CONSTRUCTORA INDICO LTDA con TESORERÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO

Foja: 47 Cuarenta y Siete S.f.g.

Valparaíso, quince de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

A fojas 13, comparece don nombre reservado, Abogado, en representación de CONSTRUCTORA INDICO LIMITADA, quien interpone recurso de protección constitucional en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO, representada por doña nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en considerar el día sábado como hábil para el cómputo del plazo establecido en el artículo 176 del Código Tributario, pese a la existencia de norma expresa que establece lo contrario -artículo 10, inciso segundo del Código Tributario-, solicitando que sea acogido con costas, en el sentido de dejar sin efecto la resolución de fecha 08 de febrero de 2018, que rechazó el recurso de reposición en contra de la resolución que declaró la extemporaneidad de las excepciones opuestas al proceso ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, en el expediente rol 10672-2017.

Señala que con fecha 05 de enero de 2017, se notificó y requirió de pago por medio de carta certificada remitida al domicilio ubicado en domicilio reservado, de la deuda por IVA y multas de la Dirección del Trabajo, relativas al periodo 2016 y principios de 2017, que mantendría la Constructora Indico Limitada, procediendo con igual fecha a embargar un bien raíz de ésta última sociedad, todo lo anterior en conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Tributario.

Indica que con fecha 19 de enero de 2018, su parte presentó un escrito oponiendo las excepciones de "Pago parcial de la deuda" y "no Empecer el título", según consta en los documentos acompañados, todo ello en conformidad con lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Tributario, presentación que fue rechazada por extemporánea, por resolución notificada el 23 de enero de 2018, argumentándose “Que, la excepción fue opuesta el día 19 de enero de 2018 por lo que atendido el plazo establecido en el Art. 176 del Código Tributario en relación con lo dispuesto en el Art. 171 del mismo cuerpo legal, y al hecho se practicó un embargo, la oposición ha sido presentada fuera de plazo...".

Destaca que con fecha 02 de febrero de 2018, su parte interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que declaró la inadmisibilidad de las señaladas excepciones opuestas al procedimiento seguido por la Tesorería Regional de Valparaíso, recurso que fue rechazado por considerar que el día sábado es hábil, citando al respecto la ley 21039, que en nada modifica lo dispuesto por los artículos 176 y 10 del Código Tributario.

Indica que el artículo 176 del Código Tributario dispone que "El ejecutado podrá oponerse a la ejecución ante la Tesorería Comunal respectiva dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha del requerimiento de pago practicado conforme al artículo 171". Por su parte añade que el artículo 10 inciso segundo del Código Tributario dispone respecto de los días hábiles, lo siguiente: "Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en este código son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos." En este orden de ideas explica, el cálculo de los días desde la notificación practicada el día 05 de enero de 2018 al 19 de enero del mismo año, da cuenta que las excepciones fueron planteadas al décimo día hábil de notificada, estando, por consiguiente, presentadas dentro de plazo.

Manifiesta que habiéndose interpuesto dentro de plazos las excepciones opuestas por medio de presentación de fecha 19 de enero de 2017, se debió haberlas acogido a tramitación. Indica que al hacer lo contrario, esto es, declararlas inadmisibles por extemporáneas, por considerar el día sábado como hábil, constituye a todas luces un evidente acto ilegal y arbitrario que afecta importantísimas garantías constitucionales consistentes en la igualdad ante la ley y el derecho a un justo racional y debido procedimiento, ambas consagradas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Valparaíso, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a su representada la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, ordenado se deje sin efecto la ilegal y arbitraria decisión de declarar inadmisible por extemporáneas las excepciones puestas en el procedimiento rol del expediente 10672-2017, por vulnerar las garantías constitucionales señaladas en los N°2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenado a la Tesorería Regional de Valparaíso, deje sin efecto la resolución dictada con fecha 08 de febrero de 2018, por ser ilegal y arbitraria.

A fojas 39, comparece doña nombre reservado, en su calidad de DIRECTORA REGIONAL TESORERA V REGION, JUEZ SUSTANCIADOR, quien informando el presente recurso, expone que el recurso, debe ser declarado inadmisible por cuanto el legislador estableció un procedimiento en el Código Tributario para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero.

Explica que el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado dispone que: "La función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los servicios..." Señala que el artículo 35 de dicho Decreto Ley, asimismo, expresa: "El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios. Para tal efecto, aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos." Agrega que este procedimiento se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que en su parte pertinente establece que "constituyen título ejecutivo, por el sólo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentran en mora, las que contendrán bajo la firma del Tesorero que corresponda, la individualización completa del deudor y de su domicilio, con especificación del período y la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número de rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces". Asimismo dice, otorga competencia al Tesorero para conocer de estas causas actuando como Juez Sustanciador, el que "despachará mandamiento de ejecución y embargo, mediante una nómina que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso", (arts. 169 y 170 del Código Tributario)

Señala que consta del expediente administrativo Rol N° 10672-2017, de la comuna de Valparaíso, cuyas piezas pertinentes se acompañan, que la deuda por concepto de impuestos del recurrente se encuentra sometida al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero contemplado en el Título V Libro III del Código Tributario, procedimiento que establece las acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados. Añade que en este procedimiento ejecutivo los ejecutados pueden oponerse a la ejecución y deducir las excepciones que correspondan, y serán, en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución.

Agrega, que al efecto el inciso primero del artículo 176 señala que el ejecutado puede oponerse a la ejecución ante la Tesorería dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha del requerimiento de pago (ello sin perjuicio que en los casos indicados en el artículo 171, el plazo para oponer excepciones se cuenta desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo).

Plantea conforme a la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios; que el reconocimiento de un derecho sólo puede impetrarse mediante el ejercicio de las acciones y en el procedimiento que establece la ley, de tal manera que el derecho reclamado por el recurrente, de encontrarse afectado, está protegido por los mecanismos preestablecidos por el legislador. En consecuencia dice, resulta improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional un cobro ejecutivo por impuestos fiscales impagos.

Indica que las alegaciones planteadas en el presente recurso deben ser tratadas y falladas en el correspondiente juicio, no siendo el recurso de protección la vía idónea para reclamar de las acciones de estos Tribunales.

Considera que sin perjuicio de la inadmisibilidad invocada, el recurso debe desestimarse también ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal.

Expresa que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que en su parte pertinente establece que "constituyen título ejecutivo, por el sólo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentran en mora, las que contendrán bajo la firma del Tesorero que corresponda, la individualización completa del deudor y de su domicilio, con especificación del período y la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número de rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces". Asimismo, otorga competencia al Tesorero para conocer de estas causas actuado como Juez Sustanciados el que "despachará mandamiento de ejecución y embargo, mediante una nómina que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso" (arts. 169 y 170 del Código Tributario).

Hace presente que el procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias no es parte de la Potestad Sancionatoria Administrativa del Estado, y por lo tanto no se rige por las normas de los procedimientos administrativos, ya que no tiende a determinar una infracción administrativa y la consecuente sanción, sino que tiene por objeto el cobro judicial de la obligación de dinero previamente fijada, la cual no ha sido satisfecha por el particular. Destaca que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias tiene un carácter jurisdiccional.

Explica que analizado el procedimiento establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, y teniendo en especial consideración las facultades en dichas normas otorgadas al Juez Sustanciador y al abogado del Servicio de Tesorerías -por ejemplo, la de acoger excepciones opuestas y declarar la prescripción-, queda de manifiesto que éste es un procedimiento de carácter jurisdiccional.

Estima que es posible concluir, en primer término, que las normas y modificaciones que se proponen conforme lo alegado por el recurrente en relación a la modificación introducida por la Ley 20.431, dicen relación con las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y no del Servicio de Tesorerías, instituciones públicas, claramente diferenciadas por el legislador en el artículo 8 del Código Tributario, al definir que debe entenderse por "Servicio", el "Servicio de Impuestos Internos" y por "Tesorería", el "Servicio de Tesorería General de la República".

Considera que con tal modificación se pretendió dar certeza a los contribuyentes en materia de plazos, particularmente en su contabilización, pero sólo tiene relación a los procedimientos de naturaleza netamente administrativa, no teniendo aplicación en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, conclusión que se ve corroborada por cuanto la norma del citado artículo 10 se encuentra ubicada dentro del Libro Primero del Código Tributario, el que trata "De la Administración, Fiscalización y Pago"; específicamente del Párrafo 1° del Título I de dicho Libro, el que versa "De la Comparecencia, actuaciones y notificaciones", y por ende dice relación con los procedimientos administrativos que deban realizarse ante el Servicio de Impuestos Internos, más aún cuando el inciso primero del artículo 10 del Código Tributario parte con la expresión: "Las actuaciones del Servicio...", llevándonos a colegir que se refiere a las actuaciones de fiscalización que debe realizar el Servicio de Impuestos Internos.

Explica que el Código Tributario contempla procedimientos de naturaleza jurisdiccional, en que el legislador trató especialmente en el Procedimiento General de la Reclamaciones, la forma como deben computarse los plazos, específicamente en el artículo 131 del Código Tributario, norma especial que debe aplicarse con prescindencia de cualquier otra, por lo tanto no cabe aplicar la norma contemplada en el artículo 10, que forma parte del Párrafo Io del Título I del Libro Primero del Código Tributario, pes son de naturaleza distinta.

Cita el artículo 131 dispone: "Los plazos de días que se establecen en este Libro comprenderán sólo días hábiles. No se considerarán inhábiles para tales efectos ni para practicar las actuaciones y notificaciones que procedan, ni para emitir pronunciamientos, los días del feriado judicial a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto todos ellos deban cumplirse por o ante el Tribunal Tributario y Aduanero." Dice que del texto de la norma se desprende que su aplicación dice relación con todos los plazos contemplados en el Libro Tercero del Código Tributario, libro en que está contenido el Procedimientos de Cobro de las Obligaciones Tributarias de Dinero, en los artículos 168 y siguientes.

Concluye que en dicho Título V, no existe norma especial que regule la materia relativa a la forma de computar plazos, por lo que se debe aplicar el artículo 2° del Código Tributario, norma que nos lleva a buscar la solución, en primer término, en otras leyes tributarias y en segundo término en las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales.

A fojas 43, se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la finalidad de esta acción cautelar no es otra que el resguardo de ciertas garantías fundamentales, a objeto de restablecer el imperio del derecho a raíz de actos arbitrarios o ilegales que perturben el ejercicio legítimo de esas garantías.

En este sentido, la presente acción no es inadmisible, pues se puede ejercer sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Por consiguiente, siendo este recurso compatible con cualquiera otra acción, jurisdiccional o administrativa, la que por su carácter constitucional prevalece siempre, no puede sino concluirse que no resulta procedente la petición de inadmisibilidad que pretende la recurrida.

Segundo: Que, en este contexto, la Constructora Indico Limitada, dedujo recurso de protección contra la Tesorería General de la República fundada en que en el expediente Rol Administrativo N° 10.672-20171 fue requerida de pago el 5 de enero de 2018, procediéndose al embargo de un bien raíz, domicilio de la ejecutada. Añade que el 19 de enero de 2018 opuso excepciones a la ejecución, las que fueron declaradas inadmisibles por extemporáneas con la misma fecha, siendo rechazado el recurso de reposición que dedujo. Considera que entre el 5 de enero-fecha de la notificación y requerimiento de pago - y el 19 de enero del año 2018 -fecha de presentación de las excepciones- han transcurrido 10 días hábiles, contados de la manera que indica el inciso 2° del artículo 10 del Código Tributario. Estima conculcadas las garantías previstas en los números 2 y 3 inciso 4o del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el Título V del Libro Tercero del Código Tributario, donde se trata “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, reglamenta la cobranza administrativa y judicial de dichas obligaciones que deben ser cobradas por el Servicio de Tesorerías estableciendo el procedimiento que debe cumplirse en las diversas etapas, primero en la fase administrativa ante el propio Servicio y, posteriormente, ante la justicia ordinaria. En este último caso, cuando se haya deducido oposición a la ejecución y ésta no sea acogida por el Abogado Provincial, deben remitirse los autos por dicho funcionario al tribunal respectivo indicado en el artículo 180.

Cuarto: Que esa dualidad administrativa y judicial que presenta el cobro ejecutivo de los tributos se manifiesta expresamente en lo dispuesto en el artículo 168 del Código impositivo, el cual dispone que: “La cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias que deban ser cobradas por el Servicio de Tesorerías, de acuerdo con la ley, se regirá por las normas de este Título”.

La etapa judicial de ese procedimiento comienza cuando se remiten los antecedentes a la justicia ordinaria por el Abogado Provincial según lo previene el artículo 178 del Código aludido; antes de eso, en sede administrativa, el Tesorero y el citado Abogado sólo pueden pronunciarse sobre las excepciones opuestas para acogerlas.

Quinto: Que en la fase administrativa, verificada ante la Tesorería General de la República, en razón de la naturaleza del mismo orden, el plazo de diez días hábiles para oponerse a la ejecución a que alude el artículo 176 del Código Tributario debe contarse en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 10 de dicha compilación de normas, el cual establece que: “Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos establecidos en este Código son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos”. Esta norma fue modificada por la Ley N° 20.431, resultando clarificador para la resolución del presente recurso lo manifestado en el Mensaje del ejecutivo acerca de las razones que motivaron la modificación, en el que se expresa: “Así, se pretende dar certeza a los contribuyentes en materia de plazos, particularmente en su contabilización. La coexistencia de la actual norma del artículo 10 del Código Tributario y la del artículo 25 de la ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, podría generar confusión entre los contribuyentes. Por ello, se busca igualar la pertinente disposición del código impositivo con lo que establece la citada ley N° 19.880. Asimismo, con esta modificación, se evita que plazos para actuaciones de los contribuyentes venzan en día sábado”. De este modo, lo que buscó el legislador es uniformar los procedimientos administrativos en materia de plazos a fin de no confundir a los contribuyentes y evitar que los términos para sus actuaciones venzan en día sábado.

Sexto: Que, además, existiendo dos posibilidades de inteligencia de preceptos normativos, habrá de preferirse aquella que habilite a ejercer los derechos o recursos que confiere el ordenamiento y permita a quien considera que éstos han sido desconocidos instar por su efectiva vigencia y ejercicio, interpretación que conduce a dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 del Código Tributario con prevalencia a la norma del artículo 131 del texto legal citado.

Séptimo: Que, en consecuencia, al declarar inadmisibles las excepciones opuestas por extemporáneas, la recurrida ha actuado en abierta contradicción con el inciso segundo del artículo 10 del Código Tributario y, en consecuencia, han incurrido en la ilicitud que denuncia el recurso, vulnerando con ello la garantía prevista en el número 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, porque han discriminado a este contribuyente respecto de los demás ejecutados que se encuentran en su misma situación de cobro, a quienes se les ha contabilizado el plazo para oponer excepciones considerando inhábiles los días sábados.

De conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge, el recurso de protección deducido a fojas 13, y a fin de reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, se deja sin efecto la resolución dictada por el Tesorero Regional de Valparaíso en el expediente administrativo Nº10.672-2017 que declaró inadmisible por extemporánea la presentación de la recurrente Constructora Indico Limitada y se ordena dar a ésta la tramitación conforme a derecho, considerándola hecha valer dentro de plazo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol IC N°1073-2018.