Protección contra Universidad De Las Américas

Foja: 52 Cincuenta y Dos Vim.

C.A. Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar la abogado doña Karla Ayala Sánchez, 20 minutos por el recurso. Valparaíso, veintidós de abril de dos mil dieciséis.

Rol N° 1003-2016.

nombre reservado

Relator Valparaíso, veintidós de abril de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 5, comparece don nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Universidad De Las Américas, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal consistente en impedirle la matrícula para el período académico 2016, siendo ello comunicado por última vez de manera verbal el día 26 de febrero del presente año.

Expone que en diciembre del año 2010 suscribió con la recurrida un contrato de prestación de servicios educacionales para cursar la carrera de Derecho, otorgándosele por ésta en dicha oportunidad la Beca Familia y Trabajo que equivalía al 20% del arancel anual, debiendo sólo cancelar la diferencia de valor; agregando que posteriormente durante los años 2011, 2012 y 2013, estudió sin inconvenientes, atendido que a fines del año 2011, postuló al crédito universitario con aval del Estado, que le permitió rebajar el pago del arancel anual desde el año 2012, siendo ésta su principal fuente de financiamiento.

Sin embargo, refiere que por motivos personales congeló su carrera durante el primer semestre del año 2014, volviendo luego a matricularse para el segundo semestre del mismo año, sin que le fuera considerada la Beca otorgada por la recurrida, ni el crédito con aval del Estado, debiendo en consecuencia financiar dicho semestre con sus propios ingresos; precisando, acto seguido, que al matricularse para el año 2015, nuevamente no le fue considerada la aludida Beca, sino sólo el crédito con aval del Estado, teniendo que financiar entonces la diferencia de arancel correspondiente a cerca de $1.000.000.- Sostiene que se atrasó en el primer semestre del año 2015, y que para poder cargar sus ramos para el segundo semestre de dicho año, tuvo que pagar su deuda con dos cheques por un monto total de $1.550.000.-, que hasta la fecha no ha podido cubrir; a lo que añade que adeuda otras cuatro cuotas del segundo semestre del año 2015, que suman un total cercano a $200.000.- pendientes también de pago; lo cual ha sido un obstáculo para que la recurrida le permita matricularse durante el año 2016, al explicarse por ésta que la causa de dicha medida es única y exclusivamente la existencia a su haber de una deuda de $1.750.000.-, pese a que en diversas ocasiones se ha acercado a la institución recurrida a fin de regularizar su situación contractual y obtener alguna fórmula de pago en mensualidades, sin obtener respuestas favorables.

Señala que reconoce su obligación con la recurrida, y que se encuentra dispuesto a pagar íntegramente la deuda, además de los intereses que legalmente correspondan, pero que no puede pretenderse por la Universidad que a causa de dicha deuda deba dejar de estudiar en el que sería el último año de sus estudios, perjudicando su continuidad y proceso de egreso y posterior titulación; y ello sin perjuicio de hacer presente que cerca del 70% del arancel anual de su carrera fijado y cobrado por la recurrida, se encuentra financiado por el crédito con aval del Estado.

Reclama que la actuación de la recurrida de prohibirle la matrícula para el año 2016, constituye una actuación ilegal y arbitraria, al no encontrarse fundada en norma o fundamento legal alguno, sino que por el contrario en contravención a las normas consagradas en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Carta Fundamental. En efecto, y en relación a la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la Republica que consagra el derecho de igualdad ante la ley, sostiene que la medida tomada por la recurrida es discriminatoria y aplicada en base a su incapacidad de poder solventar una deuda, sus dificultades económicas y al hecho de provenir de una familia que no tuvo a su alcance los recursos para pagar una deuda; lo cual no responde a un criterio de racionabilidad, ni de legalidad, sino de discriminación arbitraria, pretendiéndose más bien con la medida adoptada por la recurrida sustituir otros recursos y procedimientos que podrían ser procedentes en este caso para cobrar judicialmente la deuda.

Por su parte, acusa que la actuación de la recurrida también ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental consistente en el derecho de propiedad sobre bienes incorporales y, en este caso, sobre su matrícula, la que califica como un bien incorporal que al celebrarse el respectivo contrato de matrícula, se incorpora al patrimonio del estudiante como un derecho incorporal a que se preste el servicio convenido; por lo que la medida adoptada por la recurrida constituye una grave vulneración de esta garantía fundamental afectándola en su esencia al impedirse su ejercicio.

Aduce que la naturaleza jurídica de la prestación de servicios educacionales que la recurrida confiere a sus alumnos, es la de una convención que crea derechos y obligaciones para las partes, siendo ésta la forma que ha permitido el legislador para asegurar el derecho a la educación de las personas que eligen el sistema de educación privado, conforme a la garantía prevista en el artículo 19 Nº 10 de la Carta Fundamental, por lo que el correcto aseguramiento de aquel derecho debe ser, necesariamente, un elemento orientador de la interpretación que se efectúe al resolver un conflicto de relevancia jurídica. En tal sentido, cita lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 20.370, el que en sus incisos 3º y 4º, para situaciones análogas a la de la especie, disponen que durante el año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula del alumno por causales que deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres.

Previa cita de jurisprudencia sobre la materia y de disposiciones legales, solicita en definitiva que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida su reincorporación a las actividades como estudiante universitario de la Universidad De Las Américas, Sede Viña del Mar, con costas.

Acompaña documentación que indica a su libelo.

A fojas 12, se concedió orden de no innovar al recurrente.

A fojas 32, informa don Enrique León Espinosa, abogado, en representación de Universidad De Las Américas, solicitando el rechazo de la presente acción cautelar. En primer término, aclara que el recurrente ingresó como alumno de la recurrida el año 2011, y no el año 2000, como lo indica en su libelo; precisando luego que durante el primer semestre del año 2014, el actor de autos, no fue alumno de la Universidad, toda vez que éste, habiendo contratado los servicios educacionales para el año 2014, con fecha 5 de marzo del mismo año, formuló solicitud de retiro temporal, fundada en motivos laborales y personales, la que fue cursada por la recurrida con fecha 21 de marzo de dicho año; reintegrándose el recurrente a la Universidad durante el segundo semestre de 2014, suscribiendo el respectivo contrato el día 14 de agosto de aquel año.

Respecto de la Beca Familia y Trabajo otorgada por la recurrida al actor en su primer año, explica que este beneficio consiste en un descuento del 5% al 20% del arancel anual de la carrera, y que su renovación anual depende del cumplimiento por parte del alumno de ciertas condiciones consistentes en: (i) presentar un progreso académico anual mayor o igual al 70%; (ii) estar al día en el pago; y (iii) mantenerse en la carrera y régimen. Sin embargo, señala que en este caso, y por lo antes expuesto, el recurrente si bien cumplió con estas condiciones durante los años 2012 y 2013 renovando dicho beneficio, al retirarse de la Universidad durante el primer semestre del año 2014, perdió aquella Beca, al haber incumplido inmediatamente las condiciones (i) y (iii) aludidas; a lo que se suma que desde el año 2015, dada la existencia de una deuda por parte del recurrente a favor de la recurrida, éste tampoco cumple con la condición prevista en el numeral (ii) citado precedentemente, esto es, estar al día en el pago.

En cuanto a los estudios financiados con crédito con garantía estatal (CAE), señala que el recurrente efectivamente es un alumno beneficiado por dicho crédito estatal desde el periodo académico 2012, siendo desde entonces renovante del mismo; sin embargo, precisa que para el año académico 2014, el actor no requirió tal financiamiento, por lo que a consecuencia de su propio acto es que debió financiar sus estudios sin aquel beneficio durante el referido periodo, sin que la recurrida haya tenido participación en ello, ni menos responsabilidad en la falta de aquél. Mas para el año 2015, señala que el recurrente solicitó el mencionado financiamiento pagando con cargo a dicho crédito estatal el arancel de la carrera, quedando un copago producido por la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel lista fijado por la recurrida, lo que en definitiva conforma la deuda que el recurrente mantiene vigente e impaga con la Universidad.

Por su parte, y en relación a las gestiones de cobro, puntualiza que la deuda que mantiene actualmente el recurrente con la Universidad asciende a la suma de $1.789.282.-, correspondiente a dos cheques girados por un tercero y entregados por el alumno a la Universidad para cubrir la deuda generada durante el segundo semestre del año 2014, los que presentados a cobro en el mes de septiembre y octubre del año recién pasado, fueron protestados por cuenta cerrada y por mal extendido, respectivamente; y además a la deuda de copago del arancel del año 2015 por la suma de $219.860.- Sin embargo, su parte niega que el alumno recurrente se haya acercado a la Universidad con el fin de regularizar su situación financiera, pues por el contrario ha sido la Universidad la que ha realizado innumerables gestiones de cobranza extrajudicial durante el año 2015 y otras cinco gestiones en lo que va corrido del presente año, sin resultados favorables.

En particular, y en cuanto a la supuesta vulneración de las garantías que se reclaman conculcadas, señala que en la especie no ha existido una afectación del derecho de igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, por cuanto la medida adoptada de no permitir al recurrente matricularse para el año académico 2016, obedece a que éste ha evadido su obligación dejando de cumplir sus compromisos financieros; precisando al respecto que para optar a iniciar el año académico, los alumnos deben tener sus compromisos financiaros al día, re-pactando o documentando sus obligaciones, lo que en este caso no se ha cumplido, pretendiendo el actor hacer pasar su conducta contraria a derecho, como una infracción de la recurrida al principio de igualdad ante la ley.

Asimismo, y en lo que se refiere a la supuesta transgresión de la garantía del derecho de propiedad, sostiene que ninguno de los seis contratos de prestación de servicios educacionales que ha firmado el alumno recurrente, ya sea por periodo semestral o anual, han sido vulnerados por la recurrida; citando al efecto las cláusulas tercera, cuarta y sexta de dichas convenciones, de las que resulta la obligación del alumno de cumplir con las obligaciones emanadas de éstas, y de respetar la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad.

En efecto, sostiene que conforme lo dispone el Reglamento General de Admisión, Matrícula y Financiamiento: (i) los alumnos regulares conservarán dicha condición en cuanto carezcan de impedimentos de carácter académico, económico, disciplinario o de salud para cursar estudios; (ii) el alumno para la inscripción de actividades no debe contar con impedimentos de orden académico, administrativo y/o disciplinario para continuar la malla curricular; (iii) la calidad de alumno se pierde por razones académicas, disciplinarias, administrativas, de salud o por deserción, siendo razones administrativas para dicha pérdida cuando se incurre en incumplimiento de las obligaciones económicas; y (v) el alumno una vez notificada la pérdida de dicha calidad puede solicitar una oportunidad especial y extraordinaria de gracia del Rector. Y todo lo anterior, sin perjuicio que si el pago se hubiera documentado con cheques, como ha ocurrido en este caso, éste no constituirá novación de la obligación de pago respectiva.

Luego de lo expuesto concluye que el recurrente se matriculó como alumno de la carrera de Derecho de la Universidad recurrida, y que se encuentra obligado a pagar la matrícula y arancel correspondiente, quedando afecto a la imposibilidad de matricularse para el semestre o año siguiente, en caso de incumplimiento de sus obligaciones de orden económico según lo acordado en el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales; por lo que habiéndose reconocido por el propio actor la existencia de una deuda con la recurrida, lo que importa una falta de cumplimiento de sus obligaciones económicas, ésta se vio en la necesidad de bloquear la inscripción de matrícula para el presente año 2016, en virtud de las prerrogativas contractuales, lo que fue dejado sin efecto como consecuencia de la orden de no innovar concedida por esta Corte.

Finalmente, hace presente que la disposición del artículo 11 inciso 3º de la Ley General de Educación, citada por la contraria en su libelo, no resulta aplicable a este caso, por cuanto dicha ley solo rige para la enseñanza parvularia, básica y media, y no para la educación superior; y porque además dicha norma parte del supuesto de la existencia de una obligación económica del padre del alumno, resultando injusto sancionar a este último, lo que no acontece en este en autos, en tanto el recurrente es una persona de 41 años, quien contrajo la obligación en forma directa al suscribir el contrato. Por el mismo acto, solicita tener presente lo dispuesto en el artículo 1552 del Código Civil, sobre la excepción de contrato no cumplido.

Acompaña documentación que indica a su informe.

Por resolución de fojas 44, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la parte recurrente funda la presente acción cautelar de protección en que la recurrida le ha negado matricularse como alumno de la carrera de Derecho para el periodo académico correspondiente al año 2016, debido a la existencia de una deuda por aranceles de periodos académicos anteriores, pese a haber intentado solucionarla en diversas ocasiones; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que atenta contra las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nº 2, 10 y 24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que al evacuar su informe la parte recurrida solicita el rechazo del recurso de protección incoado en estos antecedentes, por cuanto la decisión de no permitirle al recurrente la matrícula correspondiente al periodo académico del año 2016, se encuentra justificada en la falta de cumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras contraídas con la recurrida en virtud de los diversos contratos de prestación de servicios educacionales suscritos por aquél, y de la reglamentación interna de dicho establecimiento universitario, por lo que a su parecer su parte no ha incurrido en actos u omisiones arbitrarias e ilegales que importen una afectación de las garantías que se reclaman conculcadas por el actor.

Cuarto: Que atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por la recurrente, lo informado por la recurrida y teniendo especialmente en consideración que de lo expuesto por ésta aparece que se ha condicionado la matrícula del alumno recurrente al cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de los contratos de prestación de servicios educacionales que éste suscribió con la recurrida, lo que a juicio de estos sentenciadores constituye una actuación ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre su derecho a matrícula para el periodo académico 2016, y que asimismo le discrimina sin justo motivo al privarle acceder a dicha matrícula en atención incumplimiento de obligaciones financieras, las que deben ser perseguido a través del ejercicio de las acciones jurisdiccionales pertinentes, y no por medio de medidas como las adoptadas en la especie por la recurrida, la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge la acción constitucional de protección deducida a fojas 5, por don nombre reservado en contra de Universidad De Las Américas y, en consecuencia, se ordena a la recurrida se proceda a matricular al recurrente en dicho establecimiento universitario.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Droppelmann quien estuvo por rechazar el recurso porque en su concepto el recurrido, al negarle la matrícula a don nombre reservado, no incurre en acto ilegal o arbitrario, toda vez que se ajustó a los contratos celebrados con el recurrente y la reglamentación interna de la Universidad. En efecto en los contratos referidos, el estudiante acepta la reglamentación íntegra de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1003-2016.

Pronunciada por la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Inés María Letelier Ferrada, Sr. Pablo Droppelmann Cuneo y por el Abogado integrante Sr. Leslie Tomasello Hart.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.