nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Foja: 85 Ochenta y Cinco Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 33, comparece don Hugo Muñoz López, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero en construcción, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Valparaíso, representada por su Alcalde señor Jorge Sharp Fajardo, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los actos que estima arbitrarios que consisten en la tramitación de un proceso investigativo basado en un “protocolo o manual de acoso y hostigamiento” en contra del señor nombre reservado, y la terminación del contrato de prestación de servicios invocando una supuesta falta de probidad derivada, a su vez, de acosos y hostigamientos establecidos en el proceso señalado, los que vulneran su derecho de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el respeto y protección a la vida privada y honra de la persona, consagrados en el artículo 19 N° 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 28 de diciembre de 2017, su representado y la recurrida suscribieron un contrato a honorarios en virtud del cual el primero se obligó a prestar servicios personales para cumplir funciones transitorias de su especialidad en el marco del Programa de Reconstrucción vinculado a los sectores afectados por megaincendios en la comuna de Valparaíso, y asesoría en la elaboración del Plan Maestro de Gestión de Riesgo ante incendios y desastres de la comuna de Valparaíso, fijando una vigencia entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018.

Refiere que con fecha 26 de septiembre de 2018, se le citó para el día 01 de octubre, en el contexto de una investigación enmarcada en el Protocolo o Manual de Prevención de acoso laboral de la Municipalidad, del cual su defendido no tenía conocimiento. Hace presente que al señor nombre reservado no se le entregó copia del instrumento donde constaría el señalado protocolo, ni la referencia para ubicarlo. El día señalado, en presencia de doña nombre reservado, encargada de la sección de personal, y de la asistente social de personal de la Municipalidad señora nombre reservado, se informó a su representado, verbalmente, acerca de la existencia de una denuncia de acoso laboral en su contra, sin que pudiera tener acceso a la misma, ni se le hubiere transmitido un contenido concreto. En tal situación, prestó declaración, negando cualquier situación de acoso u hostigamiento de su parte, hacia cualquier funcionario o trabajador de la Municipalidad.

Indica que se encontraba a la espera de una resolución del procedimiento, a fin que se le formularan cargos de manera formal o se propusiera el sobreseimiento, o conocer el contenido de la investigación y tener la posibilidad de comparecer debidamente asesorado, enfrentando las acusaciones y ofreciendo pruebas para desvirtuar lo que se le imputara. Sin embargo, el 26 de octubre de 2018, en reunión de con la Jefa de Departamento de Gestión de Personas de la Municipalidad, se le comunicó verbalmente el término anticipado de su contrato a honorarios, pues de acuerdo a la investigación instruida, se había incurrido en un supuesto acoso laboral. Además se le indicó que por ser un prestador a honorarios, no correspondía que se tramitara un sumario. Añade que su representado exigió en ese acto que se le entregara copia del proceso investigativo y su resolución de término, así como el acto administrativo por el cual se le ponía término al contrato de prestación de servicios; sin embargo, la Municipalidad se negó a entregar los antecedentes, señalándosele que se le remitiría la carta certificada correspondiente, la que fue remitida a su domicilio, domicilio reservado, de 24 de octubre de 2018, en el cual se dispuso el término anticipado, a contar de la fecha de notificación del decreto, al contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 28 de diciembre de 2017, suscrito con don nombre reservado.

Argumenta que la terminación del contrato se funda en una investigación previa, llevada a cabo en base a un Protocolo o Manual existente en la Municipalidad, la que ha tenido el carácter de confidencial para su representado; en dicho proceso no se formularon cargos, ni se abrió un término probatorio, ni se otorgó la posibilidad formal de ofrecer prueba una vez levantado el secreto, y se dictó un acto en el cual se tuvieron por establecidas conductas constitutivas de acoso laboral, pero tal acto o conclusión final no ha sido puesto en conocimiento de su representado.

Respecto a la tramitación de un proceso investigativo en contra de su defendido, sostiene que ésta se tramitó supuestamente de acuerdo a un documento denominado “Manual de Procedimientos. Denuncia de Acoso Laboral y Sexual”, procedimiento que no tiene origen legal y desconoce si el mismo consta o no en algún instrumento administrativo o de rango reglamentario.

Considera que el referido Manual, no debió ser aplicado al señor nombre reservado, pues el procedimiento investigativo está previsto para trabajadores de la I. Municipalidad de Valparaíso y funcionarios públicos y no puede utilizarse para perseguir a un prestador de servicios a honorarios.

Menciona que el procedimiento investigativo que contempla el Manual, ha de contener un Informe Preliminar, luego del cual el Alcalde decidirá el paso siguiente, que será ordenar el inicio de un sumario o investigación sumaria, o no ordenarlo. Por lo anterior, no existe la posibilidad de que terminado un proceso investigativo preliminar, se decida que se le instruirá un sumario o una investigación sumaria, pues tal cosa no es admisible respecto de prestadores a honorarios.

En este sentido, sostiene que el proceso investigativo llevado a cabo por la recurrida en contra de su representado es improcedente, y su inicio se debe a una arbitrariedad de la recurrida en cuanto ha juzgado al señor nombre reservado en base a un procedimiento que no le resultaba aplicable, transformándose en una comisión especial, por cuanto en la comunicación que le remitió a su representado afirma que “producto de una investigación realizada por denuncia de maltrato laboral, se logró establecer que el Sr. nombre reservado incurrió en conductas constitutivas de acoso laboral que implican una falta grave al principio de probidad administrativa…”.

Asevera que el señor nombre reservado niega de manera categórica el haber tenido conductas de acoso laboral respecto de algún trabajador o funcionario de la Municipalidad. A ello se debe agregar que la Municipalidad ha dispuesto el registro del acto administrativo en que se imputa falta de probidad en la Contraloría General de la República, lo que implica que el señor nombre reservado no pueda prácticamente desempeñarse en el sector público.

Respecto a la dictación del acto en virtud del cual se dispuso el término de la contrata del señor nombre reservado, precisa que la recurrida pudo enviar una carta en que terminara unilateralmente el contrato; sin embargo, el Municipio descartó utilizar esa facultad prefiriendo recurrir a la imputación de un incumplimiento grave del contrato para justificar la terminación.

Agrega que el acto notificado al señor nombre reservado el 30 de octubre de 2018, se limita a imputar graves acusaciones al recurrente, pero no expresa en qué consistirían los mismos, y tiene como fuente el Oficio N° 1925 y Oficio N° 5072 que desconocen, de lo que se sigue una falta de motivación de la Administración, por lo que las acusaciones de la Municipalidad en contra del señor nombre reservado, son atentatorias a su derecho a la honra, desde el momento en que se da por establecido que él incurrió en actos graves de acoso laboral, peros sin indicar cuáles, ni cuando, ni contra quien.

Pide se acoja el presente recurso y se deje sin efecto, íntegramente, el procedimiento seguido por la recurrida en contra del recurrente, de conformidad al “Manual de Procedimientos. Denuncia de Acoso Laboral y Sexual”; se deje sin efecto el acto de terminación del contrato de prestación de servicios “a honorarios” suscrito entre la Municipalidad y el señor nombre reservado, así como también se deje sin efecto el registro de dicho acto, para lo cual se oficiará a la Contraloría Regional de Valparaíso, y se ordene a la I. Municipalidad de Valparaíso pagar al señor nombre reservado la remuneración correspondiente por el período comprendido entre la notificación del acto de término (30 de octubre de 2018) y el término de la vigencia del contrato de prestación de servicios.

A fojas 68, rola informe de don Nicolás Guzmán Mora, abogado, en representación de la recurrida I. Municipalidad de Valparaíso, quien señala que es efectiva la suscripción del contrato a honorarios que se detalla en el recurso, contrato que tiene su fuente legal en el artículo 4 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que señala que podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la municipalidad, mediante decreto del Alcalde.

Precisa que en el mencionado contrato se acordó con el recurrente, por el período entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018 y/o mientras sus servicios sean necesarios, pudiendo las partes ponerle término anticipado, sin expresión de causa. Asimismo, se estableció que el señor nombre reservado debía ceñirse a las disposiciones legales existentes y aplicables a los funcionarios municipales en lo que se refiere al principio de probidad administrativa.

Arguye que el término anticipado de contrato, se ajustó a la normativa vigente y fue consecuencia de un proceso de indagación, a partir de la recepción de una denuncia para conocer los hechos puestos en conocimiento del Municipio por la presunta víctima, y recogiendo además lo declarado por el propio denunciado a través de entrevistas en profundidad, considerando la declaración de testigos y recabando los antecedentes que fundamenten los acontecimientos denunciados. El término de la contratación del recurrente se lleva a efecto mediante Decreto Alcaldicio N° 1401, de 24 de octubre de 2018, consecuencia de haber ejercido la facultad, otorgada en el contrato original suscrito con el recurrente, de ponerle término en cualquier momento al mismo.

En cuanto al Manual de Procedimiento de denuncia de acoso laboral y sexual elaborado en la I. Municipalidad de Valparaíso, indica que tiene como objetivo informar a los trabajadores y funcionarios municipales sobre los procedimientos que deben seguir si dentro de su jornada laboral se sienten menoscabados en sus derechos laborales con respecto a maltrato, acoso laboral y sexual, ajustándose a la normativa vigente y procedimientos administrativos, con pleno respeto a los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, procedimiento que tiene aplicación tanto a los funcionarios de planta, contrata, honorarios y código del trabajo.

Describe las etapas del mencionado procedimiento y afirma que en el caso de autos, teniendo presente que el acoso laboral constituye una infracción grave a la probidad administrativa, y luego de un procedimiento que permitió al recurrente exponer sus alegaciones al tenor de las denuncias, se concluyó que las conductas del denunciado corresponden a acoso laboral, por lo que en base a las estipulaciones contenidas en el mismo contrato de honorarios, correspondía poner término anticipado a dicha contratación, en razón de haber incurrido el recurrente en una infracción grave a principio de probidad administrativa.

Agrega que del análisis de los antecedentes y entrevistas realizadas por el municipio, se concluyó que las conductas manifestadas por el Sr. nombre reservado durante su desempeño, corresponden a formas de maltrato y acoso laboral, toda vez que minimizaba a los integrantes de su equipo de trabajo, subestimando la formación profesional que cada uno posee y obstaculizando el flujo de ideas y propuestas en forma permanente, validando al final su propia opinión. Explica que esta situación conllevó a que en el equipo se generara un sentimiento de frustración y desmotivación constante, los que nunca fueron externalizados ni con el Sr. nombre reservado ni con la jefatura directa, hasta el episodio de crisis nerviosa presentada por una trabajadora que estremeció y colapsó al equipo, favoreciendo el deseo de hablar y de expresar su malestar en el ámbito laboral.

Concluye que el término anticipado del contrato de honorarios del recurrente no ha sido una conducta arbitraria, por el contrario, es consecuencia de una investigación, y de entrevistas tanto de los afectados como del recurrente, arribando a la determinación de que las conductas desplegadas por el señor nombre reservado se encontraban reñidas con el principio de probidad administrativa, materializándose la decisión de la administración en la dictación del decreto N° 1401 de fecha 24 de octubre de 2018.

Finalmente, señala la improcedencia del recurso de protección para reclamar actuaciones como la de autos, por la existencia de otros mecanismos especiales de reclamación de rango legal, como es el reclamo de ilegalidad municipal.

Por resolución de fojas 73, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, de la acción cautelar de protección, requiere de la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien lo realice, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el artículo 20 de la Carta Fundamental, entre las cuales se encuentran las señaladas por la recurrente. Resulta, además, indispensable, que la Corte esté en situación de aplicar las medidas de protección que se piden o las que se estime pertinentes, lo que presupone que los efectos del acto u omisión denunciados, efectivamente constituyan una infracción respecto de alguna de las garantías constitucionales que se supone infringida.

TERCERO: Que es un hecho no discutido que el 28 de diciembre de 2017 el recurrente suscribió contrato a honorarios con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de conformidad al artículo 4° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que señala que podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la municipalidad, mediante decreto del Alcalde. Se acordó que dicho contrato se extendía entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018, y/o mientras sus servicios fueran necesarios, pudiendo las partes ponerle término anticipado, sin expresión de causa.

Asimismo, es un hecho que mediante Decreto Alcaldicio N.° 1401 de 24 de octubre de 2018 el Municipio puso término anticipado a contar de la fecha de notificación del mismo, a la prestación de servicios a honorarios del Sr. nombre reservado, dispuesto por Decreto alcaldicio N.° 1653 de la misma fecha, por las razones señaladas en las consideraciones de dicho decreto, el que en su numeral 4° señala “Que, producto de investigación realizada por denuncia de maltrato laboral, se logró establecer que el Sr. nombre reservado incurrió en conductas constitutivas de acoso laboral, que implican una falta grave al principio de probidad administrativa, tal como se consigna en oficio N.° 1925 de 2018 del Departamento de Gestión de Personal y Oficio N.° 5071 de 17 de octubre de 2018 de la Dirección de Asesoría Jurídica”.

CUARTO: Que conforme al artículo 4° del Estatuto Administrativo, las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto. Supletoriamente se rigen por las normas del Código Civil.

La cláusula segunda del contrato otorga a las partes la facultad de poner término anticipado al contrato sin expresión de causa. En tanto la cláusula cuarta establece que el comportamiento de don nombre reservado deberá ceñirse a las disposiciones legales existentes y aplicables a los funcionarios municipales en lo que se refiere al principio de probidad administrativa.

QUINTO: Que, si bien le asistía a la Municipalidad el derecho de poner término anticipado, sin expresión de causa, al contrato del recurrente, sin embargo no recurrió a dicha facultad, sino que prefirió ponerle término por una causa específica cual es por haber éste protagonizado conductas de acoso laboral, imputación que sólo podía provenir de una investigación llevada a cabo por dicho Organismo, con conocimiento del denunciado, cuestión que no se acreditó.

En efecto, ningún antecedente aporta al recurso la recurrida, en orden a demostrar la existencia de un procedimiento de investigación de la conducta de acoso laboral que imputa a la recurrente -que califica de grave-, no obstante señalar que se llevó a efecto el mismo, y que culminó con la dictación del decreto alcaldicio que puso término anticipado al contrato a honorarios del mismo dando por acreditada dicha conducta de acoso laboral.

Es la propia recurrente quien aporta un Manual de Procedimientos elaborado por la Municipalidad de Valparaíso denominado Denuncia de Acoso Laboral y Sexual, de la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Gestión de Personas, el que contempla un procedimiento que contiene varias etapas, denuncia, investigación preliminar, informe preliminar, investigación sumarial, Decreto Exento, Intervención e Informe Final.

SEXTO: Que, así las cosas, el acto reclamado deviene en arbitrario, puesto que no hay constancia de haberse aplicado al recurrente el Manual de Procedimiento señalado, y de haberse hecho, se desconoce si se cumplió con todas y cada una de las etapas que éste contiene, esto es, si se hizo la investigación sumaria para conocer los hechos denunciados, las entrevistas en profundidad que allí se señalan, si se registraron las diligencias llevadas a cabo, si se hizo el informe preliminar dirigido a la Encargada de Gestión y al Director de Administración y Finanzas para determinar los pasos a seguir, etc. Y si procedía aplicar este procedimiento al recurrente, atendida la calidad en que fue contratado, sin que éste tuviera ninguna posibilidad de hacer valer sus derechos desde que el supuesto procedimiento se llevó a cabo sin su conocimiento.

Por otra parte, la infracción grave al principio de probidad que se imputa al recurrente en el decreto de término anticipado de sus funciones del recurrente, no señala en qué consistiría aquella conducta constitutiva de acoso laboral, ni se conoce el contenido de los Oficios N.° 1925 de 2018 del Departamento de Gestión de Personal y N.° 5071 de 17 de octubre de 2018 de la Dirección de Asesoría Jurídica que la recurrida señala como fuente de dicha imputación, desde que nunca fueron notificados al prestador de los servicios, siendo desconocidos para él, vulnerando el principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución, y el principio de transparencia previsto en el artículo 16 de la Ley 19.880, actuando el Municipio como una comisión especial, por cuanto se irroga facultades jurisdiccionales que la ley no le otorga.

SÉPTIMO: Que, el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la honra del recurrente, consagrado en el artículo 19 N.° 4 de la Carta Fundamental, desde el momento en que se da por establecido que éste incurrió en actos graves de acoso laboral, pero sin indicar en qué consisten, cuando se cometieron, y contra quien. Además, la Municipalidad dispuso el registro del acto administrativo en que se imputa falta de probidad, en la Contraloría General de la República, lo que implica que el señor nombre reservado no podría prácticamente desempeñarse en el sector público.

Asimismo, infringe la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N.° 2 de la Constitución Política de la República, al dar al recurrente un trato distinto que el que daría a un funcionario público, al que no podría imputarle la misma conducta sin el correspondiente sumario previo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 33 por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y se declara:

I.- Que se deja sin efecto el acto recurrido mediante el cual se pone término anticipado al contrato a honorarios suscrito por el señor nombre reservado y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, contenido en el Decreto Alcadicio N.° 1401 de 24 de octubre de 2018.

II.- Que se ordena a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso pagar al señor nombre reservado los honorarios correspondientes por el período comprendido entre la notificación del acto de término del contrato (30 de octubre de 2018) y la fecha de término de la vigencia del contrato de prestación de servicios (30 de noviembre de 2018).

III.- Que se ordena comunicar lo resuelto a la Contraloría Regional de Valparaíso, para la eliminación del Registro.

IV.- Que la recurrida deberá pagar las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-10504-2018.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Mario Gómez Montoya, Sra. Teresa Carolina Figueroa Chandía y Sra. María del Rosario Lavín Valdés.