Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que, a folio 1 se recurrió de protección en favor de nombre reservado, cubana, contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de rechazar la solicitud de residencia temporal de la recurrente, mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de julio de 2025, perturbando el derecho constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidos en los artículos 19 números 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que, nombre reservado teniendo ya residencia definitiva, optó por realizar la postulación de la recurrente, su cónyuge, a residencia temporal por reunificación familiar, cumpliendo los requisitos para ello y, siendo un deber del Estado promover la protección de la unidad de la familia, conforme al artículo 19 de la Ley 21.325, sobre Migraciones.

Refiere que, el 9 de julio de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM000 del Servicio Nacional de Migraciones, se informó a la actora el rechazo de la solicitud de residencia al no presentar certificado de antecedentes del país de origen original, legalizado por el consulado chileno en el país de origen o debidamente apostillado, de acuerdo al artículo 11 letra b) del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Arguye que, el 2 de octubre de 2024 la recurrente remitió la información requerida al Servicio Nacional de Migraciones y la recurrida, haciendo caso omiso a la información remitida en original, y por los canales dispuestos, encontrándose los documentos legalizados y traducidos. Agrega que, aun cuando se trate de actuaciones de órganos que no ejercen jurisdicción, son exigibles los requisitos que garantizan un racional y justo procedimiento, lo que se concreta en el respeto a principios fundamentales destinados a proteger al individuo frente al poder estatal.

Solicita dejar sin efecto la Resolución Administrativa que dispone su abandono del país, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones el restablecimiento del imperio del derecho, retrotrayendo el proceso administrativo y dándole continuidad, permitiendo a mi representado complementar los antecedentes de que dispone la recurrida o, en su defecto, realizar una nueva postulación.

Que, a folio 19 se evacúa el informe por el Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo la excepción de incompetencia y alegando la extemporaneidad de la acción. En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción, indica que el 5 de mayo de 2024 la actora solicita residencia temporal por primera vez, por motivos económicos, para desarrollar actividades licitas remuneradas y que mediante comunicación electrónica Folio N° NUM001, del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 15 de mayo de 2024, se notificó a la extranjera, que su solicitud de encontraba incompleta con documentación insuficiente. Agrega que, el 2 de octubre de 2024, la extranjera sube al portal, certificado de antecedentes penales vigente hasta 15 de febrero de 2025, traducido y legalizado, además de comprobante de envío de carta certificada, sin embargo, este Servicio recibe copia de dicha documentación y no el original.

Señala que, se le remite notificación electrónica de 11 de marzo de 2025, comunicando que su solicitud sería rechazada en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley de Migración y Extranjería, otorgando el plazo de 10 días para subsanar su solicitud. Refiere que, el 24 de marzo de 2025, sube al portal de tramites de este Servicio, el mismo documento que le fue enviado, es decir, la comunicación electrónica, no dando cumplimiento a lo requerido por la autoridad.

Que, no habiéndose subsanado la solicitud, se dicta la Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de julio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó su solicitud de residencia temporal, al no presentar adecuadamente el certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Finaliza indicando que acto impugnado no impuso sanción alguna -orden de abandono, expulsión, prohibición de ingreso u otra medida restrictiva-, susceptible de afectar futuras solicitudes de la recurrente, no existiendo sanción migratoria, la normativa le permite formular nuevamente la petición tan pronto reúna los antecedentes requeridos.

Que a folio 20, se ordenó traer autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la excepción de incompetencia:

Primero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, opone la excepción de incompetencia fundado en que la recurrente al realizar su solicitud de residencia temporal señala domicilio fuera del territorio de la República, no registrando ante el Servicio domicilio alguno en esta jurisdicción.

Segundo: Que, la alegación de incompetencia será desestimada, teniendo presente, habiéndose declarado admisible la presente acción habilita a este Tribunal de Alzada a conocer del arbitrio y, en segundo lugar, por haber esta Corte prevenido en el conocimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales.

II.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Tercero: Que, la acción no resulta extemporánea, toda vez la actuación que se denuncia produce efectos permanentes e n los derechos de la actora de manera que, al momento de haber sido interpuesta, lo fue dentro del plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

III.- En cuanto al fondo del asunto:

Cuarto: Que, mediante el presente arbitrio constitucional, se cuestiona la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de julio de 2025 que rechaza la Solicitud de residencia temporal, emanada del Servicio Nacional de Migraciones, por no presentar certificado de antecedentes del país de origen original legalizado por el consulado chileno en el país de origen o debidamente apostillado.

Quinto: Que, el Servicio recurrido, señala que no ha actuado ilegal o arbitrariamente pues la resolución exenta alegada, fue dictada conforme a la normativa vigente, y que el rechazo se fundamenta en que la solicitante no acompañó en su oportunidad la documentación requerida consistente en el certificado de antecedentes penales del país de origen, requisito para obtener la residencia solicitada.

Cuarto: Que, de los antecedentes se desprende que la recurrente acompañó certificado de antecedentes penales a su país de origen, debidamente legalizado y apostillado, con traducción oficial, el cual tenía una vigencia desde el 6 de agosto de 2024 al 15 de febrero de 2025, el cual según reconoce el propio Servicio fue acompañado al portal de trámites digitales, el 2 de octubre de 2024, lo que demuestra la intención de la actora por dar cumplimiento a lo requerido.

Quinto: Que, de lo expuesto ene el considerando anterior se desprende un actuar carente de razonabilidad por parte del Servicio recurrido, pues fue puesto en su conocimiento el certificado de antecedentes penales de la actora, si bien no se realizó por la vía solicitada, esto es por carta certificada, la remisión por correo certificado no constituye un requisito legal para desestimar la solicitud de la actora, máxime si esta se encuentra en Haití, siendo un hecho público y notorio la situación sociopolítica de este país y las dificultades que ello significa para sus nacionales, razón por la que se acogerá el presente arbitrio.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de julio de 2025 se ordena al Servicio Nacional del Migraciones otorgar un nuevo plazo de ciento ochenta días para que la recurrente acompañe lo solicitado por el Servicio, debiendo pronunciarse el órgano migratorio respectivo, una vez cumplido lo anterior.

Decisión acordada con el voto en contra de la Ministra (S) señora Ingrid Alvial Figueroa, quine fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por las siguientes consideraciones: 1°) Que, el artículo 88, numeral 1 de la ley 21.325 dispone: “Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes no cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad a lo establecido en el artículo 70”.

Por su parte, el artículo 11 letra b) de Decreto 177, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, dispone: “Sin perjuicio de los requisitos específicos requeridos en cada subcategoría migratoria, y salvo mención expresa en contrario, deberán adjuntarse a toda solicitud los siguientes documentos: b) En el caso de los solicitantes que según la ley chilena sean mayores de edad, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años. En caso que la residencia en un país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos 5 años, deberá adjuntarse el certificado o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes de los diferentes países en los que haya residido durante dicho periodo.” 2°) Que, consta que el recurrido, al considerar que la solicitud se encontraba incompleta, concedió un plazo de 10 días para que el actor subsanara la falta, mediante comunicación electrónica folio N°NUM002 de 11 de marzo de 2025, lo que en definitiva no aconteció, dictándose la consecuente resolución exenta que por esta vía se impugna y que tuvo por desistida su solicitud. 3°) Que, de lo señalado precedentemente es posible concluir que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la ley y se encuentra fundada, pues el actor no acompañó en su oportunidad el certificado de antecedentes penales requerido por el Servicio, de manera que no cabe calificar de ilegal y arbitraria la actuación de la Autoridad Administrativa.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada, y en su oportunidad archívese.

N°Protección-103-2026.

En Valparaíso, catorce de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.