nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, a favor de nombre reservado, venezolana, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por haber dictado la Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, mediante la cual se rechaza solicitud de permanencia definitiva y se otorga visa de residencia temporaria, recurrida por ilegal y arbitraria, debido a que vulnera el principio de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República y pide sea dejada sin efecto y se disponga que la recurrida solicite los antecedentes que se requieran para realizar una nueva revisión de los mismos y dictar el acto que corresponda.

Indica que la recurrente ingresó al país en calidad de turista, modificando su situación migratoria a residente temporario. De este modo, con fecha 23 de julio de 2019, y previo al vencimiento de su visa como residente temporario, solicita el beneficio de permanencia definitiva, según consta en comprobante de solicitud N° 979434 Código: 1337369.

En ese sentido, indica que fue notificado de Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, mediante la cual se rechaza su solicitud de permanencia definitiva y se otorga una visa de residencia temporaria, por considerar que la actora carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, precisando textualmente lo siguiente: “4.- Que, si bien el solicitante cumple con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso 1° de su Reglamento, se ha determinado que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación comprendido entre el 27/07/2018 al 27/07/2019, y según la información plasmada en los certificados de cotizaciones remitidos, dan cuenta que, para diciembre de 2018 y enero 2019 registra pagos provisionales inferiores al salario mínimo y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, incurriendo en lo preceptuado en el artículo 64 N°4 de la Ley 1094 de 1975, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería, por lo que no es posible otorgar el permiso de residencia solicitado”

En ese orden de ideas, indica que la recurrente apenas logró tomar conocimiento de que su solicitud de permanencia definitiva fue rechazada 2 años, 6 meses y 22 días después de haber realizado la solicitud en línea a través del portal de trámites extranjería, la recurrida en ningún momento le solicitó antecedentes adicionales durante su tramitación, por lo que la solicitud en referencia avanza a etapa final de análisis resolutivo, lo que implica que la autoridad migratoria ha realizado una revisión exhaustiva de los documentos adjuntados, todo lo cual ha debido considerar como suficiente, si se toma en cuenta que no requirió reparo alguno durante el proceso.

En virtud de lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de precisar que, no debería el Departamento de Extranjería y Migración invocar en la resolución como causal de rechazo, que el recurrente carece de recursos que le permitan vivir en Chile, sin antes haberle requerido antecedentes adicionales, que le permitiera acreditar su verdadera situación económica, a los fines de poder desvirtuar esta falsa convicción, tomando en cuenta que, lo alegado no se corresponde con la realidad económica de la recurrente, quien cuenta con suficientes recursos económicos, y a quien se le ha vulnerado su derecho, por no haberle indicado con anterioridad que existiera una falta en su solicitud que debía subsanar, ni mucho menos se le otorgó un plazo específico para ello, conforme lo ordena el artículo 31 de la Ley 19.880.

En concordancia con lo planteado, precisa que, la recurrente cumple con todos los requisitos de Ley para el otorgamiento del beneficio migratorio de permanencia definitiva, siendo el caso que cuenta con suficientes recursos económicos que le permiten costear su residencia en el país, considerando que, actualmente cuenta con un trabajo estable, en el que se desempeña como Gestor de Ventas, para la Empresa de Consultora y Administradora de Recursos Humanos S.A., en la cual presta sus servicios desde el 28 de enero de 2021, con un contrato de trabajo que se encuentra vigente y es de carácter indefinido.

Solicita en definitiva se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida por ilegal y arbitraria, a los fines de que decida conforme a derecho la solicitud formulada, esto es que se soliciten los antecedentes que sean requeridos al recurrente, con el propósito de realizar una nueva revisión documental de su solicitud, que permita a la autoridad migratoria tomar una decisión ajustada a la realidad, y en general adoptar todas las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 9, evacua informe el Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, solicitando desde ya el rechazo de la misma en todas sus partes, ya que no existe o ha existido acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente solicitó su permiso de permanencia definitiva en nuestro país mediante la plataforma virtual confeccionada para tales efectos por la autoridad, acompañando los documentos y antecedentes respectivos a una solicitud de estas características. Luego, y al tratarse de una solicitud de visación, correspondía entonces aplicar aquellas reglas de procedimiento contenidas en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N°597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, el Decreto Ley N°1.094. Respecto de la situación de la extranjera, la autoridad mediante Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, procedió a rechazar la solicitud de permanencia definitiva a su respecto, ya que fue posible acreditar que la extranjera de marras se encontraba en aquella situación señalada en el artículo 64 N°4 de la Ley de Extranjería, en relación con lo dispuesto en el artículo 15 N°4 del mismo cuerpo legal, a consecuencia de que no pudo demostrar aquella estabilidad económica necesaria para no constituir una carga social en nuestro país. Así está expresado de manera fundada en el considerando cuarto de la respectiva resolución de rechazo.

Así las cosas, y al encontrarse en la situación anterior, correspondía entonces rechazar la solicitud presentada por la extranjera, en razón de lo dispuesto en el artículo 64 N°4 del Decreto Ley N°1.094, Ley de Extranjería, “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 4.- Los que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N° s 4 o 5 del artículo 15;”. A su vez el artículo 15 N°4 señala: “Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: 4.- Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad procedió a otorgar a la extranjera de marras visación temporaria por el plazo de un año, encontrándose por tanto en situación migratoria regular en nuestro país, y debiendo por tanto realizar la descarga del estampado electrónico de sus visaciones.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: El recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional. En ese orden de ideas, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario por parte de la recurrida corresponde a la Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, mediante la cual se rechazó su solicitud de Visa de Permanencia Definitiva, otorgándole una visa temporaria.

Tercero: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos por la recurrente y por la recurrida en su informe, se advierte que del tenor de la resolución exenta que fue impugnada por esta vía, el motivo de fondo para proceder a su rechazo dice relación a que la solicitante no acreditó estabilidad económica durante el periodo comprendido entre el 27 de julio 2018 al 27 julio de 2019, es decir, se niega la solicitud de visa definitiva recién el 10 de febrero de 2022, en atención a una situación acontecida hace, a lo menos, tres años atrás, sin tener en consideración, los cambios en la situación de la recurrente.

A lo anterior, se debe adicionar que conforme a las facultades que le confiere a la recurrida el artículo 135 del Reglamento de Extranjería aplicable a la fecha del acto impugnado, además, la autoridad contaba con las facultades para requerir documentación actualizada sobre el punto cuestionado, lo cual no hizo y se basó en información temporalmente desfasada al momento de tomar su decisión.

Cuarto: Así, en las condiciones antes descritas, en concepto de esta Corte, el acto impugnado, esto es, la Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, mediante el cual se rechazó su solicitud de Visa de Permanencia Definitiva, otorgándole una visa temporaria, resulta un acto arbitrario e ilegal, el cual es atentatorio de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, a saber, la igualdad ante la ley, por cuanto se ha actuado a su respecto en forma discriminatoria, desde que todo solicitante de visa tiene derecho a que se resuelva su petición en base a antecedentes vigentes, lo que en este particular caso no ha ocurrido de modo que el presente arbitrio se acogerá, con la finalidad que se continúe adelante con el proceso de tramitación de visa definitiva respecto de la afectada, dejándose sin efecto la resolución que ha sido impugnada por esta vía.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dejándose sin efecto la Resolución Exenta Nº 13947, de fecha 10 de febrero de 2022, a través de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente y, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa, la autoridad de extranjería deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes de la actora, debiendo permitir que la interesada pueda acompañar ante dicha institución todos los antecedentes que le sean requeridos para evaluar su situación económica actual y dictar la resolución terminal que corresponda.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Servicio Nacional de Migraciones la sentencia dictada con esta fecha conjuntamente con los documentos acompañados por el recurrente a folio 1 y, archívese en su oportunidad.

N°Protección-10188-2022.