nombre reservado con AGRICOLA LOMAS DE MAITENES LIMITADA. nombre reservado

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, catorce de octubre de dos mil diecinueve VISTOS Que a fojas 48 comparece Rafael Enos Aguirre, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la Sociedad Inversiones La Bandera Ltda., e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, ignoro profesión, con domicilio en domicilio reservado, y de la Sociedad Agrícola Lomas De Maitenes Ltda., del mismo domicilio, o en contra de quienes resulten responsables, por el acto ilegal y arbitrario consistente en impedir el acceso al predio del dominio de su representada correspondiente a la Parcela C, con el objeto de realizar las faenas mineras, lo que provoca privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre las pertenencias mineras Kenedy 1/5 y el derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Pide se acoja el recurso y se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos.

Indica que su representada es propietaria de las pertenencias mineras Kenedy 1/5 ubicadas en Ocoa, comuna de Hijuelas, cuya sentencia constitutiva y acta de mensura se encuentran inscritas a fojas 36 N° 9 del Registro de Propiedad de Minas de 2013 del Conservador de Minas de La Calera. Manifiesta que también su representada es titular de la servidumbre minera constituida por la sentencia judicial de 23 de agosto de 2016 de la Excma. Corte Suprema. Señala que la recurrida es propietaria de la nombre reservado del sector de Hualcapo, Ocoa, Comuna de Hijuelas. Añade que nombre reservado, en representación o por encargo o mandato de la sociedad recurrida ha negado el acceso de su representada para realizar los trabajos de preparación de la mina Kenedy Sur para su explotación, como se desprende de su correo electrónico de fecha 15 de junio de 2019, aduciendo diversas circunstancias legales que no corresponden, por cuanto su representada tiene todo el derecho a explotar la Mina Kenedy Sur, desarrollar y construir el camino en los terrenos superficiales de la Parcela C y preparar y en definitiva explotar los yacimientos mineros en el área de la servidumbre de explotación, tal como lo ordena la sentencia de reemplazo de la Ecxma. Corte Suprema. Que no pretende obtener una declaración judicial sobre el derecho que tiene su representada a construir el camino minero y la preparación y explotación de los yacimientos mineros, sino que resguardar los siguientes derechos que se han visto vulnerados por el actuar de la recurrida, cuales son, ingresar al predio de la recurrida y al libre tránsito de su representada por el camino minero que se debe construir para acceder a sus propiedades y a su proyecto minero, obtener el resguardo de circular libremente por el predio de la recurrida para desarrollar y construir el camino minero y para desarrollar el proyecto de explotación minera en sus estancias de su propiedad.

Asimismo, manifiesta que el acto recurrido se ha materializado en el cierre arbitrario e ilegal del ingreso al predio por parte de las recurridas y que impide el paso del personal y de los vehículos que se dirigen hacia su proyecto. Refiere, en esta misma cuerda, que el acto es ilegal ya que su representada tiene el derecho a realizar sus faenas mineras en virtud de la concesión minera de explotación minera Kenedy 1/5 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Código de Minería, el titular podrá efectuar los trabajos que estime necesarios para la explotación de la mina, desde que quede constituida la concesión.

Además sostiene que es titular de la correspondiente servidumbre minera, lo que la faculta para ocupar los terrenos donde se realizarán las obras de ejecución del camino minero y las faenas mineras de extracción, acopio y transporte de minerales. Agrega que el acto es arbitrario, ya que el acto impide el acceso a los terrenos con el objeto de preparar las faenas mineras con la construcción del camino minero y con el objeto de ejecutar una explotación minera dentro de toda legalidad y observancia de las normas de seguridad, prevención de riesgos y medioambientales, y con pleno desconocimiento de lo dispuesto en la norma legal citada.

Por otra parte, señala que la recurrida ha iniciado faenas agrícolas de preparación del predio correspondiente a la zona del cerro, con el objeto de efectuar plantaciones de arbolados, actividad que le está vedada por la existencia de las servidumbres mineras de tránsito y de ocupación de su representada en la misma zona, y que realiza para entorpecer las faenas mineras que su mandante proyecta desarrollar. Y que al efecto mediante Ord. Nº73/2019 de 18 de enero de 2019, la CONAF precisó el concepto de “recuperación” de terrenos con fines agrícolas y su aplicación, en el sentido que para evaluar el requisito de "recuperación" de terrenos con fines agrícolas, indicando que el propietario deberá acreditar que la superficie solicitada tuvo un uso agrícola anterior, a través de la presentación conjunta de un estudio agrológico, una imagen satelital fotografía aérea, mosaico u ortofoto de la superficie afecta. Lo anterior significa que no se puede presentar un proyecto de recuperación basado en un uso agrícola si no se prueba que ha tenido anteriormente dicho uso. Por lo tanto, la recurrida deberá realizar trabajo de preparación para implementar un uso agrícola, acreditando dicha circunstancia ante la CONAF.

Alega como garantías afectadas, la del artículo 19 Nº 3 y 21 de la Constitución Política de la República; y pide se acoja en todas sus partes y se ordene el ingreso de su representada al predio de los recurridos, sin perjuicio de adoptar además las demás medidas necesarias para la debida protección de sus derechos, con costas.

Comparece nombre reservado, en representación de la recurrida Sociedad Agrícola Lomas de Maitenes Ltda. solicitando el rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, ya que su representada ha actuado en conformidad a la ley y ajustada a derecho.

En primer lugar señala que no desconoce que la recurrente es titular de las pertenencias Kenedy 1 al 5. Explica que en el año 2011, el señor nombre reservado era el propietario de los inmuebles colindantes denominados nombre reservado y Parcela 23 – A., ésta última a través de la sociedad de su propiedad Inversiones y Rentas Las Rozas Limitada. Las pertenencias mineras Kenedy 1 al 5, se ubican parcialmente dentro de la parcela 23-A que en ese entonces eran de propiedad del señor nombre reservado. Y por lo tanto, la nombre reservado, no tenía contacto alguno con las pertenencias en cuestión. Añade que con el propósito de desarrollar su proyecto minero, el año 2011 el señor nombre reservado acudió al Juzgado de Letras en lo Civil de La Calera, e interpuso dos demandas distintas, solicitando por una de ellas que se constituyeran servidumbres de ocupación y tránsito dentro la nombre reservado y, por la otra, que se constituyera una servidumbre de tránsito dentro de la Parcela 23 – A. Luego, en el año 2013, nombre reservado vendió las pertenencias mineras a “La Bandera”, y en diciembre de ese año 2013, cuando las causas ya se encontraban para fallo, los nuevos propietarios de las pertenencias se percataron que la demanda por la que se pretendían imponer las servidumbres habían sido mal entabladas, ya que ahí donde debió haberse solicitado servidumbre de tránsito – nombre reservado – se solicitó de tránsito y ocupación; y ahí donde debió solicitarse servidumbre de tránsito y de ocupación – Parcela 23 – A – sólo se solicitó de tránsito. Es decir, la servidumbre de ocupación fue pedida para la nombre reservado, siendo que debía pedirse para la Parcela 23 – A. Que, además, en la demanda fueron mal individualizados los puntos de las servidumbres. Sin perjuicio de ello, el Juez de La Calera acogió las demandas de constitución de las respectivas servidumbres, fijando un precio por ellas y ajustándose a los mismos términos errados en los que ellas habían sido solicitadas por los mineros. Que esta la Corte de Apelaciones dejó sin efecto las servidumbres y finalmente la Excma. Corte Suprema acogió los recursos de casación de los mineros, y con esa misma fecha dictó sentencias de reemplazo en ambos casos, declarando la constitución de las servidumbres de tránsito y de ocupación en los términos en que habían sido solicitadas.

Que estando la sentencia firme y ejecutoriada- con fecha 6 de enero del año 2017- la recurrente intento corregir sus servidumbres, presentando en ambos expedientes solicitudes de aclaración, rectificación y enmienda, invocando un supuesto error de referencia, lo que fue rechazado por resolución de 14 de marzo de 2017, dictada en la causa tramitada ante la Corte Suprema bajo el rol 6.975 – 2015, fundado en que la sentencia cuya rectificación se solicita fue dictada dentro de los márgenes establecidos por la demanda, cuyo petitorio no fue modificado válidamente, y al cual se sujetaron los actos procesales posteriores.

Que de lo anterior se desprende que las dos servidumbres alegadas son carentes de toda aptitud e imposibles de ser utilizadas, lo que fue reconocido por ellos mismos en la solicitud de aclaración señalando que “Sin la rectificación solicitada a través de este especial recurso el fallo de VE se hace totalmente impracticable. Toda vez que ahí donde se demandó la ocupación sólo es posible el tránsito y ahí donde se demandó el tránsito sólo es posible la ocupación”.

Que más tarde, el 10 de enero de 2018, cuando el tema judicial ya estaba terminado, Lomas de Maitenes adquirió al señor nombre reservado la nombre reservado y la Parcela 23 – A. Al tomar posesión de los predios se intentó convencer a su representada de que sus servidumbres de ocupación y tránsito estaban en regla, y que sólo faltaba su imposición física en los respectivos predios. Que se analizó en detalle los antecedentes legales de las servidumbres invocadas, concluyendo que estaban viciadas y mal constituidas, ya que en los términos en que habían sido concedidas, las servidumbres no podían ser utilizadas. Luego se ofreció a su representada venderle las pertenencias KENEDY 1 al 5, lo que no fue aceptado, entre otras situaciones que relata.

Que lamentablemente ninguna explicación ha sido suficiente para los recurrentes, incluso luego de haberse interpuesto el presente recurso, se inició un juicio sumario solicitando una supuesta “rectificación, complemento y modificación” de las servidumbres de tránsito, solicitándose además, la constitución de una nueva servidumbre de ocupación, ahora en la Parcela 23 – A, confirmando con ello la inutilidad de las servidumbres con las que actualmente cuenta.

Por todo lo expuesto pide el rechazo del recurso, ya que no hay un derecho cierto e indubitado del recurrente toda vez que en el caso de autos su representada niega y controvierte rotundamente que a la contraria la asista el derecho a entrar a la nombre reservado ni tampoco a imponer las servidumbres que pretende, que es un requisito del recurso de protección de garantías constitucionales, lo que ha sido confirmado en un sin número de ocasiones por nuestro Máximo Tribunal; que existe un procedimiento declarativo especial en nuestra legislación para discutir sobre las servidumbres mineras y no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de su representada ya que la propia recurrente ha reconocido la inutilidad de sus servidumbres.

Finalmente señala que su representada cuenta con todos los permisos necesarios para desarrollar el proyecto agrícola en la Parcela C, y concretamente con la autorización dada por la CONAF el día 7 de enero de 2019, como consta del documento que acompaña.

Y pide se condene al pago de las costas.

Que comparece informando el recurrido nombre reservado, quien señala que no tiene la calidad de representante de la sociedad en contra de quien se recurre y que, además, no tiene facultad alguna para permitir el paso de los recurrentes. Sin embargo, pide el rechazo del recurso de protección, en base a los mismos fundamentos esgrimidos en el considerando anterior.

Con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve se trajo el recurso en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, constituye jurídicamente una acción evidentemente cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales preexistentes e indubitados, mediante la adopción de resguardos de naturaleza urgente que se deben adoptar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe un derecho. De ello se infiere que, por su naturaleza, el recurso de protección no se encuentra destinado a resolver materias de naturaleza controvertida, menos aún, si el ordenamiento jurídico provee los mecanismos procesales a través de los cuales las partes pueden poner término a sus discrepancias.

SEGUNDO: Que en este caso la arbitrariedad que sirve de fundamento a la presente acción constitucional, se hace consistir en el hecho que la recurrida impediría a la recurrente el acceso a la Parcela C de Hualcapo, comuna de Hijuelas, pese a que, por sentencia de reemplazo de la Excma. Suprema dictada con fecha 23 de agosto de 2016 en causa Rol 6975-2015, conociendo del recurso de casación en el fondo interpuesto en contra del fallo dictado por esta Corte en causa Rol Nº 39-2015 que confirmó a su vez la sentencia dictada con fecha 8 de abril de 2014 en juicio caratulado: “nombre reservado con nombre reservado”, seguido ante el Juzgado de Letras de La Calera, se constituyó a favor de las pertenecías mineras que conforman el yacimiento Kenedy 1/5 inscrita a nombre de la recurrente, las servidumbres mineras de ocupación y tránsito a que se refieren los numeros 1º y 2º del artículo 120 del Código de Minería, para ser ocupados dichos inmuebles en toda su extensión necesaria correspondientes, respecto del predio superficial de mayor extensión comprendido por la Parcela 23-A y nombre reservado de la comuna de Hijuelas, inscritas a fojas 1096 vuelta Nº 272 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del año dos mil diecisiete del Conservador citado.

TERCERO: Que de los antecedentes allegados al recurso consta que una vez dictada la sentencia de reemplazo antes aludida, se solicitó tanto al Juzgado de Letras de La Calera, como ante la Excma. Corte Suprema, rectificar dicho fallo en tanto la servidumbre declarada judicialmente se hacía totalmente impracticable, toda vez que ahí donde se había demandado la ocupación sólo era posible una servidumbre de tránsito y ahí donde se había demandado la tránsito solo resultaba posible el establecimiento de una servidumbre de ocupación. Asimismo, según consta de lo obrado en la causa Rol C-2274-2019, seguida ante el Juzgado de Letras de La Calera entre las misma partes de la presente acción cautelar, la recurrente: Sociedad de Inversiones La Bandera Ltda., interpuso demanda de rectificación, complemento y modificación de la servidumbres antes aludidas a los efectos de, en lo que importa, rectificar la servidumbre de ocupación constituida sobre la nombre reservado a favor de las pertenencias mineras Kenedy 1/5 de propiedad de la recurrente, por no corresponder geológicamente a la explotación minera autorizada y, por consiguiente, por no tener aplicación a las actividades propias de la concesión minera; ubicación que, conforme al mérito de los antecedentes allegados del recurso, la explotación legalmente permitida se encuentra emplazada en la Parcela 23-A ya referida.

CUARTO: Que por este arbitrio se cuestiona la conducta adoptada por la recurrida, en orden a impedir el acceso de la recurrente a la nombre reservado de dominio de la recurrente a los efectos de ejercer su derecho a explotar las pertenencias mineras ya mencionadas, advirtiéndose del primer otrosí de la demanda de rectificación, complemento y modificación comentada, que se solicita la constitución de una nueva servidumbre de ocupación minera sobre la Parcela 23-A de propiedad de la recurrida, precisamente por que dicha ocupación habría sido concedida respecto de la nombre reservado, en circunstancia que el plano agregado foja 43 deja en evidencia que las pertenencias mineras se encuentran ubicadas en la Parcela 23-A señalada.

QUINTO: Que, de cuanto se ha venido reseñando, resulta inconcuso que la cuestión debatida en la presente acción constitucional no da cuenta de la existencia de un derecho indubitado precisamente por cuanto, se encuentra controvertido entre las partes el hecho si las servidumbre referidas le confieren al recurrente el derecho para transitar y ocupar un predio en el cual, según ya se consignó, no se ubican las pertenencias mineras indispensables para el ejercicio de tales gravámenes, en lo términos establecidos en la sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema, discrepancia que, por lo demás, la propia recurrente decidió someterla a la decisión del Juzgado de Letras de La Calera, hecho que, adicionalmente, pone de manifiesto que el debate se encuentra sometido al imperio de la justicia, estadio en el cual deberá resolverse la pertenencia de la servidumbre de tránsito sobre la nombre reservado para los efectos de hacer posible la servidumbre de ocupación solicitada respecto de la Parcela 23-A con la finalidad de ejercer los derechos que la pertenencia minera antes aludida le confiere al recurrente.

Que, por lo anteriormente expresado, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones, y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto a fojas 48 por don Rafael Enos Aguirre, en representación de la Sociedad de Inversiones La Bandera Ltda., en contra de la Sociedad Agrícola Lomas de maitenes Ltda. y don nombre reservado, sin costas por estimar que el recurrente obro con motivos plausibles.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Gonzalo Góngora Escobedo, quien no firma por encontrarse ausente.

N°Protección-10527-2019.