Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Bárbara Paz Gajardo Torres, abogada, quien deduce acción de protección en favor del adolescente nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° NUM000, nacido el NUM001 de 2008, de 17 años, y en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Valparaíso, del Obispado de San Felipe de Aconcagua y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El recurso se interpone por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la omisión de medidas eficaces para garantizar la seguridad y protección del adolescente en la Residencia nombre reservado de San Felipe, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado se encuentra ingresado por resolución judicial en la referida residencia, administrada por el Obispado de San Felipe como organismo colaborador. Señala que desde septiembre de 2025 se han registrado hechos de extrema gravedad, tales como amenazas de muerte por parte de un tercero externo con antecedentes penales, peleas entre residentes con armas hechizas, consumo de drogas y robos al interior del recinto. Sostiene que, a pesar de que el Tribunal de Familia de San Felipe constató en visita extraordinaria la normalización del uso de armas y el nulo control de acceso, los recurridos no han implementado acciones proporcionales al riesgo vital existente.

Argumenta que la infraestructura del inmueble presenta daños estructurales severos, incluyendo muros de adobe con riesgo de colapso, lo que configura un entorno deplorable e inseguro. Aduce que el Servicio Nacional de Protección ha omitido su deber legal de custodia reforzada y supervisión efectiva, limitándose a realizar visitas ordinarias que no subsanan los 108 hallazgos críticos detectados. Afirma que esta inacción estatal y del colaborador privado perpetúa una vulneración permanente a la integridad física y psíquica del adolescente, quien ha debido huir de la residencia para resguardar su vida.

Concluye solicitando que se declare la vulneración de las garantías constitucionales; se disponga la administración provisional del organismo colaborador por parte del Servicio de Protección Especializada conforme al artículo 49 letra a) de la Ley N° 21.302; y, en subsidio, se ordenen mejoras inmediatas al inmueble y planes de intervención acordes a las necesidades de los jóvenes en un plazo no superior a 30 días, evaluando la continuidad del proyecto si no se garantizan condiciones mínimas de seguridad.

A folio 7, evacúa informe nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Familia de San Felipe, con fecha 10 de febrero de 2026, en relación con los recursos de protección Roles N° 1046-2026, N° 1047-2026, N° 1048-2026, N° 1049-2026, N° 1063-2026, N° 1066-2026 y N° 1187-2026, todos referidos a adolescentes ingresados en la Residencia nombre reservado. Identifica al adolescente de autos como nombre reservado, de 17 años, tramitándose en su favor la causa de cumplimiento de medida de protección RIT X-679-2016 ante el Juzgado de Familia de Valparaíso. Señala que la coordinadora del Programa Mi Abogado constató, en visita al centro residencial, graves deficiencias materiales de habitabilidad, abordaje técnico inadecuado, clima de violencia generalizado, uso de armas y consumo de sustancias.

Narra que el propio tribunal, a través de la jueza visitadora doña nombre reservado, advirtió estas deficiencias en visitas realizadas el 23 de abril, 25 de septiembre y 14 de octubre de 2025, sin que las medidas propuestas hayan sido cumplidas. Fundamenta que las instituciones encargadas han vulnerado los artículos 3.3, 20.1 y 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiendo la integridad física y psíquica de los adolescentes. Sostiene que los hechos son de larga data y de conocimiento del Servicio de Protección, a quien compete ejercer supervisión y adoptar medidas pertinentes. Solicita que se evalúe el cierre definitivo del centro residencial en un plazo no superior a treinta días y que se ordene el traslado de los adolescentes a centros cercanos a sus respectivas familias.

A folio 12, evacúa informe Nicolás Antonio de Jesús Barrera Ortiz, abogado, en representación del Obispado de San Felipe de Aconcagua. Aduce que la Residencia nombre reservado ha actuado de manera diligente, oportuna y conforme a los protocolos institucionales vigentes. Añade que actualmente se encuentra en curso un proceso de traslado del dispositivo residencial a un nuevo inmueble, gestionado en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Especializada y el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante la obtención de una propiedad en comodato. Expone que nombre reservado, de 17 años, nacido el NUM001 de 2008, ingresó a la residencia el 24 de julio de 2023. Relata que presenta consumo problemático de THC, alcohol y benzodiazepinas, sin adherencia sostenida a tratamiento, y diagnóstico de trastorno del vínculo, recibiendo tratamiento farmacológico con Sertralina y Melatonina. Describe que finalizó su enseñanza media en el Liceo nombre reservado y participa en programa de salidas alternativas. Narra que frente a los hechos denunciados en el recurso de protección, el equipo activó protocolos institucionales, informó a la Fiscalía, solicitó medidas cautelares, notificó al Tribunal de Familia, a la curadora ad litem y a los programas intervinientes. Agrega que, respecto de los problemas suscitados con una educadora de trato directo, se adoptaron medidas administrativas y se realizó peritaje psicológico a la funcionaria, concluyéndose su aptitud para trabajar en residencias, eliminándose el riesgo para el adolescente. Indica que actualmente se trabaja con su padre, nombre reservado, y que retoma contacto con su madre en Valparaíso, proyectando trasladarse a Brasil al cumplir la mayoría de edad. Finalmente pide el rechazo de la acción por carecer de arbitrariedad e ilegalidad.

A folio 13, evacúa informe Nicolás Morales Palma, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sostiene que, conforme a los artículos 3° bis y 6° bis de la Ley N° 20.530 y al artículo 75 de la Ley N° 21.430, la Subsecretaría de la Niñez ejerce funciones de supervigilancia y fiscalización sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sin que ello implique administración directa de los dispositivos residenciales ni sustitución de las competencias operativas propias del Servicio.

Indica que el Ministerio realizó una fiscalización programada respecto de la Residencia nombre reservado, comunicando sus resultados mediante Oficio Reservado N° NUM002 de 21 de agosto de 2025, el que incorporó un acta de retroalimentación con plan de acción, responsables y plazos. Describe que, mediante Oficio Reservado SN N° NUM003 de 6 de febrero de 2026, se solicitó al Servicio Nacional de Protección Especializada información detallada sobre acciones de resguardo, supervisiones, fiscalizaciones y situación del adolescente de autos, reiterándose el requerimiento los días 11 y 16 de febrero de 2026.

Narra que, mediante Oficio Reservado SN N° NUM004 de 17 de febrero de 2026, la Subsecretaría de la Niñez instruyó al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia elaborar y ejecutar un plan de acompañamiento y asistencia técnica para la residencia nombre reservado, sujeto a seguimiento regional.

Fundamenta que la alegación de omisión ilegal supone inactividad absoluta frente a un deber jurídico concreto, lo que no concurre en la especie. Argumenta que extender la responsabilidad del Ministerio más allá de su ámbito competencial vulneraría el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Invoca que no se configura acto u omisión ilegal o arbitraria imputable al Ministerio que haya vulnerado garantías constitucionales del adolescente de autos. Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes respecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A folio 14, evacúa informe Matías Ignacio Valdivia Valenzuela, abogado, en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Valparaíso.

Menciona como excepción la inadecuación de la vía procesal, aseverando que la acción de protección tiene carácter residual y que el cumplimiento de la medida residencial debe discutirse ante el Juez de Familia competente en la causa RIT X-679-2016. Señala que la Dirección Regional ha ejercido sus facultades de fiscalización, detectando deficiencias e instruyendo un procedimiento sancionatorio mediante Resolución Exenta N° NUM005. Argumenta que existe una imposibilidad material de traslado inmediato por el sobrecupo crítico en el sistema residencial nacional. Finalmente pide el rechazo de la acción en todas sus partes.

A folio 19, evacúa informe Anuar Yamil Quesille Vera, abogado, en su calidad de Defensor de la Niñez de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Expone los resultados de la visita reactiva realizada los días 2 y 3 de diciembre de 2025 a la Residencia nombre reservado de San Felipe, ejecutada por el Obispado de San Felipe de Aconcagua, motivada por antecedentes preocupantes provenientes del Tribunal de Familia de San Felipe, del Programa Mi Abogado y de medios locales de comunicación. Refiere que los hallazgos se verifican en tres dimensiones: administrativa, intervención para la restitución de derechos, e infraestructura e higiene.

Describe que en la dimensión administrativa se constató ausencia de director titular, debilidades en los registros formales y tensiones persistentes entre el equipo profesional y el personal de trato directo.

Agrega que, en materia de intervención, se identificaron rutinas desconectadas de objetivos terapéuticos, planes estandarizados sin metas evaluables, presencia de conductas infraccionales sin abordaje especializado y preparación insuficiente para la vida adulta autónoma.

Indica que, en infraestructura, se observó deterioro estructural grave, instalaciones eléctricas con cables expuestos, salida de emergencia obstruida y deficiencias de higiene en la cocina.

Fundamenta que los hechos descritos vulneran los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Ley N° 21.302. Invoca la Observación General N° 15 del Comité de Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades de cuidado alternativo. Argumenta que el Estado tiene un deber de protección reforzado respecto de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado residencial, que las condiciones constatadas impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y que el cuidado alternativo no se desarrolla en condiciones dignas conforme a los estándares nacionales e internacionales aplicables.

A folio 16, se ordena traer los autos en relación, y, luego de la vista de la causa, se decretó como medida para mejor resolver la constitución de las ministras integrantes de la sala en las dependencias de la residencia, lo que se verificó el 23 de marzo de 2026.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, instituido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se configura como una acción constitucional de naturaleza cautelar y de emergencia, cuyo objeto primordial es brindar una tutela rápida y eficaz ante actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, perturben, priven o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales expresamente señaladas por el constituyente. Su finalidad es el restablecimiento inmediato del imperio del derecho frente a conductas antijurídicas que afecten un derecho constitucional preexistente y claro.

SEGUNDO: Que el asunto jurídico y material que esta Corte debe dilucidar se centra en determinar si la persistente inactividad institucional y la consecuente permanencia del adolescente nombre reservado en la Residencia nombre reservado —bajo condiciones estructurales, de seguridad y de dotación de personal precarias— constituye una omisión ilegal o arbitraria por parte de los organismos recurridos. El núcleo del conflicto reside en establecer si el Estado ha fallado en su deber de garante respecto de un sujeto de protección reforzada, y si dicha falta de condiciones mínimas alcanza la entidad suficiente para vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica asegurado por nuestra Carta Fundamental.

TERCERO: Que, previo a la decisión de la cuestión sustantiva reseñada, corresponde pronunciarse sobre la alegación de inadecuación de la vía proteccional planteada por el Servicio Nacional de Protección Especializada. Aquella cuestión debe ser desestimada desde luego, por carecer de fundamento en el marco de la tutela de urgencia y más aún tratándose de un adolescente en riesgo. La existencia de una sede jurisdiccional especializada para el seguimiento de medidas de protección no inhibe la competencia de esta Corte cuando se denuncia la transgresión de derechos fundamentales, donde la decisión en esta sede se configura como una herramienta de cautela complementaria a la actuación del tribunal de familia. Mientras esta judicatura constitucional califica la ilegalidad y ordena el restablecimiento del derecho conculcado, el Juzgado de Familia mantiene su atribución de supervigilar, en el marco de sus atribuciones ordinarias, la ejecución material de lo resuelto o disponer otras medidas en el ejercicio de su competencia, ya que el procedimiento en curso no altera el ejercicio de la jurisdicción correspondiente.

Adicionalmente, esta Corte debe desestimar la tesis que pretende excluir la intervención constitucional de protección bajo el argumento de que el asunto, al estar radicado ante un tribunal de familia, ya se encontraría sometido al imperio del derecho, pues, si bien aquello resulta posible, en este caso resulta formalista e insuficiente cuando la realidad fáctica demuestra que los mecanismos ordinarios han resultado ineficaces para detener una vulneración persistente. El imperio del derecho no se agota con la mera existencia de un procedimiento judicial en curso; por el contrario, se ve gravemente lesionado cuando, a pesar de dicho proceso, la amenaza a la integridad física y psíquica de un adolescente permanece inalterada por la inactividad de los órganos obligados.

En consecuencia, la sustanciación de una causa proteccional no puede ser invocada como un óbice procesal que prive a los ciudadanos de la tutela de urgencia que brinda la acción de protección, especialmente tratándose de sujetos de protección reforzada donde el Estado tiene un deber de garante ineludible.

CUARTO: Que es posible señalar como hechos y antecedentes de la causa los siguientes: 1.- Que, del informe evacuado por la jueza titular del Juzgado de Familia de San Felipe, doña nombre reservado, el diez de febrero de dos mil veintiséis, se desprende que el adolescente nombre reservado, de 17 años, se encuentra ingresado en la Residencia nombre reservado de San Felipe, tramitándose en su favor la causa de cumplimiento de medida de protección RIT X-679-2016 ante el Juzgado de Familia de Valparaíso. A criterio de la jueza titular, los adolescentes de la residencia viven en condiciones de extrema precariedad, sin supervisión e intervención profesional adecuadas, no existiendo las condiciones mínimas de protección, lo que pone en riesgo la integridad física y psíquica de todos los jóvenes, habiendo transcurrido plazos razonables sin que se hayan enmendado las deficiencias denunciadas. La jueza visitadora había propuesto medidas en la visita extraordinaria de septiembre de 2025, las que no se cumplieron. 2.- Que, de la ficha de visita extraordinaria del Juzgado de Familia de San Felipe de 25 de septiembre de 2025 consta que el adolescente nombre reservado fue entrevistado de manera reservada por la jueza visitadora, doña nombre reservado. En la misma visita se verificó que la educadora de trato directo doña nombre reservado se mantenía en funciones pese a existir un sumario en curso y que el adolescente se sentía aún intimidado por dicha funcionaria; y que un posible agresor identificado como nombre reservado se mantenía rondando la residencia e ingresando en algunas oportunidades. En virtud de lo anterior, la jueza visitadora sugirió medidas cautelares en resguardo del adolescente. 3.- Que, con ocasión de la inspección personal practicada por este tribunal el veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, en dependencias de la Residencia nombre reservado, y con lo informado en dicha oportunidad por el director de la residencia, señor nombre reservado, se pudo constatar que el adolescente nombre reservado ha terminado cuarto medio y se encuentra en proceso de preparación para la vida independiente, gestionándose su participación en cursos SENCE para la adquisición de un oficio. Se refirió, asimismo, que el adolescente tiene proyecciones de viajar a Brasil, donde reside su padre, con quien mantiene contacto.

Además, el mismo adolescente fue entrevistado por la Ministra señora Carolina Figueroa Chandía y durante la diligencia se constituyó personal de Carabineros en el recinto, informando el equipo psicosocial que el adolescente habría sido sorprendido portando un elemento cortopunzante que le fue requisado, dándose inicio al procedimiento policial que terminó con su detención. En la misma diligencia, se tuvieron a la vista los informes médico-psicológicos del adolescente nombre reservado, exponiéndose que es el residente que presenta mayores problemas por conducta opositora y porte de armas blancas en ocasiones anteriores; que al salir de la residencia se junta con pares criminógenos, lo que motivaría dichas conductas y actuación defensiva; y que no se relaciona con el resto de las personas de forma sana. Se informó, además, que se ha solicitado revisión de medidas de protección y que no existen cupos disponibles en hospitales psiquiátricos ni en centros comunes de rehabilitación.

Del acta de inspección personal practicada por las Ministras señora Carolina Figueroa Chandía y señora Nancy Bluck Bahamondes, en dependencias de la Residencia nombre reservado ubicada en DIRECCION000 de la comuna de San Felipe, se desprende, en lo informado por el Director de la residencia don nombre reservado, que la Fundación opera el dispositivo desde el año 1991 como organismo colaborador acreditado, atendiendo a adolescentes que en su mayoría se encuentran en situación de abandono, sin familias presentes o habidas, por lo que no salen los fines de semana, realizando el equipo técnico gestiones de búsqueda de familias y revinculación cuando ello resulta posible; que todos los adolescentes residentes se encuentran escolarizados en enseñanza media, sea en colegios regulares o en modalidad vespertina de nivelación, siendo el objetivo institucional que alcancen cuarto medio antes de cumplir dieciocho años. En cuanto al equipo, el psicosocial está conformado por dos duplas de trabajador social y psicólogo, y aproximadamente diez educadores de trato directo distribuidos en jornadas diurna, tarde y nocturna, con dos educadores por turno; existe una encargada de salud que gestiona atenciones médicas y administración de medicamentos; y la alimentación se basa en una minuta nutricional elaborada en conjunto con el CESFAM de la comuna. El equipo técnico se reúne semanalmente con los educadores para programar las actividades de intervención y abordar situaciones de crisis. Se informó, asimismo, la existencia de adolescentes con consumo de drogas en la residencia, sin que se cuente con expertos especializados en la materia, habiéndose establecido redes con SENDA para capacitación del personal con miras a una intervención posterior con los adolescentes.

En lo relativo a la infraestructura y a las condiciones del recinto, el acta consigna que la residencia cuenta con entre seis y siete habitaciones, principalmente individuales, encontrándose una de ellas clausurada con grandes grietas visibles en muros y ventanas rotas recubiertas con cintas que señalan peligro; que pese a operar el inmueble desde el año 1991, aún no cuenta con certificación del sistema eléctrico, y que en octubre de 2025 se presentó un proyecto de reparación que incluye techo, sistema eléctrico, habilitación de oficina para profesionales y pintura, sin que a la fecha de la diligencia se hubiera recibido respuesta sobre dicho proyecto, encontrándose en paralelo una gestión ante el Ministerio de Bienes Nacionales para la entrega en comodato de un inmueble que permita trasladar la residencia. En la sala de estar se observó cableado expuesto y desordenado sobre el mobiliario, deterioro severo de pintura en paredes y techo, y puertas con agujeros, destacando una con un forado de gran magnitud. En los baños se constató presencia extensa de hongos en azulejos, cerámicos y juntas, puertas rotas, interruptores eléctricos expuestos sin protección pese a encontrarse a la intemperie, cortina de ducha en mal estado, barra de soporte oxidada, acumulación crítica de moho negro en torno a la grifería, y, en el pasillo de acceso, un cilindro de gas licuado ubicado junto a un termo eléctrico, obstaculizando el tránsito y constituyendo un riesgo de seguridad. En las habitaciones se observó deterioro generalizado de puertas y marcos con rayados y perforaciones; una habitación con puerta abierta presentaba humedad activa en techo y paredes, con manchas de filtración cercanas a la instalación eléctrica; y otra habitación se encontraba con su techo cubierto por nylon negro para contener goteras, evidenciando una reparación provisoria e insuficiente. La sala de estudio presentaba el piso flotante fracturado, que cedía y se hundía al caminar, recubierto con un paño rojo para ocultar el daño estructural. El patio interior, pavimentado en radier de cemento, exhibía múltiples grietas y desniveles con riesgo de caídas, y la techumbre del área de lavandería, de planchas transparentes, se observaba quebrada y con perforaciones que permiten la entrada de agua. La oficina del equipo psicosocial presentaba señales de humedad en el techo cercanas a las luminarias. Se constató la existencia de al menos seis extintores con mantenimiento vigente. En general, se percibió olor a humedad y se informó la existencia de goteras en el techo durante época de lluvia en algunas habitaciones.

El acta también recoge, en lo informado por el equipo psicosocial, que justo enfrente del inmueble existe un bandejón central que divide la DIRECCION001 en dos sentidos, en el cual se ejercería prostitución, y que cruzando dicho bandejón se ubica una botillería, factores ambos advertidos como de riesgo para los adolescentes. Asimismo, el equipo manifestó que las reparaciones pendientes implican una gran inversión de fondos y que, al solicitar presupuestos, se genera un círculo de dependencias técnicas entre intervenciones —electricidad, techo y piso— que ha dificultado su ejecución.

Finalmente, en las observaciones finales del acta, las Ministras visitadoras dejaron constancia de que varios de los problemas que afectan a los adolescentes derivan de la mezcla de perfiles que conviven en la residencia, contando algunos con perfil netamente proteccional y otros con vida delictual iniciada, dificultades de salud mental y consumo de drogas. 4.- Que, tanto con el informe del Servicio Nacional de Protección Especializada como con la inspección personal de este tribunal, se acredita que el equipo psicosocial de la residencia se compone de dos duplas de trabajador social y psicólogo, y un equipo de aproximadamente diez educadores de trato directo distribuidos en jornadas diurna, tarde y nocturna, con dos educadores por turno. Del informe del Juzgado de Familia de San Felipe consta que en visitas realizadas en el año 2025 se registraba personal con licencias médicas sin reemplazo designado, incluyendo un trabajador social y un técnico en enfermería, y que la residencia se encontraba sin director titular, ejerciendo funciones un director subrogante.

Además, dicho organismo realizó un diagnóstico integral de la residencia mediante supervisiones técnicas, asistencia técnica y fiscalización, identificando alertas graves y deficiencias en infraestructura, recursos humanos y gestión técnica, habiéndose instruido un procedimiento sancionatorio mediante Resolución Exenta N° NUM005 de 13 de octubre de 2025. El resultado de la fiscalización practicada fue calificado como negativo dada la constatación de hechos constitutivos de incumplimientos.

QUINTO: Que, entrando al fondo del recurso, y para resolver la controversia, es menester precisar el marco normativo y las obligaciones legales que pesan sobre cada una de las instituciones recurridas, las cuales configuran el bloque de legalidad inobservado en este caso: a) Respecto del Obispado de San Felipe de Aconcagua, corresponde precisar que este tiene la calidad de organismo colaborador acreditado, y detenta la responsabilidad jurídica y técnica de la ejecución directa del proyecto residencial. De conformidad con la Ley N° 20.032, que establece el sistema de subvenciones y regula el régimen de los colaboradores, el Obispado tiene el deber ineludible de respetar y promover los derechos fundamentales de los adolescentes sujetos de atención, ajustándose estrictamente a las normas técnicas y de seguridad vigentes. Asimismo, el artículo 24 inciso sexto de la Ley N° 21.302 establece expresamente que el director de la residencia asumirá el cuidado personal del niño, niña o adolescente, mandato legal que conlleva la obligación ineludible de mantener la infraestructura en condiciones de habitabilidad digna y de prevenir situaciones de riesgo para la integridad de los sujetos bajo su cargo, deberes que han sido gravemente desatendidos. Esta norma le otorga la posición de garante del adolescente. b) Respecto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con los artículos 1, 2 y 2 bis de la Ley N° 21.302, tiene por objeto garantizar la protección especializada y la restitución de los derechos de los niños y adolescentes, siendo su responsabilidad asegurar el desarrollo de programas diversificados y de calidad. El artículo 4 de dicho cuerpo legal establece que es un deber y responsabilidad del Servicio adoptar y reforzar todas las medidas necesarias para el pleno respeto de sus derechos y la efectividad de los mismos. En este sentido, la ley le otorga una posición de garante técnico y prestacional que no se extingue por la delegación de la ejecución en terceros; por el contrario, conforme al artículo 6 letra h) de la misma ley, y al artículo 2 numeral 4 de la Ley N° 20.032, el Servicio está obligado a fiscalizar y supervigilar de forma permanente la labor de sus colaboradores. c) Respecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 20.530, esta Secretaría de Estado tiene el mandato legal de velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio, formando parte del Sistema de Garantías y Protección Integral. El artículo 3 ter de la citada ley le encomienda expresamente la fijación de estándares para los organismos colaboradores y sus programas, incluyendo requisitos de infraestructura digna, adecuada y segura. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 21.302, el Servicio Nacional de Protección Especializada se encuentra sometido a la supervigilancia del Ministerio, el cual debe garantizar el cumplimiento de las normas que rigen su labor. En su rol de órgano rector de las políticas de infancia y bajo las facultades de supervigilancia y fiscalización otorgadas por los artículos 11 y 12 de la Ley N° 21.302, el Ministerio detenta una posición de garante superior en el sistema, lo que le obliga a una vigilancia activa sobre la efectividad de las prestaciones y el resguardo de la integridad de los sujetos de atención, resultando su inacción frente a fallas sistémicas graves una infracción al deber de tutela estatal reforzada.

SEXTO: Que, a partir del análisis sistemático de la normativa expuesta y de los hechos materiales acreditados en los informes de visitas del Juzgado de Familia, en el informe de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y en la propia inspección personal de esta Corte, corresponde atribuir responsabilidad a los servicios recurridos por el incumplimiento concurrente de las obligaciones legales que les asisten, configurando omisiones de carácter ilegal que resultan imputables a cada uno de ellos en razón de su competencia.

En este sentido, el Obispado de San Felipe de Aconcagua ha inobservado el mandato de cuidado personal y resguardo de la integridad contenido en el artículo 24 inciso sexto de la Ley N° 21.302, al ejecutar el acogimiento residencial en condiciones de inhabitabilidad y riesgo eléctrico y estructural. Por su parte, el Servicio Nacional de Protección Especializada ha incurrido en una omisión ilegal de su deber indelegable de garantía y restitución de derechos establecido en el artículo 4 de la Ley N° 21.302, al haber tolerado la permanencia de los adolescentes en un dispositivo que carece de los estándares mínimos de seguridad y al no ejercer la fiscalización técnica eficaz exigida por el artículo 6 letra h) de su ley orgánica; y, finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha faltado a su posición de garante superior y rector del sistema, toda vez que, detentando las facultades de promover y proteger el ejercicio de los derechos de la niñez según el artículo 1 de la Ley N° 20.530 y la atribución de fijar estándares de infraestructura segura conforme al artículo 3 ter de la misma norma, omitió adoptar las medidas administrativas necesarias para prevenir la persistencia de fallas sistémicas que comprometieron la integridad del amparado, desatendiendo asimismo los deberes de supervigilancia y fiscalización previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley N° 21.302.

Dichas omisiones configuran una infracción al bloque de legalidad que rige la protección de la niñez, resultando en una amenaza directa y actual a las garantías constitucionales de nombre reservado, específicamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica establecido en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que la inactividad de los órganos responsables ha transformado una medida de amparo judicial en una exposición a riesgos vitales y degradación de la dignidad humana.

SÉPTIMO: Que, lo señalado, como ya se indicó, evidencia la conculcación de las garantías constitucionales del adolescente nombre reservado.

En primer término, se acredita una infracción al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el primer numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto la permanencia del amparado en un inmueble afectado por colapsos estructurales y riesgos eléctricos ciertos, sumado a un entorno de violencia donde conviven armas y consumo de drogas, constituye una amenaza directa e inminente a su integridad. Resulta jurídicamente intolerable que el Estado, actuando como garante en un sistema de cuidado residencial, someta a un joven a un riesgo vital manifiestamente superior al que motivó su ingreso original al sistema, transformando la medida de protección en una forma de re-victimización sistémica que el derecho no puede permitir.

En segundo término, se constata la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley establecida en el segundo numeral de la citada disposición constitucional. El adolescente es objeto de un trato arbitrario y discriminatorio por parte de la administración, toda vez que se le obliga a residir en condiciones de insalubridad y peligro que contravienen el estándar mínimo de dignidad humana que el Estado se ha obligado a proveer mediante la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Esta omisión institucional priva al adolescente de un entorno que le permita un desarrollo evolutivo sano en igualdad de condiciones con otros sujetos protegidos, consolidando una diferencia de trato que carece de toda justificación racional.

OCTAVO: Que, asimismo, se verifica una perturbación grave al derecho a la protección de la salud asegurado en el noveno numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La precariedad habitacional, la insalubridad y el clima de violencia inciden directamente en el bienestar físico y mental del joven, lo que adquiere particular gravedad en el caso de autos, atendidos los diagnósticos de salud informados por el organismo colaborador —entre ellos consumo problemático de THC, alcohol y benzodiazepinas, y diagnóstico de trastorno del vínculo, con tratamiento farmacológico con Sertralina y Melatonina—, condiciones todas que requieren un entorno terapéutico estable y especializado que la residencia no provee. Esta deficiencia se agrava ante la constatación de que no existen cupos disponibles en hospitales psiquiátricos ni en centros comunes de rehabilitación para derivar al adolescente a una atención especializada idónea, dejándolo en un estado de desprotección terapéutica que resulta jurídicamente inadmisible.

En consecuencia, la acreditada ineficiencia de la gestión administrativa y la persistencia de fallas estructurales críticas en la Residencia nombre reservado configuran una amenaza actual e inminente a la vida digna de nombre reservado, exigiendo la intervención de esta magistratura para restablecer el imperio del derecho. Al constatarse la ruina material y el riesgo vital del recinto, los servicios recurridos han incurrido en una omisión ilegal al incumplir su mandato de asegurar una oferta residencial suficiente y segura según previene el artículo 18 ter de la Ley N° 21.302, lo que constituye una vulneración directa de su deber de resguardo reforzado sobre el amparado.

NOVENO: Que, por consiguiente, la falta de adopción de medidas idóneas para subsanar deficiencias que eran plenamente conocidas por los intervinientes despoja al adolescente de la tutela efectiva que el Estado está obligado a brindarle, consolidando una privación ilegítima de sus garantías fundamentales, lo que hace ineludible la adopción de las providencias de urgencia que se dirán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 2, 9 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; Convención sobre los Derechos del Niño; Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada; y Ley N° 20.032 que establece el sistema de subvenciones a colaboradores, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor del adolescente nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Región de Valparaíso, del Obispado de San Felipe de Aconcagua y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, disponiéndose las siguientes medidas de protección: 1.- Se ordena al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y al Obispado de San Felipe de Aconcagua proceder al cierre definitivo de la Residencia nombre reservado en un plazo fatal de 90 días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. 2.- Dentro del mismo plazo de 90 días, el Servicio Nacional de Protección Especializada y el Obispado de San Felipe deberán gestionar y materializar la habilitación de un nuevo centro residencial que cumpla estrictamente con los estándares técnicos, de habitabilidad y de seguridad exigidos por la Ley N° 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando un entorno digno y reparador para los residentes. 3.- El Servicio Nacional de Protección Especializada, en conjunto con el Obispado de San Felipe, deberá arbitrar los mecanismos para el financiamiento de este nuevo establecimiento a través de los programas existentes, debiendo recurrir a sistemas de financiamiento extraordinario si fuera necesario para garantizar la continuidad y calidad de la atención. 4.- Se ordena al Ministerio de Desarrollo Social y Familia supervigilar el cumplimiento efectivo de la medida de cierre y resolver administrativamente, en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez, la asignación y flujo de recursos para el financiamiento del nuevo centro residencial. 5.- El Servicio Nacional de Protección Especializada deberá arbitrar las medidas necesarias para dar continuidad al plan de intervención individual del adolescente nombre reservado, garantizando el acceso a atención especializada en salud mental y en el tratamiento del consumo problemático de sustancias, en coordinación con la red intersectorial correspondiente y con los programas actualmente intervinientes.

Asimismo, deberá gestionar, en coordinación con el Juzgado de Familia competente, las medidas de acompañamiento idóneas para el proceso de preparación para la vida independiente y la revinculación con su red familiar, sin perjuicio de las decisiones que adopte el Juzgado de Familia de Valparaíso en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias. 6.- Remítanse los antecedentes al Juzgado de Familia de Valparaíso para que, en ejercicio de sus atribuciones ordinarias en la causa RIT X-679-2016, supervigile el cumplimiento material de estas medidas e informe mensualmente a esta Corte sobre su estado de avance hasta el cumplimiento de lo aquí resuelto.

Se previene que la Ministra señora Figueroa si bien concurre a la decisión, no estuvo por disponer el cierre del establecimiento, si no otorgar un plazo de ciento ochenta días para que los recurridos formularan y ejecutaran un plan de reparación del mismo establecimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Pedro García Muñoz.

N°Protección-1064-2026.-