nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

Llg C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, representada por su alcaldesa, doña Maite Larrondo Laborde, ambos domiciliado en domicilio reservado, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto N°390, de fecha 17 de junio de 2019 que invalida el Decreto Alcaldicio N°200 de 2019, que resuelve el concurso de director de control y designa en la planta de personal de la Municipalidad al recurrente, ya que las bases concursales del certamen omitieron la posibilidad de que pudieran concursar las personas que ostentaban los títulos de técnicos.

Señala como antecedentes previos y con el objeto de contextualizar, que ingresó a trabajar para la recurrida en enero del año 2017, como abogado asesor con contrato honorario. En enero del año 2018 se le nombró como Director de Control Subrogante por un periodo de seis meses, nombramiento que se extendió sin regularizarse hasta el mes de febrero de 2019. En tanto, que en el mes de marzo del presente año, es seleccionado en el concurso como Director de Control nombre reservado, asumiendo como funcionario de planta, su función más importante es la de fiscalizar, y en cumplimiento de la misma, solicita antecedentes respecto a trabajadores a honorarios e información financiera.

Refiere que el 17 de abril del 2019, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, la Sra. Alcaldesa sin su autorización o conocimiento, ordenó el ingreso a su oficina para hacer retiro de todo lo que había en su interior, tales como, documentación, timbres del departamento y material de oficina. Indica que realiza una denuncia informal a la autoridad municipal por intermedio del Oficio N°033-2019 del Departamento de Control Interno, y ante Contraloría Regional mediante ingreso N°054613/2019. Por su parte, sostiene que el 23 de abril del año en curso, se percata que su oficina había desaparecido físicamente junto a sus enseres personales, por lo que realiza nuevamente denuncia ante el órgano contralor, mediante ingreso N°W006450/2019, informándosele que las denuncias por acoso serán investigadas.

Manifiesta que mediante correo electrónica de fecha 18 de junio de 2019, la recurrida le comunica que ha decidido invalidar su concurso, por las razones esgrimidas en el Decreto N°390, de fecha 17 de junio del mismo año, al no considerar en el pliego de peticiones la posibilidad de postulación de aquellas personas que estén en posesión de un título técnico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Ley N°19.880, debiendo retrotraerse el procedimiento administrativo al estado de elaborar nuevas bases que sean ajustadas a derecho, solicitar la aprobación del concejo y realizar un nuevo concurso público. Expone que las razones esgrimidas por la recurrida no son reales, toda vez que en las bases del primer y segundo llamados, en el punto N°3 letra d), aparecen mencionados los técnicos. Por su parte, no existió reclamo o impugnación alguna de una persona con título técnico, ni de la asociación de funcionarios que los agrupa, como tampoco concurrió al concurso algún técnico.

Refiere que el acto impugnado anula su nombramiento pero no el concurso mismo, es ilegal, pues sus fundamentos no son efectivos, y también arbitrario, al ser un acto forjado en cumplimiento de una voluntad pura y simple de privarle de su cargo y remuneración por el mero disgusto de su forma de ejercer el cargo. Por su parte, se ha hecho un inmediato ajuste a su remuneración sin siquiera haberle notificado el decreto.

Considera que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja la presente acción, se declare que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, se deje sin efecto el Decreto N°390, de fecha 17 de junio de 2019, y se ordene a la Ilustre Municipalidad de La Cruz que deberá disponer la inmediata re incorporación del recurrente en su cargo de Director de Control, grado 6 de la EMR, ordenándose además, el pago de sus remuneraciones y beneficios durante el periodo que ha estado separado de sus funciones, y disponer todas las demás medidas para eliminar los efectos de los actos materia del recurso.

A folio 9 rola informe de la recurrida Ilustre Municipalidad de La Cruz, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que dispuso en forma inmediata un sumario administrativo para investigar la denuncia del actor, en cuanto a que habrían ingresado a su oficina sin autorización, retirado todo el material en ella y luego se había desarmado, el que se materializó por medio del Decreto Alcaldicio N°310 de fecha 22 de abril de 2019. Por su parte, Contraloría Regional emitió Oficio N°7.114 de fecha 19 de junio de 2019, en el que indica que asumirá la substanciación del procedimiento disciplinario antes señalado, ampliándolo al acoso laboral que alega el recurrente.

Indica que no es posible confundir acusaciones que formula el actor en el plano de responsabilidad administrativa, que actualmente conoce la Contraloría General de la República, por lo tanto, ajeas al objeto de la acción cautelar, con el acto administrativo impugnado en autos.

Sostiene que se debe entender que el único acto impugnado por el recurrente es el Decreto Alcaldicio N°390 de fecha 17 de junio del 2019, por el que se invalidó por ser contrario a derecho el decreto Alcaldicio N°200 que lo designó en el cargo de planta de Director de Control Municipal, que cumplió fundadamente con todos los requisitos legales para su debida dictación y ejecución. En cuanto a las observaciones del actor, de la revisión de las bases concursales se puede observar en forma manifiesta que ellas dejaron fuera de toda posibilidad de concursar a “técnicos”, aun cuando se les “nombre” en ellas, toda vez que ello no pasa de ser una mera formalidad sin concreción real en el contenido específico de las aludidas bases.

Manifiesta que no existe un derecho incorporado al patrimonio del recurrente, no existe un derecho de carácter incuestionado o indubitado que requiera de la intervención de esta Iltma. Corte para restablecer el orden juicio supuestamente afectado, toda vez que el actor no tiene el dominio sobre su cargo. Lo anterior es ratificado con la circunstancia de que la Ley N°19.880 contempla la invalidación de los actos contrarios a derecho, lo que no constituye una facultad de la administración sino una obligación jurídica.

Finalmente, refiere que la ley contempla diversos mecanismos de reclamación administrativa respecto a las actuaciones de los funcionarios municipales que no han sido ejercidas en la especie, no siendo el recurso de protección el medio idóneo para satisfacer tal pretensión, tales como el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 156 de la Ley 18.883, y recurso de reposición del artículo 59 de la Ley 19.880.

A folio 12 rola informe del Instituto de Seguridad del Trabajo. Señala que de conformidad con las disposiciones de la Ley 16.744 y compendio de normas elaboradas por la Superintendencia de Seguridad Social, le correspondió estudiar la patología de salud mental denunciada por el recurrente, que fue calificada como de origen común. Adjuntando la evaluación de puesto de trabajo realizada y resolución de calificación de origen de los accidentes y enfermedades emitida.

A folio 28, rola informe de la Contraloría General de la República, Región de Valparaíso. Señala que consta en el Sistema Informático de Tramitación Electrónica de Documentos –SISTRADOC- que el recurrente formuló tres solicitudes de pronunciamiento jurídico, todas de 2019, que fueron atendidas conjuntamente a través del Oficio N°7.114, del mismo año.

En cuanto a la remisión de los antecedentes relacionados al sumario disciplinario, éste se encuentra en etapa indagatoria y reviste el carácter de secreto, según lo dispuesto en los artículos 135 de la Ley N°10.336 y 5° de la Resolución N°510 de 2013, de la Contraloría General de la República, que aprueba el Reglamento de Sumarios Instruidos por dicho órgano.

Finalmente, refiere que el inciso primero del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Podrá decretarse, a solicitud de parte, la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales.”

A folio 29, se ordenó que rija el decreto autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que por la vía del recurso de protección, el actor solicita que se “deje sin efecto el Decreto SIAPER N°390, de fecha 17 de junio pasado y se ordene a la I.Municipalidad de La Cruz que en consecuencia, se deberá disponer la inmediata reincorporación del recurrente en su cargo de Director de Control, grado 6 de la E.M.R., ordenándose, además, el pago de sus remuneraciones y beneficios durante el período que ha estado separado de sus funciones y disponiendo todas las demás medidas que sean de su mejor parecer para eliminar los efectos de los actos materia de este recurso”, argumentando que la recurrida ha anulado el nombramiento del recurrente en el cargo de director de control de manera ilegal y arbitraria, por cuanto sus fundamentos no son efectivos sino en cumplimiento de una voluntad de privarle de su cargo, por el mero disgusto en la forma de ejercer su cargo.

Segundo: Que la acción de protección tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mediante un procedimiento extraordinario, rápido y concentrado de tutela de derechos fundamentales, cuando por causa de una acción ilegal o arbitraria, se ha amenazado, perturbado o vulnerado alguno de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que supone la existencia de una vía de hecho o de un acto ilegal que de manera evidente vulnere derechos indubitados del afectado.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes, no se advierte actuación arbitraria o ilegal emanado en la dictación del Decreto Alcaldicio N°390, de fecha 17 de junio de 2019, emanado de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, que invalida el Decreto Alcaldicio N°200, de 1 de marzo de 2019, que nombra al recurrente en calidad de titular en el cargo de “Director de Control”, por cuanto las bases del llamado de concurso para proveer el mencionado cargo fueron incorrectas, por lo que la actuación de la recurrida se enmarca en las facultades que le confiere el artículo 53 de la Ley 19.880.

Que, asimismo, consta del informe emanado de la Contraloría Regional de Valparaíso, que rola a folio 28, que el actor efectuó tres solicitudes de pronunciamiento jurídico a dicha entidad por los hechos que sirven de fundamento a la acción de protección, las que se encuentran actualmente en etapa indagatoria, y por lo tanto bajo el imperio del derecho, razones por las cuales esta acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz.

Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada, archívese.

N°Protección-10574-2019.