nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Natalia Aguilar Rodríguez, abogada, quien interpone acción de protección en favor de nombre reservado, funcionario público, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por el actuar que estima como ilegal y arbitrario, consistente en no haberle pagado la gratificación de zona desde su ingreso a la institución y hasta la actualidad, conforme a derecho, vulnerando sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 1° de febrero de 2005, quien luego de su egreso de la Escuela de Investigaciones y hasta llegar al cargo de detective, ha tenido derecho a percibir la asignación de grado efectivo, la que se paga según el cargo y grado que se tiene, con un incremento determinado si el funcionario se desempeña en ciertas regiones que dan derecho a percibir la asignación de zona, como es el caso del recurrente, quien se desempeñó en la ciudades de Arica y Calama.

En este sentido, explica que en Arica lo hizo desde el 2 de enero de 2008, hasta el 4 de febrero de 2015; y en Calama desde el 8 de octubre de 2019, hasta el 26 de abril de 2021, fecha que corresponde a aquella hasta la cual se solicita el pago de la asignación.

Refiere que, en mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, la recurrida informó que por error se estaba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo con la asignación de zona, procediendo a modificarse la base de cálculo de la asignación de grado efectivo, para incluirla en la gratificación de zona.

Arguye que, pese a lo anterior, en junio de 2019, mediante Radiograma N°285, la recurrida suspendió dicho pago, indicando que el asunto sería sometido a pronunciamiento de la Contraloría General de la República. De este modo -refiere- mediante Dictamen N°E98928/2021, de 26 de abril de 2021, el órgano contralor concluyó, en síntesis, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había realizado de forma correcta.

Reclama que la regularización de pago hecha por la PDI fue parcial, y malinterpretó el dictamen de la Contraloría, al estimar que solo desde su dictación procedía el pago de lo adeudado, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 y en lo sucesivo.

Refiere que, no fue sino hasta que la Corte Suprema, mediante sentencia Rol N°147.027-2023, que se estableció que el pago debía realizarse desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Indica que el recurrente tomó conocimiento de la ilegalidad de la recurrida, el 5 de marzo de 2025, en una reunión de camaradería, luego de que un compañero de trabajo le comunicara que se había acogido su recurso por esta Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el Rol 161-2025, de 20 de febrero del presente año.

El recurrente sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva al actor del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, poniéndolo además en posición desventajosa frente a los demás destinatarios de la ley. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos similares.

Por tanto, solicita que se acoja el recurso, y se ordene regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Acompaña radiogramas del año 2019, dictamen de la Contraloría General de la República, y certificado de antigüedad del recurrente.

A folio 6, informa María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso, oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción, fundada en que el derecho al cobro de las asignaciones prescribe en el plazo de seis meses desde la fecha en que el derecho se hizo exigible, conforme al artículo 99 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, plazo que ha transcurrido extensamente en el caso del actor, pues reclama dineros que datan del año 2008 a 2021.

En cuanto al fondo, sostiene que el Dictamen N°E98928/2021, de la Contraloría General de la República, no tuvo efecto retroactivo, debiendo interpretarse según las reglas generales del Código Civil. En particular, señala que la palabra “actualmente” utilizada en el dictamen significa “en el tiempo actual”, por lo que el pronunciamiento sólo tendría efectos desde su dictación y hacia el futuro.

Además, afirma que, en la liquidación del mes de diciembre del año 2022, se le pagó al recurrente de forma retroactiva la suma de $2.887.130, por concepto de asignación de zona.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha existido acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales, ya que ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Acompaña resolución exenta de la Contraloría General de la República, en la cual se acoge la prescripción extintiva de la gratificación de zona y liquidación de remuneraciones del actor de diciembre de 2022.

A folio 23, amplía informe la Policía de Investigaciones de Chile, explicando que el pago de la asignación de zona retroactiva contenida en la liquidación de remuneraciones de diciembre de 2022 es del periodo de abril de 2021.

En cuanto a los periodos en que el actor ha percibido la gratificación de zona, desde que sirve en la institución, son desde el 2 de enero de 2008 a 3 de febrero de 2015, y posteriormente desde el 8 de octubre de 2019, hasta la actualidad.

Por otro lado, acompaña sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, correspondientes al año 2025, con decisiones favorables para la recurrida.

A folio 24, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de esta vía cautelar se cuestiona la omisión de pagar en tiempo y forma la remuneración íntegra del recurrente durante todo el tiempo en que estuvo destinado en Arica, y hasta el mes de abril de dos mil veintiuno mientras se desempeñó en Calama, a consecuencia de no incorporar en las remuneraciones la “asignación de especialidad al grado efectivo”, en la base de cálculo de la “gratificación de zona”, pretendiendo que se ordene a la recurrida regularizar el pago por los montos adeudados desde su ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

Segundo: Que, la Policía de Investigaciones informó, en síntesis, que ha actuado conforme a derecho respecto al pago de la asignación de especialidad al grado efectivo, argumentando que, según el Dictamen N°E98928/2021 de la Contraloría General de la República, de 26 de abril de 2021, dicha asignación debe considerarse en la base de cálculo de la gratificación de zona, sin efecto retroactivo. Asevera que no ha existido actuar ilegal o arbitrario que atente contra derechos fundamentales, pues la institución ha realizado todas las actuaciones conforme a las decisiones del órgano contralor, que son vinculantes para todas las instituciones de la Administración del Estado.

Por otro lado, señaló que se pagó al actor la suma de $2.887.130 por concepto de asignación de zona retroactiva del mes de abril de 2021.

Tercero: Que, en este contexto, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del libelo y la prescripción alegada por la recurrida, el conflicto objeto del recurso no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por consiguiente, en situación de ser amparados o tutelados, lo que no se produce en el caso sometido a conocimiento de esta Corte, razón por la cual, se rechazará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de prescripción deducida por la Policía de Investigaciones de Chile.

II.- Que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado y en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1068-2025.

No sujeta a anonimización.