INVERSIONES FORUM LIMITADA CONTRA I. MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES DE VALPARAISO

Valparaíso, treinta y uno de agosto de dos mil diez.

VISTO:

A fs. 6 comparece Marco Altamirano Catalán, chileno, abogado, en representación de la Sociedad Inversiones Forum Ltda. ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de Protección en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso, representada por su Alcalde, Jorge Castro Muñoz, y de su Director de Rentas Municipales, nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, fundándolo en que de manera arbitral e ilegal se le ha comunicado, a través de una carta circular de 01 febrero del año en curso, el carácter de contribuyente de la sociedad, afecto al pago de patente municipal, y así también la forma de calcularse, lo que afecta las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 20 y 24 del art. 19 de la Constitución Política de la República. Solicita en definitiva se deje sin efecto la carta aviso, como también los cobros por concepto de patentes que en ella se anuncian, para así, restablecer el imperio del derecho y prevenir futuro e inesperado daño, con costas.

Que, en cuanto a los antecedentes de hechos en que sustenta su pretensión, señala que el objeto social de la reclamante de conformidad a la escritura de constitución social consiste en ??la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas o participaciones en cualquier clase de sociedades y la explotación directa o indirecta de dichas inversiones. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá ejecuta y celebrar toda clase de actos y contratos, incluso constituir sociedades o incorporarse a ellas??. Luego expone la inexistencia de los fundamentos de hecho que habiliten el carácter de contribuyente, manifestando, que de una correcta interpretación de lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley de Rentas Municipales, que es la norma que impone el tributo, no existe la obligación para la sociedad recurrente al pago de dicha obligación, ya que no se dan los elementos del tipo del hecho gravado. Lo anterior debido a que no realiza una actividad real y efectiva de carácter primaria, secundario o terciario, que el domicilio fijado, con carácter tributario, es el mismo en donde funcionan diversas sociedades relacionadas a la familia Harding Alvarado, pero en éste no realiza ninguna actividad de inversiones que trascienda al público, que promocione para la aceptación de ese público, y no se cuenta con personal para tales efectos, ni menos con letreros o advertencias que se indique que allí funciona la sociedad.

Que, en lo que dice relación con el derecho y las garantías constitucionales vulneradas, expone que la patente municipal tiene como base imponible el capital propio del contribuyente, y al gravar a una sociedad podría afectarse a un capital que no hubiese experimentado movimiento o actividad alguna, gravándose por tanto, un patrimonio o parte del mismo por el solo hecho de poseerlo. De lo anterior, extrae que el tributo cobrado es abiertamente inconstitucional y se afecta la garantía del numeral 20 del art. 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que junto con pesar el tributo en un patrimonio, el destino del mismo es específico, fondos municipales, sin que opere a su respecto excepción al principio de la destinación.

Agrega además, que hay vulneración por los recurrentes a la garantía del Art. 19 N° 2 de la carta fundamental, la igualdad ante la ley, ya que no se grava con este tributo a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público, que también realizan actividades de inversiones, y que en la práctica no se ven afectados con el tributo que se intenta cobrar por el acto recurrido, cometiendo así una diferencia arbitraria a su respecto.

Luego realiza una exposición de lo que disponen normas de rango constitucional como las dispuestas en l os arts. 63 en diferentes números, 64 y 65, para así armonizarlas con las contenidas en los art. 23 y 24 de la Ley de R entas Municipales y su reenvío al D.S. 484 de 1980, que reglamenta estos artículos; señala que de este modo, el establecimiento de un tributo supone la determinación clara y precisa de los elementos esenciales de la obligación tributaria, esto es, sujeto pasivo obligado, hecho imponible, tasa y exenciones en su caso, todo lo que debe encontrarse suficientemente precisado en la ley pudiendo regularse solo aspectos de detalle por la potestad reglamentaria de ejecución. Concluyendo que el tributo que se intenta cobrar es abiertamente inconstitucional, ya que delega en una norma de rango inferior al legal la fijación de un elemento esencial del tributo, constituido por el hecho gravado.

Refiriéndose a la incorporación del domicilio postal, refiere que la norma solo tuvo por objeto facilitar la labor de los funcionarios del SII y a los contribuyentes los procesos administrativos de notificación ante el servicio. Por ello no hay relación alguna entre el domicilio postal y la contribución de patente, el que tiene incidencia legal para recibir cartas certificadas remitidas por el servicio y no por la Municipalidad, ya que para efectos de contribución municipal, el único domicilio válido es el domicilio físico consistente en el local, oficina, establecimiento, kiosko o lugar determinado donde el contribuyente ejerce efectivamente su actividad.

Por último, añade que se violenta el derecho de propiedad, si se asume la hipótesis que la sociedad recurrente es un contribuyente afecta al tributo en cuestión, toda vez que por una interpretación artificiosa se generan conductas impositivas, asumiendo como un hecho real que la sociedad reclamante si desarrolla actividades afectas a tributos, en circunstancias que aquello no es efectivo, y que finalmente constituye el pago de una suma de dinero que no corresponde y que la percibe la Municipalidad sin una justificación fáctica ni legal.

Hace presente finalmente, que la I. Municipalidad de Valparaíso ha sostenido que la resolución recurrida no es susceptible de reclamo de ilegalidad ya que se trata de una simple carta, lo que ha motivado, entre otros motivos, el rechazo de reclamo de ilegalidad interpuesto por los mismos hechos ante la autoridad municipal. Entiende que la carta, es una suerte de fallo con relación al pago de patente municipal, que nunca antes h abía sido solucionado a su representada, y un dictamen preciso en que se le atribuye la calidad de contribuyente y se determina el monto a pagar. Solicita además tener a la vista el referido reclamo.

A fs. 24, evacúa informe Christian Paz Becerra, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Valparaíso, solicitando que se rechace la acción cautelar intentada.

Como primer argumento, manifiesta que es improcedente este recurso por encontrase los derechos que lo motivan, ya amparados, porque en forma previa a esta presentación se interpuso reclamo de ilegalidad ante esta misma Corte, en contra de carta despachada por la Municipalidad en julio de 2009, la que se tramita bajo el Rol IC 1665- 2009, reclamo que se fundamenta en idénticas argumentaciones, esto es, que la Sociedad de Inversiones recurrente no se encuentra afecta a la obligación legal de pagar patente municipal por no desarrollar una actividad gravada, siendo la única diferencia que el acto recurrido ahora es la comunicación de febrero del año en curso.

Funda además el rechazo señalando que lo que se intenta con esta acción es la declaración o constitución de un derecho, específicamente, que la sociedad reclamada no se encuentra afecta al pago de la patente municipal, lo que no es materia de este tipo de recursos sino que de un juicio de lato conocimiento, citando fallos de la I. Corte que resuelven de esa manera.

Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, y en cuanto al fondo, expone que no existe ninguna actuación u omisión municipal, arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace derechos o garantías de la recurrente.

Que la pretensión es infundada toda vez que la carta que se recurre, simplemente comunicó que conforme al art. 23 del DL 3063 de 1979, la sociedad recurrente se encuentra en la obligación legal de pagar patente municipal, conforme al capital propio que el S.I.I. informó por medios electrónicos, en cumplimiento a la obligación legal contenida en el art. 24 del referido Decreto Ley. Este capital constituye la base imponible para la aplicación de la respectiva tasa. Unido a lo anterior, y a diferencia de lo que sostiene la recurrente, en la especie se contienen todos los requisitos y presupuestos necesarios para que nazca la obligación de pagar patente municipal, lo qu e detalla en su informe.

En cuanto a las garantías constitucionales que reclama como vulneradas. En primer lugar y en relación con la afectación del art. 19 N° 20 por la destinación del tributo, entiende que basta leer el art. 13 letra f) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para refutar el argumento, ya que la norma establece que el patrimonio de las municipalidades está constituido entre otros, por los ingresos que se recauden por las patentes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley de rentas municipales.

Hace presente que en fallos recientes el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisibles requerimientos de inconstitucionalidad de los artículos 22 y 23 de la ley de rentas municipales, promovidos por sociedades de inversiones, resolviéndose que lo solicitado supone determinar el sentido y alcance de normas de rango legal, lo que escapa de la competencia del Tribunal y corresponde a los jueces de fondo. Cita fallos en apoyo de sus dichos.

Continúa refiriéndose a la garantía del art 19 n° 2, señalando al respecto que no hay afectación a la igualdad cuando el Fisco, Banco Central o las municipalidades no pagan patente, ya que éstas no son instituciones con fines de lucro y que cuando el Estado desarrolla actividades lucrativas lo hace a través de sus empresas y paga todos los impuestos que corresponden.

Cita, finalmente jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que dispone reiteradamente la procedencia del pago de patente por parte de sociedades de inversión, así como fallos de Tribunales superiores de justicia, que resuelven en el mismo sentido. En cuanto a las garantías constitucionales que reclama como vulneradas, señala que la comunicación no constituye ningún acto u omisión que implique establecer una diferencia arbitraria o una afectación al derecho de propiedad, ya que la misma actuación se realizó a todas las sociedades de la misma naturaleza que se encontraban en los mismos supuestos fácticos de acuerdo a la información entregada por el Servicio de Impuesto Internos, y por su parte el hecho de encontrarse afecto a un tributo, por el solo ministerio de la ley no puede afectar una garantía constitucional de derecho de propiedad.

A fs. 44 evacua informe Pedr o nombre reservado, en su calidad de Director de Rentas de la I. Municipalidad de Valparaíso, quien también solicita el rechazo de la acción intentada.

En primer lugar, manifiesta que es improcedente recurrir en contra de la I. Municipalidad y del Director de Rentas Municipales, ya que de acuerdo a la normativa que los regula, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Departamento de Rentas Municipales es una de las unidades creadas por la Municipalidad para colaborar en el cumplimiento y ejercicio de sus funciones y atribuciones, y por tanto, su actuación no es aislada o independiente de aquélla, lo que en definitiva se traduce que las actuaciones del Director de Rentas son jurídicamente, actuaciones de la Municipalidad.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, reitera, ratifica y reproduce expresamente todos los dichos y argumento s de hecho y de derecho formulados por la Municipalidad al evacuar sus descargos.

Que por resolución de fs. 58 se ordenó certificar al tenor de lo solicitado por la reclamada, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, copia de cuyo Ord. 774 se ha agregado a fs. 59 y 60. A fs. 65 se traen los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que del mérito de los antecedentes relacionados, se considera que el acto arbitrario o ilegal, es la comunicación de fecha primero de febrero del presente año, mediante la cual se le informa al recurrente que se le ha girado la patente rol N°223146, por el segundo semestre del año 2009 y primer semestre del 2010, y por él se pretende que, en definitiva, se deje sin efecto la carta de aviso y los cobros por concepto de patente que en ellas se anuncia y prevenir un futuro e irreparable daño por atentar gravemente a las garantías en que funda sus recursos, que son las del artículo 19 N°2, 20 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO. Que la Municipalidad reclamada, plantea como primera cuestión, que esta materia se encuentra bajo el amparo de la Ley, ya que, con anterioridad y por estos mismos hechos existe desde julio del año 2009, un expediente sobre reclamo de ilegalidad, Rol 1665-2009, en actual tramitación en el cual, se invocan los mismos argumentos que acá, con lo que en el fondo están tratando de transformar este recurso en un sustituto procedimental del que ya se tramita. En segundo término, y el recurso de protección parte del supuesto de un derecho indubitado, que se encuentre en peligro de vulneración y se persigue su amparo y restablecimiento, situación en que existe unanimidad de la jurisprudencia que no es posible, ya que por la sola circunstancia ya anotada, no hay duda que lo que se pretende es transformar esta acción protectora, en una acción declarativa de derechos.

TERCERO. Que la existencia, entonces, del reclamo de ilegalidad es una materia no discutida, que se encuentra sometida al amparo de los tribunales en que se discute, si existe o no la obligación de pagar el recurrente la patente comercial que se le exige. Esta sola circunstancia es suficiente para rechazar el recurso, ya que resulta evidente que la decisión que se pide al Tribunal es de carácter declaratorio.

En mérito de lo anteriormente razonado y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2, 20 y 24, artículo 20, todos de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del año 1992, respecto a la tramitación de los recursos de protección, se declara sin lugar el recurso de protección interpuesto por el abogado don Marco Altamirano Catalán, en representación de la Sociedad Inversiones Forum Ltda, en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso, representada por su Alcalde, Jorge Castro Muñoz, y de su Director de Rentas Municipales, nombre reservado, ya que no existe un derecho indiscutido y susceptible de vulneración entre las partes.

Rol IC: 108-2010 Redactada por el Ministro Gonzalo C. Morales Herrera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.