nombre reservado con nombre reservado

Fojas: 143 Ciento cuarenta y tres.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Visto:

A fojas 1, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Coronel nombre reservado de la Prefectura de Carabineros “San Antonio” y del Capitán nombre reservado, Comisario de la 1era Comisaría de Carabineros de San Antonio, por cuanto tales autoridades habrían actuado de forma ilegal y arbitraria, vulnerando sus garantías consagradas en los números 1, 2, 3, 4, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que la resolución exenta N° 266, de fecha 31 de octubre de 2018, por medio de la cual la Prefectura de Carabineros “San Antonio” dispuso su baja por conducta mala con efectos inmediatos, constituye un acto ilegal y arbitrario, por no reunir las garantías de un debido proceso y no haberse cumplido con la normativa legal e institucional. Al efecto, expone que la institución contra la que reclama dispuso su baja en conformidad con el artículo 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, sin precisar cómo determinó la gravedad de los hechos que sirven de fundamento a la sanción impuesta, a saber, diversas lesiones en contexto de violencia intrafamiliar con su cónyuge, de quién se encuentra separada de hecho, acaecidas el día 31 de octubre del 2018, ni explica la razón por la cual de esos hechos se derivarían responsabilidades administrativas adicionales a las penales. Al respecto, afirma que de conformidad con el artículo 1° del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, Carabineros no puede tipificar hechos que revistes carácter de delitos, como faltas a la disciplina, lo que, según entiende, ha acontecido en la especie.

En cuanto al derecho a la vida y su integridad síquica, el actor afirma que la conducta que reprocha ha afectado su esfera moral, pues su alejamiento de las filas ha causado un quiebre en su persona y familia. Respecto del derecho de igualdad ante la ley, sostiene que al no observar la normativa que regula la sustanciación del procedimiento disciplinario de que se trata, la autoridad efectuó una discriminación arbitraria en su contra. En lo que concierne a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el recurrente estima que la conducta desplegada por Carabineros de Chile ha vulnerado todos los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, principalmente en cuanto al principio de inocencia. Luego, en lo tocante al derecho a la honra, afirma que al imputarle dicha institución un supuesto delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, le ha provocado un descrédito, afectando con ello su vida familiar y personal. Enseguida, en relación con el derecho a la protección de la salud, el actor asila su transgresión en que su baja le impide acceder a las prestaciones de salud otorgadas por DIPRECA. A continuación, en cuanto a la libertad de trabajo y su protección, señala que su baja con efectos inmediatos sin una investigación previa, le impide seguir desempeñando su función pública, lo que constituye una restricción no consagrada ni en la Constitución ni en las leyes. Por último, respecto del derecho de propiedad, el recurrente alega que el no pago de sus remuneraciones mientras no se encuentre totalmente tramitada su baja institucional, supone el embargo de sus remuneraciones, lo que pugna con lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo.

En mérito de todo lo expuesto, el recurrente solicita acoger el presente recurso, reestablecer el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto su baja por conducta mala con efectos inmediatos e instruyendo, asimismo, su reincorporación a las filas institucionales, con todas sus asignaciones y derechos hasta que, afinado sea el sumario administrativo, se compruebe la efectividad de la falta que se le imputa. En subsidio, solicita se ordene mantener el pago de sus remuneraciones y asignaciones mientras se sustancia el apuntado procedimiento disciplinario.

A fojas 30, comparece el Capitán nombre reservado, Comisario de la 1era Comisaría “San Antonio”, quien, en síntesis, afirma que la sanción impuesta al recurrente se encuentra ajustado a derecho, toda vez que responde al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que compete al Mando de Carabineros, fundado en los hechos de violencia intrafamiliar entre el actor y su cónyuge, acaecidos el día 31 de octubre de 2018.

A fojas 32, comparece el Coronel nombre reservado, Prefecto de Carabineros de “San Antonio”, quien en su informe expone que el 31 de octubre de 2018 funcionarios de esa dependencia se constituyeron en el domicilio que señala, para verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar, ocasión en la cual se entrevistaron con la cónyuge del recurrente, quien relató el episodio vivido entre ambos, que les significó lesiones leves y la detención correspondiente, de acuerdo con lo instruido por el Fiscal del Ministerio Público señor nombre reservado. Añade que la situación anterior se encuentra agravada por el hecho que en el mes de julio de 2018, el recurrente protagonizó un incidente de violencia intrafamiliar sicológica con su cónyuge, sumado a que en agosto de dicho año, la madre del actor lo denunció por lesiones leves.

Luego, dicha prefectura informa que las conductas desplegadas por el recurrente a que se ha hecho mención, constituyen faltas graves al sistema disciplinario institucional y a la doctrina que todo carabinero debe observar en su quehacer público y privado. Agrega que en función del carácter grave de esos comportamientos, el Mando de Repartición resolvió disponer la “baja por conducta mala, con efectos inmediatos” del funcionario recurrente, ello de conformidad con las facultades legales y reglamentarias entregadas al Prefecto y al Jede de Repartición, decisión que se oficializó a través de la resolución exenta N° 266, de 31 de octubre de 2018.

Enseguida, afirma la inexistencia de toda vulneración a las garantías fundamentales que el actor estima conculcadas, conforme con los fundamentos y consideraciones que expone la aludida Prefectura en su informe. Por consiguiente, dicha autoridad descarta haber actuado de forma arbitraria o ilegal de la forma que reclama el recurrente, y por el contrario, estima que, en la especie, el Mando de Carabineros ha cumplido con las facultades legales y reglamentarias propias del cargo público.

Posteriormente, a fojas 55, el Teniente Coronel nombre reservado, complementa el informe evacuado por la citada Prefectura de Carabineros de “San Antonio”, que se ha expuesto precedentemente. En este último documento dicha autoridad señala que el 29 de enero de 2019 se le notificó la vista fiscal al recurrente, quién la impugnó dentro del plazo reglamentario. Por esto, añade, con fecha 12 de febrero de 2019 solicitó al servicio jurídico de la Prefectura de Viña del Mar revisar el proceso disciplinario de que se trata, a fin de determinar si está en condiciones de continuar su tramitación y si las diligencias solicitadas por el actor resultan pertinentes al mismo.

Consta en las custodias N°80 y 86, los antecedentes del Sumario Administrativo.

A fojas 134, se evacuó informe por la Fiscalía Local de San Antonio.

A fojas 141, por resolución de fecha 07 de mayo de 2019, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, es un hecho reconocido por las partes y acreditado, además, con el documento de fojas 49, que con fecha 31 de octubre de 2018 la Prefectura de Carabineros San Antonio, mediante Resolución Nº 266, resolvió disponer la baja de las filas de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos, al Cabo 1º nombre reservado, por haber participado en los hechos que se narran en dicho documento, los que constituirían una lesión a los conceptos de moralidad, ética profesional y, consecuencialmente, el prestigio institucional.

Tercero: Que, el actor reclama que se ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, al haber dispuesto dicha sanción de forma inmediata, apartándose de los principios de prudencia y de presunción de inocencia.

Cuarto: Que, analizados los antecedentes, la baja de la institución por conducta mala ha sido adoptada apartándose del principio de racionalidad exigido por el debido proceso, pues se basa en la información que se había obtenido a partir de una breve investigación desarrollada durante el mismo día de ocurrencia del hecho, a partir de la información aportada por los intervinientes y por los funcionarios policiales que participaron del procedimiento policial, sin haberse otorgado al actor la posibilidad de contrarrestar dichos antecedentes. En tal sentido, haber impuesto la sanción más grave que puede recibir un funcionario de Carabineros, desde la perspectiva disciplinaria institucional, aparece como desproporcionada.

Quinto: Que, por otra parte, es contradictorio que en la Resolución N°266, se disponga la baja de las filas del actor con efectos inmediatos, y a su vez se consigne que esta decisión está condicionada a los resultados que se obtengan del sumario administrativo –en actual tramitación- para determinar su eventual responsabilidad y si con ello se infringe la integridad moral del funcionario o el prestigio de la institución.

Sexto: Que a mayor abundamiento, se tiene presente que de acuerdo a lo informado por la Fiscalía Local de San Antonio, no consta que se haya formalizado alguna investigación penal en contra del recurrente.

Séptimo: Que, conforme lo que se viene razonando, la decisión contenida en la Resolución N°266 de 31 de octubre de 2018, del Prefecto de Carabineros de San Antonio, es arbitraria, en cuanto adelantó una sanción que sería consecuencia del procedimiento administrativo que la recurrida aún no concluye, lo que afecta su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental, al haber privado al recurrente de la obtención de su remuneración y de los beneficios previsionales que le otorga la institución, de modo que corresponde acoger el recurso intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas el recurso de fojas 1 a 20, deducido por nombre reservado, en contra del Coronel nombre reservado de la Prefectura de Carabineros “San Antonio”, que mediante Resolución N°266 de fecha 31 de octubre de 2018, dispuso la baja de las filas de la Institución del recurrente, el retiro de su tarjeta de identificación profesional y placa de servicio, debiendo aquél reincorporarlo a sus funciones con la totalidad de sus derechos, beneficios, obligaciones y deberes propios de su calidad y rango, dentro del plazo de cinco días contados desde que la presente sentencia queda ejecutoriada.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10661-2018.