ISS SERVICIOS GENERALES LTDA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA

Foja: 62 Sesenta y dos J.v.p.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

A fojas 13, comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES, RUT RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, representada por don nombre reservado, o quien la reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto con fecha 5 de enero del 2018 dictó el Ordinario número 32, en la que se niega la reconsideración de multa ingresada a la Dirección del Trabajo el 20 de noviembre del 2017, manteniendo firme la multa cursada a su representada, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales del art. 19 N°3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y art. 19 N° 24, derecho de propiedad.

Expone que con fecha 2 de octubre de 2017, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Limache, don nombre reservado, dictó la resolución número 6256.17.74, notificada a su parte el día 17 de octubre del 2017, por medio de la cual se aplicaron 2 multas administrativas a su representada por los siguientes hechos: 1. “No pagar las horas extraordinarias”; 2. “No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de Trabajo”.

Con fecha 20 de noviembre de 2017, se ingresó a la Dirección del Trabajo, formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener una rebaja sustancial de las multas a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa.

En la solicitud de recurso administrativo, se exponen argumentos que dan cuenta de que la infracción fue subsanada. Sin embargo, la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, al momento de resolver la solicitud formulada por su mandante, no decide dar curso a ella considerando en el Ordinario N° 32 de fecha 5 de enero del 2018 que: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Sostiene que nuestra Constitución Política contempla en el Nº 3 del artículo 19 el derecho que tiene toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos. En este orden de ideas, existe una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 de abril del año 2013, N° Ingreso 11-2013 que concluye que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen como debe computare el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior, y ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley N° 19.880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados domingos y festivos. Mismo razonamiento utilizó la Corte Suprema en los fallos: Rol N° 2789- 2013 de fecha 20 de junio del año 2013; Rol 4015-2015 28 de abril de 2015 y Rol 8727-2015 de 16 septiembre de 2015, Rol 314-2017 30 de marzo 2017, recurso interpuesto por otra sociedad ISS, y el más reciente, también de otra Empresa del Holding Rol 30254-2017, fallada el 16 de octubre de 2017.

Estima que de esta forma, la recurrida no sometió su actuación a las normas legales aplicables a su labor, dictadas conforme a la Constitución Política de la República, y excedió la órbita de su competencia, por cuanto determinó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que se encuentra absolutamente dentro de los plazos fijados para tal actuación.

Aduce que la Inspección Provincial del Trabajo de Marga-Marga decide -por si- que su representada está incurriendo en una falta y que el recurso fue presentado fuera de plazo, sin contar con ningún elemento que le permita llegar a esa conclusión, lo anterior resulta de la mayor gravedad y es claramente un acto arbitrario e ilegal.

Agrega que la resolución mencionada es totalmente improcedente conforme a los hechos y contraria a las normas de derecho que regulan la materia, tal como se explica en este recurso de protección y en lo resuelto por las diversas Cortes de Apelaciones del país y la propia Excma. Corte Suprema en innumerables fallos de recursos de protección, ya que la autoridad administrativa recurrida, a través de la resolución señalada está desconociendo el contenido mínimo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recursos administrativos. En definitiva, concluye que la Inspección Provincial del Trabajo de Marga-Marga ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su representada.

Menciona que en materia de derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley permite expresamente realizar, principio de juridicidad o legalidad, que en materia de órganos del Estado está establecido en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República de Chile. Particular interés tienen las normas de los incisos 1º y 2º de cada artículo, que previenen, Artículo 6º inciso 1º: "Los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella".

"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo".

Artículo 7º inciso 1º: "Los órganos del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley".

"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".

Finalmente, sostiene que la Inspección Provincial del Trabajo de Marga-Marga, no sometió su actuación a las normas legales dictadas conforme a la Constitución y excedió la órbita de su competencia, por cuanto no debió resolver como lo hizo, al desconocer un derecho a su representada que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia.

Considera que con la resolución pronunciada el funcionario recurrido afecta gravemente el derecho de propiedad de su representada, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar a una multa de 100 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, en consecuencia se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución N° 32 de fecha 5 de enero de 2018, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa N° 6256.17-74 cursada a su representada por la suma de 100 UTM, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que se estime pertinentes, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

A fojas 21, comparece don nombre reservado, Inspector del Trabajo Marga Marga (Quilpué), informando al tenor del recurso, solicitando su rechazo. Señala que con fecha 01 de septiembre de 2017 se genera fiscalización N° 0516/2017/151, y que producto de la misma se cursó la multa 6256/2017/74-2-2 por 60 y 60 UTM respectivamente, resultando como contrapartida que la recurrente dedujo solicitud de reconsideración de multa administrativa, sin embargo tal presentación la efectúa fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado la multa con fecha 17 de octubre de 2017, se recurre administrativamente el día 20 de noviembre, es decir fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador. Atendido lo anteriormente expuesto, se dictó el ordinario N° 32 de fecha 05 de enero de 2017, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

Señala que resulta necesario tener presente que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo. En consecuencia, el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley, no pudiendo ser utilizado como un sustituto jurisdiccional.

Agrega que el Ordinario reclamado en ningún caso ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectúa presentación al día 34 es decir, cuatro días después de expirar el plazo.

Refiere que el ordenamiento jurídico le franquea al afectado con la aplicación de una resolución de multa la posibilidad de reclamar administrativamente de las mismas ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, en otras palabras, el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso segundo del art. 512 del mismo cuerpo legal, al tenor de lo expuesto el recurso, necesariamente, deberá ser rechazado por la absoluta inadmisibilidad de la acción cautelar, en atención a la naturaleza del acto recurrido.

Sostiene que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, ni el fiscalizador actuante ni la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, actuaron en forma arbitraria ni ilegal.

Agrega que como consta del expediente administrativo, la resolución de multa administrativa número 6256/2017/74-1-2 aplicada por el Fiscalizador, se notificó el día 17 de octubre de 2017, el término fatal para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día 16 de noviembre de 2017 y con fecha 20 de noviembre de 2017, la recurrente ingresó a través de oficina de partes de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, solicitud de reconsideración administrativa de la multa 6256/2017/74-1-2, cuyo término para su interposición había vencido cuatro días antes, siendo en tal sentido abiertamente extemporánea.

El Ordinario N° 32 de fecha 05 de enero de 2017 de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustado a derecho, tanto es así que, la Contraloría General del República, mediante dictamen N° 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa.

Sostiene que, conjuntamente con lo anterior, se debe tener en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicados en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo, en efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público, lo que se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 11.764, norma actualmente vigente, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público.

Además, manifiesta que el formulario, mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, a saber, formulario N° 10 (F-10) es explícito y claro en señalar dentro del ítem "NOTAS IMPORTANTES", "Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de la multa".

Luego, indica que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, según da cuenta fallo emitido por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta ROL ICA número 57-2012 y que en el plano interno la Circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2012, emitida por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo ha resuelto que el plazo para solicitar los recursos administrativos de reconsideración y de sustitución conforme al artículo 511 y 506 ter del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, concluyendo la total carencia de arbitrariedad en la actuación del funcionario de ese Servicio, permitiendo a su parte sostener que la resolución que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno ha podido privar, perturbar o amenazar el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente.

Expone que es menester indicar que la Dirección del Trabajo solicitó en su oportunidad, la reconsideración del dictamen N° 64.985, de 2009, en la parte en que éste concluye que es de días corridos el plazo de 30 días, establecido en el artículo 512 del Código del ramo, para reclamar en contra de las multas cursadas por los inspectores del trabajo, y la Contraloría ratificó en todas sus partes lo informado en el dictamen N° 64.985, de 2009.

Refiere que el hecho de que la norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente, en la situación en estudio, que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley N° 19.880, en cuya virtud "los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos". En efecto, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1° de la ley N° 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar.

El ordinario tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, como pasa a demostrar: La Constitución Política consagra en los artículos 6o y 7° el denominado "principio de legalidad", el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, es decir, los órganos del Estado, dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho.

Finalmente solicita tener por informado el recurso de protección deducido, y en definitiva rechazarlo por ser absolutamente improcedente en los términos señalados, con costas.

A fojas 56, se ordenó traer éstos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que en la presente acción la recurrente considera que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal, pues le ha dado el carácter de plazo de días corridos a un plazo legal que si bien la propia disposición que lo contiene no lo señala, del contexto de la normativa se infiere que son de días hábiles, lo que afecta el derecho de propiedad de su representada, ya que se la obliga a pagar una multa de 100 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo.

Tercero: Que la recurrida al informar, sostiene que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, en consecuencia y habiendo sido notificada la recurrente el día 17 de octubre de 2017 de la aplicación de multa, presenta reconsideración de multa el día 20 de noviembre del mismo año, siendo extemporánea su presentación.

Cuarto: Que de acuerdo a lo que prevé el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción de protección se puede deducir, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer, ante la autoridad o los Tribunales correspondientes, por lo tanto, es procedente esta acción cautelar aun cuando puedan existir un procedimiento especial regulado por el legislador.

Quinto: Que la Excma. Corte Suprema, principalmente en la causa Rol N°2789-2013, resolvió que “el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código Laboral para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”.

Sexto: Que adicionalmente no puede admitirse el argumento de la recurrida, en cuanto a que se limita a sujetarse a una interpretación obligatoria emanada de Contraloría, porque ese parecer administrativo ha sido ya reiteradamente desvirtuado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, y tratándose de una interpretación de un precepto legal, debe prevalecer la decisión judicial, también para la Inspección del Trabajo, que no puede persistir en un acto que ya ha sido judicialmente calificado de ilegal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre materia, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 13, por Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga y en definitiva se dispone que se deja sin efecto el Ordinario N° 32, de fecha 05 de enero de 2018, y se dispone que dicho órgano de la Administración del Estado deberá dar tramitación a la reconsideración interpuesta por la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-1009-2018.