nombre reservado con nombre reservado

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos A folio 1, con fecha 19 de marzo de 2025, comparece doña nombre reservado, en representación de las niñas nombre reservado, nacida el 6 de julio de 2010, de 14 años de edad e nombre reservado, nacida el 23 de agosto de 2018, de 6 años, quienes viven bajo el cuidado personal de su madre y padre, representadas legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la nombre reservado d`Istruzione, Corporación de Enseñanza Primaria y Secundaria (nombre reservado), representada por don nombre reservado, ingeniero y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en adelante “la societá”, en contra del actor arbitrario e ilegal de negar e impedir la matrícula para el año escolar 2025 de las hijas nombre reservado a Primer año de enseñanza media e nombre reservado, para primer año de enseñanza básica, lo que provoca privación, perturbación y amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

En cuanto a los hechos expone que matriculó a su hija Sofía el año 2014 en el establecimiento educacional, tomando conocimiento junto a su esposa de los costos relacionados a matrícula y mensualidades. Que durante 8 años consecutivos ambos padres cumplieron sin problemas sus obligaciones contractuales con el establecimiento y de forma anticipada el pago de las colegiaturas.

En el año 2022, ingresa al establecimiento su hija Isabel. En el transcurso de este año y producto de la crisis económica nacional producida por la Pandemia Covid-19, que la empresa de construcción del recurrente se vio extremadamente afectada, mermando su capacidad de pago de manera considerable. Sumado a ello, a mediados de ese año, su esposa queda sin trabajo, aumentando más la insolvencia familiar.

Indica que la deuda educacional fue creciendo y siguió a la familia durante estos últimos años, producto de la cual la institución ha negado la posibilidad de becas en favor de las estudiantes, siendo que son excelentes alumnas en lo académico y conductual, participando en forma activa en las actividades extra programáticas, además de contar con una calidad humana irreprochable tanto para sus maestros como con sus pares.

Que, a inicios del año 2024, la familia toma la decisión de poner a la venta el inmueble adquirido mediante crédito hipotecario a fin de cubrir las colegiaturas adeudadas y venideras, además de iniciar un nuevo emprendimiento. A pesar de ello, a la fecha del recurso no se ha materializado la venta, sin perjuicio de continuar publicada. Razón por los que no se han podido cubrir los cheques entregados para el pago de las colegiaturas, por lo que el establecimiento exige que la deuda sea documentada en un pagaré suscrito por el padre de las estudiantes, lo que se realizó estableciendo un monto de 600UF, pagadero en 10 cuotas, considerando también las mensualidades del año 2024, las que producto de la cesantía de ambos progenitores no se pudo cubrir.

Es del caso, que el 12 de julio de 2024, debido a las cuotas impagas del pagaré firmado anteriormente, la institución recurrida inició acciones legales ante el 1 Juzgado civil de Valparaíso, para hacer el cobro total del pagaré en causa Rol 1685-2024, la que se encuentra en tramitación.

Indica que al igual que los últimos cuatro años, el recurrente se acercó al establecimiento a principios del mes de febrero de 2025, para arribar a un acuerdo en cuanto a la deuda y lograr matricular a sus hijas para el año 2025, debido a que no ha podido vencer los obstáculos económicos que arrastra. Incluyendo una fuerte depresión de su esposa, quien estuvo todo el año 2024 en tratamiento médico, lo que le impidió ejercer su profesión con normalidad. Sin embargo a la fecha se encuentra nuevamente activa laboralmente y con tratamiento médico estable en el CESFAM JMT de Valparaíso.

Hace presente que, con estas circunstancias, es que logró reunir el valor total de la matrícula de sus dos hijas, correspondiente a 22 UF, más el pago de la mensualidad de ambas del mes de marzo, sin embargo, el establecimiento lo condicionó al pago efectivo del total de la deuda del pagaré en un solo acto. Solicitud que se volvió imposible de reunir pese a los esfuerzos de ambos, acercándose a mediados de febrero de manera constante al establecimiento a fin de transparentar la situación económica actual y ofrecer diversas alternativas a fin de garantizar el pago de la deuda.

Indica que todas las propuestas planteadas entre febrero y marzo de este año, fueron aceptadas para ser evaluadas en el comité de administración SIDI y por la abogada encargada de la cobranza judicial del pagaré, sin embargo y a pesar de cumplir todos los requerimientos en cuanto a documentación de propiedades y empresas para garantizar el pago, recién el día 18 de marzo del presente año, se les informa telefónicamente que las estudiantes no serán aceptadas nuevamente en el establecimiento y que no permitirán nuevas propuestas y negociaciones sin el pago íntegro del total de la deuda.

Dado lo avanzado del año académico, se vieron imposibilitados de postular a sus hijas a otro establecimiento, privándolos de ese modo de la libre elección educacional para sus hijas.

Invoca, que la situación familiar económica ha mejorado y a fin de no afectar emocionalmente a sus hijas que ven a sus compañeros en clases y ellas aun no, es que es prioridad matricularlas para el año 2025 y garantizar la continuidad de sus estudios en el establecimiento. Su representado reconoce la deuda con el establecimiento, sin embargo este último jamás le ha notificado de forma oficial, carta, correo, llamada telefónica de la no renovación de la matrícula, limitando la posibilidad de las estudiantes de postular en el período ordinario a otros establecimientos, lo que se inicia en el mes de agosto de cada año.

Por ello, la acción de la recurrida resulta injustificada y carente de razón, por cuanto, encontrándose las partes unidas por un vínculo contractual, contrato de prestación de servicios educacionales, no resulta posible a uno de los contratantes utilizando un medio de presión como es la no renovación de matrícula lograr el cumplimiento de las obligaciones monetarias contraídas, pues para ello posee las acciones jurisdiccionales que le confiere el ordenamiento jurídico.

Cita para ello, el derecho a la educación consagrado en el artículo 19 N° 10 de nuestra Carta fundamental, el que el Estado debe garantizar a todas las personas sin discriminar, entendiendo el derecho a la educación en un doble sentido, el derecho de educar a los hijos y elegir donde se educan, derecho amparado en el numeral 11 del artículo citado previamente.

A mayor abundamiento la decisión adoptada es del todo desproporcionada si se tiene presente que se adoptó de manera definitiva recién el 18 de marzo de este año, época en la que es prácticamente imposible la matrícula en otro establecimiento, violentando el inciso 7mo letra d) del artículo 6 del DFL N° 2 de 1996, que dispone “No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional” Por lo que la acción de negar la matrícula para el año escolar 2025, como sanción del no cumplimiento de obligaciones económicas contempladas en el contrato de prestación de servicios educacionales, que la recurrida se ha negado deliberadamente a enviar a pesar de las reiteradas solicitudes, resulta improcedente, toda vez que se ha especificado todo un mecanismo y una serie de gestiones extrajudiciales y judiciales para el aseguramiento y cobro de prestaciones adeudadas.

Por lo tanto, el impedimento de otorgar matricula a las alumnas recurrentes, constituye un acto arbitrario y discriminatorio del establecimiento educacional recurrido que vulnera la igualdad ante la ley en cuanto, no obstante cumplir las educandas todos los requisitos para ser matriculadas en igualdad de condiciones que los demás alumnos, se les ha impedido la matricula 2025 por una decisión unilateral y arbitraria fundad única y exclusivamente en antecedentes económicos, disponiendo contractual y legalmente de herramientas suficientes para perseguir el objetivo pecuniario que no ha podido ser satisfecho.

El impedimento para continuar sus estudios 2025, es por las siguientes razones: a) el establecimiento ya las consideraba estudiantes para el año 2025, manteniendo actualmente la matrícula reservada en caso de pago íntegro del total de la deuda; b) La negativa obedece solo y exclusivamente a impedimento económico de los progenitores, debido a que los cupos por cursos no se encuentran saturados, siendo actualmente para el primer año de enseñanza media un total de 17 alumnos y en primer año de enseñanza básica 22 alumnos; c) a la fecha en que el establecimiento educacional recurrido negó la matrícula definitiva, esto es, el 18 de marzo de 2025, no existe posibilidad de incorporar a las alumnas a otro establecimiento con aporte estatal ya que la etapa de postulaciones finalizó durante el año 2024.

En cuanto al derecho, invoca vulneración de la igualdad ante la ley, señalando que la medida no responde a un criterio de racionalidad ni de legalidad, sino es producto de una aplicación antojadiza del contrato suscrito entre el Colegio y el recurrente y se han sustituido otros recursos y mecanismos procedentes para el cobro de la deuda en los que la recurrente podría defenderse e incluso lograr una eventual conciliación.

En cuanto al derecho de propiedad, sobre un bien incorporal, señala que el contrato suscrito por el recurrente genera obligaciones para las partes y el derecho de los estudiantes sobre su matrícula, es un bien incorporal que, luego de celebrarse el respectivo convenio, se incorpora al patrimonio de los educandos como un derecho incorporal consistente en el servicio educacional convenido, protegido por la garantía constitucional. Así la medida de impedir la matricula constituye una vulneración del derecho de propiedad que tienen los educandos sobre su matrícula, y que es ilegal y arbitraria ya que afecta el derecho de dominio en su esencia, por lo que solicita se restablezca el ministerio de la ley, permitiendo a las recurrentes matricularse en el establecimiento recurrido y continuar sus estudios sin perturbación alguna de sus derechos, con expresa condena en costas.

A folio 9, con fecha 28 de marzo de 2025, evacuó informe la recurrida doña Lavinia Ceballos Díaz, abogada, en representación convencional, según se acreditará, de nombre reservado, en calidad de sostenedores del establecimiento educacional nombre reservado’ ORO, representada legalmente por don nombre reservado, quien evacuo el informe requerido, solicitando rechazar en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no existir acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya conculcado las garantías constitucionales que invoca, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que expuso:

El establecimiento educacional Scuola ltaliana nombre reservado'Oro, RBD 1638-1 de la comuna de Valparaíso, está reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como establecimiento educacional particular pagado, como lo reconoce el propio recurrente, impartiendo enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, formación diferenciada humanístico - científica, de acuerdo con los planes y programas especiales de estudio aprobados por lo División de Educación General del Ministerio de Educación, en su condición de colegio de especial singularidad.

Las hijas del recurrente ingresaron al establecimiento educacional en distintos años. nombre reservado ingresó al establecimiento educacional el 2014 e nombre reservado ingresó el año 2022.

Cada vez se celebró el contrato para el respectivo año escolar.

Es el caso que, desde el año 2021 hasta la fecha, el recurrente, don nombre reservado, sostenedor económico de sus hijas, ha incumplido la obligación de pagar el arancel establecida en el contrato de prestación de servicios educacionales respectivo, obligación que ha sido calificada como obligación esencial en este.

El establecimiento educacional, a través de múltiples diligencias y comunicaciones mantenidas por su Secretaria, doña Maritza Borrella, y por la Directora de Finanzas, doña nombre reservado, cooperó con el recurrente, procurando siempre la permanencia de sus hijas en el establecimiento, como se expone en los distintos antecedentes que a continuación se invocan. Sin que haya dado cumplimiento a su obligación desde 2021, oponiendo una serie de excusas, como a continuación se expone.

El 31 de marzo de 2022, el recurrente envió correo electrónico a doña Maritza Borella, Secretaria del establecimiento, solicitando ayuda “con aplazamiento de cobro de cheque hasta el 30 de abril, debido a circunstancias excepcionales.” Este cheque había sido otorgado por él con fecha 09 de febrero de 2022 por la suma de $2.299.220.-, para pagar la deuda que mantenía por no pago de colegiatura, correspondiente al año 2021.

Con fecha 12 de julio de 2022, la Secretaria envió correo electrónico a don nombre reservado, citándolo a una reunión para el martes 19 de julio de 2022, a las 10:00 hrs., con la Directora de Finanzas, Sra. nombre reservado, para tratar el asunto de deuda de colegiatura vigente a esa fecha. Esa deuda comprendía el monto garantizado por el cheque, que fue protestado, y los incumplimientos correspondientes a los meses ya transcurridos del año 2022.

La reunión se llevó a cabo el 19 de julio de 2022 y su contenido se encuentra reflejado en acta que se acompaña en un otrosí. El acta, firmada por ambos participantes, da cuenta de que se conversó con don nombre reservado. nombre reservado respecto de las deudas de colegiatura del año 2022. En dicha acta se establece que existía un cheque por $2.299.220 que tenía por objeto garantizar la deuda que acarreaba desde el año 2021.

En el punto 2 del documento, se establece que el Sr. nombre reservado se comprometió a pagar las colegiaturas del año 2022 durante el mes de septiembre de 2022.

En la parte final del acta, se dejó constancia de que, el 03 de noviembre de 2022, la Directora de Finanzas se contactó telefónicamente con el Sr. nombre reservado para informar el incumplimiento del punto anterior, quien prometió pagar la semana del 07 de noviembre de 2022, promesa que en definitiva no cumplió.

Por lo tanto, al inicio del año escolar 2023 adeudaba el saldo de deuda de 2021 y todo el año 2022. Situación que se hizo presente al matricular a las estudiantes para dicho año escolar, comprometiéndose el padre a cancelar toda la deuda a la brevedad.

El 13 de junio de 2023, adeudando ya los meses transcurridos de dicha anualidad más la deuda de arrastre, la Secretaria del establecimiento remitió correo a doña nombre reservado y a don nombre reservado, comunicando que la Directora de Administración y Finanzas había sido informada de que se había puesto a la venta su casa y solicitando información al respecto.

Con misma fecha, don nombre reservado respondió el correo, señalando que estaban en proceso de venta de su propiedad y que esperaban “estar ya cerrando dentro de este mes la venta” y que “con los ingresos de esta venta regularizamos toda la deuda pendiente de nuestras 2 niñas”. Finaliza el correo señalando que, concretada la venta, le informarían para agendar la fecha de pago.

Con fecha 14 de junio de 2023, la secretaria, doña Maritza Borella acusó recibo, quedando atenta a cualquier información.

Con fecha 11 de agosto de 2023, dado el nuevo incumplimiento de la recurrente, doña Maritza Borella envió un correo a don nombre reservado y a doña nombre reservado. En dicho correo cita a reunión para el día 17 de agosto de 2023 a las 10.30h con la Directora de Administración y Finanzas, doña nombre reservado, por la deuda de colegiatura de los meses de marzo a julio de 2023, más la deuda de arrastre impaga.

Con fecha 17 de agosto de 2023 se llevó a cabo la reunión en comento. Según consta en Acta de Reunión de fecha 17 de agosto de 2023, el tema a tratar fue “Deuda año 2022-2023”, y participaron don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado. Dicha acta establece: “Se acuerda con la familia que la deuda de no estar pagada al 15 de octubre se enviará a notario para firma de pagaré por el año 2022-2023.”

Al término de la reunión, doña nombre reservado envió copia del acta de reunión a doña nombre reservado, don nombre reservado y doña Maritza Borella, especificando lo siguiente: “Estimados, adjunto acta de reunión por deuda 2022-2023. Donde se tomó acuerdo que la deuda actual debe estar pagada a más tardar el 15 de Octubre, si los trámites se demoran se preparará Pagaré por la deuda total el cual debe ser pagado, a más tardar, el 15 de Enero del 2024 para poder acceder a la matrícula del año académico”. Los padres de las estudiantes, recurrentes en estos autos, nuevamente no cumplieron.

Ante el nuevo incumplimiento incurrido en enero de 2024, con fecha 29 de febrero de 2024, don nombre reservado otorgó pagaré por la suma total de 600,52 Unidades de Fomento en favor de nombre reservado. El pagaré establece que la deuda se pagaría en 10 cuotas, con cláusula de aceleración en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas pactadas.

Se hace presente que dicho pagaré cubre la deuda hasta el mes de julio de 2024, por el incumplimiento del pago de colegiatura de ambas alumnas, es decir, a partir del mes de agosto de 2024, el recurrente debía pagar las colegiaturas que se generaron desde ese mes. Con fecha 15 de abril de 2024, doña Maritza Borella envió correo electrónico a don nombre reservado, requiriendo el pago de la primera cuota del pagaré, vencida el 15 de marzo de 2024.

El mismo día el recurrente respondió el correo excusándose y aplazando nuevamente el cumplimiento de su obligación, señalando “La transferencia por las 24 UF será realizada antes del término del mes sin falta ni extensión alguna es decir el 30/4. Como comenté ya cuento con un ingreso más estable pero lamentablemente no cuento con la suma hoy 15/4.”. Sin embargo, nuevamente incumplieron.

Debido a que no se verificó el pago de las primeras tres cuotas devengadas conforme a los términos del pagaré, por un total de 380,44 UF, mi representada, con fecha 12 de julio de 2024, inició un juicio ejecutivo de cobro de pagaré en contra del recurrente, el cual se encuentra en tramitación, radicado ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, bajo la causa Rol C-1685-2024.

Hace presente que el monto del pagaré cubre la deuda que mantiene la recurrente por: saldo deuda 2021 y desde marzo de 2022 hasta julio de 2024, por ambas alumnas. Esto no considera lo adeudado por el recurrente por el período agosto 2024 a diciembre de 2024.

Hasta la fecha de presentación de este informe, ni el recurrente, padre de las menores, ni la madre, han pagado suma alguna de la deuda que se arrastra desde el año 2021.

Señala que, en el mes de noviembre de cada año, la recurrida envía los apoderados una circular mediante la cual informa las fechas asignadas para el periodo de matrícula del año escolar siguiente, junto con los requisitos y procedimiento que se debe cumplir para tales efectos En particular, la circular de matrículas 2025, enviada en noviembre de 2024, que se acompaña en un otrosí, establece expresamente que “el proceso de matrícula para el año 2025 se realizará en el mes de diciembre de 2024” conforme al calendario que se indica.

Junto con lo anterior, establece que uno de los requisitos para iniciar el proceso es: “c) El apoderado debe estar al día con los pagos de colegiatura 2024.” Debido a lo anterior, y habida consideración que el recurrente no cumplió con lo pactado en el contrato de prestación de servicios educacionales, ni tampoco los requisitos estipulados en la “Circular de Matrícula 2025”, el día 27 de diciembre de 2024 se dio por concluido el periodo de matrículas para el año escolar entrante, sin haberse matriculado las hijas del recurrente, precisamente, debido a la enorme deuda de arrastre que los padres mantienen con el establecimiento educacional.

En primer término, señala que el Recurso de Protección de autos ha sido interpuesto en forma extemporánea, de acuerdo con los fundamentos que a continuación se exponen: El recurrente afirma que, con fecha 18 de marzo de 2025, su representada negó la matrícula a sus hijas nombre reservado e nombre reservado, y que, en su concepto, a partir de esta fecha se producirían las vulneraciones al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 2 -igualdad ante la ley- y 19 N° 24 -derecho de propiedad-, ambos de la Constitución Política de la República.

Su parte difiere expresamente con la fecha en que, a juicio de la recurrente, se habría producido eventualmente la privación a los derechos fundamentales alegados. Lo que expuso, ocurrió el 27 de diciembre de 2024 y no el 18 de marzo de 2025 cuando se negó la matrícula de las hijas del recurrente.

De acuerdo con los protocolos internos, en el mes de noviembre de 2024 el establecimiento educacional comunicó formalmente a los apoderados, entre ellos el recurrente, mediante el documento “Circular de Matrículas”, que en el mes de diciembre de 2024 se haría el proceso de matrículas para el año escolar siguiente, esto es, 2025.

En la citada circular se detalla el proceso de matrícula, requisitos, documentación requerida, entre otros. Dice expresamente, lo siguiente: “el estudiante que no sea matriculado en el periodo correspondiente hasta el día 27 de diciembre de 2024, se entenderá que deja el cupo disponible.” Copia el calendario de matrículas del mes de diciembre de 2024. Así, el proceso de matrícula año escolar 2025, para el caso de la alumna nombre reservado -primero básico- tuvo lugar los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2024, y respecto a nombre reservado, el día 27 de diciembre de 2024. A esa fecha, la recurrente no cumplía con uno de los requisitos dispuestos para estos efectos, a saber, “c) El apoderado debe estar al día con los pagos de colegiatura 2024”. El día 18 de marzo de 2025, fecha en la que la abogada patrocinante del recurrente y madre de las alumnas, únicamente se apersonó al establecimiento para consultar la situación. De forma que, en ningún caso su representada negó la matrícula e imposibilitó la incorporación al año académico el día 18 de marzo de 2025. Por el contrario, y como se expuso, el proceso de matrícula 2025 se extendió hasta los días 11 y 27 de diciembre de 2024, respectivamente y, repetimos, expresamente se señaló en la circular respectiva que “el estudiante que no sea matriculado en el periodo correspondiente hasta el día 27 de diciembre de 2024, se entenderá que deja el cupo disponible”. Ninguna de las hijas del recurrente oportunamente matriculadas por sus padres en la fecha indicada, ya que no dieron cumplimiento al requisito de estar al día en los pagos de colegiatura 2024.

Siendo así, el plazo fatal para la interposición del recurso de protección -sin que esta parte reconozca en caso alguno que exista mérito para ello- venció los días 17 de enero de 2025, y 01 de febrero de 2025, respectivamente.

En el caso de autos no se ha verificado, en caso alguno, una conducta antijurídica por parte de la recurrida. En cuanto a la norma citada, Artículo 11 de la Ley General de Educación, interpretación de la Superintendencia de Educación y aplicación de la Excelentísima Corte Suprema. Norma que cita, junto al Ordinario N° 621 de fecha 25 de marzo de 2020.

En coherencia con el criterio adoptado, de manera reciente, por la Excma. Corte Suprema y la Superintendencia de Educación, no cabe sino concluir que, en la especie, no se verificó un accionar ilegal y arbitrario por parte del establecimiento educacional, a saber: i) Las alumnas no fueron excluidas durante el año escolar. Como se ha señalado precedentemente, en el caso de autos no se privó a las estudiantes de su educación mientras se encontraba en curso el año escolar. Por el contrario, y pese a la importante deuda de arrastre del recurrente, mi representada, en caso alguno, excluyó de su establecimiento estando el año escolar ya iniciado. Contrario a lo sostenido por el recurrente en su libelo, la no renovación de la matrícula 2025, por las razones ya señaladas, tuvo lugar en diciembre de 2024, y no el 18 de marzo de 2025. De esta manera, cabe concluir, luego de la no renovación de éstas, el recurrente dispuso de los meses de enero y febrero para encontrar un establecimiento educacional para sus hijas.

ii) El incumplimiento grave y reiterado permite no renovar la matrícula. En el caso de marras se ha verificado un incumplimiento grave y de carácter repetido y frecuente durante el tiempo que acumula deudas impagas por concepto de matrícula y mensualidad desde el año 2021 hasta diciembre de 2024. El recurrente incumplió de manera sistemática la obligación esencial del contrato de servicios educacionales en colegios particulares pagados, como es el caso de autos, consistente en el pago matrícula anual y del arancel mensual.

De esta manera, y conforme al contexto expresado en el presente informe, la conducta del establecimiento educacional, en caso alguno, puede ser calificada como ilegal o arbitraria, ajustándose, por tanto, a la legalidad y al criterio e interpretación reciente de la Excma. Corte Suprema en la materia.

Hace presente que, respecto de la menor nombre reservado, quien ingresó el año 2022, ni el padre ni la madre han pagado nunca suma alguna por concepto de matrícula y/o arancel mensual. Así de grave y reiterado es el incumplimiento.

iii) En varias oportunidades se dio la oportunidad de regularizar la deuda. A este respecto, como se ha expuesto, la morosidad del recurrente data de manera reiterada desde el año 2021. Sin perjuicio de ello, la recurrida sostuvo durante los años 2022, 2023 y 2024 diversas comunicaciones y reuniones con el recurrente y la madre, a fin de regularizar la deuda y otorgar facilidades de pago. Esta circunstancia consta en los múltiples correos electrónicos y actas de reuniones acompañadas en un otrosí de esta presentación.

De consiguiente, el accionar de mi representada durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 siempre fue colaborativo para con el recurrente y la madre, situación que finalmente se agravó por el incumplimiento reiterado de este a los compromisos adquiridos año a año, y que devino en la no renovación de matrícula 2025, precisamente por no cumplir la obligación de encontrarse al día en el pago de las mensualidades y matrículas anteriores.

Cita la normativa de la superintendencia de educación en época de pandemia. Señalando que, el razonamiento vertido en el acápite anterior es, además de ajustado a derecho, lógico. En efecto, frente a la crisis económica generada por la pandemia, el Estado de Chile tuvo que promulgar y publicar la Ley N° 21.290, que “Prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados, y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por covid-19, y otras medidas que indica”.

Por último, es necesario hacer presente que, conforme a lo relatado en el capítulo dedicado a los antecedentes de hecho, el régimen de excepción establecido por la Ley N° 21.290 fue mal utilizado por el recurrente/apoderado, ya que nunca pagó ninguna colegiatura respecto de su hija menor.

En cuanto a la aplicación del contrato de prestación de servicios educacionales. Señala que ha existido un incumplimiento contractual grave y reiterado del recurrente, respecto de su obligación de pagar la colegiatura, que reviste el carácter de esencial.

La cláusula decimotercera número 4 del instrumento establece:

“El presente contrato termina por las siguientes causales: 4. por incumplimiento del Sostenedor Económico de cualquiera de las obligaciones de pago señaladas en la cláusula novena del presente contrato.”

Cita además lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. En el presente caso, el recurrente incumplió el contrato de prestación de servicios educacionales, al no cumplir, de manera grave y reiterada, su obligación de pago, motivo por el que el contrato celebrado el 29 de febrero de 2024 terminó.

Por el grave incumplimiento del contrato, el recurrente no cumplió con los requisitos necesarios establecidos para matricular a sus hijas, en diciembre de 2024, para el periodo lectivo 2025.

Respecto al derecho a la educación. El derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República se refiere al derecho de elección que tienen los padres. Además, dicha garantía se establece respecto del Estado. En virtud de lo anterior, entre particulares rigen las normas de los distintos contratos de prestación de servicios educacionales que las partes celebren que, como sabemos, ha sido incumplido.

En el presente caso, la recurrente invoca el derecho, pretendiendo una gratuidad en el servicio prestado, cuestión que resulta manifiestamente ilegal.

No existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas. Indica que, en el presente caso no ha habido una vulneración a las garantías constitucionales invocadas. En primer lugar, respecto a la igualdad ante la ley, el recurrente ha sido tratado como cualquier otro padre/apoderado del colegio que se encuentra en su situación. En efecto, el establecimiento ha aplicado las normas expresamente establecidas en la ley y en el contrato de prestación de servicios educacionales, no existiendo diferencia arbitraria alguna respecto de otros alumnos o apoderados. En segundo lugar, obviando lo cuestionable de la titularidad del derecho de propiedad respecto de una matrícula, la que, además, es otorgada por un establecimiento educacional con un derecho de admisión bajo reserva, es importante destacar que el incumplimiento del contrato devino, conforme a lo dispuesto en la cláusula decimotercera número 4, en el término de este.

Indica que, los contratos celebrados entre las partes, cada año escolar, conforme a la cláusula decimocuarta de los mismos, son de duración anual, precisamente, por cada año escolar. De esta forma, el contrato celebrado el año 2024 se extendió solo hasta el término del año escolar 2024. Por lo mismo, las matrículas del año escolar 2025 se realizaron en el mes de diciembre de 2024.

Por este motivo, el recurrente no puede pretender alegar la afectación -que nunca existió- de un derecho fundamental producto de su propia conducta, sabemos que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

Por todo lo que solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación:

1.- Contrato de prestación de servicios educacionales de fecha 23 de septiembre de 2021; contrato de fecha 14 de enero de 2022; de fecha 21 de febrero de 2023; de 29 de febrero de 2024;

2.- Sets de correos electrónicos, - Correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2022, enviado por nombre reservado a Maritza Borella, asunto: “Cheque 31/03/2022”.

- Cadena de correos electrónicos de fecha 12 de julio de 2022, entre Maritza Borella, y nombre reservado, asunto: “Reunión con Dirección de Finanzas”.

- Cadena de correos electrónicos de fechas 13 y 14 de junio de 2023, entre Maritza Borella, y nombre reservado, asunto: “Consulta por situación de deuda”.

- Cadena de correos electrónicos de fechas 11,12 y 14 de agosto de 2023, entre nombre reservado, Directora de Administración y Finanzas, y nombre reservado, asunto: “Situación colegiaturas impagas”.

- Correo electrónico de fecha 17 de agosto de 2023 enviado por nombre reservado, Directora de Administración y Finanzas, a nombre reservado y nombre reservado, asunto “Familia nombre reservado”.

- Cadena de correos electrónicos de fecha 15 de abril de 2024, entre Maritza Borella y nombre reservado, asunto: “Pagaré”.

6. Acta de reunión de fecha 17 de agosto de 2023 sostenida entre nombre reservado, Directora de Administración y Finanzas, con nombre reservado y nombre reservado, tema: deuda año 2022 -2023 7. Pagaré de fecha 29 de febrero de 2024, firmado por nombre reservado, autorizado ante el Notario Público de la 6° Notaría de Valparaíso, nombre reservado.

8. Circular de matrículas 2025, emitida por nombre reservado´Oro en noviembre de 2024.

9. Ordinario N° 621 de 25 de marzo de 2020, Superintendencia de Educación A folio 10, con fecha 2 de abril de 2025, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD:

Primero: Que, en relación al artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, el plazo para la interposición de la acción constitucional de protección debe necesariamente ser contado desde la fecha en que el afectado haya tomado conocimiento efectivo del acto que refiere como arbitrario o ilegal.

Segundo: Que, para los fines de analizar la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida respecto de la acción constitucional intentada en estos autos, debe tenerse en consideración que el recurso fue interpuesto el 19 de marzo de 2025, en contra del establecimiento Educacional nombre reservado d`Istruzione, Corporación de Enseñanza Primaria y Secundaria (nombre reservado), en razón de habérsele informado a la recurrente de manera telefónica, con fecha 18 de marzo de 2025, “que las estudiantes no serán aceptadas nuevamente en el establecimiento y que no permitirán nuevas propuestas y negociaciones sin el pago íntegro del total de la deuda”.

La recurrida sostuvo al respecto, que según circular de proceso de matrícula para el año escolar 2025, la matrícula de las estudiantes estaba calendarizada a más tardar para el 27 de diciembre de 2024, por lo que es la fecha que debe considerarse para el computo del plazo de interposición de la presente acción constitucional.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, en especial aquel correspondiente a la Circular de matrículas 2025, emitida por la nombre reservado´Oro en noviembre de 2024, el proceso de matrícula de las alumnas en favor de quienes se recurre, lo era para el año académico 2025, que se iniciaba en el mes de marzo de este año, por lo que el recurso ha sido deducido dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

EN CUANTO AL FONDO:

Cuarto: Que, en la especie se recurre de la decisión de la recurrida de no matricular a las hijas del recurrente en la nombre reservado, para el año académico 2025, actuación que estima arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, la recurrida justifica su actuar en una deuda que mantiene el recurrente que se arrastra del año 2021 y que a asciende a UF 600.

Sexto: Que, de acuerdo con la normativa que rige en relación a la matrícula de los estudiantes, en especial el artículo 11 de la Ley 20370, la imposibilidad de cancelar la matrícula y/o adoptar medidas ante el no pago de aranceles no es absoluta, permitiendo a los establecimientos educacionales oponerse a la renovación de los contratos de prestación de servicios educacionales para el año siguiente, cuando haya existido un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones pecuniarias, especialmente aquellas asociadas al pago del arancel, por tratarse una obligación esencial del contrato. Sino que, por el contrario, lo que persigue el legislador es que ningún alumno sea excluido de sus establecimientos educacionales durante el año escolar, fundado únicamente en la existencia de incumplimiento de compromisos económicos adquiridos por sus apoderados. Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 11.861-2024.

Séptimo: Que, en este caso, tal como la propia recurrente lo ha expuesto en el tenor de su recurso, se encuentran pendientes de pago las colegiaturas correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024, las que incluso debieron ser garantizadas con un pagaré que es actualmente objeto de cobro judicial por parte del establecimiento, incumplimientos de carácter grave y reiterado, lo que según se ha dicho habilita al establecimiento educacional a adoptar la medida cuestionada, considerando además, que ella lo fue antes de iniciarse el período lectivo correspondiente al año 2025, habiéndose autorizado, no obstante, la deuda, a las hijas del recurrente culminar sus estudios correspondientes a los años anteriores en su integridad.

Octavo: Que, de esta manera el actuar de la recurrida se ha ajustado a la ley y se encuentra sustentada por los hechos antes relatados lo que descarta toda ilegalidad y/o arbitrariedad en su actuar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve:

I Que se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida.

II Que, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de sus hijas, en contra de la nombre reservado d`Istruzione, Corporación de Enseñanza Primaria y Secundaria (nombre reservado).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Sujeto a anonimización.

N°Protección-1095-2025.

En Valparaíso, siete de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.