivas a los diversos establecimientos educacionales, empresas ubicadas en las comunas en donde se produjeron los hechos denunciados, así como las diversas actuaciones que los órganos dependientes del Ministerio de Salud y desconcentrados o descentralizados han desarrollado en materia sanitaria. Estimó que, en consecuencia, no puede atribuírsele al Ministerio de Salud y a sus organismos la omisión del cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de las actividades contaminantes.

Entre las gestiones realizadas por la autoridad sanitaria, mediante la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, mencionó las siguientes, dando cuenta de sus resultados en cada caso:

1) El 6 de junio, se efectuaron visitas inspectivas en los siguientes establecimientos con el objeto de investigar posibles fuentes o causas que pudiesen estar afectando a las personas en dichos lugares: Escuela Campiche, Puchuncavi; Escuela Básica El Rungue, Puchuncaví; Vulcanización El Paitoco; Colegio Artístico Costa Mauco de Quintero; Colegio Alonso de Quintero. 2) Con fecha 8 de junio, se realizó una evaluación sanitaria de los establecimientos educaciones en donde hubo mayor cantidad de personas afectadas: Colegio don nombre reservado y Colegio Santa Filomena de Quintero. Además, se apoyó a la Superintendencia de Medio Ambiente en las fiscalizaciones de planes operacionales, efectuando visitas inspectivas en las plantas COPEC TPI, planta COPEC lubricantes de nombre reservado y Planta de Gasmar en Puchuncaví, y en dicha fiscalización no se detectaron desviaciones a dichos planes. 3) El 10 de junio de 2022, a través del Decreto N°61, el Ministerio de Salud estableció la Alerta Sanitaria en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, con el objeto de otorgarle facultades extraordinarias a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso para disponer de diversas medidas destinadas a proteger la salud de la población, destacando que puede fiscalizar en todo momento cualquier establecimiento industrial o comercial ubicado en su zona jurisdiccional que se relacione con la situación sanitario ambiental que dio origen a la Alerta Sanitaria, además de restringir las emisiones de contaminantes del aire, en toda la zona con Alerta Sanitaria, y de acuerdo a su impacto en el área 4) Con fecha 14 de junio, el equipo de fiscalizadores desarrolló acciones en el Liceo Politécnico de Quintero; Feria de nombre reservado; Guardería Play School BAMBI; Jardín Burbujitas de Sueño; Colegio Inglés; Pesquera Marlimar; Pesquera Stefymar; Planta Ex Catamutun y Planta de tratamiento de aguas servidas de nombre reservado. 5) El 16 de junio se realizaron visitas inspectivas al Colegio Inglés y al Liceo Politécnico de Quintero.

La recurrida sostiene que ha existido una vigilancia sanitaria personalizada de todos los establecimientos educacionales afectados y que se cuenta con el detalle de las diversas atenciones ordenadas por fechas, establecimientos educacionales afectados, establecimientos de salud que prestaron las atenciones médicas en terreno y en establecimientos, y un desglose particularizado de los afectados, resguardando los datos personales y la información que pueda resultar sensible, al tratarse en especial de niños, niñas y adolescentes.

Trigesimonoveno: Que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (“ONEMI”), en los autos acumulados Rol N° Protección 126.662-2022, alegó la improcedencia de la acción de protección por incumplimiento de los presupuestos de la acción a su respecto.

Observa que el recurso se fundamenta en que, durante los sucesos ambientales acaecidos los días 06, 08, 14, 15, 16 y 22 de junio de 2022, ONEMI no habría aplicado el “Plan Regional de Emergencia Específico por Variable de Riesgo por Contaminación Ambiental”, al no decretar las evacuaciones de niños, niñas y adolescentes de las zonas aledañas al complejo industrial en razón de lo cual solicita que le de aplicación. Sobre el particular, pone de relieve que la acción es improcedente, por tres motivos.

En primer término, porque ONEMI dio cumplimiento al correspondiente al mencionado Plan Regional, pues el día 6 de junio de 2022, se declaró la correspondiente “alerta temprana preventiva”, con el fin de reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo, considerando adicionalmente la posibilidad de que fuese necesaria una activación escalonada de recursos. Dicha alerta se mantuvo vigente hasta su cancelación, que se produjo una vez que la misma SEREMI de Medio Ambiente señaló que existió un descenso y normalización de los niveles de concentración de dióxido de azufre (SO2), en conjunto con la verificación por parte de la Dirección Regional de Valparaíso ONEMI de la condición general del área bajo alerta con los Servicios de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

En este contexto, los episodios de contaminación que se dieron los días 8, 14, 15, 16 y 22 no generaron acciones que dieran lugar a la activación del plan regional en cuestión, dado que no existió ninguna alerta declarada por contaminación ambiental, como se puede constatar en la página institucional https://www.onemi.gov.cl/alertas/mes/06/. Para que este plan se active es necesario que se cumplan con los requisitos correspondientes: • A solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente cuando se requieran, o se prevea pueden ser requeridas medidas de coordinación multisectoriales a nivel regional, adicionales a aquellas establecidas por dicho sector en su planificación sectorial, en lo referido a las mediciones de estaciones de calidad del aire. • A solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Salud cuando se requieran, o se prevea pueden ser requeridas medidas de coordinación multisectoriales a nivel regional, adicionales a aquellas establecidas por dicho sector en su planificación sectorial, y en lo referido a la capacidad de respuesta, medios y recursos para el despliegue. • A solicitud del Consejo Regional de Bomberos de Valparaíso cuando se requiera, o se prevea pueden ser requeridas medidas de coordinación multisectoriales a nivel regional, adicionales a aquellas establecidas por sus protocolos internos. • A solicitud del Delegado Presidencial Regional según el Plan de Prevención y descontaminación atmosférica (D.S. N°105 /2018). Los referidos presupuestos no se dieron en la especie.

En segundo lugar, no le corresponde a ONEMI tomar la decisión sobre evacuación. Conforme al aludido Plan Regional, tal decisión debe ser adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), actualmente, denominado Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Regional (COGRID Regional) que, de conformidad al artículo 12 de la ley N° 21.364, ejerce la planificación, dirección y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta y recuperación. Tampoco es ONEMI quien ejecuta en terreno las evacuaciones, porque el mismo Plan señala que, de requerirse una evacuación preventiva, esta se coordinará directamente con el denominado Comité de Operaciones de Emergencia Comunal y los integrantes del Comando Conjunto en Terreno, los cuales entregarán las recomendaciones a las personas y a los recintos evacuados, debiendo solo informar al Centro de Alerta Temprana Regional de ONEMI sobre las medidas adoptadas.

Lo descrito no implicó que no hayan existido medidas preventivas adoptadas en coordinación con las Municipalidades afectadas y las SEREMIS de Medio Ambiente y Educación, las cuales fueron la suspensión de clases en instituciones educacionales desde el martes 7 de junio, al viernes 10 de junio del presente, para las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, velando por la vida y salud de niños, niñas y adolescentes que estudian en los jardines infantiles y colegios emplazados en las zonas afectadas por los episodios de contaminación. Al respecto, se debe tener presente que el Comité Regional sesionó a las 17:20 horas hasta las 18:30 horas del día 6 de junio de 2022, esto es, con posterioridad al horario diurno de clases, lo que implicaba la imposibilidad de evacuar porque ya había terminado la jornada escolar de ese dia. Asimismo, ONEMI, en su rol asesor del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), participó en diversas reuniones coordinadas sectorialmente y desde la Delegación Presidencial Regional con tales propósitos.

En tercer lugar, estima que el recurso de protección es improcedente, porque no es posible cumplir el objetivo de la acción cautelar conforme los términos solicitados, ya que las evacuaciones solicitadas lo fueron a raíz de eventos que ya acaecieron, lo que hace perder sentido al recurso por falta de oportunidad.

Además, ONEMI recuerda que, en virtud de la ley N° 21.364, ese organismo será reemplazado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (“SENAPRED”), que será el servicio encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres del país. En particular, regirán los Planes de emergencia que se definen, de conformidad al inciso final del artículo 25 de la ley N° 21.364, como los instrumentos de planificación para la etapa de emergencia y que deben comprender la coordinación general de las capacidades del Sistema (SINAPRED) para la respuesta en los diferentes niveles de emergencia. Esos Planes se clasifican en Plan nacional de emergencia, Plan regional de emergencia, Plan provincial de emergencia y Plan comunal de emergencia, los que se van activando de conformidad a los niveles de emergencia, dependiendo si las capacidades del territorio jurisdiccional se van superando.

Hace presente que, en el marco de lo resuelto en sentencia pronunciada en la causa Rol N° 5888-2019, por la Excelentísima Corte Suprema, se elaboraron los siguientes anexos a los Planes de emergencia respectivos: - Plan Regional de Emergencia por variable de Riesgo Contaminación Ambiental, para la Región de Valparaíso, aprobado a través de Resolución Exenta N° 8932, de 2019, de la Intendencia Regional de Valparaíso. - Plan Provincial de Emergencia por variable de Riesgo Contaminación Ambiental a nivel provincial, aprobado mediante Resolución Exenta N° 157, de 2010, de la Gobernación Provincial de Valparaíso. - Plan comunal de Emergencia por variable de Riesgo de Contaminación Ambiental, aplicable para las comunas de nombre reservado, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1002, de 2020, de la Municipalidad de nombre reservado. - Plan comunal de Emergencia por variable de Riesgo de Contaminación Ambiental, aplicable para la comuna Puchuncaví, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 818, de 2020, por parte de la I. Municipalidad de Puchuncaví.

Cabe añadir que, de acuerdo al DFL N° 1-21.364, publicado el 11 de noviembre de 2022, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública quedará suprimida a contar del 1° de enero de 2023, fecha en la cual entrará en funcionamiento el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Cuadragésimo: Que, en relación con las omisiones ilegales que se atribuyen a los órganos administrativos recurridos, resulta indispensable señalar que el recurso Rol N° 126.662-2022 alega que existe un incumplimiento del fallo de la Excma. Corte Suprema de 28 de mayo de 2019, recaído en los autos Rol Nº 5888-2019.

Sostiene que los servicios públicos han reportado diversas acciones para acreditar el cumplimiento del fallo, sin embargo, ninguna ha sido capaz de prevenir la repetición de los hechos del año 2018.

Indica que el Ministerio del Medio Ambiente identificó en la zona, los contaminantes que ya están normados: material particulado grueso (MP10), Material particulado fino (MP2,5), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOX), respecto de los cuales mantiene un monitoreo en línea (https://airecqp.mma.gob.cl/). Asimismo, ha detectado la presencia de elementos no normados: varios compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre ellos benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (conocidos como BTEX), y otros que tienen azufre, como el ácido sulfhídrico. Además, informó que se está desarrollando el anteproyecto de norma de calidad ambiental COVs y de arsénico. Además, el año 2018, mediante el D.S. 105/18 actualizó el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental para las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, y mediante el D.S. N°104/18 la norma de calidad primaria para dióxido de azufre.

Prosigue señalando que, en relación con las medidas para resguardar la salud de la población de nombre reservado y Puchuncaví, el Ministerio de Salud manifestó que realizaría exámenes toxicológicos para conocer la prevalencia, características y factores de riesgo de enfermedades en la población mayor de un año de edad de ambas comunas; no obstante, a la fecha el estudio no se ha realizado.

Agrega que, en cuanto a medidas destinadas a diseñar e implementar una política para enfrentar situaciones de emergencia ambientales, el PPDA contempla la Gestión de Episodios Críticos, y la ONEMI desarrolló el Plan Emergencia especifico por variable de riesgo “contaminación ambiental”.

Finalmente, otra de las medidas ordenadas por la Corte Suprema fue la modificación el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (en su área metropolitana y satélite borde costero nombre reservado Puchuncaví) y, si bien se realizaron estudios, aún no se ha concretado un plan de trabajo.

A juicio de este recurrente, el contexto anterior permite establecer que los seis recientes episodios de contaminación del aire, la falta de información clara y precisa sobre el origen el origen de la contaminación, quién la produjo y cómo afecta a la población de nombre reservado y Puchuncaví, se producen como resultado de omisiones de las obligaciones que corresponden a las autoridades recurridas en orden a prevenir episodios como los vividos esas semanas por las comunidades de nombre reservado, Puchuncaví y Ventanas.

Cuadragesimoprimero: Que, en relación con esa alegación, es preciso recordar que la Excma. Corte Suprema, en la referida sentencia pronunciada en los autos Rol Nº 5888-2019, estableció la existencia de omisiones ilegales por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior, que han supuesto el incumplimiento de deberes prescritos a su respecto por el legislador, y, sobre esa base, dispuso que las autoridades administrativas de los distintos niveles de gobierno, esto es, comunal, provincial, regional y nacional, debidamente coordinadas entre sí y con las demás magistraturas, órganos y funcionarios públicos que fueren pertinentes, adoptasen las quince medidas señaladas en esa sentencia:

“a) La autoridad sectorial deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví.

b) Una vez evacuado el estudio aludido, la autoridad administrativa deberá disponer en breve plazo lo pertinente para implementar las acciones que se desprendan de dicho informe, en el que se habrá debido evaluar la procedencia de instalar filtros o dispositivos que permitan identificar y medir esos compuestos o elementos directamente en la fuente, como puede ser en las chimeneas utilizadas en los procesos industriales.

c) El Ejecutivo dispondrá lo adecuado para que las medidas que surjan del informe aludido estén cabalmente implementadas y, además, en disposición de comenzar a operar, en el término máximo de un año, contado desde el día en que esta sentencia se encuentre firme.

d) Una vez ejecutadas las acciones sugeridas en ese estudio, esto es, recopilada la información idónea y pertinente, las autoridades sectoriales deberán realizar las actuaciones apropiadas para determinar, a la brevedad y con precisión, la identidad de todos y cada uno de los elementos o compuestos dañinos para la salud y para el medio ambiente generados por las distintas fuentes existentes en la Bahía de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví, y para establecer con detalles cuáles son sus características, fuentes y efectos en la salud de la población y en los distintos elementos que componen el medio ambiente, sea que se trate del aire, del agua o del suelo.

e) Establecido lo anterior, las instalaciones y fuentes que generen tales elementos deberán reducir las emisiones de los mismos a las cifras que para cada uno de ellos establecerán las autoridades administrativas competentes, quienes a la brevedad fijarán los parámetros pertinentes, mismos que deberán comenzar a regir, a su turno, en un plazo acotado y preciso que se establecerá por la autoridad administrativa.

f) Se dará inicio a la brevedad a los procedimientos pertinentes para ponderar la pertinencia y utilidad de reformar, incrementando, incluso, si fuere necesario, los niveles de exigencia aplicables a los distintos elementos, gases o compuestos producidos en las diferentes fuentes presentes en la Bahía de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví, las normas de emisión, de calidad ambiental y demás que resulten aplicables a la situación de contaminación de la mentada Bahía.

g) Una vez identificados y cuantificados los elementos nocivos para la salud y para el medio ambiente, la Autoridad de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación existente en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, incluyendo entre ellas la elaboración de un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de esas comunas que permita determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua; asimismo, deberá implementar un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de esas patologías; también habrá de adoptar medidas de vigilancia epidemiológica en la zona de emergencia; asimismo, una vez completado el diagnóstico apuntado, deberá elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población de las comunas referidas, en relación a las patologías derivadas de la situación de contaminación detectada. Asimismo, habrá de diseñar e implementar una política destinada a enfrentar situaciones de contingencia como las que generaron la presente causa, a fin de dar satisfacción al importante aumento en la demanda de atenciones de salud. Del mismo modo, la autoridad deberá disponer lo que fuere preciso para acometer la derivación de aquellos pacientes que, en episodios como los de la especie, requieran de tal medida de cuidado y atención de su salud.

h) Que la Oficina Nacional de Emergencia proceda, a la brevedad, a elaborar un Plan de Emergencia que permita enfrentar situaciones de contaminación como las ocurridas los días 21 y 23 agosto y 4 de septiembre de 2018 en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, instrumento en el que deberá incorporar, además, todas las medidas de coordinación, de disposición de recursos y las demás que se estimen atinentes y útiles para “solucionar los problemas derivados” de esos eventos.

i) Que cada vez que se constate la existencia de niveles de contaminación que afecten particularmente a niños, niñas y adolescentes, conforme a lo precisado por la autoridad administrativa o por los efectos que produzcan en tal población y que se expresen en una sintomatología de su estado de salud, condición que igualmente precisará la autoridad administrativa de salud y educación, las magistraturas competentes dispondrán lo pertinente para trasladar desde la zona afectada por esa situación a todas las personas que integran el señalado conjunto hacia lugares seguros, medida que se deberá mantener hasta que cese el indicado evento de crisis.

j) El resto de la población vulnerable de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví, cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, será trasladada desde la zona afectada hacia lugares seguros y mientras perdure el señalado episodio.

k) Que se reevalúe la calificación de zona de latencia y de zona saturada de las comunas de que se trata, análisis a partir del cual la autoridad competente deberá adoptar las medidas que corresponda.

l) Que se cree y mantenga un sitio web en el que se incorporarán todos los datos, antecedentes, pesquisas, resultados, informes, etc., que den cuenta de las distintas actuaciones llevadas a cabo con el objeto de dar cumplimiento a las medidas dispuestas en la presente sentencia, utilizando, en la medida de lo posible, un lenguaje claro que simplifique la comprensión de los asuntos abordados.

m) Que, si con ocasión de la ejecución de las tareas previstas en el presente fallo, las autoridades recurridas detectan la concurrencia de situaciones que justifiquen la aplicación de sus atribuciones, como podría ser alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300, den inicio a los cursos de acción pertinentes para hacer efectivas tales potestades, evaluación en la que habrán de tener en especial consideración los efectos sinérgicos que las distintas fuentes contaminantes puedan provocar en el medio ambiente de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví.

n) La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región deberá abordar la modificación del Plan Regulador de Valparaíso, en relación a la zona afectada por los hechos de autos, a la brevedad, considerando dicha labor como una prioridad en sus políticas sectoriales.

ñ) Cualquier otra diligencia o actuación que resultare necesaria para el acabado cumplimiento de lo ordenado en este fallo.”

Cuadragesimosegundo: Que esta Corte de Apelaciones, luego de requerir en los autos de primera instancia, Rol IC N° 7266-2018, informes de cumplimiento de dichas medidas, determinó el archivo de la causa el 27 de noviembre de 2020, y el 21 de diciembre de 2020 desechó el recurso de reposición que se dedujo al respecto.

En contra de esta última resolución se ha interpuesto recurso de queja ante la Excma.Corte Suprema en los autos Rol N° 154.690-2020. El 21 de enero de 2021 la Excma. Corte dispuso que, con antelación a emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad del recurso, se oficiara a esta Corte a fin de que solicitase informe a los distintos organismos a que se alude en la sentencia dictada en los autos IC N° 5.888-2019, quienes deberían pronunciarse acerca de las acciones adoptadas a partir de su emisión, así como de todo otro antecedente que sirviera para ilustrar sobre las medidas dispuestas en dicho fallo. El 18 de marzo de ese año se pusieron a disposición de la Excma. Corte Suprema los informes recibidos en cumplimiento de ese trámite, y el 3 de mayo de 2022 el recurso quedó en estado de darse cuenta en la Sala designada.

En consecuencia, se encuentra pendiente ante la Excma. Corte Suprema el conocimiento de un recurso que guarda directa relación con la determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia de 28 de mayo de 2019.

Cuadragesimotercero: Que, por otra parte, debe consignarse que, entre los antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, se encuentra acompañado a folios 54 y 55 el Informe Final N° 27, de 2 de mayo de 2022, del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de esa entidad fiscalizadora, mediante el cual se dieron a conocer las conclusiones de la auditoría a las acciones desarrolladas por los órganos de la administración del Estado para gestionar los riesgos para la vida y la salud de las personas en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, por la exposición a contaminantes presentes en el aire, agua y suelo.

Esa auditoría tuvo por objeto “evaluar las razones que explican por qué la gestión ambiental no ha permitido dar solución al problema de contaminación en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví. Para ello, se examinaron principalmente las acciones que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Salud Pública, las Secretarías Regionales Ministeriales, SEREMI, del Medio Ambiente y de Salud, ambas de la región de Valparaíso y la Superintendencia del Medio Ambiente han realizado para gestionar, desde una perspectiva medioambiental, los riesgos en la vida y salud de las personas que habitan dicha zona debido a la exposición a contaminantes presentes en el aire, agua y suelo, y se evaluó si tales acciones han sido eficaces y en qué medida los recursos asignados en el periodo han aportado a aquello”.

Como resultado de esa auditoría, la Contraloría General de la República emitió diez recomendaciones para la Subsecretaría del Medio Ambiente y SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso; tres para el Servicio de Evaluación Ambiental; tres para la Subsecretaría de Salud Pública y SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso y dos para la Superintendencia del Medio Ambiente:

“Subsecretaría del Medio Ambiente y SEREMI del Medio Ambiente de la región de Valparaíso.

1. Elaborar una propuesta de trabajo que defina la planificación a corto y mediano plazo para contar con instrumentos de gestión ambiental que permitan hacerse cargo de los riesgos asociados a la presencia de contaminantes en el suelo de las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, y del área de influencia de las actividades que se desarrollan en esos territorios, identificando las acciones, metas, plazos, responsables, recursos financieros necesarios, la coordinación entre los órganos de la Administración del Estado y, finalmente, la incorporación de los instrumentos a desarrollar en el Programa de Regulación Ambiental respectivo. Lo anterior, en relación con la observación contenida en el punto 4.1.1.1.

2. Coordinarse con la Subsecretaría de Salud Pública y la SEREMI de Salud de la región de Valparaíso para identificar y priorizar las áreas de intervención conforme a los potenciales riesgos a la salud de las personas y el medio ambiente debido a la presencia de contaminantes en el suelo a fin de dar cumplimiento a las siguientes etapas previstas en la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes. Alternativamente -y mientras se define una política sobre suelos contaminados de largo plazo y en tanto se adoptan acciones y medidas de carácter definitivas en tal sentido- procede que, en base a consideraciones precautorias, se adopten otras medidas provisionales y de carácter cautelar para reducir o mitigar los riesgos a la salud generados por suelos contaminados en la zona. Lo anterior, en relación a la observación contenida en el punto 4.1.1.2.

3. Coordinarse con la Subsecretaría de Salud Pública para establecer estrategias efectivas para conocer la concentración, fuentes y efectos de los contaminantes no normados, por ejemplo, compartiendo en forma periódica información epidemiológica que dé cuenta de la afectación de la salud de los habitantes de dicha zona que pueda deberse a la exposición a determinados contaminantes y/o la elaboración de un catálogo de contaminantes provenientes de las industrias y actividades del sector en conformidad con los insumos y procesos que aquellas efectúan y, con ello, determinar la necesidad de incorporarlos a la regulación nacional, bajo un enfoque integrado, considerando objetivos, metas, hitos y responsables. Lo anterior, en relación con la observación contenida en el punto 4.1.2.

4. Definir los objetivos a corto y mediano plazo y la planificación de las actividades necesarias para implementar y operar la nueva red de monitoreo de calidad del aire. Además, definir el mecanismo de control que será desarrollado con la finalidad de analizar la fiabilidad, integridad, disponibilidad, veracidad y publicidad en tiempo real de los datos que se obtienen de las redes de calidad del aire. Lo anterior, en relación a la observación contenida en el punto 4.1.3.

5. Coordinarse con la Subsecretaría de Salud Pública para definir e implementar en el corto plazo las medidas necesarias para gestionar los eventuales riesgos a la salud generados por la situación de contaminación en la zona sobre la base de información levantada por ambas entidades. Las medidas, y los resultados de su implementación, deberán publicarse a través de un medio que permita su conocimiento efectivo por parte de la ciudadanía. Lo anterior, en relación con las observaciones contenidas en los puntos 4.1.4 y 4.1.5.

A su vez, definir los objetivos a corto y mediano plazo y la planificación 'de las actividades necesarias para implementar la red de monitores para el componente agua, estableciendo los hitos, plazos y áreas responsables. Lo anterior, en relación a la observación contenida en el punto 4.1.4.

6. Dar cumplimiento estricto a los procedimientos y plazos de revisión, al menos con la frecuencia mínima establecida en la ley, de las normas de calidad ambiental. En tal sentido, procede que esa entidad dé cuenta, por el medio que estime al efecto, con la debida publicidad a la ciudadanía sobre el estado de los procesos de revisión de las normas en tramitación, así como de aquellas que no se han iniciado, debiendo en estos casos, señalar los fundamentos de tal determinación, así como las medidas a implementar para subsanar dicha omisión, en caso de corresponder, lo que deberá constar a través del respectivo acto administrativo. Lo anterior, en relación con la observación contenida en el punto 4.2.1.

7. Coordinarse con la Autoridad Marítima para identificar las brechas que impiden contar con la información necesaria para levantar el inventario de emisiones, estableciendo una estrategia a corto plazo para contar con los antecedentes faltantes respecto de las emisiones de las naves que ingresan a la Bahía de nombre reservado. Lo anterior, en relación a la observación contenida en la letra b) del punto 4.2.2.2.

8. Coordinarse con la Superintendencia del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Salude Pública para definir los mecanismos de seguimiento y evaluación de la norma de calidad para aguas marinas y estuarianas. Asimismo, generar metodologías de evaluación y definir planes de vigilancia, objetivos, plazos y responsables. Lo anterior, en relación con la observación contenida en el punto 4.2.3.1.

9. Evaluar de manera sistemática el estado de implementación y la consecución de los objetivos del PRAS, a fin de adoptar las medidas para finalizar su ejecución, o definir su actualización, estableciendo una programación con plazos, hitos y responsables. Lo anterior, en relación a la observación contenida en el punto 4.2.4.

10. Definir mecanismos de control y registro, como la incorporación de un centro de costos especial, que permitan identificar de forma íntegra y con facilidad los desembolsos que se incurren en servicios y/o bienes (por conceptos de estudios, consultorías, capacitaciones, etc.) para atender los problemas ambientales de la zona, a fin de evaluar su eficacia y eficiencia, así como su suficiencia. Lo anterior, en relación a la, observación contenida en el punto 4.2.7.

Con el objeto de implementar las medidas expuestas y corregir las situaciones indicadas, las entidades deberán elaborar un Plan de Acción conjunto, que deberán remitir a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Esta Contraloría General efectuará el seguimiento de las acciones indicadas en dicho plan, a contar del sexto mes desde la recepción del aludido Plan de Acción.

Servicio de Evaluación Ambiental Establecer criterios y lineamientos para la evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían generarse en virtud de la ejecución. de proyectos nuevos o la modificación de los existentes, que permitan uniformar el modo en que estos son considerados en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, se recomienda definir un criterio sobre evaluación y utilización de normas de referencia, que permita al SEA y a los organismos competentes que participan de la evaluación, ponderar la justificación de su utilización por parte de los proponentes, de modo de que se utilicen normas uniformes para el sector. De igual modo, actualizar con frecuencia al menos anual los listados de normas de referencia que posee, y generar un repositorio de hormas utilizadas en los distintos procesos de evaluación, por zona geográfica y contaminante. Lo anterior, en relación con la observación formulada en el numeral 4.2.6.

Con el objeto de implementar las medidas expuestas y corregir las situaciones indicadas, el SEA deberá elaborar un Plan de Acción, que deberá remitir a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Esta Contraloría General efectuará el seguimiento de las acciones indicadas en dicho plan, a contar del sexto mes desde la recepción del aludido Plan de Acción.

Subsecretaría de Salud Pública y SEREMI de Salud de la región de Valparaíso 1. Elaborar una planificación que contengan hitos, plazos y responsables para ejecutar la evaluación de riesgos de los metales pesados en productos del mar; comunicar esos riesgos y gestionarlos. Asimismo, utilizar la información obtenida no solo para prevenir el consumo de los productos del mar, sino para para implementar medidas en el mediano plazo tendientes a identificar las fuentes de contaminación y disminuir la carga contaminante. Lo anterior, en relación con la observación formulada en el numeral 4.1.5 2. Evaluar la necesidad de establecer un programa especial de monitoreo de calidad de las aguas destinadas a consumo humano en las comunas de Puchuncaví, nombre reservado y Concón, identificando los elementos a analizar en el tiempo, su frecuencia y puntos de muestreo, a fin de determinar si la actividad industrial de la zona tiene o no Incidencia en la calidad de ellas.

En este sentido, se recomienda, que la SEREMI de Salud de la región de Valparaíso genere un procedimiento que defina claramente los pasos a seguir una vez identificado uno o más elementos sobre la norma, los medios de verificación, el tiempo de acción, los responsables y objetivos claros por cada etapa, así como la disponibilidad y publicidad de los datos. Lo anterior, en relación con la observación formulada en el numeral 4.2.3.2.

3.Fortalecer la vigilancia epidemiológica asociada a la contaminación atmosférica, generando para ello un diagrióstico del actual programa implementado, determinando áreas dé mejora, la estimación de los recursos financieros necesarios para su implementación y las acciones que deben ser realizadas en el cortó y mediano plazo, definiendo hitos y metas claras a cumplir. Los resultados de dicho proceso y la forma en que se desarrollará la vigilancia deberán quedar plasmados en un documento de fácil acceso a la comunidad. Lo anterior, en relación con la observación contenida en el punto 4.2.5.

Con el objeto de implementar laá medidas expuestas y corregir las situaciones indicadas, las entidades deberán elaborar un Plan de Acción conjunto, que deberán remitir a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepcióri del presente informe. Esta Contraloría General efectuará el seguimiento de las acciones indicadas en dicho plan, a contar del sexto mes desde la recepción del aludido Plan de Acción.

Superintendencia del Medio Ambiente 1. Coordinarse con la Subsecretaría del Medio Ambiente para adoptar las medidas necesarias a fin de verificar el estado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental vigentes, considerando para ello la periodicidad y frecuencia establecidas en tales normas. Asimismo, elaborar un diagnóstico que detalle, a lo menos, las estaciones de monitoreo vigentes, su administrador, si cuentan con representatividad poblacional, si han sido fiscalizadas y/o revisadas por los órganos de la Administración del Estado para confirmar su funcionamiento y estado, las áreas donde se han evaluado las normas y las áreas donde no se han evaluado, criterios de priorización de áreas para evaluar las normas, entre otros, a fin de considerar dichos antecedentes en su programa de fiscalización. Lo anterior, en relación con la observación formulada en el numeral 4.2.2.1.

2. Coordinarse con la Subsecretaría del Medio Ambiente para elaborar una estrategia para superar las brechas institucionales que dificultan a las distintas entidades cumplir y comunicar la implementación de las medidas contenidas en el PPDA de su responsabilidad, estableciendo para ellos etapas, plazos y responsables. Lo anterior, en relación con la observación formulada en la letra a) del numeral 4.2.2.2.

Con el objeto de implementar las medidas expuestas y corregir las situaciones indicadas, la Superintendencia deberá elaborar un Plan de Acción, que deberá remitir a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Esta Contraloría General efectuará el seguimiento de las acciones indicadas en dicho plan, a contar del sexto mes desde la recepción del aludido Plan de Acción.

Remítase el presente informe a la Ministra del Medio Ambiente, al Subsecretario del Medio Ambiente y a la Jefa Oficina de Auditoría Interna Ministerial del Medio Ambiente; al Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso; a la Ministra de Salud, al Subsecretario de Salud Pública y al Jefe del Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud; al Secretario Regional Ministerial de Salud de Valparaíso; al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y al Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de ese Servicio; y al Superintendente del Medio Ambiente y al Jefe del Departamento de Auditoría Interna de esa entidad.” (folio 55, Informe Final N° 27/2022, páginas 89 a 94)

Cuadragesimocuarto: Que dicho Informe Final destaca, en su presentación, que “este tipo de auditoría está orientada a identificar áreas de mejora, sobre las cuales se formulan recomendaciones a fin de que las entidades públicas implementen acciones que contribuyan a resolver los problemas detectados, sin perjuicio de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que las rigen.” En ese sentido, “tienen como principal objetivo examinar la economía (reducción de costos), eficiencia (máximo aprovechamiento de los recursos disponibles) y eficacia (logro de los propósitos u objetivos estipulados) en el uso de recursos públicos.”

Cuadragesimoquinto: Que es indispensable recordar, al efecto, que la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en su artículo 3°, inciso segundo, el deber de los organismos integrantes de la Administración del Estado de observar los principios que rigen su actuación, entre los cuales menciona expresamente los de eficiencia, eficacia y coordinación.

Los desarrolla enseguida en el artículo 5°, manifestando que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.”

Al poco tiempo de aprobado ese cuerpo legal, el profesor de Derecho Administrativo nombre reservado precisaba que “la eficiencia es un concepto de administración que se localiza en el uso de los medios o recursos disponibles, postulando su mayor rendimiento al menor costo” y que “la eficacia, por su parte, es una idea que subraya y acentúa el logro de los objetivos, el alcance de las finalidades de la organización, velando porque sean convincentes, esto es, se concreten o realicen en forma consecuente y coherente con el medio administrativo en el cual se inserta la organización y con la planificación que los inspira.” (“Bases Generales de la Administración del Estado”, Editorial Jurídica Ediar-Conosur Ltda., Santiago, 1987, páginas 63-64)

Previamente, había advertido que tales reglas base, por estar incorporadas en una ley, asumen “el carácter de imperativos de obligada observancia para las autoridades y funcionarios” (obra citada, págunas 61-62).

Esa circunstancia guarda plena congruencia con la finalidad de las auditorías que corresponde realizar al órgano contralor, establecida en el artículo 21 A de su ley orgánica, N° 10.336: “La Contraloría General efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.”

En esa medida, es posible que diversos hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoría que dio lugar el Informe Final N° 27, de 2 de mayo de 2022, emitido un mes antes de los sucesos de autos, y que dan lugar a las recomendaciones aludidas, involucren una cuestión de legalidad.

Cuadragesimosexto: Que el citado documento fue comunicado por oficios de fecha 2 de mayo de 2022 a la señora Ministra del Medio Ambiente (N° 1.285); a la señora Ministra de Salud (N° 1.286); a la señora Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (N° 1.287) y al señor Superintendente del Medio Ambiente (N° 1.288).

Si bien, en coherencia con el objetivo de la auditoría, las recomendaciones que se formulan en el Informe Final guardan relación no solo con la contaminación atmosférica de las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví, sino que se extienden además a los contaminantes presentes en las aguas y el suelo, lo cierto es que ella queda comprendida dentro de los Planes de Acción que debieron presentar a la Contraloría General de la República la Subsecretaría del Medio Ambiente y SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Subsecretaría de Salud Pública y SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Asimismo, las acciones que desarrollarán los mencionados órganos de la administración del Estado para gestionar los riesgos para la vida y la salud de las personas en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví por la exposición a contaminantes presentes en el aire, que forman parte de dichos Planes de Acción, comenzarán a ser objeto de seguimiento por dicho órgano contralor a contar del sexto mes contado desde la fecha en que los recibió.

Ese plazo, en consecuencia, se encuentra vigente.

Cuadragesimoséptimo: Que las medidas ordenadas por la Excma. Corte Suprema en la sentencia de 28 de mayo de 2019 pronunciada en los autos Rol Nº 5888-2019, que se han recordado en el considerando cuadragesimoprimero, y las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en su Informe Final N°22/2022, señaladas en el considerando cuadragesimotercero, se hacen cargo de una situación de contaminación existente desde hace años en las comunas de Puchuncaví, nombre reservado y Concón.

Esta Corte de Apelaciones, en parte del considerando 13° de su fallo recaido en el recurso de protección Rol N° 7266-2018, que mantuvo la Excma. Corte Suprema, estableció que “La muy seria situación de contaminación en la bahía de nombre reservado-Puchuncaví se arrastra desde mucho antes de la fecha de las emergencias, y de la documentación de la causa y de los informes de los propios organismos públicos recurridos, aparece claro que el Estado administrador lo sabía.” La Excma. Corte Suprema, al conocer la apelación en los autos Rol N° 5888-2019, manifestó en su considerando 10° “que, tal como acertadamente señala el fallo recurrido, en la situación general de grave contaminación de la bahía de nombre reservado, Ventanas y Puchuncaví se entrelazan posibles afectaciones a tres derechos fundamentales, en particular la vida de las personas, su salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

La Contraloría General de la República, a su turno, reconoce:

“Desde hace ya varias décadas, en dicha zona se desarrolla una actividad industrial que concentra diversas fuentes asociadas a la generación eléctrica en base a combustibles fósiles, refinería de petróleo y fundición de cobre, terminales marítimos, almacenamiento y producción de sustancias peligrosas e hidrocarburos, entre otros, tanto de carácter estatal como privado.

Dichos procesos industriales generan emisiones de contaminantes tales como: dióxido de azufre, SO2, material particulado MP10 y MP2,5, compuestos orgánicos volátiles, COVs, metales pesados, entre otras sustancias nocivas tanto para el ambiente como la salud de las personas. Lo anterior genera una condición de riesgo por la exposición a tales contaminantes que producen distintos tipos de efectos sobre la salud de las personas -agudos y crónicos- y el medio ambiente, tanto a corto como a largo plazo.”

“En este contexto, considerando el rol de la Administración del Estado y la implementación de diversos instrumentos de gestión ambiental en la zona, se advierte la persistencia de la situación ambiental reseñada, así como la falta de análisis o informes concluyentes destinados a establecer con certeza, respecto de los contaminantes presentes en la zona, cuáles son las consecuencias que la exposición a tales contaminantes podría provocar tanto en la vida y salud humana cómo en los elementos aire, suelo y agua del medio ambiente.

Asimismo, se advierte la ausencia de una mirada multisectorial, que permita examinar aqúellas acciones y medidas para eliminar, reducir y/o mitigar los potenciales riesgos para la vida y salud de la población de las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví por la contaminación ambiental en la zona, ya sea en las estrategias, políticas, planes y programas de los diversos órganos competentes de la Administración del Estado, así como la actuación coordinada de los mismos.” (folio 54, Informe Final N° 27/2022, páginas 7 y 8).

Ninguno de los recurrentes ni de las recurridas ha discutido que los episodios de contaminación que han dado origen a estos recursos acumulados son una manifestación más de esa situación preexistente y, en tal medida, el fallo de nuestro más alto Tribunal de 28 de mayo de 2019 así como el Informe N° 22/2022 de la Contraloría General de la República, de 2 de mayo de 2022, aunque anteriores a estos hechos, guardan relación directa con ellos porque apuntan precisamente a prevenirlos, así como, en lo posible, evitar su ocurrencia en el futuro.

Cuadragesimoctavo: Que, por el motivo recién indicado, no es admisible la solicitud planteada por algunas recurridas en orden a que se declare que estos recursos acumulados han perdido oportunidad desde el momento en que se refieren a hechos acaecidos el 6 de junio de 2022 y a otros producidos el 08, 14, 15, 16 y 22 de junio de 2022, que ya han sido superados y respecto de los cuales, por tanto, no podría adoptarse ninguna medida que fuese de utilidad.

Ese argumento olvida que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental señala tres supuestos de menoscabo de los derechos y garantías que protege: privación, perturbación o amenaza.

La amenaza, a juicio del profesor Eduardo Soto Kloss, es el “anuncio de un mal futuro, peligro de suceder algo desagradable o perjudicial (y que por cierto no está obligada a soportar), dicha amenaza habrá de revestir ciertos caracteres que la hagan procedente para que prospere favorablemente el RP: dentro de ello aparecería que fuere cierta y no ilusoria, lo que deberá probarse debidamente; el que fuere cierta conlleva el que fuere actual, contemporánea al momento de recurrirse de protección; que fuere precisa en su formulación y no vaga, de tal modo que el juez pueda determinar si es antijurídica o no en sus extremos y si agravia ella el derecho fundamental invocado; en fin, que sea concreta en sus resultados o efectos, de manera que constituya realmente una intimidación, habida cuenta de las circunstancias tanto subjetivas (esto es referente a la condición, estado, situación del afectado, como del sujeto que formula la amenaza) como objetivas (entidad del presagio de mal futuro, posibilidad de realizarse, probabilidad de efectuarse, etc.)”. (Soto Kloss, Eduardo, “El Recurso de protección”, Editorial Jurídica de Chile, 1982, p. 85).

El profesor nombre reservado pone énfasis en la idea de amenaza como una etapa previa a la privación o perturbación, caracterizándola como un hecho en el “que existe un peligro potencial pero inminente de privación total o parcial, o de perturbación, en el legítimo ejercicio del derecho o garantía” (nombre reservado, “Derecho Constitucional”, 4ª edición, 1998, Concepción, Universidad de Concepción, Vicerrectoría Académica, Proyectos de Desarrollo de Docencia, p.239)

A la luz de todos los antecedentes analizados por la Excma. Corte Suprema en su fallo de 28 de mayo de 2019 y por la Contraloría General de la República en su Informe Final N° 22/2022, de 2 de mayo de 2022, la ocurrencia de nuevos episodios de contaminación atmosférica en las comunas de Concón, nombre reservado y Puchuncaví constituye una amenaza cierta, precisa y concreta, aunque la generación de los mismos se haya espaciado y sus efectos se hubiesen atenuado, de forma tal que el transcurso de una situación determinada no hace desaparecer la amenaza de que se repita, sino que únicamente hace cesar la perturbación en los derechos que ocasionaba.

Y, aunque sea redundante mencionarlo, al tener la amenaza la calidad de afectación de derechos fundamentales de manera autónoma de la perturbación y privación, habilita de igual manera que éstas a la Corte de Apelaciones respectiva para adoptar “las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”, de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuadragesimonoveno: Que, desde otro punto de vista, atendidas las circunstancias expuestas desde el considerando cuadragésimo, es forzoso concluir que las materias planteadas en los recursos de protección de autos, vinculadas con los episodios de contaminación producidos durante el mes de junio de 2022 en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, están sometidas al imperio del Derecho.

Lo anterior, en la medida que se encuentra en tramitación el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema sobre la admisibilidad del recurso de queja que le ha sido planteado para decidir en definitiva sobre el archivo de la anterior causa de protección o la circunstancia de encontrarse todavía pendiente su cumplimiento. Es evidente que, de haber quedado a firme el archivo de la causa anterior, y reuniéndose los requisitos constitucionales para la procedencia del recurso de protección, esta Corte se habría encontrado habilitada para adoptar las medidas de cautela que hubiese estimado pertinentes para resguardar el legítimo ejercicio de los derechos afectados. En cambio, queda inhibida de pronunciarse al respecto al haberse planteado precisamente el cumplimiento de las medidas que dispuso en aquella ocasión la Excma. Corte Suprema, ya que significaría inmiscuirse en un asunto sometido actualmente a su conocimiento, aunque fuese por aplicación de la última de las medidas ordenadas, que se refiere a “cualquier otra diligencia o actuación que resultare necesaria para el acabado cumplimiento de lo ordenado en este fallo.”

Por otra parte, dichas materias también se encuentran sometidas al imperio del derecho porque está pendiente, por parte de los mencionados órganos públicos auditados por la Contraloría General de la República, de la ejecución de las acciones destinadas a dar cumplimiento a las recomendaciones que ésta les formuló, lo que será objeto de examen en su oportunidad por el órgano contralor al cerrar la etapa de seguimiento de dichas acciones.

Cabe recordar que, de conformidad al artículo 57 de la Resolución Nº 20, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas ese órgano contralor (Diario Oficial de 21 de marzo de 2015) el Informe de Seguimiento se pronunciará sobre el cumplimiento de las instrucciones, la adopción de medidas correctivas o la realización de las acciones propuestas adoptadas por el auditado. En el evento que se acredite la realización de acciones que corrijan las infracciones, irregularidades, deficiencias o vacíos detectados, las observaciones se considerarán subsanadas. Respecto de aquellas observaciones en que no se aporten antecedentes que permitan acreditar que la infracción, irregularidad, deficiencia o vacío detectado ha sido corregido, se indicarán las acciones que procedan. En aquellos casos en que una observación se mantenga, pero el auditado demuestre la realización de acciones que permitan subsanarla, se dejará constancia de este hecho en el Informe de Seguimiento y será considerado como antecedente para futuras auditorías.

En virtud del artículo 62 del citado reglamento, el resultado de las auditorías podrá dar lugar a una o más de las acciones que se definen en el Título III del mismo cuerpo normativo. Cada una de esas acciones se regirá por lo dispuesto en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, las normas que en ejercicio de sus facultades fije el Contralor General y las demás disposiciones legales y reglamentarias que correspondan. Entre ellas se encuentra la posibilidad de instruir u ordenar instruir las investigaciones y sumarios que correspondan con el fin de establecer los hechos sujetos a investigación y, si estos fueren constitutivos de infracción administrativa, determinar la eventual participación y responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Quincuagésimo: Que, de conformidad al artículo 20 de la Carta Fundamental, la puesta en marcha del aparato jurisdiccional del Estado, en el caso concreto de este recurso, se justifica en el objetivo de restablecer el imperio del ordenamiento jurídico quebrantado por la acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero y, con ello, el legítimo ejercicio del derecho fundamental de la persona afectada.

De esta forma, su procedencia decae cuando el asunto se encuentra sometido al conocimiento de los órganos constitucionales competentes, en particular cuando los mismos hechos de contaminación del aire en las comunas de nombre reservado y Puchuncaví, ahora reiterados, ya han sido objeto de conocimiento por parte de la Excma. Corte Suprema, ante quien se ha planteado precisamente una controversia que implica analizar el cumplimiento de las medidas que dispuso en aquella ocasión, lo que inhibe a esta Corte de pronunciarse al respecto. En esa medida, no concurre el requisito de procedencia del recurso de protección indicado por esa Excma. Corte, consistente en que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea esté en condiciones de adoptar medidas de cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho que se estime afectado.

Quincuagesimoprimero: Que, por las consideraciones precedentes, el recurso de protección deducido y aquellos que se le acumularon no puede prosperar y así deberá ser declarado.

Y visto lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechazan, sin costas, el recurso de protección Rol IC N° 110.184-2022, interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado en contra de Enap Refinerías S.A., Codelco-Ventanas; AES Andes S.A. y Ministerio del Medio Ambiente, y los recursos acumulados Rol IC N° 117.551-2022, presentado por la Junta de Vecinos Villa La Roca en contra de Codelco- División Ventanas; Rol IC N°112.995-2022, deducido por el Senador don Francisco Javier Chahuán Chahuán en contra de Codelco-Ventanas y Rol IC N°126.662-2022, interpuesto por la Sede Regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Codelco, Enap, AES Andes, Oxiquim, Planta Gasmar nombre reservado, Terminal de asfaltos y combustibles Enex, Terminal Marítimo de nombre reservado Copec, y Terminal Marítimo GNL nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección- 110.184-2022 (acumulados Roles IC N° 117.551-2022, 112.995-2022 y 126.662-2022).