Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Ana Belén Valenzuela Gacitúa, abogada, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° NUM000, nacido el NUM001 de 2010, de 15 años, y en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Valparaíso, del Obispado de San Felipe de Aconcagua y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de asegurar estándares mínimos de seguridad, habitabilidad e intervención técnica idónea en la Residencia nombre reservado, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el adolescente nombre reservado se encuentra bajo medida de protección en la citada residencia desde enero de 2024 como consta en causa RIT X-45-2012 del Juzgado de Familia de San Felipe, presentando una situación de alta complejidad marcada por el consumo de sustancias y desregulación conductual. Señala que se han reportado episodios graves de violencia, incluyendo la detención del joven por porte de armas y la falta de acompañamiento institucional durante dicho proceso. Indica que la ejecución de la medida de protección se ha tornado ineficaz, evidenciando una falla estructural del sistema y del colaborador acreditado en sus deberes de custodia y gestión de riesgos.

Sostiene que los recurridos han tolerado la ejecución de la medida de protección en este contexto deficitario, desnaturalizando el fin restaurativo de la misma. Asevera que la omisión es ilegal por contravenir los deberes de protección especializada establecidos en las Leyes N° 21.302 y N° 21.430, además de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Argumenta que se afecta el derecho de propiedad sobre el estatus jurídico de bienestar derivado de la sentencia judicial de protección, el cual ha sido vaciado de contenido por la inacción estatal. Indica que no se han adoptado medidas proporcionales a la complejidad del caso, manteniendo al joven en un dispositivo que no garantiza su seguridad.

Termina solicitando se acoja la acción de protección, con costas, y se ordene lo siguiente: a) La designación de un administrador provisorio por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia respecto de la Residencia nombre reservado; b) La adopción de medidas urgentes de seguridad y control perimetral en el recinto; c) La elaboración y ejecución de un plan de reparación inmediata de la infraestructura del inmueble; y, d) Cualquier otra medida que esta Corte estime necesaria para salvaguardar la integridad física y psíquica del adolescente.

A folio 12, evacúa informe nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Familia de San Felipe, con fecha 10 de febrero de 2026, en relación con los recursos de protección Roles N° 1046-2026, N° 1048-2026, N° 1049-2026, N° 1063-2026, N° 1064-2026, N° 1066-2026 y N° 1187-2026, todos referidos a adolescentes ingresados en la Residencia nombre reservado. Expone que los recursos de protección dicen relación con siete adolescentes ingresados en la Residencia nombre reservado, siendo el colaborador y responsable de dicho centro el Obispado de San Felipe. Señala que la coordinadora del Programa Mi Abogado constató, en visita al centro residencial, graves deficiencias materiales de habitabilidad, abordaje técnico inadecuado, clima de violencia generalizado, uso de armas y consumo de sustancias.

Narra que el propio tribunal, a través de la jueza visitadora doña nombre reservado, advirtió estas deficiencias en visitas realizadas el 23 de abril, 25 de septiembre y 14 de octubre de 2025, sin que las medidas propuestas hayan sido cumplidas. Fundamenta que las instituciones encargadas han vulnerado los artículos 3.3, 20.1 y 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiendo la integridad física y psíquica de los adolescentes. Sostiene que los hechos son de larga data y de conocimiento del Servicio de Protección, a quien compete ejercer supervisión y adoptar medidas pertinentes. Solicita que se evalúe el cierre definitivo del centro residencial en un plazo no superior a treinta días. Requiere que se ordene el traslado de los adolescentes a centros cercanos a sus respectivas familias.

A folio 13, evacúa informe Nicolás Antonio de Jesús Barrera Ortiz, abogado, en representación del Obispado de San Felipe de Aconcagua. Menciona que la institución, como organismo colaborador, realiza gestiones continuas para fortalecer las condiciones de cuidado de los adolescentes. Alega que no existe ilegalidad en su actuar, defendiendo la idoneidad de la gestión institucional frente a las complejidades de la población atendida.

Sostiene que actualmente se desarrolla un proceso de traslado del dispositivo residencial a un nuevo inmueble en comodato, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Especializada y el Ministerio de Bienes Nacionales. Describe la situación del adolescente nombre reservado, quien se encuentra bajo control en la red de salud local por diagnósticos de TDAH y consumo de sustancias.

Alega que las situaciones de conflicto o riesgo no han sido ignoradas ni normalizadas, sino que se han desplegado acciones concretas que incluyen acompañamiento psicosocial, intervenciones individuales, coordinación con redes externas, activación de protocolos y comunicación con autoridades competentes. Sostiene que las actuaciones del Obispado de San Felipe y de la Residencia nombre reservado deben entenderse como parte de un proceso institucional legítimo, orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los adolescentes y a fortalecer de manera continua las condiciones de su cuidado. Finalmente pide rechazar el recurso interpuesto.

A folio 14, evacúa informe Nicolás Morales Palma, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sostiene que, conforme a los artículos 3 bis y 6 bis de la Ley N° 20.530 y al artículo 75 de la Ley N° 21.430, la Subsecretaría de la Niñez ejerce funciones de supervigilancia y fiscalización sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sin que ello implique administración directa de los dispositivos residenciales ni sustitución de las competencias operativas propias del Servicio. Indica que el Ministerio realizó una Fiscalización Programada comunicando sus resultados con planes de acción.

Fundamenta que la alegación de omisión ilegal supone inactividad absoluta frente a un deber jurídico concreto, lo que no concurre en la especie. Argumenta que extender la responsabilidad del Ministerio más allá de su ámbito competencial vulneraría el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección.

A folio 15, evacúa informe nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Valparaíso. Relata acciones de asistencia técnica y fiscalización realizadas, mencionando que la responsabilidad directa del funcionamiento técnico y operativo recae en el Colaborador Acreditado e invoca la imposibilidad material por sobrecupo sistémico. Aduce que la acción de protección es de carácter residual y subsidiario, siendo el Juzgado de Familia el competente para revisar el cumplimiento de la medida proteccional. Finalmente pide el rechazo íntegro de la acción.

A folio 22, evacúa informe nombre reservado, Defensor de la Niñez, en representación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Indica que se observó una infraestructura deteriorada, falta de condiciones de seguridad y una gestión técnica insuficiente para abordar la alta complejidad de los residentes. Concluye recomendando la adopción de medidas urgentes para subsanar las deficiencias detectadas, sugiriendo la intervención técnica y administrativa del proyecto.

A folio 16 se ordenó traer los autos en relación y luego de la vista de la causa, a folio 33, se ordenó como medida para mejor resolver, la constitución de las ministras integrantes de la Segunda Sala en las dependencias de la residencia, lo que se verificó el 23 de marzo de 2026, constatándose la situación del hogar, el deterioro de las techumbres, la precariedad de los dormitorios, la falta de personal y la inoperancia de los sistemas de seguridad.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que el recurso de protección, instituido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se configura como una acción constitucional de naturaleza cautelar y de emergencia, cuyo objeto primordial es brindar una tutela rápida y eficaz ante actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, perturben, priven o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales expresamente señaladas por el constituyente. Su finalidad es el restablecimiento inmediato del imperio del derecho frente a conductas antijurídicas que afecten un derecho constitucional preexistente y claro.

SEGUNDO: Que el asunto jurídico y material que esta Corte debe dilucidar se centra en determinar si la persistente inactividad institucional y la consecuente permanencia del adolescente nombre reservado en la Residencia nombre reservado —bajo condiciones estructurales, de seguridad y de dotación de personal precarias— constituye una omisión ilegal o arbitraria por parte de los organismos recurridos. El núcleo del conflicto reside en establecer si el Estado ha fallado en su deber de garante respecto de un sujeto de protección reforzada, y si dicha falta de condiciones mínimas alcanza la entidad suficiente para vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica asegurado por nuestra Carta Fundamental.

TERCERO: Que, previo a la decisión de la cuestión sustantiva reseñada, corresponde pronunciarse sobre la alegación de inadecuación de la vía proteccional planteada por el Servicio Nacional de Protección Especializada. Aquella cuestión debe ser desestimada desde luego, por carecer de fundamento en el marco de la tutela de urgencia y más aún tratándose de un adolescente en riesgo. La existencia de una sede jurisdiccional especializada para el seguimiento de medidas de protección no inhibe la competencia de esta Corte cuando se denuncia la transgresión de derechos fundamentales, donde la decisión en esta sede se configura como una herramienta de cautela complementaria a la actuación del tribunal de familia. Mientras esta judicatura constitucional califica la ilegalidad y ordena el restablecimiento del derecho conculcado, el Juzgado de Familia mantiene su atribución de supervigilar, en el marco de sus atribuciones ordinarias, la ejecución material de lo resuelto o disponer otras medidas en el ejercicio de su competencia, ya que el procedimiento en curso no altera el ejercicio de la jurisdicción correspondiente.

Adicionalmente, esta Corte debe desestimar la tesis que pretende excluir la intervención constitucional de protección bajo el argumento de que el asunto, al estar radicado ante un tribunal de familia, ya se encontraría sometido al imperio del derecho, pues si bien aquello resulta posible, en este caso, resulta formalista e insuficiente cuando la realidad fáctica demuestra que los mecanismos ordinarios han resultado ineficaces para detener una vulneración persistente. El imperio del derecho no se agota con la mera existencia de un procedimiento judicial en curso; por el contrario, se ve gravemente lesionado cuando, a pesar de dicho proceso, la amenaza a la integridad física y psíquica de un adolescente permanece inalterada por la inactividad de los órganos obligados.

En consecuencia, la sustanciación de una causa proteccional no puede ser invocada como un óbice procesal que prive a los ciudadanos de la tutela de urgencia que brinda la acción de protección, especialmente tratándose de sujetos de protección reforzada donde el Estado tiene un deber de garante ineludible.

CUARTO: Que, es posible señalar como hechos y antecedentes de la causa, los siguientes: 1.- Que, del informe evacuado por la jueza titular del Juzgado de Familia de San Felipe, doña nombre reservado, el diez de febrero de dos mil veintiséis, se desprende que el adolescente nombre reservado, de 15 años actualmente, se encuentra ingresado en la Residencia nombre reservado, tramitándose en su favor la causa de cumplimiento de medida de protección RIT X-45-2012 ante el Juzgado de Familia de San Felipe. A criterio de la jueza titular, los adolescentes de la residencia viven en condiciones de extrema precariedad, sin supervisión e intervención profesional adecuadas, no existiendo las condiciones mínimas de protección, lo que pone en riesgo la integridad física y psíquica de todos los jóvenes, habiendo transcurrido plazos razonables sin que se hayan enmendado las deficiencias denunciadas. La jueza visitadora había propuesto medidas en la visita extraordinaria de septiembre de 2025, las que no se cumplieron. 2.- Que, con ocasión de la inspección personal practicada por este tribunal el veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, en dependencias de la Residencia nombre reservado, y con lo informado en dicha oportunidad por el director de la residencia, señor nombre reservado, se pudo constatar que la Residencia nombre reservado, ubicada en DIRECCION000 de la comuna de San Felipe, opera desde el año 1991 como organismo colaborador acreditado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, bajo la administración del Obispado de San Felipe, atendiendo a adolescentes de género masculino entre 12 y 18 años, la mayoría en situación de abandono y sin familias presentes, por lo que no salen los fines de semana, realizando el equipo técnico gestiones de revinculación familiar cuando resulta posible.

Del acta de inspección personal practicada por las Ministras señora Carolina Figueroa Chandía y señora Nancy Bluck Bahamondes, en dependencias de la Residencia nombre reservado ubicada en DIRECCION000 de la comuna de San Felipe, se desprende, en lo informado por el Director de la residencia don nombre reservado, que la Fundación opera el dispositivo desde el año 1991 como organismo colaborador acreditado, atendiendo a adolescentes que en su mayoría se encuentran en situación de abandono, sin familias presentes o habidas, por lo que no salen los fines de semana, realizando el equipo técnico gestiones de búsqueda de familias y revinculación cuando ello resulta posible; que todos los adolescentes residentes se encuentran escolarizados en enseñanza media, sea en colegios regulares o en modalidad vespertina de nivelación, siendo el objetivo institucional que alcancen cuarto medio antes de cumplir dieciocho años. En cuanto al equipo, el psicosocial está conformado por dos duplas de trabajador social y psicólogo, y aproximadamente diez educadores de trato directo distribuidos en jornadas diurna, tarde y nocturna, con dos educadores por turno; existe una encargada de salud que gestiona atenciones médicas y administración de medicamentos; y la alimentación se basa en una minuta nutricional elaborada en conjunto con el CESFAM de la comuna.

El equipo técnico se reúne semanalmente con los educadores para programar las actividades de intervención y abordar situaciones de crisis.

Se informó, asimismo, la existencia de adolescentes con consumo de drogas en la residencia, sin que se cuente con expertos especializados en la materia, habiéndose establecido redes con SENDA para capacitación del personal con miras a una intervención posterior con los adolescentes.

En lo relativo a la infraestructura y a las condiciones del recinto, el acta consigna que la residencia cuenta con entre seis y siete habitaciones, principalmente individuales, encontrándose una de ellas clausurada con grandes grietas visibles en muros y ventanas rotas recubiertas con cintas que señalan peligro; que pese a operar el inmueble desde el año 1991, aún no cuenta con certificación del sistema eléctrico, y que en octubre de 2025 se presentó un proyecto de reparación que incluye techo, sistema eléctrico, habilitación de oficina para profesionales y pintura, sin que a la fecha de la diligencia se hubiera recibido respuesta sobre dicho proyecto, encontrándose en paralelo una gestión ante el Ministerio de Bienes Nacionales para la entrega en comodato de un inmueble que permita trasladar la residencia. En la sala de estar se observó cableado expuesto y desordenado sobre el mobiliario, deterioro severo de pintura en paredes y techo, y puertas con agujeros, destacando una con un forado de gran magnitud. En los baños se constató presencia extensa de hongos en azulejos, cerámicos y juntas, puertas rotas, interruptores eléctricos expuestos sin protección pese a encontrarse a la intemperie, cortina de ducha en mal estado, barra de soporte oxidada, acumulación crítica de moho negro en torno a la grifería, y, en el pasillo de acceso, un cilindro de gas licuado ubicado junto a un termo eléctrico, obstaculizando el tránsito y constituyendo un riesgo de seguridad. En las habitaciones se observó deterioro generalizado de puertas y marcos con rayados y perforaciones; una habitación con puerta abierta presentaba humedad activa en techo y paredes, con manchas de filtración cercanas a la instalación eléctrica; y otra habitación se encontraba con su techo cubierto por nylon negro para contener goteras, evidenciando una reparación provisoria e insuficiente. La sala de estudio presentaba el piso flotante fracturado, que cedía y se hundía al caminar, recubierto con un paño rojo para ocultar el daño estructural. El patio interior, pavimentado en radier de cemento, exhibía múltiples grietas y desniveles con riesgo de caídas, y la techumbre del área de lavandería, de planchas transparentes, se observaba quebrada y con perforaciones que permiten la entrada de agua. La oficina del equipo psicosocial presentaba señales de humedad en el techo cercanas a las luminarias. Se constató la existencia de al menos seis extintores con mantenimiento vigente. En general, se percibió olor a humedad y se informó la existencia de goteras en el techo durante época de lluvia en algunas habitaciones.

El acta también recoge, en lo informado por el equipo psicosocial, que justo enfrente del inmueble existe un bandejón central que divide la DIRECCION001 en dos sentidos, en el cual se ejercería prostitución, y que cruzando dicho bandejón se ubica una botillería, factores ambos advertidos como de riesgo para los adolescentes. Asimismo, el equipo manifestó que las reparaciones pendientes implican una gran inversión de fondos y que, al solicitar presupuestos, se genera un círculo de dependencias técnicas entre intervenciones —electricidad, techo y piso— que ha dificultado su ejecución.

Finalmente, en las observaciones finales del acta, las Ministras visitadoras dejaron constancia de que varios de los problemas que afectan a los adolescentes derivan de la mezcla de perfiles que conviven en la residencia, contando algunos con perfil netamente proteccional y otros con vida delictual iniciada, dificultades de salud mental y consumo de drogas. 3.- Que, tanto con el informe del Servicio de Protección Especializada y con la inspección personal de este tribunal se acredita que el equipo psicosocial de la residencia se compone de dos duplas de trabajador social y psicólogo, y un equipo de aproximadamente 10 educadores de trato directo distribuidos en jornadas diurna, tarde y nocturna, con dos educadores por turno. Del informe del Juzgado de Familia de San Felipe consta que en visitas realizadas en el año 2025 se registraba personal con licencias médicas sin reemplazo designado, incluyendo un trabajador social y un técnico en enfermería, y que la residencia se encontraba sin director titular, ejerciendo funciones un director subrogante.

Además, dicho organismo realizó un diagnóstico integral de la residencia mediante supervisiones técnicas, asistencia técnica y fiscalización, identificando alertas graves y deficiencias en infraestructura, recursos humanos y gestión técnica, habiéndose instruido un procedimiento sancionatorio mediante Resolución Exenta N° NUM002 de 13 de octubre del año 2025. El resultado de la fiscalización practicada fue calificado como negativo dada la constatación de hechos constitutivos de incumplimientos.

QUINTO: Que, entrando al fondo del recurso, y para resolver la controversia, es menester precisar el marco normativo y las obligaciones legales que pesan sobre cada una de las instituciones recurridas, las cuales configuran el bloque de legalidad inobservado en este caso: a) Respecto del Obispado de San Felipe de Aconcagua, corresponde precisar que este tiene la calidad de organismo colaborador acreditado, y detenta la responsabilidad jurídica y técnica de la ejecución directa del proyecto residencial. De conformidad con la Ley N° 20.032, que establece el sistema de subvenciones y regula el régimen de los colaboradores, el Obispado tiene el deber ineludible de respetar y promover los derechos fundamentales de los adolescentes sujetos de atención, ajustándose estrictamente a las normas técnicas y de seguridad vigentes. Asimismo, el artículo 24 inciso sexto de la Ley N° 21.302 establece expresamente que el director de la residencia asumirá el cuidado personal del niño, niña o adolescente, mandato legal que conlleva la obligación ineludible de mantener la infraestructura en condiciones de habitabilidad digna y de prevenir situaciones de riesgo para la integridad de los sujetos bajo su cargo, deberes que han sido gravemente desatendidos. Esta norma le otorga la posición de garante del adolescente. b) Respecto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con los artículos 1, 2 y 2 bis de la Ley N° 21.302, tiene por objeto garantizar la protección especializada y la restitución de los derechos de los niños y adolescentes, siendo su responsabilidad asegurar el desarrollo de programas diversificados y de calidad. El artículo 4 de dicho cuerpo legal establece que es un deber y responsabilidad del Servicio adoptar y reforzar todas las medidas necesarias para el pleno respeto de sus derechos y la efectividad de los mismos. En este sentido, la ley le otorga una posición de garante técnico y prestacional que no se extingue por la delegación de la ejecución en terceros; por el contrario, conforme al artículo 6 letra h) de la misma ley, y al artículo 2 numeral 4 de la Ley N° 20.032, el Servicio está obligado a fiscalizar y supervigilar de forma permanente la labor de sus colaboradores. c) Respecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 20.530, esta Secretaría de Estado tiene el mandato legal de velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio, formando parte del Sistema de Garantías y Protección Integral. El artículo 3 ter de la citada ley le encomienda expresamente la fijación de estándares para los organismos colaboradores y sus programas, incluyendo requisitos de infraestructura digna, adecuada y segura. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 21.302, el Servicio Nacional de Protección Especializada se encuentra sometido a la supervigilancia del Ministerio, el cual debe garantizar el cumplimiento de las normas que rigen su labor. Bajo las facultades otorgadas por los artículos 11 y 12 de la Ley N° 21.302, el Ministerio detenta una posición de garante superior en el sistema.

SEXTO: Que, a partir del análisis sistemático de la normativa expuesta y de los hechos materiales acreditados en los informes de visitas del Juzgado de Familia y de la propia inspección personal de esta Corte, corresponde atribuir responsabilidad a los servicios recurridos por el incumplimiento concurrente de las obligaciones legales que les asisten, configurando omisiones de carácter ilegal que resultan imputables a cada una de ellos en razón de su competencia.

En este sentido, el Obispado de San Felipe de Aconcagua ha inobservado el mandato de cuidado personal y resguardo de la integridad contenido en el artículo 24 inciso sexto de la Ley Nº 21.302, al ejecutar el acogimiento residencial en condiciones de inhabitabilidad y riesgo eléctrico y estructural. Por su parte, el Servicio Nacional de Protección Especializada ha incurrido en una omisión ilegal de su deber indelegable de garantía y restitución de derechos establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 21.302, al haber tolerado la permanencia del adolescente en un dispositivo que carece de los estándares mínimos de seguridad y al no ejercer la fiscalización técnica eficaz exigida por el artículo 6 letra h de su ley orgánica; y finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha faltado a su posición de garante superior y rector del sistema, toda vez que, detentando las facultades de promover y proteger el ejercicio de los derechos de la niñez según el artículo 1 de la Ley Nº 20.530 y la atribución de fijar estándares de infraestructura segura conforme al artículo 3 ter de la misma norma, omitió adoptar las medidas administrativas necesarias para prevenir la persistencia de fallas sistémicas que comprometieron la integridad del amparado, desatendiendo asimismo los deberes de supervigilancia y fiscalización previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 21.302.

Dichas omisiones configuran una infracción al bloque de legalidad que rige la protección de la niñez, resultando en una amenaza directa y actual a las garantías constitucionales de nombre reservado, específicamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica establecido en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que la inactividad de los órganos responsables ha transformado una medida de amparo judicial en una exposición a riesgos vitales y degradación de la dignidad humana.

SÉPTIMO: Que, lo señalado, como ya se indicó, evidencia la conculcación de las garantías constitucionales del adolescente nombre reservado.

En primer término, se acredita una infracción al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el primer numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la permanencia forzada del amparado en un inmueble afectado por colapsos estructurales y riesgos eléctricos ciertos, sumado a un entorno de violencia donde conviven armas y consumo de drogas, constituye una amenaza directa e inminente a su integridad. Resulta jurídicamente intolerable que el Estado, actuando como garante en un sistema de cuidado residencial, someta a un joven a un riesgo vital manifiestamente superior al que motivó su ingreso original al sistema, transformando la medida de protección en una forma de re-victimización sistémica que el derecho no puede permitir.

En segundo término, se constata la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley establecida en el segundo numeral de la citada disposición constitucional. El adolescente es objeto de un trato arbitrario y discriminatorio por parte de la administración, toda vez que se le obliga a residir en condiciones de insalubridad y peligro que contravienen el estándar mínimo de dignidad humana que el Estado se ha obligado a proveer mediante la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Esta omisión institucional priva al adolescente de un entorno que le permita un desarrollo evolutivo sano en igualdad de condiciones con otros sujetos protegidos, consolidando una diferencia de trato que carece de toda justificación racional.

OCTAVO: Que, asimismo, se verifica una perturbación grave al derecho a la protección de la salud asegurado en el noveno numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La precariedad habitacional y la humedad persistente impactan directamente en el bienestar físico del joven, mientras que el estado de alerta constante y un deterioro severo de su salud mental.

En consecuencia, la acreditada ineficiencia de la gestión administrativa y la persistencia de fallas estructurales críticas en la Residencia nombre reservado configuran una amenaza actual e inminente a la vida digna de nombre reservado, exigiendo la intervención de esta magistratura para restablecer el imperio del derecho. Al constatarse la ruina material y el riesgo vital del recinto, los servicios recurridos han incurrido en una omisión ilegal al incumplir su mandato de asegurar una oferta residencial suficiente y segura según previene el artículo 18 ter de la Ley Nº 21.302, lo que constituye una vulneración directa de su deber de resguardo reforzado sobre el amparado.

NOVENO: Que, por consiguiente, la falta de adopción de medidas idóneas para subsanar deficiencias que eran plenamente conocidas por los intervinientes, despoja a los adolescentes de la tutela efectiva que el Estado está obligado a brindarles, consolidando una privación ilegítima de sus garantías fundamentales, lo que hace ineludible la adopción de las providencias de urgencia que se dirán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 2, 9 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; Convención sobre los Derechos del Niño; Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada; Ley N° 20.032 que establece el sistema de subvenciones a colaboradores, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor del adolescente nombre reservado, en contra del Obispado de San Felipe de Aconcagua, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, disponiéndose las siguientes medidas de protección: 1.- Se ordena al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y al Obispado de San Felipe de Aconcagua proceder al cierre definitivo de la Residencia de Vida Familiar nombre reservado en un plazo fatal de 90 días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. 2.- Dentro del mismo plazo de 90 días, el Servicio Nacional de Protección Especializada y el Obispado de San Felipe deberán gestionar y materializar la habilitación de un nuevo centro residencial que cumpla estrictamente con los estándares técnicos, de habitabilidad y de seguridad exigidos por la Ley N° 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, asegurando un entorno digno y reparador para los residentes. 3.- El Servicio Nacional de Protección Especializada, en conjunto con el Obispado de San Felipe, deberá arbitrar los mecanismos para el financiamiento de este nuevo establecimiento a través de los programas existentes, debiendo recurrir a sistemas de financiamiento extraordinario si fuera necesario para garantizar la continuidad y calidad de la atención. 4.- Se ordena al Ministerio de Desarrollo Social y Familia supervigilar el cumplimiento efectivo de la medida de cierre y resolver administrativamente, en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez, la asignación y flujo de recursos para el financiamiento del nuevo centro residencial. 5.- El Servicio Nacional de Protección Especializada deberá asegurar el traslado del adolescente nombre reservado al nuevo dispositivo o a una alternativa de cuidado idónea, priorizando su estabilidad emocional y el cumplimiento de sus objetivos de egreso. 6.- Remítanse los antecedentes al Juzgado de Familia de San Felipe para que, en ejercicio de sus atribuciones ordinarias, en causa RIT X-45-2012 supervigile el cumplimiento material de estas medidas e informe mensualmente a esta Corte sobre su estado de avance hasta el cumplimiento de lo aquí resuelto.

Se previene que la Ministra señora Figueroa si bien concurre a la decisión, no estuvo por disponer el cierre del establecimiento, si no otorgar un plazo de ciento ochenta días para que los recurridos formularan y ejecutaran un plan de reparación del mismo establecimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Pedro García Muñoz.

N°Protección-1047-2026.