DISTRIBUIDORA DE CARNEOS Y COMESTIBLES S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SAN ANTONIO

Foja: 33 Treinta y tres C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 8 comparece nombre reservado Ignacio Monge Valdés, abogado, en representación de Empresa Distribuidora de Carneos y Comestibles S.A. o “Dicarco S.A.”, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Inspector Provincial de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, señor nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al haber dictado el Ordinario N° 620 de fecha 08 de noviembre de 2018, notificada el día 19 de noviembre del mismo año, y que no admitió a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa aplicada mediante resolución N° 1737/18/34-1,2,3 de fecha 19 de julio de 2018, reconsideración presentada el día 28 de agosto de 2018, rechazo que se fundó en no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación. Indica que dicho acto vulnera su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, puesto que la decisión fue arbitraria e ilegal pues conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, el plazo es de días hábiles y no corridos como arbitrariamente resolvió el Inspector.

Sostiene que dicho acto es ilegal, toda vez que la reconsideración promovida se trata de un recurso entablado en la etapa administrativa, razón por la cual si no existe norma expresa al respecto, se aplica la disposición supletoria del art. 25 de la Ley N° 19.880, que determina el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, que prescribe que éstos son de días hábiles y aclara que no son hábiles los sábados, domingos y festivos, norma especial que prima sobre la regla común prevista en el Código Civil, razón por la cual el recurso fue interpuesto en tiempo y forma.

Agrega que, además, es arbitrario, dado que si bien en el acto recurrido se expresa que el recurso no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos desde su notificación, no se invoca disposición alguna que lo fundamente.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida acoger a tramitación el recurso de reconsideración.

A fojas 18, comparece informando el recurso nombre reservado, funcionario público, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, quien hace una relación de los hechos que motivaron la aplicación de multa administrativa a la empresa reclamante, señalando que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo establecido, ya que habiéndose notificado la multa mediante carta certificada vía Correos de Chile, depositada con fecha 10 de julio de 2018, se recurre administrativamente el 28 de agosto de 2018, es decir, fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador.

Agrega que el recurso de autos resulta inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial, de manera que si no se utiliza este procedimiento, no puede emplearse el recurso de protección, puesto que este no constituye un sustituto jurisdiccional.

Refiere que la resolución recurrida se ha ajustado a los procedimientos establecidos, apegándose a la legalidad vigente. Agrega que el artículo 512 del Código del Trabajo señala un plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa.

Hace mención al dictamen N° 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009 de la Contraloría General de la República, que ha señalado que el plazo es de 30 días corridos.

No obstante lo expuesto, señala que con fecha 16 de octubre de 2018, mediante dictamen N° 25.891, la Contraloría General de la República reconsidera el Dictamen 64.985 de 2009, estableciendo que el plazo previsto por el artículo 512 del Código de Trabajo es de días hábiles administrativos.

Señala además que para que sea procedentes un recurso de protección, se requiere la verificación concreta e indubitada de un derecho o garantía conculcada por un acto arbitrario e ilegal, lo que no ocurre en la especie, pues el único hecho imputable es haber aplicado el criterio impartido por la Contraloría General de la República, vigente a la época en que se emite el ordinario, respecto de un recurso de reconsideración administrativa.

Por resolución de fs. 25 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario Nº 620, de fecha 08 de noviembre de 2018, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 1737/18/34-1,2,3, de fecha 21 de junio de 2018, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

Tercero: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y al criterio impartido por la Contraloría General de la República, vigente a la época en que se emite el ordinario, y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

Quinto: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedentes allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 28 de agosto de 2018, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 19 de julio de 2018, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

Sexto: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 8 por nombre reservado Ignacio Monge Valdés, abogado, en representación de Empresa Distribuidora de Carneos y Comestibles S.A. o “Dicarco S.A.”,en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 28 de agosto de 2018, deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Nº 1737/18/34-1,2,3, de fecha 21 de junio de 2018.

Acordada con el voto en contra de la Ministro Sra. Letelier, quien estuvo por rechazar el presente recurso, atendido que a la fecha en que el recurrente presentó la solicitud de reconsideración administrativa de multa, esto es, el 28 de agosto de 2018, la Contraloría General de la República no había emitido el Dictamen Nº 25.891 que modifica las instrucciones vigentes mediante Circular Nº 73 de fecha 06 de junio de 2010, la cual tiene como antecedentes el Oficio Nº 64.985, dictamen que señala que el plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles. En consecuencia, la recurrida a la fecha de la presentación de la solicitud de reconsideración administrativa de multa, actuó de conformidad a la normativa legal vigente a esa fecha, como a los dictámenes de la Contraloría General de la República, resoluciones que le resultan vinculantes, de modo que no existió arbitrariedad o ilegalidad en la dictación del Ordinario Nº 620 que recayó en la solicitud de reconsideración administrativa, que por esta vía se reclama.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-10382-2018.

En Valparaíso, veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.